Archivo de la Categoría ‘Sector público’

20
Mar

La necesidad de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad

Escrito el 20 marzo 2012 por Alejandro Pinto González en Innovación, Sector público

El análisis posterior a los atentados del 11 de Septiembre puso de manifiesto como la deficiente coordinación entre adminsitraciones con responsabilidades en la prevención de ataques terroristas  fue una de las causas por las que no se llegó a detectar y detener el ataque.  Es evidente pués que no sólo basta con que un país cuente con capacidades en el ámbito de la defensa y seguridad, sino que además éstas han de estar bien interconectadas y coordinadas.

En relación a la Ciberseguridad, España se encuentra a la cabeza de los países europeos en capacidad de prevención y mitigación de ciberatques. Los organismos con responsabilidades en ciberseguridad (INTECO (Industría), CNPIC (Interior), CCN-CERT (Presidencia, CNI)) cuentan con muchos años de experiencia y con personal altamente cualificado, y han participado con éxito en los dos últimos ejercicios europeos de ciberseguridad (Cyber Europe 2010 y Cyber Atlantic 2011). Pero queda aún pendiente mejorar la coordinación ágil y metódica de sus actividades. Queda pendiente la definición de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad.

En Europa apenas unos cuantos países cuentan con una Estrategía Nacional de Ciberseguridad (Holanda, Estonia, Alemania), y desde las Instituciones Europeas se incentiva y apoya a todos los países europeos para que adopten planes estratégicos en este ámbito.

La Estrategía Española de Seguridad , adoptada por el Gobierno en 2011, ya recomendaba la adopción de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Y el nuevo Ministro de Interior, en su comparencia en el Congreso del 31 de Enero 2012, recoge esta necesidad y la asume como un hito relevante entre las líneas generales de su departamento.

El desarrollo y adopción de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad nos situará al frente de los países europeos en este ámbito, y proyectará una imagen hacia la comunidad internacional de fuerza y solida preparación para repeler ciberataques, que logrará que España sea considerada un emplazamiento idóneo para iniciativas empresariales en Internet.

15
Mar

La pasada semana el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, participó en el Consejo de Medio Ambiente en la Unión Europea. Ante las alertas que el propio Gobierno había despertado días antes por posibles multas de la UE debido al  incumplimiento de las normativas en la depuración de aguas, Arias Cañete mantuvo varias reuniones con los comisarios de Medio Ambiente y Cambio Climático y se comprometió a mantener el crédito que España tenía en materia medioambiental.

En los últimos años se está produciendo una relajación en el cumplimiento de la legislación ambiental en nuestro país. Pero no sólo en materia de aguas y depuración, también en materia de residuos y suelos contaminados, entre otros. Sin control por parte de las administraciones debido a la falta de recursos económicos, los productores de residuos o los poseedores de suelos contaminados no toman en serio las leyes vigentes y el medio ambiente deja de ser una prioridad.

Para solventar este panorama de irresponsabilidad, el Ministro se ha mostrado firme y declaró que el Gobierno va a poner todo de su parte para recuperar en España el rigor y la seriedad en materia medioambiental, haciendo cumplir las normativas vigentes para evitar las multas económicas por incumplimiento que imponen desde Europa.

En materia de residuos, España necesita que la Administración actúe y se logre una política común de residuos que normalice la situación del sector en todas las Comunidades Autónomas. De nada sirve hacer cumplir la ley cuando la aplicación de ésta es diferente en cada Comunidad y conlleva diferentes compromisos para las empresas según dónde estén localizadas.

Con el tratamiento y la valorización de los recursos y residuos especiales, no sólo se cumplen las normas establecidas,  sino que se fomenta la creación de empleos verdes y se reducen las emisiones de CO2 a la atmósfera. Esto último fue otro de los puntos tratados en el Consejo, en el que los países de la Unión se comprometen a descender un 20% las emisiones desde ahora a 2020, con la excepción de Polonia, que ha vetado este acuerdo. Desde nuestra asociación hemos colaborado de manera activa con este compromiso, creando un protocolo de cálculo de emisiones para nuestro sector.

