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Nov

 

Centro de Innovación del Sector Público de PwC e IE Business School

 Gabriel Elorriaga Pisarik. Diputado por Madrid. Presidente de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

15 de noviembre de 2012

  

Transformar la Administración en Tiempos de Crisis

 

¿Es necesario?

¿Es posible?

¿En qué dirección?

 

España ha experimentado un cambio formidable a lo largo de las tres últimas décadas. El sector público no ha permanecido ajeno a esa transformación: un notable crecimiento económico unido al despliegue del estado del bienestar, la integración en Europa y el desarrollo del estado autonómico han transformado radicalmente el entorno en el que la actividad pública se desarrolla.

 Sin embargo, nuestras administraciones no han seguido el ritmo de los cambios, no al menos de una manera suficiente para garantizar en la actualidad su eficiencia y buen servicio a los ciudadanos. Una verdadera reforma dela Administración Públicasigue siendo una tarea pendiente que ya es inaplazable.

 El principal problema del sector público español no es su tamaño, sino su ineficiencia. La evidencia no avala las tesis que consideran que tenemos un sector público sobredimensionado (en gasto, presión fiscal o empleo público), al menos en comparación con otros grandes países desarrollados. Eso sí, se advierten claras tendencias expansivas del gasto, por razones objetivas (envejecimiento) o políticas (descentralización imperfecta).

 Factores de ineficiencia:

  • Falta de austeridad, duplicidades, costes innecesarios.
  • Pobres resultados (educación, I+D), escasa evaluación.
  • Lentitud, inmovilismo, aversión al cambio.

 En la primera mitad de los años noventa del pasado siglo se produjo una circunstancia singular. Europa, tras su reunificación política, parecía desperezarse y ponía en marcha nuevos y ambiciosos proyectos de unión económica, monetaria e, incluso, política. España, sin embargo, permanecía parada, sumida en una grave crisis, aparentemente resignada a quedar ausente del diseño de esa nueva Europa y a no participar en el euro.

 En 1996 España tomó un nuevo rumbo, y asumió un compromiso trascendental. Estar en Europa entre los primeros significaba asumir retos duraderos que comprometían no sólo a un Gobierno sino a todos los que más tarde le sucederían, no sólo a los dirigentes políticos sino al conjunto de la sociedad española.

 Entonces aceptamos que la soberanía económica sería compartida, lo que implicaba entender que la disciplina fiscal no podría romperse ya sin causar un grave daño al país y un riesgo a nuestros socios europeos.

Aceptamos también que el conjunto de las Administraciones Públicas quedarían vinculadas por esos compromisos, y tomarían como propios hábitos permanentes de transparencia y austeridad.

Aceptamos, por último, mantener una tensión reformista capaz de ir venciendo todas las resistencias y obstáculos que existiesen o pudiesen surgir en nuestra economía, para así ser capaces de situarnos entre los sistemas más dinámicos y prósperos del mundo.

La recuperación pasa por una nueva modernización de España, una trasformación que ponga en valor todas nuestras capacidades, que movilice todos los recursos, que ponga España en marcha. Modernizar significa lograr que el altísimo precio que ya está pagando la sociedad española sea realmente útil, significa orientar el esfuerzo compartido hacia metas que garanticen un futuro mejor, significa que España vuelva a funcionar a pleno rendimiento.

Ese esfuerzo modernizador debe tener una especial incidencia en el sector público. La calidad de la organización y gestión de las administraciones determina en gran medida la calidad y eficiencia de todo el sistema económico y social. Unas administraciones austeras y centradas en la prestación de servicios a la sociedad, con estándares de calidad ajustados al nivel de riqueza del país, suponen un factor de eficiencia, productividad y mejora de la competitividad global.

 

AUSTERIDAD, EVALUACIÓN Y CONTROL

En la administración de los recursos públicos la austeridad, la transparencia y la responsabilidad han de ser los principios rectores de todas las reformas. Cuando millones de españoles han perdido su empleo, y cuando la inmensa mayoría ha visto severamente recortada su situación económica, las Administraciones deben ser un ejemplo constante de contención y rigor en el uso de los impuestos de todos. Todas las Administraciones deben estar, de principio a fin, al servicio de los ciudadanos. El camino no pasa por dar respuestas improvisadas, ineficaces e injustas – congelar las pensiones, recortar salarios a los funcionarios- es estrictamente necesario abordar reformas más profundas en la manera de gastar y acabar con los derroches.

 La transformación a la que se enfrentan ahora las Administraciones debe perseguir tres objetivos claros: una provisión más eficiente de los servicios públicos, una reducción de su volumen que deje espacios suficientes a la sociedad y una gran mejora en la rendición de cuentas apoyada en la plena transparencia. La reforma es una necesidad imperiosa, no solo por la inaplazable contención del gasto superfluo sino, sobre todo, para contribuir a una mejora de la competitividad de la economía española, garantizar la equidad intergeneracional y ganar en la legitimidad de nuestro sistema democrático.

