Centro de Innovación del Sector Público de la Fundación PwC e IE

El Centro de Innovación del Sector Público de PwC e IE Business School celebró el acto de apertura de la primera edición del Programa Ejecutivo en Liderazgo Público (PELP) el pasado 18 de febrero. El evento de carácter abierto tuvo lugar en el Aula Magna de la escuela de negocios y contó con la presencia de Jaime Pérez Renovales, subsecretario del Ministerio de la Presidencia y presidente de la Comisión de Reformas de las Administraciones Públicas.

En el acto de apertura del curso también participaron Margarita Velásquez, directora general de la Fundación IE, Enrique Fernández-Miranda, presidente de la Fundación de PwC, Isabel Linares, directora general del Centro de Innovación del Sector Público y Francisco Navarro, director académico del Centro de Innovación del Sector Público.

El Programa Ejecutivo en Liderazgo Público tiene como misión contribuir a la formación de los líderes de la Administración y de las empresas públicas, así como de los profesionales que desde el ámbito privado trabajan con el sector público. De hecho, el curso se focaliza en la innovación y el liderazgo, por lo que aporta conocimientos para que gestores públicos participen activamente en la transformación de las instituciones.

En esta línea y para conocer de primera mano en qué medida se está abordando la transformación de la Administración, la presentación del programa se completó con una conferencia magistral a cargo de Jaime Pérez Renovales, que además de su cargo en el Ministerio de la Presidencia es el presidente de la Comisión de Reformas de las Administraciones Públicas.

Acto de apertura

Reformar la Administración es una forma de responder a los sacrificios de la sociedad

Bajo el título Comisión de Reformas de la Administración: Por qué y cómo hay que abordar la transformación del sector público, el subsecretario del Ministerio de la presidencia impartió una conferencia que comenzó presentando los principales hitos en materia de transformación de la Administración que está acometiendo el Gobierno. Pérez Renovales destacó que todos estos cambios son una respuesta a los sacrificios que está acometiendo la sociedad en un escenario tan complejo como el que estamos atravesando.

En materia de transformación de la Administración, Pérez Renovales señaló que los modelos de referencia son los llevados a cabo en Canadá en la década de los 90 y en Francia en los últimos cinco años. En este sentido, el Gobierno mira con atención estos procesos de transformación y tiene muy en cuenta cómo se desarrollaron, cuáles fueron los resultados y cuáles son las lecciones aprendidas.

Inspirados en estos grandes procesos, el Gobierno ya ha puesto en marcha varias medidas, entre las que cabe destacar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la Ley de Transparencia y la Ley de Racionalización y Estabilidad de la Administración Local. Se trata de tres normas relevantes que implican cambios tanto en el funcionamiento como en las estructuras de las instituciones. A estas leyes hay que sumar los planes del Ejecutivo para redefinir el sector público empresarial que ya se están desarrollando. Mientras que la primera norma ya está en vigor, las otras dos están en proceso de elaboración y muy pronto formarán parte de una legislación que contribuirá de manera significativa a la transformación de la Administración.

Otro de los hitos en materia de transformación es la Comisión de Reformas de las Administraciones Públicas, grupo de trabajo de alto nivel adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que preside Jaime Pérez Renovales. La Comisión se articula en cuatro subcomisiones: Duplicidades administrativas; simplificación; gestión de servicios y medios comunes y administración institucional. Además, se ha abierto un buzón de sugerencias para recoger información directa de los ciudadanos y se ha creado un consejo asesor con presencia de expertos y agentes sociales.

La Comisión está recabando información de todos los ministerios con el fin de conocer en qué punto se encuentra cada uno de ellos, así como para identificar campos de mejora y plasmar en un documento qué y cómo hay que reformar. Los trabajos de la Comisión deben presentarse antes del 30 de junio, por lo que estamos en pleno proceso de recogida y análisis de datos.

Según el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, reformar la Administración para hacerla sostenible es una prioridad del Gobierno. Se están dando pasos en esta dirección porque es necesario y porque la sociedad merece que los recursos públicos se gestionen de manera eficiente.

El Centro de Innovación del Sector Público de PwC e IE Business School presentó el pasado 18 de diciembre el informe Cities of Opportunities, trabajo de PwC y The Partnership for New York que analiza las 27 ciudades con más proyección de futuro del mundo.

En el evento participó Ana Botella, alcaldesa de Madrid, ciudad que aparece en el puesto 15 del ranking. La alcaldesa impartió una ponencia sobre las razones y los elementos que hacen de Madrid una urbe bien posicionada para afrontar tanto el presente como el futuro.

Centro de Innovación del Sector Público de PwC e IE Business School

 Gabriel Elorriaga Pisarik. Diputado por Madrid. Presidente de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

15 de noviembre de 2012

Transformar la Administración en Tiempos de Crisis

¿Es necesario?

¿Es posible?

¿En qué dirección?

España ha experimentado un cambio formidable a lo largo de las tres últimas décadas. El sector público no ha permanecido ajeno a esa transformación: un notable crecimiento económico unido al despliegue del estado del bienestar, la integración en Europa y el desarrollo del estado autonómico han transformado radicalmente el entorno en el que la actividad pública se desarrolla.

 Sin embargo, nuestras administraciones no han seguido el ritmo de los cambios, no al menos de una manera suficiente para garantizar en la actualidad su eficiencia y buen servicio a los ciudadanos. Una verdadera reforma dela Administración Públicasigue siendo una tarea pendiente que ya es inaplazable.

