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Recortes en las Administraciones Públicas: Un tigre cogido por el rabo

Escrito el 9 enero 2012 por Jose María Sánchez Alarcos en Sector público

La situación a la que se enfrentan hoy las Administraciones Públicas tiene bastante semejanza con la que se produce en muchas empresas privadas en tiempos de crisis en dos cosas:

  1. Cuando alguien habla de la necesidad de recortar empleos, siempre se dirá –y es cierto- que ésa no es una solución en el largo plazo y que es necesario buscar medios de aumentar el valor añadido y, por tanto, de mejorar los resultados.
  2. Los sindicatos insistirán, siempre con la idea de que el concepto de beneficio mismo lleva algo éticamente reprobable, en que es necesario reinvertir para crear empleo.

Tan acostumbrados estamos a estos dos argumentos que forman parte del paisaje y con frecuencia no percibimos la falacia que encierran uno y otro. En una empresa privada donde la demanda ha bajado, el aligeramiento de costes puede ser una forma de sobrevivir a los próximos meses. No es una solución pero, si la empresa no sobrevive, no hay solución de largo plazo que valga.

En la Administración Pública, un aligeramiento de las estructuras implicaría, de forma inmediata, un aumento del desempleo –principal problema actual- pero, en el medio plazo, el dinero no gastado en costosas e ineficientes estructuras estará en el sitio de donde nunca debió salir –en el bolsillo del ciudadano- potenciando con ello la demanda y la creación de empleo. ¿Y mientras tanto?

Ése es el punto de similitud: En la empresa privada, el recorte no es la solución sino un requisito para la supervivencia más inmediata. En el sector público, el recorte aumenta el desempleo, que es hoy el principal problema, con la esperanza de que en un futuro tengamos una situación mejor pero ¿tenemos capacidad para llegar a ese futuro?

Las situaciones de crisis extrema pueden subvertir lo que parecería una lógica muy elemental y una búsqueda de eliminación de peso muerto en el sector público –que es innegable que existe y no es necesario extenderse en los mecanismos por los que este efecto se ha producido- no representa hoy tal eliminación sino, simplemente, pasar de llevarlo en un hombro –el coste de la Administración- a otro –el coste del desempleo- sin que haya una solución real.

La posibilidad de convertir contratos a tiempo completo en contratos a tiempo parcial, de revisar la normativa sobre excedencias asegurando un reingreso inmediato a quien decida solicitarla ahora y otras que impliquen una reducción no traumática de costes está ahí pero no podemos olvidar otro factor que contribuye a complicarlo todo:

Si el endeudamiento público es grave, el privado no lo es menos y este tipo de soluciones, que podrían ser muy bien acogidas en tiempos de bonanza –reducción de tiempo a cambio de reducción de sueldo o tiempo en suspenso dedicado a estudios, crianza de hijos o cualquier otra cosa- pueden no serlo tanto cuando el endeudamiento hace que una gran parte de los ingresos actuales de las familias esté ya comprometida y cualquier reducción aparezca como inviable.

En este entorno, donde las subidas de impuestos y los recortes no han hecho más que empezar, hay cosas que resultan incluso ofensivas:

  1. Podremos discutir si era mejor subir los impuestos directos o indirectos, si era necesario empezar por ahí o era mejor empezar por los recortes de plantilla en el sector público pero quien no tiene legitimidad alguna para protestar es quien se apuntó a la fiesta del despilfarro y convirtió en crítica una situación que, hace ya unos cuantos años, se veía que traía un futuro complicado.
  2. Se están realizando maniobras encaminadas a que, cuando venga la tijera, no caiga sobre los amigos mediante el procedimiento de integrar empresas públicas de dudosa o nula utilidad con todo su personal en organismos públicos. De esta forma, se liquidaría a los interinos y los amigos quedarían en su posición ganada por procedimiento digital.
  3. Despilfarros que, más allá de la importancia de la cifra, son estéticamente repugnantes y dan prueba de todo un estilo de hacer política, un estilo en el que el cargo es tratado como un cortijo y, cuando vienen malos tiempos, son los peones los que pagan los platos rotos: Escenas de corrupción con primos contando billetes que sólo son comparables con la estética de las célebres fotos de Luis Roldán en Interviú, flotillas de coches oficiales de alta gama, EREs falsos, obras faraónicas a mayor gloria del político de turno, mayordomos personales sin más función que llevarle la comida al político, cantidades ingentes de asesores con sueldos multimillonarios…y la lista podría ser mucho más larga y alcanzar a todos los niveles, desde los más altos niveles de la representación del Estado hasta el último Ayuntamiento perdido.

El Gobierno que llega tiene un tigre cogido por el rabo: Tiene necesariamente que subir impuestos, esperemos que temporalmente, y que recortar hasta el hueso. Esperemos que lo haga con acierto porque es una condición imprescindible para sobrevivir al corto plazo.

Esperemos también que, en esa batalla en la que todos saldremos con más de un rasguño, no olvide que el equivalente a la Convención de Ginebra con su criterio de qué se considera legítimo en una guerra y qué no lo es tiene un nombre simple y conocido por todos: Decencia.

Decencia, en este caso, significa no incurrir ni permitir el segundo y tercer punto que señalaba anteriormente y ahí hay mucho que trabajar. Es legítimo mirar hacia fuera y señalar a quienes han incurrido en esas prácticas pero no olvidemos que, entre ellos, hay también algunos afines a los que ahora tienen la responsabilidad de reconducir el desastre.

Hubo un presidente, Felipe González, que dijo literalmente “podremos meter la pata pero no la mano”. En su momento, pagó electoralmente –no de otra forma- que, además de meter la pata, se metiera la mano intensivamente.

Estamos en una situación análoga: Muchos podrían perdonar que se metiera la pata pero se ha metido la mano por propios y ajenos. Si eso no se corta de raíz, no hay legitimidad alguna para reclamar esfuerzos a otros, sea vía impuestos, recortes salariales de prestaciones o, simplemente, quedándose sin trabajo por estar en el sector público y no ser amigo de nadie.

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