Es preciso asignar los recursos públicos disponibles a las auténticas prioridades es una exigencia democrática aun más urgente en una situación de crisis presupuestaria como la actual. La reforma de nuestro esquema de presupuestación y ejecución del gasto es ineludible y debe ir acompañada de sistemas eficaces de medición de los resultados obtenidos con los recursos empleados. No basta con presupuestar mejor (algo que es urgente y necesario), es igualmente preciso hablar con claridad de la eficacia del gasto y de exigir responsabilidades por el uso dado al dinero de todos. Cualquier gasto es excesivo si los resultados no alcanzan algunos niveles mínimos; la respuesta ante cada fracaso en la gestión no puede ser un incremento del dinero asignado a los mismos objetivos sin variación alguna en los instrumentos utilizados para alcanzarlos.

Necesitamos avanzar en la implantación de una verdadera administración electrónica, dada su capacidad para ofrecer un caudal de nuevas oportunidades, tanto como por la posibilidad de ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos y por la oportunidad de obtener significativas reducciones de gasto público. Las Administraciones siguen proyectándose hacia el exterior como si de compartimentos estancos y completamente incomunicados se tratase, un reflejo de una fragmentación interna de recursos informáticos que multiplica los costes.La propia Administración del Estado aparece con “personalidades electrónicas” completamente diferenciadas ante el ciudadano. Algunas actividades cotidianas y aparentemente simples como un cambio de domicilio, la actualización de la dirección electrónica o de un número de teléfono donde ser localizado obligan a multiplicar un sinfín de notificaciones ante otros tantos organismos. Actuaciones más complejas, como la búsqueda de apoyos o incentivos a cualquier actividad, se convierten en una labor sólo accesible para los profesionales en la materia.

 Ha llegado la hora de impulsar un cambio de perspectiva, de situar al ciudadano como el eje sobre el cual articular el conjunto de los servicios y procedimientos que le puedan afectar. Una vez que se está consiguiendo el acceso electrónico a todos los servicios de la Administración, es necesario dar un paso más, es imprescindible ofrecer a cada ciudadano una información personalizada, coherente e integrada del conjunto de sus relaciones con las Administraciones Públicas; una verdadera ventanilla única electrónica. Para conseguirlo es necesario replantear con rigor las estructuras administrativas que internamente soportan la prestación de servicios informáticos, una tarea que exige designar responsables con visión y autoridad suficientes en el primer nivel de decisión de cada una de las Administraciones.

 

 TRANSPARENCIA

 La mejora sustancial de la transparencia en la gestión de los asuntos públicos es una exigencia urgente e irrenunciable. La transparencia entendida como el fácil acceso de los ciudadanos a toda información relevante, de manera clara e inteligible, es un requisito para la buena administración de los recursos públicos y un elemento esencial para garantizar el más honrado comportamiento de todos los servidores públicos. La transparencia debe constituir, también, un poderoso instrumento para mejorar la asignación de responsabilidades y exigir una mejor rendición de cuentas. La transparencia, por último, es un requisito necesario para la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

 La mejora de la calidad democrática española pasa por un cambio drástico en los sistemas de información pública. Para conseguirlo es necesario implementar una estrategia general, dirigida a todas las Administraciones y a todas las políticas públicas, basada en reformas legales ambiciosas con medidas y plazos muy exigentes.

 Debemos situar a las Administraciones Públicas españolas como un referente internacional en transparencia de la gestión de los asuntos públicos, tanto desde una vertiente política como meramente  administrativa. Para ello se debe aprobar un nuevo marco legal cuyo exacto cumplimiento será exigible a todos los responsables públicos, en todas las Administraciones.

 Se han de aprovechar todas las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para abrir a los ciudadanos todas las claves de la gestión de los asuntos públicos, de manera que las actuaciones de los responsables políticos y administrativos sean ampliamente conocidas y más fácilmente controlables. Se ha de ofrecer, en definitiva, un mejor conocimiento, información y control sobre todas las actuaciones de relevancia pública, y estimularemos la colaboración y la participación de la sociedad en los asuntos de interés común.

 Es imprescindible reformar los mecanismos de rendición de cuentas. La transparencia debe servir para promover el comportamiento responsable de los servidores públicos y recuperar sus valores clásicos: honradez, profesionalidad, eficacia, imparcialidad y, en definitiva, servicio al ciudadano.

Para hacer posible todo los anterior, se dispondrán los medios, sistemas y canales que den a conocer de manera comprensible, accesible y oportuna los objetivos de la gestión pública, el marco jurídico, institucional y económico en el que ésta se desarrolla, y toda la información relevante vinculada a ella. Promoveremos una profunda transformación de los modos de hacer de todas las Administraciones.