 El principal problema del sector público español no es su tamaño, sino su ineficiencia. La evidencia no avala las tesis que consideran que tenemos un sector público sobredimensionado (en gasto, presión fiscal o empleo público), al menos en comparación con otros grandes países desarrollados. Eso sí, se advierten claras tendencias expansivas del gasto, por razones objetivas (envejecimiento) o políticas (descentralización imperfecta).

 Factores de ineficiencia:

• Falta de austeridad, duplicidades, costes innecesarios.
• Pobres resultados (educación, I+D), escasa evaluación.
• Lentitud, inmovilismo, aversión al cambio.

 En la primera mitad de los años noventa del pasado siglo se produjo una circunstancia singular. Europa, tras su reunificación política, parecía desperezarse y ponía en marcha nuevos y ambiciosos proyectos de unión económica, monetaria e, incluso, política. España, sin embargo, permanecía parada, sumida en una grave crisis, aparentemente resignada a quedar ausente del diseño de esa nueva Europa y a no participar en el euro.

 En 1996 España tomó un nuevo rumbo, y asumió un compromiso trascendental. Estar en Europa entre los primeros significaba asumir retos duraderos que comprometían no sólo a un Gobierno sino a todos los que más tarde le sucederían, no sólo a los dirigentes políticos sino al conjunto de la sociedad española.

 Entonces aceptamos que la soberanía económica sería compartida, lo que implicaba entender que la disciplina fiscal no podría romperse ya sin causar un grave daño al país y un riesgo a nuestros socios europeos.

Aceptamos también que el conjunto de las Administraciones Públicas quedarían vinculadas por esos compromisos, y tomarían como propios hábitos permanentes de transparencia y austeridad.

Aceptamos, por último, mantener una tensión reformista capaz de ir venciendo todas las resistencias y obstáculos que existiesen o pudiesen surgir en nuestra economía, para así ser capaces de situarnos entre los sistemas más dinámicos y prósperos del mundo.

La recuperación pasa por una nueva modernización de España, una trasformación que ponga en valor todas nuestras capacidades, que movilice todos los recursos, que ponga España en marcha. Modernizar significa lograr que el altísimo precio que ya está pagando la sociedad española sea realmente útil, significa orientar el esfuerzo compartido hacia metas que garanticen un futuro mejor, significa que España vuelva a funcionar a pleno rendimiento.

Ese esfuerzo modernizador debe tener una especial incidencia en el sector público. La calidad de la organización y gestión de las administraciones determina en gran medida la calidad y eficiencia de todo el sistema económico y social. Unas administraciones austeras y centradas en la prestación de servicios a la sociedad, con estándares de calidad ajustados al nivel de riqueza del país, suponen un factor de eficiencia, productividad y mejora de la competitividad global.

AUSTERIDAD, EVALUACIÓN Y CONTROL

En la administración de los recursos públicos la austeridad, la transparencia y la responsabilidad han de ser los principios rectores de todas las reformas. Cuando millones de españoles han perdido su empleo, y cuando la inmensa mayoría ha visto severamente recortada su situación económica, las Administraciones deben ser un ejemplo constante de contención y rigor en el uso de los impuestos de todos. Todas las Administraciones deben estar, de principio a fin, al servicio de los ciudadanos. El camino no pasa por dar respuestas improvisadas, ineficaces e injustas – congelar las pensiones, recortar salarios a los funcionarios- es estrictamente necesario abordar reformas más profundas en la manera de gastar y acabar con los derroches.

 La transformación a la que se enfrentan ahora las Administraciones debe perseguir tres objetivos claros: una provisión más eficiente de los servicios públicos, una reducción de su volumen que deje espacios suficientes a la sociedad y una gran mejora en la rendición de cuentas apoyada en la plena transparencia. La reforma es una necesidad imperiosa, no solo por la inaplazable contención del gasto superfluo sino, sobre todo, para contribuir a una mejora de la competitividad de la economía española, garantizar la equidad intergeneracional y ganar en la legitimidad de nuestro sistema democrático.

Es preciso asignar los recursos públicos disponibles a las auténticas prioridades es una exigencia democrática aun más urgente en una situación de crisis presupuestaria como la actual. La reforma de nuestro esquema de presupuestación y ejecución del gasto es ineludible y debe ir acompañada de sistemas eficaces de medición de los resultados obtenidos con los recursos empleados. No basta con presupuestar mejor (algo que es urgente y necesario), es igualmente preciso hablar con claridad de la eficacia del gasto y de exigir responsabilidades por el uso dado al dinero de todos. Cualquier gasto es excesivo si los resultados no alcanzan algunos niveles mínimos; la respuesta ante cada fracaso en la gestión no puede ser un incremento del dinero asignado a los mismos objetivos sin variación alguna en los instrumentos utilizados para alcanzarlos.

Necesitamos avanzar en la implantación de una verdadera administración electrónica, dada su capacidad para ofrecer un caudal de nuevas oportunidades, tanto como por la posibilidad de ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos y por la oportunidad de obtener significativas reducciones de gasto público. Las Administraciones siguen proyectándose hacia el exterior como si de compartimentos estancos y completamente incomunicados se tratase, un reflejo de una fragmentación interna de recursos informáticos que multiplica los costes.La propia Administración del Estado aparece con “personalidades electrónicas” completamente diferenciadas ante el ciudadano. Algunas actividades cotidianas y aparentemente simples como un cambio de domicilio, la actualización de la dirección electrónica o de un número de teléfono donde ser localizado obligan a multiplicar un sinfín de notificaciones ante otros tantos organismos. Actuaciones más complejas, como la búsqueda de apoyos o incentivos a cualquier actividad, se convierten en una labor sólo accesible para los profesionales en la materia.