15
Mar

La crisis en positivo

Escrito el 15 marzo 2012 por Jose María Sánchez Alarcos en Innovación, Sector público

Nos movemos entre un optimismo estúpido y sin fundamento del aún próximo pasado y un pesimismo calculado para que cualquier desastre menor que el que se anuncia sea visto positivamente. No hay término medio o, para ser más precisos, en el caso de que nos quedásemos en el término medio tendríamos que contradecir la doctrina aristotélica de que ahí está la virtud. No hay virtud en el término medio y lo que se requiere es un cambio completo de modelo.

A pocos se les podría ocurrir que hace aproximadamente un siglo el automóvil fuera abrazado como un invento favorable a la salud pública por la reducción de contaminación que representaba; sin embargo, así ocurrió. En la Nueva York de principios del siglo pasado, los caballos llegaron a ser un problema importante, no sólo por los accidentes de tráfico relacionados con los coches de caballos y con el hecho de que las calles estuvieran regadas por las deyecciones de éstos. De vez en cuando, para mejorar el panorama, alguno se moría en plena calle y podía transcurrir bastante tiempo hasta la retirada del cadáver con los consiguientes riesgos para la salud. Nadie veía una solución pero ésta apareció en forma de un cambio radical: El automóvil. ¿Quién nos lo iba a decir un siglo después?

La crisis económica extrema a que hemos llegado en España nos presenta una situación similar: Desde la puesta en marcha del “innovador” Estado de las autonomías, concebido como una “República un poco Federal” sin unas limitaciones claras entre los papeles del Estado central y del Estado autonómico, se entró en una espiral de derroche y de corrupción en la que no basta ni una subidita del IVA o del impuesto que sea ni un leve recorte en un concepto de gasto. Es necesaria una crisis de este calibre para que alguien pueda atreverse a decir “Señores; esto no se sostiene” y, a partir de ahí, cambiar el modelo.

Podemos discutir si el modelo debe ir hacia una autonomía fiscal completa -cada uno es responsable de lo que recauda y de lo que gasta- o hacia un control de los desmanes tanto central como autonómico por parte de la Administración Central pero lo que no funciona es esto. La golfería ya no es anecdótica sino que sólo una corruptela -cierto que la más grande conocida hasta este momento, la de los EREs falsos en Andalucía- supone con lo encontrado hasta ahora un cuarto del recorte suplementario de 5.000 millones de euros a que obliga la Unión Europea. Naturalmente, esto ocurre entre otras cosas porque hace bastante tiempo que se desactivó un poder judicial independiente y una Intervención General del Estado.

Hace pocos días, un amigo me daba una interesante teoría sobre la querencia de los corruptos por los paraísos fiscales: No es una cuestión tanto de evitar impuestos como de ocultar repartos. Por ejemplo, si alguien contrata cualquier trabajo absurdo, caro y que además no se va a realizar a algún duque que pase por allí y éste se lleva el dinero a un paraíso fiscal ¿es para evitar impuestos o es porque desde allí se hace el reparto y parte del dinero vuelve a la cuenta particular de quien encargó el trabajo? La corrupción y el despilfarro ya no son anecdóticos; algunos han hablado, por ejemplo, de las “embajadas de Cataluña” como ejemplo del despilfarro pero esos mismos omiten añadir que prácticamente todas las autonomías las tienen y la única diferencia real es que no las llaman embajadas.

Las duplicidades o triplicidades de competencias o los privilegios de la clase política y sindical y la corrupción son lujos que ya no se pueden permitir. Tampoco se pueden permitir lujos como regalarles a los Bancos el dinero de los ciudadanos -el ejemplo de Islandia no parece interesar que se difunda- ni a las múltiples castas parasitarias que viven de la subvención. No se trata del ajuste fino sino de liquidar el modelo y, con él, a buena parte de las castas que lo han generado y que han medrado a su amparo. Si esto viene como resultado de la crisis, bienvenida sea la crisis porque ya hacía falta.

