Archivo de la Categoría ‘Innovación’

13
Jul

El pasado 7 de julio celebramos un desayuno de trabajo en el que tuvo lugar la presentación del informe Temas candentes de la Ciberseguridad. Un espacio lleno de incógnitas. El documento forma parte de la iniciativa Crecimiento Inteligente de PwC, cuyo objetivo es generar un debate plural que aporte ideas y fórmulas de colaboración entre las empresas, así como entre el sector público y privado.

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El encuentro, al que asistieron 110 profesionales y expertos, fue presentado por la directora de Centro, Isabel Linares, quien se mostró “satisfecha” por la labor del mismo como punto de encuentro entre lo público y lo privado. “Si hay un terreno en el que es preciso reforzar la colaboración público-privada es en el de los riesgos tecnológicos”, indicó, señalando que la ciberseguridad “afecta de lleno tanto a ciudadanos como a empresas e instituciones”.

 

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La presentación del informe corrió a cargo de Elena Maestre, socio de Riesgos Tecnológicos de PwC, quien señaló que los ciberataques se dan en un entorno “sofisticado y complicado”, y que, al tener internet como medio, son de “altísimo impacto y el grado de afectación es muy amplio”.  Por ello, señala Maestre, los incidentes en ciberseguridad requieren una solución “compleja y con perspectiva más global de la que se ha tenido hasta ahora”.

 

Tras las conclusiones del informe, el encuentro continuó con una mesa redonda en la que se destacó, sobre todo, la necesidad de la colaboración público-privada para avanzar en materia de ciberseguridad. Participaron Guillermo Llorente, subdirector general de Seguridad y Medio Ambiente, Miguel Rego, director general del Instituto Nacional de Ciberseguridad, Fernando Sánchez, director del Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas, y David Córdova, director del programa Government & Corporate Affairs de IE Business School.

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Moderada la mesa por Cesar Calleja, socio de PwC, algunas de las ideas y retos de mayor consenso fueron las de eliminar barreras entre lo público y privado e implicar a las altas direcciones para que conozcan de primera mano los riesgos y consecuencias de los ciberataques.IML_6331

“No es posible abordar la ciberseguridad trabajando por separado. Para lograr el éxito es necesario crear un entorno de confianza entre las partes”, afirmó David Córdova, quien considera que la agilidad, transparencia y confianza en la colaboración público-privada son todavía áreas de mejora.

Como cierre de la jornada, contamos con la presencia de Francisco Martínez,  Secretario de Estado de Seguridad, quien dio una conferencia sobre los retos y amenazas de la ciberseguridad. Tras el acto, se entregó el informe a los asistentes, que compartieron un espacio de diálogo a la salida, durante un café.

 

recortada por Sara

 

Descargar el informe Temas candentes de la Ciberseguridad. Un espacio lleno de incógnitas.

 

18
Feb

Segundo Encuentro del Ciclo sobre la Transformación del sector Público

Diálogo con Domingo Molina, director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Administración General del Estado, dirigido por Eduardo Beut, subdirector general de Comunicación Externa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

La transformación de la Administración y las nuevas tecnologías: Palancas, retos y nuevas oportunidades

Tras el primer encuentro sobre los progresos de transformación impulsado por la Comisión de Reforma de la Administración (CORA) que tuvo lugar en enero, el Centro de Innovación del Sector Público continúa con su ciclo sobre la transformación con la celebración de un encuentro con Domingo Molina, CIO de la Administración General del Estado, centrado en las  nuevas tecnologías.

Durante la ponencia, Domingo Molina destacó como su objetivo principal en su nueva responsabilidad convertir las TICs en el motor de transformación de la Administración. El CIO de la Administración Central señaló que el sector público debe hacer un esfuerzo de valoración de las nuevas tecnologías e invertir periódicamente en unidades TICs revolucionarias e incrementales que nos ayuden a la liberación del valor sectorial.

Domingo Molina indicó en su intervención que es necesaria la presencia de responsables que marquen las prioridades sectoriales y recordó que cualquier iniciativa de regulación y normalización debe llevar a cabo la evaluación del impacto de las TICs, no solo a nivel de evaluación del servicio, sino también de costes. El director de TI y las Comunicaciones de la Administración General del Estado insiste en la importancia de extender esta filosofía evitando con ello los errores cometidos en el pasado.

El protagonista del segundo encuentro del ciclo recordó que, debido a la gran cantidad de reformas que se están llevando a cabo en la Administración, existe un riesgo de agregación de la demanda, pudiendo suponer un problema de reducción de la competencia.

En relación a las nuevas tecnologías, Domingo Molina enfatizó la importancia de contar con un buen modelo de gobernanza, así como otras funcionalidades como la gestión centralizada del puesto de trabajo, la consolidación del correo o la posibilidad de consolidación de la nómina. El proceso de implantación de estas medidas comenzaría con una fase de diseño, con una duración estimada de tres meses, seguida de un plan de adopción, cuya duración dependería de los recursos disponibles, y  concluyendo con su consolidación.

A modo de conclusión, Domingo Molina dejó claro que cualquier organización que quiera permanecer en un mundo tan globalizado como el actual y avanzar de manera sostenible requiere un esfuerzo de innovación continuo, basado en las TICs como primera palanca para transformarse y mejorar sus resultados.

