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Los programas del PP, PSOE y UPyD para el Sector Público

Escrito el 13 diciembre 2011 por Manuel Molina en Sector público

Se desglosan a continuación las principales medidas relacionadas con el Sector Público incluidas en los Programa Electorales con los que UPyD, PSOE y PP concurrían  a las elecciones del pasado 20 de Noviembre.

Programas y Medidas

Para UPyD evitar la duplicidad de las funciones de la administración pública pasa por la supresión de las diputaciones provinciales y forales, cuyas competencias pasarían a ser desempeñadas por las CCAA y Ayuntamientos. Propone además una fusión paulatina y voluntaria de localidades inferiores a 5000 habitantes, con el fin de racionalizar la administración local. Además en su programa electoral se incluye la supresión de órganos de la Administración General del Estado que carezcan de competencias como consecuencia del proceso descentralizador, incluyendo ministerios y direcciones generales.

Este planteamiento llevado a  cabo por UPyD para eliminar el gasto superfluo, y que según su programa electoral supondría un ahorro de 42.000 millones de euros (el 4% del PIB), iría acompañado de otra serie de medidas como la devolución a la Administración Central por parte de las CCAA de las competencias referentes a educación y sanidad (manteniendo su gestión descentralizada como modo de garantía de su gestión en todo el todo el territorio nacional).

Establecer un número máximo y mínimo de organismos común para todas las CCAA, definir las bandas salariales para las distintas categorías de funcionarios y los altos cargos autonómicos y municipales, el cierre del las líneas de AVE y los aeropuertos sin  tráfico suficiente, suprimir  el 80% de los 5000 entes no administrativos existentes y establecer límites legales al crecimiento del gasto de las CCAA son algunas d las propuestas de UPy D para alcanzar el citado objetivo.

Con el fin de corregir los distintos desequilibrios territoriales  se propone aumentar el Fondo de Compensación Interterritorial.  Además su programa incluye diversas reformas en materia tributaria: cambio en la tributación de las SICAV, armonización del impuesto de sucesiones y donaciones, introducción internacional de un impuesto sobre las transacciones financieras (“tasa Tobin”) y un cambio en la forma de tributar de las rentas del capital, que pasarán a la Base General en el IRPF.

El PSOE, para promover la cohesión territorial, propone transformar el modelo de centro-geografía de redes en otro que fomento más el transporte transversal en el conjunto de la geografía española, fomentar el desarrollo económico de aquellas regiones con menor concentración de población, así como promover distintas inversiones en infraestructuras de transporte, basándose para ello en la búsqueda de una mejora en la gestión, la calidad, la competitividad y la sostenibilidad ambiental. Con el  fin de remodelar las administraciones, tanto locales como autonómicas, propone transformar las Diputaciones Provinciales en Consejos de Alcaldes,  manteniendo eso sí, los puestos de trabajo de los funcionarios del mencionado organismo.  Los servicios prestados a poblaciones inferiores a 5000 habitantes pasarán a ser prestados mediante mancomunidades, comarcas, consorcios u otros regímenes asociativos.

A su vez su programa electoral incluía la creación de órganos que fomenten la colaboración entre las distintas administraciones para  la prestación de distintos servicios públicos a la población, así como una mayor suficiencia financiera a los municipios parta atender así sus competencias, adaptando por lo tanto la base del sistema tributos municipales a la situación económica actual. También contempla su programa electoral una reforma del Senado.

Establece además, con el objetivo de reducir la estructura administrativa de Ayuntamientos, CCAA y el Estado, alcanzar un acuerdo entre todas las fuerzas políticas.

El PP, con el fin de promover y garantizar el derecho de los ciudadanos a la información, elaborará una ley de transparencia e información pública de las Administraciones Públicas, así una mayor regulación de las  normas y de los objetivos a alcanzar por cada uno de los cargos de la función pública.  Se fijarán también las retribuciones de los altos cargos electos locales, atendiendo a factores tales como las circunstancias socio-económicas del entorno y los recursos económicos administrados, y de los altos cargos de la administración general, fijando un marco de referencia en función de las responsabilidades que ostenten. La publicación de todos los presupuestos de entidades con participación pública a través de Internet, los de los indicadores de evaluación de las distintas políticas públicas, y las distintas subvenciones otorgadas por organismos públicos son medidas que propone con el fin de garantizar la citada transparencia.

Una revisión generalizada del gasto para el conjunto de la administración, la reducción del número de altos cargos públicos, el fomento de la colaboración público-privada y la elaboración de una ley de control y auditoría para todo el sector público son acciones que plantea con el fin de promover la eficiencia del sector público.  A su vez propone  la supresión de aquellos entes públicos que no respondan a una racionalidad económica o administrativa, una reforma de la Comisión Nacional de la Competencia, con departamentos sectoriales especializados, la acreditación transparente por méritos para todas las personas que ocupen altos cargos públicos y la simplificación de licencias administrativas. Todas estas medidas perseguirán modernizar y agilizar la administración pública.

En el ámbito autonómico las medidas del Partido Popular irán encaminadas a evitar las duplicidades de gasto o la demora en la atención de las necesidades de los ciudadanos. Para ello se delimitará con mayor precisión el marco competencial de cada una de las administraciones, evitando así los solapamientos innecesarios. Además promoverá un nuevo modelo de financiación que evite la consolidación como gasto público estructural de los ingresos coyunturales, y que tenga en cuenta la población y las circunstancias que inciden en el coste de los servicios públicos así como las exigencias de estabilidad presupuestaria. También fomentará la licencia única para que cualquier producto o servicio producido al amparo de cualquier normativa autonómica pueda ser ofertado libremente en el territorio español.

Incluye también su programa acotar con mayor precisión las competencias de las administraciones locales.  Modernizar el marco legal de las diputaciones, Cabildos y Consells, adaptar la LOFCA  y  fomentar la agrupación voluntaria de municipios, teniendo en cuenta su situación organizativa y financiera, son algunas de las medidas que plantea aplicar en este ámbito.

Comentarios

Joni 15 diciembre 2011 - 09:25

Me parecen acertadas, y convergentes, algunas de las medidas propuestas por los distintos partidos políticos. Racionalizar (reducir) la estructura de las administraciones públicas, y con ello, los altos cargos directivos (en particular, por su entidad en personal y recursos, aplicable por entero al Ayuntamiento de Madrid). Acreditar los méritos de los altos públicos es básico para la gestión pública; su papel en la gestión del personal es una de las claves para la modernización y mejora.
Tras la delimitación de las competencias de las administraciones públicas es obligada la definición y rediseño de los servicios públicos, y la consecuente asignación, formación y motivación del personal. Es mejorable la promoción del personal de conformidad con su mérito y capacidad.

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