 Ha llegado la hora de impulsar un cambio de perspectiva, de situar al ciudadano como el eje sobre el cual articular el conjunto de los servicios y procedimientos que le puedan afectar. Una vez que se está consiguiendo el acceso electrónico a todos los servicios de la Administración, es necesario dar un paso más, es imprescindible ofrecer a cada ciudadano una información personalizada, coherente e integrada del conjunto de sus relaciones con las Administraciones Públicas; una verdadera ventanilla única electrónica. Para conseguirlo es necesario replantear con rigor las estructuras administrativas que internamente soportan la prestación de servicios informáticos, una tarea que exige designar responsables con visión y autoridad suficientes en el primer nivel de decisión de cada una de las Administraciones.

 TRANSPARENCIA

 La mejora sustancial de la transparencia en la gestión de los asuntos públicos es una exigencia urgente e irrenunciable. La transparencia entendida como el fácil acceso de los ciudadanos a toda información relevante, de manera clara e inteligible, es un requisito para la buena administración de los recursos públicos y un elemento esencial para garantizar el más honrado comportamiento de todos los servidores públicos. La transparencia debe constituir, también, un poderoso instrumento para mejorar la asignación de responsabilidades y exigir una mejor rendición de cuentas. La transparencia, por último, es un requisito necesario para la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

 La mejora de la calidad democrática española pasa por un cambio drástico en los sistemas de información pública. Para conseguirlo es necesario implementar una estrategia general, dirigida a todas las Administraciones y a todas las políticas públicas, basada en reformas legales ambiciosas con medidas y plazos muy exigentes.

 Debemos situar a las Administraciones Públicas españolas como un referente internacional en transparencia de la gestión de los asuntos públicos, tanto desde una vertiente política como meramente  administrativa. Para ello se debe aprobar un nuevo marco legal cuyo exacto cumplimiento será exigible a todos los responsables públicos, en todas las Administraciones.

 Se han de aprovechar todas las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para abrir a los ciudadanos todas las claves de la gestión de los asuntos públicos, de manera que las actuaciones de los responsables políticos y administrativos sean ampliamente conocidas y más fácilmente controlables. Se ha de ofrecer, en definitiva, un mejor conocimiento, información y control sobre todas las actuaciones de relevancia pública, y estimularemos la colaboración y la participación de la sociedad en los asuntos de interés común.

 Es imprescindible reformar los mecanismos de rendición de cuentas. La transparencia debe servir para promover el comportamiento responsable de los servidores públicos y recuperar sus valores clásicos: honradez, profesionalidad, eficacia, imparcialidad y, en definitiva, servicio al ciudadano.

Para hacer posible todo los anterior, se dispondrán los medios, sistemas y canales que den a conocer de manera comprensible, accesible y oportuna los objetivos de la gestión pública, el marco jurídico, institucional y económico en el que ésta se desarrolla, y toda la información relevante vinculada a ella. Promoveremos una profunda transformación de los modos de hacer de todas las Administraciones.

LAS CONSECUENCIAS DE LA DESCENTRALIZACIÓN

 Todas estas reformas deben ser aplicadas al conjunto de las Administraciones existentes en España. La descentralización es un poderoso instrumento de acercamiento de los centros de decisión política a los ciudadanos, pero solo correctamente articulada puede ser eficiente. Sacar las ventajas que la descentralización política y administrativa encierra exige abordar con rigor muchos problemas que hasta ahora han sido ignorados.

 La triple crisis en la estructura territorial del Estado: política, jurídica y económico-financiera (ver FAES “Por un estado autonómico racional y viable”).

 Es urgente delimitar con mucha mayor precisión las competencias de las distintas administraciones para evitar duplicidades de gasto, derroches de todo tipo y, lo que es aun más grave, descuido o demora en la atención de necesidades básicas de los ciudadanos. Es preciso eliminar la prestación de “servicios impropios”, bien sea mediante su prohibición efectiva y consecuente sanción, o mediante la atribución expresa de competencias y su financiación. Es imprescindible articular mecanismos eficaces de intercambio de información que permitan el contraste público de la eficacia de las distintas Administraciones en la prestación de los servicios públicos. Sólo así es posible obtener los beneficios que la experimentación y el aprendizaje potencialmente pueden producir en un sistema descentralizado. El “benchmarking” institucionalizado, es decir, el conocimiento público de indicadores comparados capaces de medir la eficiencia en las Administraciones es una necesidad política ineludible.

 Es imprescindible y urgente también mejorar los instrumentos de estabilidad financiera del conjunto del sistema. La previsible continuidad en el tiempo de los gastos atribuidos a las Comunidades Autónomas, dada su naturaleza, hace aconsejable desligar sus ingresos del ciclo económico. Para hacerlo posible, sin merma de su autonomía, podría establecerse un Fondo de estabilidad en la financiación de los servicios públicos que compensase los altibajos a lo largo del ciclo. Y es también preciso establecer límites adicionales al endeudamiento e, incluso, contemplar su completa desaparición en los niveles subcentrales de gobierno.

 Necesitamos normas claras, precisas, fácilmente aplicables y estables en su aplicación, cualquiera que sea su origen. La multiplicación de órganos legislativos, el crecimiento constante de las administraciones y la falta de rigor en la elaboración de las normas está convirtiendo nuestro ordenamiento jurídico en una maraña que enreda y perjudica tanto las libertades individuales como la eficiencia de nuestro sistema económico.

