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Duplicidades en lo público

Escrito el 29 marzo 2012 por Daniel Berzosa en Sector público

El Gobierno había anunciado que eliminaría organismos autónomos, entes y empresas públicas ante las «excesivas» duplicidades, por boca de su presidente, Sr. Rajoy, en una reciente sesión de control. Y adelantaba que, tan pronto como se acuerde con las autonomías la cuestión del déficit, el ejecutivo hablará de «unidad de mercado y duplicidades». En palabras del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, con carácter general y espíritu de ordenación, hay que evitar que se tengan que financiar competencias que correspondan a otras administraciones públicas.

Cuatro ejemplos, tomados al azar entre las listas que circulan, de la sobrecarga institucional son los siguientes. La deuda de todas las televisiones autonómicas se ha incrementado hasta los 1.466 millones de euros en 2010. Andalucía, cuya deuda no tiene la consideración de bono basura —todo sea dicho—, tiene, no obstante, 54 empresas públicas, con un presupuesto de 5.282 millones de euros. Cataluña, cuya deuda sí tiene la consideración de bono basura (como sucede con la Comunidad Valenciana) mantiene oficinas en el exterior (las «embajadas autonómicas») de las que se niega a prescindir. La evolución hipertrófica de la enseñanza universitaria pública en España, que ha desembocado en un modelo provincial (son casi cincuenta) y maneja un presupuesto de 6.700 millones de euros.

La situación agónica en la que se encuentra la economía española y no solo la financiera —que es evidente—, sino, también, la llamada real —que no es menos evidente—, ha obligado a los actuales dirigentes de la nación a tomar una serie de medidas fuertes. Parten de la convicción razonada (esperemos que también acertada) de que la estrategia u orden de procedimiento para que fructifiquen los mandatos políticos dictados —y por dictar, según se sigue anunciando—, con el fin de sacar a España del estado de cosas presente comienza por ordenar su propia casa. Naturalmente, el gobierno puede actuar de forma directa en la suya:la Administración General del Estado y sus entes institucionales. Pero no se olvide que la urgencia y la propia estrategia se refiere a todo el sector público y, por tanto, es absolutamente imprescindible que se involucren sin reservas los responsables políticos de las otras administraciones públicas: autonómica y local.

El Gobierno de la Nación ha aprobado (16-3-2012) y publicado (24-3-2012), esto es, puesto en marcha su plan de redimensionamiento del sector empresarial y fundacional de carácter públicos. Dicho de forma muy resumida, se concreta en un recorte del número de entidades, para evitar las denunciadas ineficiencias e incrementar la transparencia y el control, y, entre las medidas adoptadas, destacan (i) la rebaja sustancial de los gastos de personal y homologación de condiciones, (ii) la limitación del número de miembros en los consejos de administración de las sociedades públicas o con mayoría de capital público, y (iii) la rebaja y límite de las retribuciones e indemnizaciones de sus responsables y directivos.

Ante esta realidad del gobierno central en evitación de duplicidades, nos preguntamos: Y ¿qué han hecho los demás gobiernos autonómicos y locales? Y ¿qué hacen los demás gobiernos autonómicos y locales? Y ¿qué piensan hacer los demás gobiernos autonómicos y locales? Las respuestas a estas cuestiones nos interesan y conciernen también a todos los españoles, que lo seguimos siendo no solo cuando tratamos con la Administración General del Estado y sus extensiones, sino cuando lo hacemos con las administraciones autonómicas y locales.

Comentarios

Manuel Molina 30 marzo 2012 - 12:30

Hoy anuncian los presupuestos generales del presente año…esperemos puedan suplir la falta de compromiso llevada hasta ahora por las CCAA…

Daniel Berzosa 12 abril 2012 - 16:15

La verdad es que me sorprende que el gobierno central no haya empleado aún las competencias que tiene sobre legislación básica en esta materia.

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