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10
Jul

Jornada de trabajo sobre la reforma de la Administración Local

Encuesta sobre la participación de los Gobiernos Locales Intermedios en la prestación, organización y financiación de los servicios de competencia municipal

En pleno proceso de transformación de la Administración Local, el Centro de Innovación del Sector Público de PwC e IE Business School celebró una jornada de trabajo sobre la relación entre los Gobiernos Locales Intermedios y los Ayuntamientos. El evento tuvo lugar el 9 de julio y, concretamente, se analizó el papel de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares en los servicios públicos municipales a partir de los resultados de una encuesta a los máximos responsables de estas instituciones.

La información recogida en la encuesta pone de manifiesto que la colaboración entre Ayuntamientos y Diputaciones funciona, que es posible profundizar en términos de cooperación y que hay ámbitos en los que los Gobiernos Locales Intermedios pueden contribuir de manera intensa a mejorar los servicios públicos. Además, los datos revelan el gran potencial en materia de apoyo y asistencia a los municipios por parte de las Diputaciones.

La jornada fue clausurada por Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, quien señaló que el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local será aprobado por el Consejo de Ministros del 16 de julio. Además, el secretario de Estado señalo que “en el futuro, las diputaciones ocuparán un lugar fundamental como puente y nexo de unión entre los municipios y la administraciones local, autonómica y estatal”.

En torno al debate sobre el futuro de las Entidades Locales y la prestación de servicios, Antonio Beteta defendió la capacidad que tienen las diputaciones para asumir las nuevas responsabilidades que les concederá la nueva Ley que, además, será “más favorable a la iniciativa público-privada”. En esta línea, el secretario de Estado señaló que diputaciones, cabildos y consejos insulares son entidades flexibles y preparadas para el nuevo papel que le asigna la reforma, ya que se convertirán en grandes centros de prestación de servicios municipales. Gracias a los Gobiernos Locales Intermedios “se garantizarán servicios adecuados, a precios razonables y mejor gestionados”.

En la jornada de trabajo también se celebró una mesa redonda moderada por José Antonio Peláez, socio responsable de Sector Público de PwC, en la que participaron Elías Bendodo, presidente de la Diputación de Málaga, Carlos Alonso, vicepresidente del Cabildo de Tenerife y Fernando Bayón, director general de EOI. Todos ellos coincidieron en la necesidad de eliminar duplicidades, optimizar costes y establecer un sistema de relación entre instituciones que permita una gestión más eficiente que beneficie al ciudadano.

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Encuesta a las diputaciones para conocer su opinión de primera mano

La población de la encuesta incluye las 38 Diputaciones Provinciales, los 7 Cabildos Insulares y los 4 Consejos Insulares. Se ha contando con la colaboración de 25 Instituciones de todo tipo y de toda la geografía nacional, lo que permite tener una visión completa y unos resultados fiables.

La encuesta se estructura en cuatro apartados que permiten conocer el punto en el que nos encontramos y, sobre todo, identificar cómo se debería abordar el cambio.

  • El primer bloque de preguntas trata de conocer cuál es la experiencia de las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares, tanto en sus funciones de asistencia y cooperación con los municipios, cómo en la gestión de servicios de competencia municipal.
  • El segundo trata de avanzar en cuáles serían aquellos servicios municipales cuya prestación podría organizarse más eficazmente si las Diputaciones se implicasen de manera más activa.
  • El tercero se ocupa de la capacidad organizativa, técnica y financiera de las Diputaciones para implicarse de una manera más activa en la prestación de servicios de competencia municipal.
  • Por último, el cuarto apartado plantea la cuestión de si los mecanismos de elección indirecta de los miembros de las diputaciones les otorgan legimitidad democrática para organizar la prestación directa de servicios a ciudadanos. Este último grupo de preguntas es sólo aplicable a Diputaciones de régimen general, no a Cabildos y Consejos Insulares en los que ya existe un régimen de elección directa.

Las preguntas relacionadas con la prestación de servicios municipales se plantearon pensando en municipios menores de 20.000 habitantes, que es el tamaño que la Reforma de la Administración Local señala como límite bajo cual se pueden generar ahorros significativos.

A la jornada de trabajo asistieron numerosos representantes y profesionales de Entidades Locales, entre los que se estableció un coloquio que permitió establecer un debate en torno a la reforma de la Administración Local, así como apuntar ideas útiles sobre cómo abordar el cambio.

22
Feb

El Centro de Innovación del Sector Público de PwC e IE Business School celebró el acto de apertura de la primera edición del Programa Ejecutivo en Liderazgo Público (PELP) el pasado 18 de febrero. El evento de carácter abierto tuvo lugar en el Aula Magna de la escuela de negocios y contó con la presencia de Jaime Pérez Renovales, subsecretario del Ministerio de la Presidencia y presidente de la Comisión de Reformas de las Administraciones Públicas.

En el acto de apertura del curso también participaron Margarita Velásquez, directora general de la Fundación IE, Enrique Fernández-Miranda, presidente de la Fundación de PwC, Isabel Linares, directora general del Centro de Innovación del Sector Público y Francisco Navarro, director académico del Centro de Innovación del Sector Público.

El Programa Ejecutivo en Liderazgo Público tiene como misión contribuir a la formación de los líderes de la Administración y de las empresas públicas, así como de los profesionales que desde el ámbito privado trabajan con el sector público. De hecho, el curso se focaliza en la innovación y el liderazgo, por lo que aporta conocimientos para que gestores públicos participen activamente en la transformación de las instituciones.

