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Arqueología del funcionariado

Escrito el 29 febrero 2012 por Jose María Sánchez Alarcos en Sector público

Cualquier lector de Valle-Inclán y, en general de autores españoles de finales del XIX y principios del XX encontrará una curiosa costumbre del sector público de entonces: Cuando un ministro cesaba en su cargo, con él se iban todos los que trabajaban en el Ministerio y el que entraba traía a otros nuevos.

Seguramente, los financieros se creen muy ingeniosos con el invento del presupuesto en base cero pero mucho antes que ellos alguien inventó de esta forma tan drástica la plantilla en base cero. Poco puede sorprender que el que llegaba, sabiendo que tenía un tiempo limitado, estuviera más atento a trabajar en provecho propio que del ciudadano y que, además, hubiera que reinventar la rueda una y otra vez por los continuos cambios de plantilla.

En algunos países, esta costumbre se ha conservado mucho más tiempo. En fechas recientes, en El Salvador era costumbre despedir el 31 de diciembre a todos los empleados públicos para recontratar a la práctica totalidad el 1 de enero. Tan extraña actuación se producía para no cargar con “pasivos laborales”, es decir, con cifras de indemnización crecientes. Evidentemente, siempre habría sido posible hacer un fondo sin necesidad del enloquecimiento contractual de fin de año.

Por mucho que El Salvador tenga un tamaño similar al de la provincia de Ciudad Real y un número de funcionarios por tanto mucho más bajo que el español no dejaba de ser una locura. Cierto es que, a pesar de ser un país donde violencia y corrupción no van de la mano -la primera es muy elevada y la segunda es de las más bajas en Centro y Sudamérica- alguien pudo pensar que un fondo siempre estaría tentando a políticos dispuestos a llevárselo a casa -o a las islas Caimán- y este extraño manejo burocrático era una forma de evitar tentaciones.

Salvo rarísimas excepciones como la salvadoreña, el hábito valleinclanesco de acompañar a la puerta al ministro tanto a la entrada como a la salida no ha permanecido en eso que nos gusta llamar “los países de nuestro entorno”. La figura del funcionario profesional tiene su razón de ser e incluso puede tenerla la existencia de determinados privilegios por los que un funcionario no puede ser obligado por un superior jerárquico a una acción dudosa. La certeza de un puesto vitalicio y unos criterios de promoción muy definidos le dan al funcionario mucha más libertad que a su equivalente en una empresa privada.

La figura del funcionario es, valga la redundancia, funcional pero ¿se justifica en todos los puestos de la Administración Pública? Ni siquiera es una cuestión de rango; parece claro que tener un ordenanza funcionario no tiene sentido alguno. Podría ser perfectamente contratado laboral como puede serlo en cualquier empresa pero lo mismo podría decirse de posiciones como la de un médico. ¿Aporta algo que el médico sea funcionario salvo el hecho de que tiene la plaza en propiedad? ¿Significa eso algo para el enfermo?

Probablemente sólo una pequeña fracción de los actuales funcionarios deberían tener tal consideración siendo el resto contratados laborales con los mismos derechos y obligaciones que tendrían si trabajasen en el ámbito privado. Sin embargo, debajo de esto hay una trampa: El funcionario tiene la plaza en propiedad y, sabiendo la Administración Pública que necesitaba más personal, ofrecer la seguridad vitalicia del puesto de trabajo era una forma de abaratar los costes. ¿Quién no estaba dispuesto a aceptar un salario más bajo sabiendo que, a cambio, su puesto era inamovible?

Cuando llega una crisis grave como la actual, invita a cuestionar todo el sistema pero, si se hace, hay que hacerlo bien: La división actual entre funcionarios y contratados laborales no obedece al principio de que en unos puestos se debe estar libre de coacciones en forma de “obediencia debida” y en otros la relación laboral se pueda equiparar a la de una empresa privada. En muchos casos, la única diferencia es el procedimiento de acceso al puesto y funcionarios y contratados pueden estar haciendo exactamente lo mismo.

Sin embargo, una muestra de que la toma de medidas podría no ir bien encaminada está en que la nueva Reforma Laboral trata de establecer diferencias para los contratados laborales de la Administración Pública. Si no hay dotación presupuestaria -es decir, si YO no doto presupuestariamente una actividad- puedo despedir a los contratados laborales que la llevan a cabo. ¿No es eso ser juez y parte? ¿No nos estamos acordando ahora de la diferencia entre funcionarios y contratados cuando hace mucho que, salvo para posiciones muy específicas, dejó de existir más allá de la vía de acceso? ¿Es legítimo que porque mi empleador sea la Administración Pública tenga mis derechos como trabajador menos protegidos que si trabajo en Pérez S.A.?

Ante una situación no sostenible, es posible que haya que volver a los orígenes: ¿Quiénes y por qué tienen que ser funcionarios y quiénes deben ser contratados laborales? Una vez que eso esté clarificado, la Administración Pública puede comportarse con sus trabajadores como cualquier empresa en situación de crisis…sin otorgarles más derechos porque su empleador sea la Administración Pública pero tampoco menos porque el legislador haga la ley a su medida.

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