13
Mar

Una Liberalización Urgente

Escrito el 13 marzo 2012 por Rodrigo Gutierrez en Sector público

 

El pasado 20 de febrero del presente año doce primeros ministros de doce estados miembros de la Unión Europea remitieron una carta abierta al Presidente del Consejo de Europa y al Presidente de la Comisión Europea con la intención de reclamar una nueva estrategia para la economía europea. Dicha estrategia debe situar a la economía continental en la vía del crecimiento. En el mismo documento se reclamaba el refuerzo del mercado único y la implantación sin dilación de estándares que reduzcan las actuales barreras del mercado interior. Cabe señalar sin embargo, que en la misiva se hacía una ligera reseña a la necesidad de impulsar el desarrollo de una área única para el transporte que facilite la movilidad de ciudadanos y bienes.

En este aspecto se echa de menos un mayor compromiso en uno de los pocos sectores que de manera apreciable pueden conseguir un rápido incremento de la competitividad europea. Y sin embargo, dicha reseña no puede soslayar la importancia de una política de transportes que dentro del mercado único europeo abarate el coste en la cadena de producción y de cara al comercio exterior facilite un mayor intercambio extracomunitario.

En la actualidad la Unión Europea ha desarrollado una amplia legislación con el objeto de crear un mercado europeo del transporte, especialmente el transporte ferroviario. Este medio de transporte ha demostrado ser el más sostenible económicamente en el largo plazo. Desde hace más de una década se ha creado una extensa legislación a nivel europeo, agrupada en torno a los diferentes paquetes de desarrollo del área única de transporte ferroviario. Tras el tratado de Maastricht, ante la continua pérdida de cuota de mercado por parte del ferrocarril, se elaboró el Primer Paquete Ferroviario, que por primera vez incluyó la necesidad de introducir la competencia dentro del sector. A esta primera iniciativa, le siguió la publicación del Libro Blanco del Transporte, que sirvió de base para el lanzamiento del denominado Segundo Paquete Ferroviario, que tenía como objeto la creación de un espacio ferroviario homogéneo a nivel europeo en los aspectos legal y técnico. El último conjunto de medidas legislativas aprobado a nivel europeo, es el Tercer Paquete Ferroviario, que entre otras directivas incluye una nueva directiva de interoperabilidad (2008/57/EC), que aglutina los principales mandatos de las anteriores directivas de interoperabilidad para la red convencional y la red de tráfico de alta velocidad, y busca acelerar la armonización técnica y estandarización de manera que se eliminen las barreras nacionales existentes a la creación de un verdadero mercado único del transporte ferroviario.

Sin embargo, a pesar de la extensa legislación desarrollada y los ingentes recursos económicos dedicados al desarrollo del ferrocarril, la situación real demuestra que el ferrocarril no consigue crecer en cuota de mercado dentro de la Unión Europea, ni en el transporte de viajeros (según datos de Eurostat en el año 2009 el ferrocarril ocupa el cuarto puesto como medio de transporte más utilizado detrás de vehículos privados, transporte aéreo y autobuses), ni mucho menos en el transporte de mercancías, donde los datos agregados para el conjunto de la Unión Europea muestran como el ferrocarril ha ido perdiendo continuamente cuota de mercado en el transporte de mercancías en favor del transporte por carretera (datos publicados por Eurostat en 2011 para el periodo 1995-2009).