 En el mundo globalizado en el que estamos la calidad de nuestro ordenamiento jurídico y nuestras instituciones son un poderoso factor de competitividad. España es un país que carece de recursos naturales significativos y que no desea competir a la baja en niveles de bienestar social ni de calidad medioambiental. Así planteado, la generación, atracción y retención de talento, de un lado, y la calidad de las normas y la eficacia de las instituciones, de otro, deben constituir las dos columnas vertebrales de nuestra estrategia de crecimiento económico; en rigor, son nuestras únicas bazas. Lo primero exige prestar la atención necesaria a la calidad y la excelencia del sistema educativo, de la Universidad, a la generación del conocimiento y a su aprovechamiento económico posterior. Lo segundo, requiere dosis mucho mayores de austeridad, transparencia y responsabilidad.

 La Administración General del Estado, se ha ido acomodando a la nueva distribución competencial surgida del modelo autonómico, pero no ha hecho una reordenación global de sus recursos ajustada a su nuevo perfil.

 A partir de ahora la Administración del Estado debe centrarse en los aspectos más estratégicos de planificación y dirección, y debe ganar eficiencia en los de gestión ordinaria. El Gobierno ha de centrar su trabajo en la creación y ejecución de sus políticas públicas.

El modelo organizativo del poder ejecutivo – como la formación interna, la carrera profesional, la transparencia o la participación pública- tiene un importante impacto en la elaboración más o menos eficiente de las políticas públicas.

 Debilidades actuales: fragmentación departamental, inadaptación al Estado autonómico, rigidez del uniformismo ministerial, escaso impacto de la europeización y de la globalización, dificultades para ejercer el gobierno estratégico. Estructuras diseñadas para la autonomía de gestión de unos grandes Ministerios que ya no existen están multiplicando el coste y la ineficiencia con estructuras que se replican perdiendo las economías de escala que se obtendría con una gestión de servicios integrada y compartida. Ha llegado la hora de ser consecuentes con los cambios experimentados y de construir un nuevo modelo de Administración. Ese es el reto. Solo la voluntad política del máximo nivel del Gobierno basada en el convencimiento de que el cambio responde al interés general de los ciudadanos y de España en su conjunto hará posible lo que es necesario.

 Hay que intentar aunar el doble objetivo de una dirección estratégica en el nivel político, con una mayor estabilidad en el nivel administrativo. El modelo podría caminar hacia la configuración de los ministros a las labores de gobierno y la consolidación de las secretarías de Estado como unidades organizativas sobre las que se articula la administración.

 En definitiva, se necesita más Austeridad, evaluación, control y transparencia 

Gabriel ELORRIAGAPISARIK

15 de noviembre de 2012

“No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio.”
-Charles Darwin-

Releyendo la historia española de los últimos seis siglos se puede ver como la función pública española se ha modernizado mucho, pero ha evolucionado poco. Desde Felipe II, el rey en el despacho como lo renombró el académico José Antonio Escudero, hasta nuestros días ha ido creciendo bajo un esquema similar con mucha tradición y poca innovación.
Quizás la actual situación sea el detonante que necesitábamos para repensar la manera de hacer las cosas, de conjugar distintos ingredientes o exportar experiencias de otros territorios o sectores.
Como muestra un botón, basta con abrir cualquier periódico para encontrarse dos noticias que en principio nada tienen que ver. Por un lado son muchísimas las noticias sobre la escasez de fondos de las administraciones públicas, las reformas, reestructuraciones o recortes necesarios para salir de la crisis. Por otro lado existen multitud de noticias relativas al aquilatamiento de las estructuras de las grandes empresas, la abundancia de directivos y el exceso de profesionales altamente cualificados que han visto cortadas sus carreras profesionales por falta de proyectos o por la ralentización del negocio de estas grandes compañías.
Quizás estos dos temas por separado no tengan mucha relación, pero ¿y sí los uniéramos?, estamos en el momento de la innovación, de la invención, de la búsqueda de fórmulas nuevas. Qué pasaría si, cuál alquimista medieval, intentamos combinar ambos problemas, y si el exceso de capacidad de las grandes empresas privadas pudiese destinarse a la función pública, tan necesitada de capacidad y tan escasa de recursos. Qué nos impediría que una empresa cediese recursos ociosos, o infrautilizados, para mejorar la gestión del gobierno local o autonómico. En qué se diferenciaría eso de patrocinar un festival cultural o una carrera popular. En el fondo estoy financiando con aportaciones privadas un servicio público, ya sea un acto deportivo o la gestión pública. En este momento las compañías no pueden aportar patrocinios o apoyos en términos económicos, pero sí lo pueden hacer con recursos de su propia organización, acaso no es esto una continuación de la tan nombrada responsabilidad social (rsc). En las épocas de bonanza la responsabilidad como empresa se ha materializado en aportaciones económicas a la ciudad, patrocinando o promulgando labores culturales, deportivas o sociales, devolviendo así a la sociedad parte del valor que se ha creado. Por qué no se puede, en estos momentos más arduos, devolverle ese valor en horas de trabajo de mi capital humano.
Sin entrar en más detalles, se me ocurren decenas de ejemplos, como que un gran banco –o caja- ceda a tiempo completo un grupo de profesionales, que en la actualidad en su organización son prescindibles, para crear una oficina de promoción empresarial, búsqueda de financiación o creación de planes financieros dependiente del ayuntamiento de turno. O una empresa inmobiliaria que recupera a un directivo de un proyecto internacional terminado, y que si bien no cuenta con hueco en la organización no entra en los planes desinversión de capital humano, lo ceda para la gestión-gerencia de la empresa pública de viviendas, manteniendo así su valía y expertise recuperándolo tras la legislatura.
Esta nueva fórmula podrá tener muchos detractores, pero bien analizada y estudiada puede aportar soluciones para todos:

• • Para la empresa: mantiene la responsabilidad social, supone una solución temporal para el exceso de capacidad de sus directivos, que permitirá no perder –por despidos o salidas voluntarias- a recursos humanos importantes.
• • Para el directivo: mantener su desarrollo profesional dentro de la empresa, aportar su labor a la función pública, obtener el prestigio que aporta la gestión pública.
• • Para la corporación pública: mantener servicios públicos, obtener la experiencia del sector privado, apoyarse en la colaboración público-privada como modelo de gestión

Los críticos habituales promulgarán su temor a que estos puestos no sean inmunes a las presiones –lobbies- de sus empresas en contrataciones públicas, pero ante esto lo único que se puede decir es que si se cumplen todos los procedimientos legales garantistas, es complejo que se puedan hacer cosas fraudulentas. La transparencia es la clave, pero en cualquier caso la luz y taquígrafos necesarios será la misma que para los patrocinios de las carreras populares o de las fiestas locales, o acaso es menos sospechoso financiar con dinero una escuela deportiva que financiar cediendo directivos una empresa pública o un departamento del ayuntamiento.

Creo que las ciudades deben mucho a sus empresas, pero las grandes empresas deben mucho a sus ciudades, quizás cada ciudad deba buscar un mecenazgo que aglutine a las cuatro o cinco mayores empresas del territorio, para poder analizar esta nueva fórmula, aportando grandes profesionales a la ciudad para que, entre todos, reinventarnos y salgamos reforzados de esta maldita crisis.

Legalmente desconozco las trabas, incentivos o trámites que esta nueva fórmula puede conllevar, pero precisamente ahí es dónde deberemos innovar, repensar y si tenemos que cambiar algo, pues para eso está el legislador para adaptar nuestro marco normativa a las nuevas reglas del juego.

Sigamos innovando, adaptémonos…

Esta semana hemos conocido los últimos datos del desempleo en España con un descenso del 2,10% en el último mes. A pesar de ser el dato récord desde que se conocen datos fiables, todos los sectores los han tomado con escepticismo y cautela ante la complicada situación económica que vive el país.  Además, el sector industrial no es uno de los más favorecidos por estos números y, por extensión, el sector medioambiental tampoco.

Sin embargo, una iniciativa legislativa del Partido Popular puede contribuir a la mejora del sector. El partido que gobierna en la mayoría de las administraciones de nuestro país, ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley para aprobar la Ley integral de lucha contra el cambio climático. Con este plan, se busca la colaboración de las Comunidades Autónomas y entidades locales para lograr una mayor coordinación basada en los principios de desarrollo sostenible, precaución, cooperación, integración sectorial, participación y corresponsabilidad

Una de las claves para el éxito de esta proposición es que defina actuaciones concretas y ambiciosas que incidan, sobre todo, en un mayor control medioambiental por parte de los poderes públicos y conseguir, además, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

En la Proposición no de Ley se reconoce la aportación positiva del reciclaje a la reducción de emisiones de GEI. En concreto plantea el impulso a las políticas de reciclado de residuos como una de las herramientas más poderosas de lucha contra el cambio climático. Esta estrategia se alinea con las de los principales países europeos que acumulan ya cinco años de experiencia en el apoyo de las políticas de reciclado para reducir las emisiones de dichos gases.

En los últimos años de crisis económica, al pasar las cuestiones medioambientales a un segundo plano, algunas asociaciones hemos ofrecido a las empresas del sector herramientas relacionadas con las emisiones de estos gases. En el caso de la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE), ofrecemos un protocolo  que permite calcular las emisiones de gases de efecto invernadero. Es una contribución a la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, que contempla la reducción de las emisiones de GEI derivadas del sector de los residuos.

A pesar de la crisis económica, los daños ambientales y los datos de desempleo que afectan, no sólo a España, sino a toda la Eurozona en conjunto (con un 11,1% de paro según datos de mayo), este tipo de iniciativas parlamentarias vuelven a poner en valor cuestiones muy importantes que se están viendo opacadas por las urgentes.

Hoy no tiene discusión de que el  tamaño de las Administraciones Públicas está muy por encima de las verdaderas necesidades del país y  el coste que supone mantenerlo las hace inviables.

El actual sector público de España se corresponde con una situación de bonanza económica y de un crecimiento en torno al 2% anual, que desde luego no encaja con la realidad  de decrecimiento del PIB y la profunda crisis económica y financiera que asola a nuestro país. En estos momentos no hay ingresos para soportar el pesado aparato burocrático y parte de los gastos y subsidios que atiende, sin olvidarse del coste de los más de 3 millones de empleados públicos.

Europa y él FMI tienen su mirada puesta en el gasto de las 17 administraciones autonómicas y al de los más de 8.000 municipios españoles, de los que se estima que casi la mitad de ellos son inviables económicamente, pero que tienen una buena carga de gasto público. Eso, sin olvidar la impresionante colección de empresas públicas, la inmensa mayoría deficitarias, de las que muchas se han creado  para eludir cualquier tipo de control,  para sentar en los consejos de administración a políticos y para colocar a personas de su entorno, ya que una buena parte  de ellas tienen poca justificación técnica, ni objetiva, ni quizás sean necesarias   y más de una tiene  escasa actividad real.

