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Feb

Hace unas semanas el Boletín Oficial de las Cortes de la Junta de Castilla y León anunciaba un nuevo canon de 15 euros por tonelada de residuos peligrosos que sean depositados en vertederos de la Comunidad. Por tanto, Castilla y León se une a Andalucía, Cantabria, Madrid y Murcia, en la lista de autonomías donde existe este impuesto. En el resto, se sigue haciendo libre de pago o con algunas limitaciones establecidas por sus planes de residuos.

La falta de homogeneización en la legislación en materia de residuos en España provoca una competencia innecesaria en el mercado. Los motivos más habituales son, por un lado, que las autorizaciones de las instalaciones de tratamiento son concedidas por distintas administraciones y, por tanto, operan bajo distintos criterios. Por otro, la gestión es controlada con distinta intensidad por las administraciones de todo el país. En este caso el canon provocará que, mientras existan Comunidades donde no haya que pagarlo, las empresas productoras de residuos preferirán gastar ese dinero en el transporte de los residuos hacia esas regiones.

Los Ayuntamientos de Ávila, Segovia o Valladolid, ya han mostrado su descontento ante la nueva medida adoptada por la Junta, ya que aseguran “más que un impuesto para fomentar el reciclaje, es una política recaudatoria” que van a pagar los ciudadanos y las empresas.

Para evitar estos argumentos, la recaudación de este impuesto debería contribuir a reforzar el cumplimiento de la legislación de residuos y a elevar el valor añadido de los tratamientos. Así, se favorecerían los tratamientos de reciclaje y la valorización, en detrimento de la eliminación, reservando la capacidad disponible de vertedero y evitando la creación de nuevas infraestructuras de este tipo.

De esta forma, para contribuir al cumplimiento de la legislación, el canon de vertido debería favorecer que cada residuo sea depositado en la instalación adecuada y para la que está autorizada. De lo contrario, esta medida perderá su carácter de instrumento económico que le concede la ley de residuos, y se convertirá en recaudatoria, siendo preferible su retirada de todo el Estado español.

Cada vez es más urgente una política común en materia de residuos en todo el territorio nacional, que evite este tipo de situaciones y aplique las mismas reglas del juego. Este mensaje fue lanzado en dos ocasiones por el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la pasada campaña electoral. El escenario actual corre el riesgo de fomentar malas prácticas, el tratamiento inadecuado de los residuos peligrosos, y el descontrol en la gestión.

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