En esta línea y para conocer de primera mano en qué medida se está abordando la transformación de la Administración, la presentación del programa se completó con una conferencia magistral a cargo de Jaime Pérez Renovales, que además de su cargo en el Ministerio de la Presidencia es el presidente de la Comisión de Reformas de las Administraciones Públicas.

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Acto de apertura

 

Reformar la Administración es una forma de responder a los sacrificios de la sociedad

Bajo el título Comisión de Reformas de la Administración: Por qué y cómo hay que abordar la transformación del sector público, el subsecretario del Ministerio de la presidencia impartió una conferencia que comenzó presentando los principales hitos en materia de transformación de la Administración que está acometiendo el Gobierno. Pérez Renovales destacó que todos estos cambios son una respuesta a los sacrificios que está acometiendo la sociedad en un escenario tan complejo como el que estamos atravesando.

En materia de transformación de la Administración, Pérez Renovales señaló que los modelos de referencia son los llevados a cabo en Canadá en la década de los 90 y en Francia en los últimos cinco años. En este sentido, el Gobierno mira con atención estos procesos de transformación y tiene muy en cuenta cómo se desarrollaron, cuáles fueron los resultados y cuáles son las lecciones aprendidas.

Inspirados en estos grandes procesos, el Gobierno ya ha puesto en marcha varias medidas, entre las que cabe destacar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la Ley de Transparencia y la Ley de Racionalización y Estabilidad de la Administración Local. Se trata de tres normas relevantes que implican cambios tanto en el funcionamiento como en las estructuras de las instituciones. A estas leyes hay que sumar los planes del Ejecutivo para redefinir el sector público empresarial que ya se están desarrollando. Mientras que la primera norma ya está en vigor, las otras dos están en proceso de elaboración y muy pronto formarán parte de una legislación que contribuirá de manera significativa a la transformación de la Administración.

Otro de los hitos en materia de transformación es la Comisión de Reformas de las Administraciones Públicas, grupo de trabajo de alto nivel adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que preside Jaime Pérez Renovales. La Comisión se articula en cuatro subcomisiones: Duplicidades administrativas; simplificación; gestión de servicios y medios comunes y administración institucional. Además, se ha abierto un buzón de sugerencias para recoger información directa de los ciudadanos y se ha creado un consejo asesor con presencia de expertos y agentes sociales.

La Comisión está recabando información de todos los ministerios con el fin de conocer en qué punto se encuentra cada uno de ellos, así como para identificar campos de mejora y plasmar en un documento qué y cómo hay que reformar. Los trabajos de la Comisión deben presentarse antes del 30 de junio, por lo que estamos en pleno proceso de recogida y análisis de datos.

Según el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, reformar la Administración para hacerla sostenible es una prioridad del Gobierno. Se están dando pasos en esta dirección porque es necesario y porque la sociedad merece que los recursos públicos se gestionen de manera eficiente.

30
Nov

 

Centro de Innovación del Sector Público de PwC e IE Business School

 Gabriel Elorriaga Pisarik. Diputado por Madrid. Presidente de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

15 de noviembre de 2012

  

Transformar la Administración en Tiempos de Crisis

 

¿Es necesario?

¿Es posible?

¿En qué dirección?

 

España ha experimentado un cambio formidable a lo largo de las tres últimas décadas. El sector público no ha permanecido ajeno a esa transformación: un notable crecimiento económico unido al despliegue del estado del bienestar, la integración en Europa y el desarrollo del estado autonómico han transformado radicalmente el entorno en el que la actividad pública se desarrolla.

 Sin embargo, nuestras administraciones no han seguido el ritmo de los cambios, no al menos de una manera suficiente para garantizar en la actualidad su eficiencia y buen servicio a los ciudadanos. Una verdadera reforma dela Administración Públicasigue siendo una tarea pendiente que ya es inaplazable.

 El principal problema del sector público español no es su tamaño, sino su ineficiencia. La evidencia no avala las tesis que consideran que tenemos un sector público sobredimensionado (en gasto, presión fiscal o empleo público), al menos en comparación con otros grandes países desarrollados. Eso sí, se advierten claras tendencias expansivas del gasto, por razones objetivas (envejecimiento) o políticas (descentralización imperfecta).

 Factores de ineficiencia:

  • Falta de austeridad, duplicidades, costes innecesarios.
  • Pobres resultados (educación, I+D), escasa evaluación.
  • Lentitud, inmovilismo, aversión al cambio.

 En la primera mitad de los años noventa del pasado siglo se produjo una circunstancia singular. Europa, tras su reunificación política, parecía desperezarse y ponía en marcha nuevos y ambiciosos proyectos de unión económica, monetaria e, incluso, política. España, sin embargo, permanecía parada, sumida en una grave crisis, aparentemente resignada a quedar ausente del diseño de esa nueva Europa y a no participar en el euro.

 En 1996 España tomó un nuevo rumbo, y asumió un compromiso trascendental. Estar en Europa entre los primeros significaba asumir retos duraderos que comprometían no sólo a un Gobierno sino a todos los que más tarde le sucederían, no sólo a los dirigentes políticos sino al conjunto de la sociedad española.