 

LAS CONSECUENCIAS DE LA DESCENTRALIZACIÓN

 Todas estas reformas deben ser aplicadas al conjunto de las Administraciones existentes en España. La descentralización es un poderoso instrumento de acercamiento de los centros de decisión política a los ciudadanos, pero solo correctamente articulada puede ser eficiente. Sacar las ventajas que la descentralización política y administrativa encierra exige abordar con rigor muchos problemas que hasta ahora han sido ignorados.

 La triple crisis en la estructura territorial del Estado: política, jurídica y económico-financiera (ver FAES “Por un estado autonómico racional y viable”).

 Es urgente delimitar con mucha mayor precisión las competencias de las distintas administraciones para evitar duplicidades de gasto, derroches de todo tipo y, lo que es aun más grave, descuido o demora en la atención de necesidades básicas de los ciudadanos. Es preciso eliminar la prestación de “servicios impropios”, bien sea mediante su prohibición efectiva y consecuente sanción, o mediante la atribución expresa de competencias y su financiación. Es imprescindible articular mecanismos eficaces de intercambio de información que permitan el contraste público de la eficacia de las distintas Administraciones en la prestación de los servicios públicos. Sólo así es posible obtener los beneficios que la experimentación y el aprendizaje potencialmente pueden producir en un sistema descentralizado. El “benchmarking” institucionalizado, es decir, el conocimiento público de indicadores comparados capaces de medir la eficiencia en las Administraciones es una necesidad política ineludible.

 Es imprescindible y urgente también mejorar los instrumentos de estabilidad financiera del conjunto del sistema. La previsible continuidad en el tiempo de los gastos atribuidos a las Comunidades Autónomas, dada su naturaleza, hace aconsejable desligar sus ingresos del ciclo económico. Para hacerlo posible, sin merma de su autonomía, podría establecerse un Fondo de estabilidad en la financiación de los servicios públicos que compensase los altibajos a lo largo del ciclo. Y es también preciso establecer límites adicionales al endeudamiento e, incluso, contemplar su completa desaparición en los niveles subcentrales de gobierno.

 Necesitamos normas claras, precisas, fácilmente aplicables y estables en su aplicación, cualquiera que sea su origen. La multiplicación de órganos legislativos, el crecimiento constante de las administraciones y la falta de rigor en la elaboración de las normas está convirtiendo nuestro ordenamiento jurídico en una maraña que enreda y perjudica tanto las libertades individuales como la eficiencia de nuestro sistema económico.

 En el mundo globalizado en el que estamos la calidad de nuestro ordenamiento jurídico y nuestras instituciones son un poderoso factor de competitividad. España es un país que carece de recursos naturales significativos y que no desea competir a la baja en niveles de bienestar social ni de calidad medioambiental. Así planteado, la generación, atracción y retención de talento, de un lado, y la calidad de las normas y la eficacia de las instituciones, de otro, deben constituir las dos columnas vertebrales de nuestra estrategia de crecimiento económico; en rigor, son nuestras únicas bazas. Lo primero exige prestar la atención necesaria a la calidad y la excelencia del sistema educativo, de la Universidad, a la generación del conocimiento y a su aprovechamiento económico posterior. Lo segundo, requiere dosis mucho mayores de austeridad, transparencia y responsabilidad.

 La Administración General del Estado, se ha ido acomodando a la nueva distribución competencial surgida del modelo autonómico, pero no ha hecho una reordenación global de sus recursos ajustada a su nuevo perfil.

 A partir de ahora la Administración del Estado debe centrarse en los aspectos más estratégicos de planificación y dirección, y debe ganar eficiencia en los de gestión ordinaria. El Gobierno ha de centrar su trabajo en la creación y ejecución de sus políticas públicas.

El modelo organizativo del poder ejecutivo – como la formación interna, la carrera profesional, la transparencia o la participación pública- tiene un importante impacto en la elaboración más o menos eficiente de las políticas públicas.

 Debilidades actuales: fragmentación departamental, inadaptación al Estado autonómico, rigidez del uniformismo ministerial, escaso impacto de la europeización y de la globalización, dificultades para ejercer el gobierno estratégico. Estructuras diseñadas para la autonomía de gestión de unos grandes Ministerios que ya no existen están multiplicando el coste y la ineficiencia con estructuras que se replican perdiendo las economías de escala que se obtendría con una gestión de servicios integrada y compartida. Ha llegado la hora de ser consecuentes con los cambios experimentados y de construir un nuevo modelo de Administración. Ese es el reto. Solo la voluntad política del máximo nivel del Gobierno basada en el convencimiento de que el cambio responde al interés general de los ciudadanos y de España en su conjunto hará posible lo que es necesario.

 Hay que intentar aunar el doble objetivo de una dirección estratégica en el nivel político, con una mayor estabilidad en el nivel administrativo. El modelo podría caminar hacia la configuración de los ministros a las labores de gobierno y la consolidación de las secretarías de Estado como unidades organizativas sobre las que se articula la administración.

 En definitiva, se necesita más Austeridad, evaluación, control y transparencia 

 

Gabriel ELORRIAGAPISARIK

15 de noviembre de 2012

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