21
Dic

En el reciente debate de investidura para el oficio de presidente del Gobierno, el Sr. Rajoy ha dicho que es inevitable una segunda ola de reestructuraciones en el sistema financiero. Según sus palabras, esto se traducirá en más fusiones, más necesidades de capital, cambio en el modelo de regulación y cambio en el sistema de supervisión del Banco de España, con el fin de evitar indecisiones y bloqueos; y todo ello se hará en los primeros seis meses del año. Estamos, pues, ante un cometido obligado para los nuevos administradores de la cosa pública española, que es, a la vez, un desafío, en la medida en que el nuevo jefe del ejecutivo ha fijado un plazo de seis meses (que entendemos es de caducidad) para culminarla, y, sobre todo, es un reto en cuanto al contenido concreto de la reforma anunciada ante la situación de emergencia financiera de España y del mundo.

El actual modelo de supervisión del Banco de España, de acuerdo con su ley peculiar, se dirige a asegurar que las entidades de crédito estén adecuadamente capitalizadas, cumplan la normativa vigente y sean prudentes en la gestión y control de su negocio y sus riesgos. Esta misión, que debe hacerse con eficacia y eficiencia, se realiza por medio de tres actividades principales: el seguimiento y análisis a distancia, las visitas de inspección, y el seguimiento continuado in situ. Aparte de estas nociones elementales sobre la forma de ejercer la supervisión encomendada y de la competencia de los individuos encargados de llevarlas a cabo, cuya dedicación y profesionalidad están fuera de duda, son hechos irrefutables el descubrimiento de la verdadera situación económica de varias instituciones financieras españolas, que el supervisor debía vigilar y, en su caso, corregir para evitar un daño irreparable al interés general. Realidades que han provocado la inevitable intervención del Banco de España en algunos casos o, en otros, precisamente para evitar esta acción dramática (siempre dañosa en términos de imagen pública del sector y de los responsables de garantizar el interés nacional), la compra a precio de saldo (cuando no gratis) de la entidad financiera afectada por otra entidad, a la que el propio supervisor habría animado discretamente.

La cuestión, acuciante, sigue en pie; porque nada se ha detallado del camino por donde va a transitar la reforma anunciada. ¿Se trata de incrementar la intervención pública en las instituciones financieras, en forma de exigencia de más y mejor información o, por ejemplo, mediante la ampliación de las competencias de inspectores en las entidades? ¿Serán medidas con carácter preventivo o, eminentemente, sancionador? ¿Se tratará de que el supervisor público pueda orientar en ciertos momentos los destinatarios preferenciales del negocio bancario de los créditos, para que el dinero no solo esté (por supuesto) asegurado, sino que llegue a las familias con fluidez? Aunque, naturalmente, se pueden plantear otras muchas cuestiones, creemos que estas y sus correctas respuestas no serán tan misteriosas o impredecibles, si miramos al Banco Central Europeo y prestamos atención a las indicaciones de los oráculos alemanes.

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