 Entonces aceptamos que la soberanía económica sería compartida, lo que implicaba entender que la disciplina fiscal no podría romperse ya sin causar un grave daño al país y un riesgo a nuestros socios europeos.

Aceptamos también que el conjunto de las Administraciones Públicas quedarían vinculadas por esos compromisos, y tomarían como propios hábitos permanentes de transparencia y austeridad.

Aceptamos, por último, mantener una tensión reformista capaz de ir venciendo todas las resistencias y obstáculos que existiesen o pudiesen surgir en nuestra economía, para así ser capaces de situarnos entre los sistemas más dinámicos y prósperos del mundo.

La recuperación pasa por una nueva modernización de España, una trasformación que ponga en valor todas nuestras capacidades, que movilice todos los recursos, que ponga España en marcha. Modernizar significa lograr que el altísimo precio que ya está pagando la sociedad española sea realmente útil, significa orientar el esfuerzo compartido hacia metas que garanticen un futuro mejor, significa que España vuelva a funcionar a pleno rendimiento.

Ese esfuerzo modernizador debe tener una especial incidencia en el sector público. La calidad de la organización y gestión de las administraciones determina en gran medida la calidad y eficiencia de todo el sistema económico y social. Unas administraciones austeras y centradas en la prestación de servicios a la sociedad, con estándares de calidad ajustados al nivel de riqueza del país, suponen un factor de eficiencia, productividad y mejora de la competitividad global.

 

AUSTERIDAD, EVALUACIÓN Y CONTROL

En la administración de los recursos públicos la austeridad, la transparencia y la responsabilidad han de ser los principios rectores de todas las reformas. Cuando millones de españoles han perdido su empleo, y cuando la inmensa mayoría ha visto severamente recortada su situación económica, las Administraciones deben ser un ejemplo constante de contención y rigor en el uso de los impuestos de todos. Todas las Administraciones deben estar, de principio a fin, al servicio de los ciudadanos. El camino no pasa por dar respuestas improvisadas, ineficaces e injustas – congelar las pensiones, recortar salarios a los funcionarios- es estrictamente necesario abordar reformas más profundas en la manera de gastar y acabar con los derroches.

 La transformación a la que se enfrentan ahora las Administraciones debe perseguir tres objetivos claros: una provisión más eficiente de los servicios públicos, una reducción de su volumen que deje espacios suficientes a la sociedad y una gran mejora en la rendición de cuentas apoyada en la plena transparencia. La reforma es una necesidad imperiosa, no solo por la inaplazable contención del gasto superfluo sino, sobre todo, para contribuir a una mejora de la competitividad de la economía española, garantizar la equidad intergeneracional y ganar en la legitimidad de nuestro sistema democrático.

Es preciso asignar los recursos públicos disponibles a las auténticas prioridades es una exigencia democrática aun más urgente en una situación de crisis presupuestaria como la actual. La reforma de nuestro esquema de presupuestación y ejecución del gasto es ineludible y debe ir acompañada de sistemas eficaces de medición de los resultados obtenidos con los recursos empleados. No basta con presupuestar mejor (algo que es urgente y necesario), es igualmente preciso hablar con claridad de la eficacia del gasto y de exigir responsabilidades por el uso dado al dinero de todos. Cualquier gasto es excesivo si los resultados no alcanzan algunos niveles mínimos; la respuesta ante cada fracaso en la gestión no puede ser un incremento del dinero asignado a los mismos objetivos sin variación alguna en los instrumentos utilizados para alcanzarlos.

Necesitamos avanzar en la implantación de una verdadera administración electrónica, dada su capacidad para ofrecer un caudal de nuevas oportunidades, tanto como por la posibilidad de ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos y por la oportunidad de obtener significativas reducciones de gasto público. Las Administraciones siguen proyectándose hacia el exterior como si de compartimentos estancos y completamente incomunicados se tratase, un reflejo de una fragmentación interna de recursos informáticos que multiplica los costes.La propia Administración del Estado aparece con “personalidades electrónicas” completamente diferenciadas ante el ciudadano. Algunas actividades cotidianas y aparentemente simples como un cambio de domicilio, la actualización de la dirección electrónica o de un número de teléfono donde ser localizado obligan a multiplicar un sinfín de notificaciones ante otros tantos organismos. Actuaciones más complejas, como la búsqueda de apoyos o incentivos a cualquier actividad, se convierten en una labor sólo accesible para los profesionales en la materia.

 Ha llegado la hora de impulsar un cambio de perspectiva, de situar al ciudadano como el eje sobre el cual articular el conjunto de los servicios y procedimientos que le puedan afectar. Una vez que se está consiguiendo el acceso electrónico a todos los servicios de la Administración, es necesario dar un paso más, es imprescindible ofrecer a cada ciudadano una información personalizada, coherente e integrada del conjunto de sus relaciones con las Administraciones Públicas; una verdadera ventanilla única electrónica. Para conseguirlo es necesario replantear con rigor las estructuras administrativas que internamente soportan la prestación de servicios informáticos, una tarea que exige designar responsables con visión y autoridad suficientes en el primer nivel de decisión de cada una de las Administraciones.