Hay que diseñar que tipo de Estado se quiere, qué ha de atender y cómo se ha de estructurar su organización y el personal que es necesario en un entorno de administración electrónica y de uso masivo de redes sociales. Sentada la anterior premisa, Unidad a Unidad habría que responder a la siguiente cuestión: ¿Cuál es su Misión? Revisando en profundidad las misiones de las distintas unidades organizativas se podrá proceder al redimensionamiento o supresión de las mismas, permitiendo alinear los recursos necesarios con las necesidades reales. Este proceso precisa de revisiones sistemáticas, porque las funciones y alcances cambian, se pueden redistribuir responsabilidades entre los distintos niveles organizativos y territoriales, o bien cuando las tecnologías transformen los escenarios y condiciones del entorno.

Por ejemplo, y sin entrar en otros muchos aspectos ni de gestión ni de estructura,  la misión de una determinada Unidad puede ser la del reconocimiento y pago de pensiones. Esta actividad se puede considerar como una parte esencial del nuevo modelo de Estado, pero, ¿se necesita de tanto personal cuando las altas, las bajas, las bases retributivas y años de servicio que van a determinar el cálculo de la pensión se transmiten electrónicamente, mes a mes en los boletines de cotización? Cuando la comunicación se puede hacer por vía electrónica a los pensionistas ¿se deben de  seguir haciendo campañas de publicidad o no reducir en gran parte el ingente gasto de correos para su notificación?

Otro ejemplo, hay Ayuntamientos que o tienen televisión, o radio,  o periódico o un enorme gabinete de prensa y de comunicación, o todo a la vez, alguien puede afirmar que ¿esta actividad es una Misión de un Ayuntamiento? No lo es y no tiene sentido ni justificación el gasto de muchos ayuntamientos en estas cuestiones y más con los medios que ofrece la sociedad de la información para la rápida transmisión de cualquier mensaje, como puede ser internet o las  redes sociales.

Pero con los gastos habría que llevar un proceso similar, examinar uno por uno y eliminar los que no encajen con la Misión, para luego valorar el impacto social y económico del mismo huyendo de las decisiones partidarias, estableciendo prioridades y eligiendo entre varias alternativas para hacer lo mismo con un menor coste, por la eficiencia.

Un solo apunte en materia del personal, si se eliminan Unidades ¿sobra personal? En principio ya sobran sin suprimir Unidades, en especial de los que han entrado sin oposición o se han ido colocando en función de intereses partidistas, etc. por lo que es necesaria una reducción. Una vez culminada esta primera etapa se puede redistribuir el personal de las unidades excedentarias a las de gestión directa al ciudadano, reforzando, por ejemplo, el trabajo burocrático de comisarias y liberando a policías para que se centren en su labor, apoyando administrativamente a los hospitales, liberando de esta tarea al personal sanitario, apoyo administrativo a la administración de justicia, y un largo etcétera.

Juan Pedro Serrano Arroyo

Blog del Centro de Innovación del sector Público

CUANDO LOS INGRESOS NO CUBREN LOS GASTOS

            Los ingresos,  son los que permiten financiar los gastos.  Cuando los ingresos no cubren los gastos se produce un déficit,  que termina en un endeudamiento con sus intereses, por lo que se incrementan esos gastos que ya no estaban cubiertos por los ingresos. Para reducir el déficit se está optando por el incremento de los impuestos, de las tasas y de los precios determinados por las administraciones públicas.

            Hasta la fecha todas las subidas de impuestos y tasas no han implicado automáticamente un aumento de la recaudación, por el contrario, por los datos de la administración tributaria se ha producido una bajada de la recaudación, bien sea por la recesión o contracción económica, por una menor renta en poder de los sujetos sometidos a los impuestos, que hacen que tengan que pagar menos al estar en paro o haberse reducido sus retribuciones, por la reducción  del consumo, o por la incertidumbre del futuro, entre otros factores. Por lo tanto, la mera subida de impuestos, que no garantiza que haya mayores ingresos efectivos, se está demostrando que no solo es perjudicial para las empresas, sino muy dañino y gravoso para las economías familiares lo que no está ayudando a salir de la crisis, ya que de la rentas particulares se detraen permanentemente rentas para la financiación de los gastos, que no se revisan adecuadamente ni se cuestionan, no dejando que parte de esas rentas reviertan a la economía real, que con una mejora de la misma si podría aportar mayores ingresos al fisco.

            Dado que el presupuesto de ingresos es meramente estimativo, se suele establecer una recaudación en base a una serie de parámetros macroeconómicos que luego no se cumplen en su totalidad y hacen que la recaudación efectiva sea menor de la presupuestada, lo que provoca que no se obtengan los ingresos suficientes para cubrir la totalidad de los gastos contemplados en el presupuesto.

            La  primera cuestión es ajustar los cálculos para que las previsiones de recaudación se ajusten lo máximo posible a la realidad y no sirvan de coartada para justificar mayores gastos sin cobertura de ingresos. Esto es solo el primer paso, el más sencillo, a pesar de ser tan sencillo a veces es muy difícil el ponerlo en práctica, por los intereses políticos, pero son necesarios otros que afectan a la estructura de los ingresos impositivos. 

            Por un lado, se debe revisar el sistema tributario del país, pero esto lleva un tiempo largo y un camino difícil de transitar, pero  creo que es necesario iniciarlo y establecer las bases del futuro de la financiación de las Administraciones Públicas así como el nuevo marco tributario de las empresas, profesionales, autónomos  y ciudadanos en general.