 

 TRANSPARENCIA

 La mejora sustancial de la transparencia en la gestión de los asuntos públicos es una exigencia urgente e irrenunciable. La transparencia entendida como el fácil acceso de los ciudadanos a toda información relevante, de manera clara e inteligible, es un requisito para la buena administración de los recursos públicos y un elemento esencial para garantizar el más honrado comportamiento de todos los servidores públicos. La transparencia debe constituir, también, un poderoso instrumento para mejorar la asignación de responsabilidades y exigir una mejor rendición de cuentas. La transparencia, por último, es un requisito necesario para la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

 La mejora de la calidad democrática española pasa por un cambio drástico en los sistemas de información pública. Para conseguirlo es necesario implementar una estrategia general, dirigida a todas las Administraciones y a todas las políticas públicas, basada en reformas legales ambiciosas con medidas y plazos muy exigentes.

 Debemos situar a las Administraciones Públicas españolas como un referente internacional en transparencia de la gestión de los asuntos públicos, tanto desde una vertiente política como meramente  administrativa. Para ello se debe aprobar un nuevo marco legal cuyo exacto cumplimiento será exigible a todos los responsables públicos, en todas las Administraciones.

 Se han de aprovechar todas las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para abrir a los ciudadanos todas las claves de la gestión de los asuntos públicos, de manera que las actuaciones de los responsables políticos y administrativos sean ampliamente conocidas y más fácilmente controlables. Se ha de ofrecer, en definitiva, un mejor conocimiento, información y control sobre todas las actuaciones de relevancia pública, y estimularemos la colaboración y la participación de la sociedad en los asuntos de interés común.

 Es imprescindible reformar los mecanismos de rendición de cuentas. La transparencia debe servir para promover el comportamiento responsable de los servidores públicos y recuperar sus valores clásicos: honradez, profesionalidad, eficacia, imparcialidad y, en definitiva, servicio al ciudadano.

Para hacer posible todo los anterior, se dispondrán los medios, sistemas y canales que den a conocer de manera comprensible, accesible y oportuna los objetivos de la gestión pública, el marco jurídico, institucional y económico en el que ésta se desarrolla, y toda la información relevante vinculada a ella. Promoveremos una profunda transformación de los modos de hacer de todas las Administraciones.

 

LAS CONSECUENCIAS DE LA DESCENTRALIZACIÓN

 Todas estas reformas deben ser aplicadas al conjunto de las Administraciones existentes en España. La descentralización es un poderoso instrumento de acercamiento de los centros de decisión política a los ciudadanos, pero solo correctamente articulada puede ser eficiente. Sacar las ventajas que la descentralización política y administrativa encierra exige abordar con rigor muchos problemas que hasta ahora han sido ignorados.

 La triple crisis en la estructura territorial del Estado: política, jurídica y económico-financiera (ver FAES “Por un estado autonómico racional y viable”).

 Es urgente delimitar con mucha mayor precisión las competencias de las distintas administraciones para evitar duplicidades de gasto, derroches de todo tipo y, lo que es aun más grave, descuido o demora en la atención de necesidades básicas de los ciudadanos. Es preciso eliminar la prestación de “servicios impropios”, bien sea mediante su prohibición efectiva y consecuente sanción, o mediante la atribución expresa de competencias y su financiación. Es imprescindible articular mecanismos eficaces de intercambio de información que permitan el contraste público de la eficacia de las distintas Administraciones en la prestación de los servicios públicos. Sólo así es posible obtener los beneficios que la experimentación y el aprendizaje potencialmente pueden producir en un sistema descentralizado. El “benchmarking” institucionalizado, es decir, el conocimiento público de indicadores comparados capaces de medir la eficiencia en las Administraciones es una necesidad política ineludible.

 Es imprescindible y urgente también mejorar los instrumentos de estabilidad financiera del conjunto del sistema. La previsible continuidad en el tiempo de los gastos atribuidos a las Comunidades Autónomas, dada su naturaleza, hace aconsejable desligar sus ingresos del ciclo económico. Para hacerlo posible, sin merma de su autonomía, podría establecerse un Fondo de estabilidad en la financiación de los servicios públicos que compensase los altibajos a lo largo del ciclo. Y es también preciso establecer límites adicionales al endeudamiento e, incluso, contemplar su completa desaparición en los niveles subcentrales de gobierno.

 Necesitamos normas claras, precisas, fácilmente aplicables y estables en su aplicación, cualquiera que sea su origen. La multiplicación de órganos legislativos, el crecimiento constante de las administraciones y la falta de rigor en la elaboración de las normas está convirtiendo nuestro ordenamiento jurídico en una maraña que enreda y perjudica tanto las libertades individuales como la eficiencia de nuestro sistema económico.

 En el mundo globalizado en el que estamos la calidad de nuestro ordenamiento jurídico y nuestras instituciones son un poderoso factor de competitividad. España es un país que carece de recursos naturales significativos y que no desea competir a la baja en niveles de bienestar social ni de calidad medioambiental. Así planteado, la generación, atracción y retención de talento, de un lado, y la calidad de las normas y la eficacia de las instituciones, de otro, deben constituir las dos columnas vertebrales de nuestra estrategia de crecimiento económico; en rigor, son nuestras únicas bazas. Lo primero exige prestar la atención necesaria a la calidad y la excelencia del sistema educativo, de la Universidad, a la generación del conocimiento y a su aprovechamiento económico posterior. Lo segundo, requiere dosis mucho mayores de austeridad, transparencia y responsabilidad.

 La Administración General del Estado, se ha ido acomodando a la nueva distribución competencial surgida del modelo autonómico, pero no ha hecho una reordenación global de sus recursos ajustada a su nuevo perfil.