De otro, habría que revisar, con el ánimo de subir lo menos posible en estos momentos la carga fiscal sobre los administrados, algunas figuras impositivas, revisar algún tipo del IVA, las bonificaciones fiscales y en particular no subir el IRPF, tal como ha señalado la UE y el FMI. Una subida indiscriminada del IVA perjudica a las familias y a las empresas en estos momentos y supone un obstáculo más a la recuperación económica y, ¿si ya se ha subido el IRPF, también se va a subir el IVA? y cuándo se compruebe que el incremento impositivo no se traduce en una recaudación real ¿se seguirán subiendo los impuestos? ¿Qué decisión tomaran los ciudadanos cuando una buena parte de su renta se destine a pagar impuestos, tasas y precios determinados por las administraciones?

No hay que olvidar que siempre se ha sostenido por la doctrina en materia  fiscal   que en  España la mayor carga impositiva recae sobre los que están sometidos a nómina, es decir, a los trabajadores por cuenta ajena, y se escapan de tanto control profesionales y autónomos, por lo que aquí hay campo para la actuación, que no necesariamente implica una subida impositiva para los mismos, sino un mayor control y ordenación de los ingresos tributarios de estos colectivos.

La actuación contra el fraude fiscal es totalmente necesaria y podría aportar una recaudación efectiva adicional, sin olvidar la enorme bolsa de economía sumergida sobre la que se puede operar más eficazmente y tener como resultado unos mayores  ingresos.

Juan Pedro Serrano Arroyo

Blog del Centro de Innovación del sector Público

LOS GASTOS: UN INSTRUMENTO EN MANOS DE LOS POLITICOS.
Los gastos presupuestarios reflejan, entre otras cuestiones, lo que el poder político quiere llevar a cabo en un periodo de tiempo, es el reflejo de una política económica, que suele ser plurianual, a aplicar en cada uno de los ejercicios, dado que los presupuestos son anuales. Se convierten los gastos en un gran instrumento en manos de los políticos con la pretensión de que la sociedad valore y reconozca el esfuerzo que están haciendo y así los puedan volver a votar y ellos seguir gobernando. Cuanto más gasten y el resultado de ese gasto se pueda apreciar a corto plazo, para una pronta visualización por parte de los ciudadanos, los políticos se sienten felices porque están logrando su objetivo y solo esperan su reconocimiento público, a través del voto.
Esta es una de las circunstancias que hace que muchos gastos sean poco operativos o se destinen a finalidades que reportan escasos beneficios a la colectividad, sino que responden a intereses electoralistas. Ahí tenemos las ingentes inversiones o gastos suntuarios que hoy ya se consideran despilfarros, y carente de toda utilidad pública, se podría recitar todas esas inversiones o gastos a los distintos niveles, municipal, autonómico o estatal que no resisten el más mínimo análisis de eficacia o de eficiencia.
¿Cómo se evitarían estos derroches o como se podrían realizar inversiones y gastos eficientes? La respuesta es difícil mientras que las propuestas estén impregnadas de consideraciones políticas partidistas. Sería necesario que hubiera un control de esas decisiones politizadas, pero como ese control se realiza en las Cortes por los grupos políticos y además se han de atender peticiones territoriales y de componendas con otras fuerzas políticas hace que esta situación sea difícil de corregir. Habría que establecer un mapa de necesidades de inversión y de gastos públicos y llevar a cabo un estudio técnico de viabilidad y evaluación de cada propuesta o decisión en inversiones y gastos y se reflejara su eficacia, utilidad, beneficio que pueda reportar a la sociedad y a los administrados y su coste, para que al aprobarlos quede constancia de la postura de cada grupo y así puedan responder de su propuesta y de su gestión.
En nuestro país, a pesar de la situación de crisis económica, de falta de financiación y de los recortes presupuestarios, el gasto público ha ido aumentando y estos mayores gastos no han impedido que el paro siga creciendo, ni ha contribuido a la más mínima mejora de la economía, a la vez que tampoco ha conseguido frenar la pérdida en el bienestar de los individuos y las familias.
Habría que plantearse qué gastos son los necesarios, para lo que se ha de entender como el esqueleto o basamento del Estado, entre ellos se pueden considerar los de las pensiones, sanidad, educación, desempleo y las inversiones productivas (nunca las del ladrillo) e industriales, lo cual no significa que no se pueda revisar y actualizar la estructura de estos gastos, para buscar una mayor eficiencia de los mismos, liberando recursos que ahora no están bien empleados. Temas como el envejecimiento de la población, una mayor esperanza de vida, la demografía, la natalidad, la población activa, sus retribuciones, las cotizaciones, la fiscalidad y otras variables han de ser tenidas en cuenta para sostener estos gastos a lo largo del tiempo.
El resto de los gastos deben ser objeto de una revisión profunda pensando en la eliminación o reducción drástica de los mismos. Se debería plantear si son necesarios, si no se pueden realizar de otra manera y a un menor coste, para conseguir el objetivo que se les marque y se ha de justificar la utilidad social de los gastos, no vale con decir que son políticamente necesarios, hay que exigir que el poder político determine antes de su aprobación qué se quiere conseguir con ese gasto y a quien va a beneficiar, y si no hay otra manera u otra forma de satisfacer esa necesidad, sin olvidar que hay que priorizar, y por lo tanto establecer un proceso de selección con otras propuestas similares de gasto, a lo que habría que añadir un límite cuantitativo de los importes a gastar por las Administraciones y al final del proceso una evaluación.
Juan Pedro Serrano Arroyo

-PLURALITAS NON EST PONENDA SINE NECESSITATE-

(La pluralidad –entendida como complejidad- no debe plantearse sin necesidad)

Según el inventario de entes del sector público estatal publicado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (INVESPE) el pasado 1 de julio, en 2011 el número total -entre consorcios, empresa públicas, fundaciones, agencias estatales y un largo etcétera- se sitúa en 445, ocho menos que en 2010, no, no es una errata, ocho menos que el año pasado, lo que supone una reducción del 0,4%. Este mismo informe publica el inventario de estos entes en las distintas comunidades autónomas situándolo en 2.326 entidades, tan sólo un 1,3% inferior al año anterior. Y a estas cifras habría que añadirles las entidades locales que en 2009 se situaban en cifras similares a las autonómicas, dejando el total de entidades en una cifra superior a 4.000.