 A partir de ahora la Administración del Estado debe centrarse en los aspectos más estratégicos de planificación y dirección, y debe ganar eficiencia en los de gestión ordinaria. El Gobierno ha de centrar su trabajo en la creación y ejecución de sus políticas públicas.

El modelo organizativo del poder ejecutivo – como la formación interna, la carrera profesional, la transparencia o la participación pública- tiene un importante impacto en la elaboración más o menos eficiente de las políticas públicas.

 Debilidades actuales: fragmentación departamental, inadaptación al Estado autonómico, rigidez del uniformismo ministerial, escaso impacto de la europeización y de la globalización, dificultades para ejercer el gobierno estratégico. Estructuras diseñadas para la autonomía de gestión de unos grandes Ministerios que ya no existen están multiplicando el coste y la ineficiencia con estructuras que se replican perdiendo las economías de escala que se obtendría con una gestión de servicios integrada y compartida. Ha llegado la hora de ser consecuentes con los cambios experimentados y de construir un nuevo modelo de Administración. Ese es el reto. Solo la voluntad política del máximo nivel del Gobierno basada en el convencimiento de que el cambio responde al interés general de los ciudadanos y de España en su conjunto hará posible lo que es necesario.

 Hay que intentar aunar el doble objetivo de una dirección estratégica en el nivel político, con una mayor estabilidad en el nivel administrativo. El modelo podría caminar hacia la configuración de los ministros a las labores de gobierno y la consolidación de las secretarías de Estado como unidades organizativas sobre las que se articula la administración.

 En definitiva, se necesita más Austeridad, evaluación, control y transparencia 

 

Gabriel ELORRIAGAPISARIK

15 de noviembre de 2012

19
Abr

Crisis del Sistema Educativo

Escrito el 19 abril 2012 por Alejandro Pinto González en Innovación, Sector público

Mientras el debate sobre la crisis económica internacional (conyuntural) acapara prácticamente todo el espacio mediático, quiero recuperar aquí una exposición sobre la crisis ( internacional y no coyuntural) del sistema educativo. Una magnífica y creativa exposición de Sir Ken Robinson (http://www.sirkenrobinson.com/) que remueve conciencias. Y que nos insta a la urgencia de comenzar a trabajar en una reforma profunda y dificil del sistema educativo que lo adapte a las necesidades del siglo XXI. Aquellos países que lo consigan serán los líderes a finales de siglo.

9
Abr

España, capital París

Escrito el 9 abril 2012 por Alejandro Pinto González en Innovación, Sector público

España, capital París

España, capital París

La lectura de este ensayo nos aporta una una visión global y completa sobre las políticas nacionales de infraestructuras de transportes y sus consecuencias, y nos hace reflexionar sobre la necesidad de orientarnos hacia una red de transportes en malla, sin un nodo central o  km cero, a semejanza de otros países, que favorezca un mayor desarrollo económico de otras provincias distintas de Madrid, y de esta forma el desarrollo conjunto de todo el país.

Germá Bel abre su libro con una cita de José Ortega y Gasset sobre la necesidad de situar los problemas políticos en su perspectiva histórica, de forma que estos se esclarecen por sí mismos y adoptan la postura en que mejor se revela su  profunda realidad.

Y eso es lo que pretende este autor catalán en “España, capital París”, publicado en 2010 y reeditado en diversas ocasiones, en donde sitúa el origen y desarrollo de la condición de Madrid como capital político-económico-administrativa como consecuencia de las políticas nacionales de infraestructuras públicas, que dieron lugar a un sistema radial de transportes y comunicaciones.

Los orígenes de la estructura radial de nuestro sistema de autopistas, ferrocarriles y aeropuertos se remontan a las carreras de postas de Felipe V, y su intención de convertir Madrid en “capital total” a semejanza de París. El monarca Borbón transforma el mapa de España al designar las seis carreras radiales (carreras reales) que desde entonces vertebrarán nuestro país.

30
Mar

¿Se puede motivar a un funcionario? Claves de la web 2.0

Escrito el 30 marzo 2012 por Jose María Sánchez Alarcos en Innovación, Sector público

Durante unos cuantos años les he llevado la contraria a  los principales autores en el ámbito de la motivación, señalando que la principal fuente de motivación o desmotivación tiene un nombre: Significado.
Cuando alguien percibe que su trabajo es importante y que hay un impacto claro y visible de hacer las cosas bien o hacerlas mal, ha encontrado la principal fuente de motivación que puede existir; por el contrario, cuando percibe su papel como el de una pieza insignificante dentro de un mecanismo indiferente a lo que pueda hacer o dejar de hacer…ahí tenemos la fuente de desmotivación.
Simple e intuitivo ¿verdad? Además explica cosas: Explica por qué en muchas pequeñas organizaciones las personas pueden tener una motivación más alta que en grandes corporaciones, explica por qué cuando se habla de la ineficiencia de la Administración Pública, sigue habiendo mucha gente que prefiere ser operada en la Seguridad Social y, si tiene un incendio en su casa, llamará a los bomberos con la seguridad de que su caso recibirá la atención debida.
 ¿No son funcionarios tanto el médico como el bombero? ¿Cómo se compagina esa bonita canción tan apreciada por crítica y público del funcionario vago  con la preferencia de tanta gente de ser operado o atendido por un funcionario, incluso en presencia de otras opciones?
Muy sencillo: Tanto el médico como el bombero tienen la suerte de estar entre los pocos puestos que, por su naturaleza, tienen un acceso directo al valor  de su contribución. Son puestos cuyos ocupantes pueden producir una diferencia visible para otros pero también para ellos. Podrán pelearse, como todos, por mejorar sus condiciones laborales pero una vez que están ejerciendo su función tratan de realizarla lo mejor posible.
 Naturalmente, la pregunta que sigue es: Si la percepción del significado de nuestras propias acciones puede hacer la diferencia entre motivación y desmotivación ¿por qué no procuramos diseñar organizaciones donde todos los puestos permitan que sus ocupantes observen en qué forma sus acciones son  relevantes?
Modas como el empowerment no funcionan por la sencilla razón de que, para empower a algunos hay que disempower a otros y es bastante dudoso que éstos se dejen: Durante muchos años los principales fabricantes norteamericanos del automóvil han estado observando a Toyota sin que hayan sido capaces de reproducir sus resultados.  No era tan difícil; simplemente se han quedado con lo anecdótico y sólo les ha faltado poner sushi en el comedor de empresa -a veces, ni eso les ha faltado- y han hecho bueno el dicho de “cuando el sabio apunta al cielo, el tonto mira al dedo”: Se han tratado de reproducir las formas externas pero manteniendo un modelo de organización donde el de abajo era una pieza fácilmente sustituible.
El modelo de organización añorado por muchos altos directivos sería uno en el que, mirando una pantalla, pudieran ver en tiempo real qué es lo que está pasando en su empresa y las personas fueran meras ejecutoras de tareas sencillas mientras no se encontrase una máquina que lo hiciera más eficientemente.
Como anécdota, en la planta de Toyota en Nagoya el visitante es recibido por un robot que toca una trompeta y puede tener la falsa sensación de que va a ver una planta fantasma. Nada más lejos de la realidad: La flexibilidad no se ve sólo en que en la misma cadena de producción puedan ir vehículos de todos los modelos, tamaños y colores imaginables sino en cómo actúa la gente: En la zona de soldadura, los escasos operarios que hay van casi vestidos de astronautas, en la de motores es casi la única parte donde van con casco y zapatos gruesos mientras que en las zonas que hacen trabajo de manipulación fina y que no hay riesgo de cortes u otros, la gente va vestida de calle. Adaptación al 100% y es dudoso que una adaptación tan precisa salga de las mentes pensantes de la cúpula organizativa. La gente tiene mucho qué decir sobre cuál es la mejor forma de hacer las cosas que hace a diario pero en pocos sitios se escucha.
Puede decirse que hay tres grandes revoluciones, la última aún por consolidarse, en lo que se refiere al management: La primera vino de la mano de Frederick Taylor y su estricta separación entre planificación y ejecución; la segunda aparecería asociada a los sistemas de información y vino a profundizar en los efectos de la primera dando lugar a un nuevo tipo de taylorismo: Los sistemas de información rebajaron espectacularmente el coste de hacer disponible la información en distintos lugares y, con ello, rebajaron el coste de control facilitando una nueva centralización en la cúpula organizativa.
La tercera revolución está viniendo de la mano de algunas organizaciones avanzadas  y está tomando como paradigma el funcionamiento de Internet:
Internet, en su versión web 2.0 ha introducido un cambio fundamental: No hay una división clara entre los que emiten y reciben información, división que sí se producía en la anterior configuración y que venía a reproducir un modelo clásico de organización. La web 2.0 dota a todos de voz y es su capacidad para ser escuchados la que define las posiciones de liderazgo; cierto que eso puede haber traído como subproducto indeseable una preocupación exagerada por los rankings y por las formas de engañar a los buscadores para situarse más arriba pero el principio permanece:
Todo el mundo tiene una voz y una oportunidad para ser escuchado; el oscurantismo y la retención de información como fuente de poder no funcionan.
Las organizaciones que siguen este modelo se basan en núcleos autónomos con una gran capacidad para decidir, con toda la información necesaria para tomar las decisiones y con unos indicadores de rendimiento muy claros tanto propios como comparados. Además de los núcleos formales existen otros informales y es de éstos de los que sale toda la capacidad de experimentación y de innovación.
Sabemos qué es lo que funciona y sabemos qué es lo que no funciona; sin embargo, resulta que lo que no funciona es lo que aporta tranquilidad a aquéllos que tienen posibilidad de cambiarlo porque respeta su statu quo y su autoridad no es discutible. ¿Se pierden por el camino motivación y capacidad de innovación?
Sin duda alguna; son daños colaterales que se llevan sufriendo tanto tiempo que forman parte del paisaje organizativo.

20
Mar

La necesidad de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad

Escrito el 20 marzo 2012 por Alejandro Pinto González en Innovación, Sector público

El análisis posterior a los atentados del 11 de Septiembre puso de manifiesto como la deficiente coordinación entre adminsitraciones con responsabilidades en la prevención de ataques terroristas  fue una de las causas por las que no se llegó a detectar y detener el ataque.  Es evidente pués que no sólo basta con que un país cuente con capacidades en el ámbito de la defensa y seguridad, sino que además éstas han de estar bien interconectadas y coordinadas.