En nuestro país, muy dado a polémicas superficiales, nos encontramos en muchas ocasiones con debates poco profundos y demasiado demagógicos, todo el mundo es consciente de que tenemos un sector público sobredimensionado, pero la solución no es la reducción del sueldo a los funcionarios, ni dejar de hacer las cosas, la solución es hacerlas de forma más eficiente. Y la pregunta es: utilizar más de 4.000 entes públicos es una fórmula de eficiencia, o ha sido una herramienta para huir del derecho administrativo o para evitar el cómputo del déficit.

Creo que debemos plantear una adaptación a la nueva coyuntura, creo en medidas como la aprobada en el pasado enero el Consejo de Ministros de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional estatal, con el fin principal de configurar un sector más reducido, más racional y más eficiente inmerso en el actual contexto de austeridad y necesidad de control del gasto público, pero sinceramente creo que podemos hacer mucho más.

En la nota de prensa del citado Consejo de Ministros se hace hincapié en la reducción del número de empresas -80 en total- y del ahorro “solo en consejeros extintos” de cerca de un millón de euros anuales. Nuevamente caemos en el análisis superfluo, erramos en las preguntas:

• ¿Quién prestará los servicios que daban estas sociedades?
  • Si la respuesta es otras sociedades u organismos públicos, lo único que hemos conseguido es un ahorro de coste por economía de escala. Deberíamos atacar el problema con mayor profundidad, aplicando las herramientas empresariales existentes buscando eficiencia, eficacia y sostenibilidad
  • Si la respuesta es que se dejarán de dar, se deberá abrir una nueva pregunta: ¿entonces por qué se daban? o ¿era necesario crear una empresa pública?, la respuesta a esta pregunta deberá incluir obligatoriamente el concepto responsabilidad.

El sector privado empresarial está lidiando una de las peores batallas de su historia, muchas están cayendo en la lucha, pero otras se están reinventando, que hay menos mercado pues se reduce la estructura y se mejora la productividad. El sector público empresarial no puede ser ajeno a este cambio, deberá reducir estructura, mejorar la productividad, optimizar el valor añadido que pretende crear y adaptarse a esta nueva coyuntura, ya no somos la potencia mundial que creímos ser, por tanto nuestros servicios públicos deberán aquilatarse a lo que somos, dejemos ya de disparar con pólvora del rey y afrontemos una verdadera reestructuración racional, ordenada y de futuro del Sector Público Empresarial.

Y haciendo referencia al título -pluralitas non est ponenda sine necessitate-del monje franciscano Guillermo de Ockham conocido por su principio de simplicidad –o navaja de Ockham- lo sencillo suele ser lo más recomendable, muy de aplicación a nuestro actual modelo de aplicación del sector público.

La pasada semana el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, compareció en la Comisión de Medio Ambiente del Senado. En su exposición, y ante las preguntas de algunos de los portavoces de la oposición, dejó claro que el Gobierno, concretamente el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, tiene previsto para un futuro próximo elaborar un plan nacional de residuos que intensificará la coordinación entre las administraciones que tienen competencia en esta materia.

Como ya hemos expuesto en reiteradas ocasiones en este blog, la legislación ambiental está siendo relegada a un segundo plano con la crisis económica y ha dejado de ser una prioridad. Una tendencia de la que la gestión de residuos no escapa.

Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los gestores es la disparidad legislativa existente en todo el territorio nacional, con una normativa diferente para cada Comunidad Autónoma que origina grandes desigualdades (administrativas y económicas) entre regiones. Un plan de coordinación como el anunciado por el Secretario de Estado ayudaría a mejorar esta situación y a sentar las bases y los mínimos exigibles que todas las empresas del sector deben cumplir independientemente de donde estén localizadas.

Los primeros pasos de este plan nacional de residuos incluye la constitución, el pasado mes de abril, de la Comisión de Coordinación que la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados establecía. Con esta primera reunión se iniciaba la colaboración entre las diferentes administraciones competentes en materia de residuos para compartir experiencias e intentar buscar soluciones a la complicada situación que está viviendo la actividad.

En esta Comisión, según expresó el Secretario de Estado, está previsto crear grupos de trabajo especializados en diferentes áreas (peligrosos, plásticos…) a la que se unirán varias asociaciones y organizaciones  para ofrecer el punto de vista profesional de los problemas que vive el sector, aunque estos grupos todavía no han sido convocados.

El sector de residuos espera que el Ministerio cuente finalmente con los profesionales en estos grupos de trabajo, ya que son los que conocen los problemas actuales de primera mano. Además de la Comisión, actualmente está en trámite en el Congreso de los Diputados el Real Decreto ley de medidas urgentes de medio ambiente, que modifica la Ley 22/2011 y que busca, bajo los principios de seguridad, igualdad, eficiencia y eficacia, mejorar el panorama presente.