En relación a la Ciberseguridad, España se encuentra a la cabeza de los países europeos en capacidad de prevención y mitigación de ciberatques. Los organismos con responsabilidades en ciberseguridad (INTECO (Industría), CNPIC (Interior), CCN-CERT (Presidencia, CNI)) cuentan con muchos años de experiencia y con personal altamente cualificado, y han participado con éxito en los dos últimos ejercicios europeos de ciberseguridad (Cyber Europe 2010 y Cyber Atlantic 2011). Pero queda aún pendiente mejorar la coordinación ágil y metódica de sus actividades. Queda pendiente la definición de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad.

En Europa apenas unos cuantos países cuentan con una Estrategía Nacional de Ciberseguridad (Holanda, Estonia, Alemania), y desde las Instituciones Europeas se incentiva y apoya a todos los países europeos para que adopten planes estratégicos en este ámbito.

La Estrategía Española de Seguridad , adoptada por el Gobierno en 2011, ya recomendaba la adopción de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Y el nuevo Ministro de Interior, en su comparencia en el Congreso del 31 de Enero 2012, recoge esta necesidad y la asume como un hito relevante entre las líneas generales de su departamento.

El desarrollo y adopción de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad nos situará al frente de los países europeos en este ámbito, y proyectará una imagen hacia la comunidad internacional de fuerza y solida preparación para repeler ciberataques, que logrará que España sea considerada un emplazamiento idóneo para iniciativas empresariales en Internet.

15
Mar

La crisis en positivo

Escrito el 15 marzo 2012 por Jose María Sánchez Alarcos en Innovación, Sector público

Nos movemos entre un optimismo estúpido y sin fundamento del aún próximo pasado y un pesimismo calculado para que cualquier desastre menor que el que se anuncia sea visto positivamente. No hay término medio o, para ser más precisos, en el caso de que nos quedásemos en el término medio tendríamos que contradecir la doctrina aristotélica de que ahí está la virtud. No hay virtud en el término medio y lo que se requiere es un cambio completo de modelo.

A pocos se les podría ocurrir que hace aproximadamente un siglo el automóvil fuera abrazado como un invento favorable a la salud pública por la reducción de contaminación que representaba; sin embargo, así ocurrió. En la Nueva York de principios del siglo pasado, los caballos llegaron a ser un problema importante, no sólo por los accidentes de tráfico relacionados con los coches de caballos y con el hecho de que las calles estuvieran regadas por las deyecciones de éstos. De vez en cuando, para mejorar el panorama, alguno se moría en plena calle y podía transcurrir bastante tiempo hasta la retirada del cadáver con los consiguientes riesgos para la salud. Nadie veía una solución pero ésta apareció en forma de un cambio radical: El automóvil. ¿Quién nos lo iba a decir un siglo después?

La crisis económica extrema a que hemos llegado en España nos presenta una situación similar: Desde la puesta en marcha del “innovador” Estado de las autonomías, concebido como una “República un poco Federal” sin unas limitaciones claras entre los papeles del Estado central y del Estado autonómico, se entró en una espiral de derroche y de corrupción en la que no basta ni una subidita del IVA o del impuesto que sea ni un leve recorte en un concepto de gasto. Es necesaria una crisis de este calibre para que alguien pueda atreverse a decir “Señores; esto no se sostiene” y, a partir de ahí, cambiar el modelo.

Podemos discutir si el modelo debe ir hacia una autonomía fiscal completa -cada uno es responsable de lo que recauda y de lo que gasta- o hacia un control de los desmanes tanto central como autonómico por parte de la Administración Central pero lo que no funciona es esto. La golfería ya no es anecdótica sino que sólo una corruptela -cierto que la más grande conocida hasta este momento, la de los EREs falsos en Andalucía- supone con lo encontrado hasta ahora un cuarto del recorte suplementario de 5.000 millones de euros a que obliga la Unión Europea. Naturalmente, esto ocurre entre otras cosas porque hace bastante tiempo que se desactivó un poder judicial independiente y una Intervención General del Estado.

Hace pocos días, un amigo me daba una interesante teoría sobre la querencia de los corruptos por los paraísos fiscales: No es una cuestión tanto de evitar impuestos como de ocultar repartos. Por ejemplo, si alguien contrata cualquier trabajo absurdo, caro y que además no se va a realizar a algún duque que pase por allí y éste se lleva el dinero a un paraíso fiscal ¿es para evitar impuestos o es porque desde allí se hace el reparto y parte del dinero vuelve a la cuenta particular de quien encargó el trabajo? La corrupción y el despilfarro ya no son anecdóticos; algunos han hablado, por ejemplo, de las “embajadas de Cataluña” como ejemplo del despilfarro pero esos mismos omiten añadir que prácticamente todas las autonomías las tienen y la única diferencia real es que no las llaman embajadas.

Las duplicidades o triplicidades de competencias o los privilegios de la clase política y sindical y la corrupción son lujos que ya no se pueden permitir. Tampoco se pueden permitir lujos como regalarles a los Bancos el dinero de los ciudadanos -el ejemplo de Islandia no parece interesar que se difunda- ni a las múltiples castas parasitarias que viven de la subvención. No se trata del ajuste fino sino de liquidar el modelo y, con él, a buena parte de las castas que lo han generado y que han medrado a su amparo. Si esto viene como resultado de la crisis, bienvenida sea la crisis porque ya hacía falta.

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