Si nos centramos en el transporte de bienes, podemos observar que esta situación de clara decadencia del transporte ferroviario de mercancías no tiene parangón en el resto de economías más desarrolladas y competitivas y que son los competidores a escala global de la Unión Europa, Japón, Estados Unidos, China y Rusia. En Estados Unidos, el transporte ferroviario de mercancías, al contrario de lo que a primera vista se pueda pensar, es un éxito rotundo y supone más del 42% de la cuota de mercado de mercancías que se mueven en el país (toneladas/año), habiendo generado durante el año 2011 los mayores ingresos de su historia para los principales operadores de transporte de mercancías sobre ferrocarril en Estados Unidos. Si analizamos la situación en el resto de principales actores mundiales y descontamos los efectos sufridos por todos ellos en los últimos años por la crisis económica, se observa un crecimiento de las toneladas/año desplazadas en cada uno de estos países usando como medio de transporte el ferrocarril.

Con las hipótesis expuestas a partir de los distintos datos publicados y realizando un sencillo ejercicio de benchmarking, se aprecia rápidamente que la situación europea es de clara desventaja respecto a sus mayores competidores mundiales y que la estrategia a seguir debe de ser replanteada. El análisis previo nos debe llevar a la reflexión de que mercados de mayor tamaño que los mercados nacionales de cada uno de los estados miembros de la Unión Europea, permiten ganar en eficiencia y reducción de costes. Por lo tanto, las economías de escala derivadas justifican el desarrollo de un mercado europeo del transporte de mercancías por ferrocarril. La propuesta de la Comisión Europea al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa de Octubre de 2011 va en la dirección correcta al plantear una estrategia de desarrollo por corredores internacionales de gran longitud que vertebren a través de distintos ejes el transporte ferroviario de mercancías y conecte los principales puertos europeos a una red principal ferroviaria. Dicha propuesta solicita la dedicación de más recursos para la financiación del desarrollo de estos corredores definidos en términos de eficiencia económica. Sin embargo, esta asignación de un presupuesto no tendrá ningún efecto si los distintos países miembros no llevan a cabo una estrategia de apoyo político decidido a la eliminación de barreras administrativas y técnicas y a la implantación de la estandarización técnica. Para ello, se debe de prescindir del enfoque proteccionista sobre las distintas empresas operadoras ferroviarias que en el pasado se habían constituido en monopolios públicos. Dichas empresas deben de replantear su estrategia, de tal manera que los clientes, la industria europea en general, sea el epicentro de sus respectivas estrategias empresariales y se identifiquen de una manera más eficiente quiénes son los verdaderos competidores en el mercado (la flexibilidad y fiabilidad del transporte por carretera, etc…). Existen casos de éxito en Europa que han surgido como consecuencia de las restricciones presupuestarias en algunos estados miembros, es el caso de la operadora alemana de mercancías, que desde principios de la década pasada ya no recibe apoyo financiero de su principal accionista, el estado alemán y que a partir de dicha premisa, ha identificado correctamente sus objetivos estratégicos y se ha configurado en un importante operador logístico a nivel mundial. La lógica de la competencia, impuesta por unos competidores más eficientes y las fuerzas del mercado, es un escenario al que las empresas ferroviarias no pueden dar la espalda por más tiempo. Si no se llevan a cabo acciones de manera urgente, la mayor parte de las actuales empresas ferroviarias de origen público dedicadas al transporte de mercancías desaparecerán en el futuro. El mercado tiende de forma irreversible a su apertura y la Unión Europea necesita que esta se produzca lo antes posible para reducir costes en un eslabón muy sensible de la cadena de producción e imprescindible para ganar competitividad. Ante la falta de reacción, algunos de los actuales actores serán absorbidos por otras empresas del mismo sector ferroviario y otras simplemente cesarán en su actividad con el consiguiente impacto negativo en la competitividad de sus países de origen y en el conjunto europeo. Al reducirse el número de actores en el sector y por tanto la competencia, existe un claro riesgo de surgimiento de nuevos oligopolios, que sin duda es una situación muy poco recomendable si se desea mejorar la productividad del sistema económico en su conjunto.

Es por tanto el momento de tomar decisiones y preparar a los antiguos monopolios para competir en un mercado único europeo, y en el caso de las mercancías resulta de una urgencia extrema llevar a cabo la liberalización del sector, porque de ello depende el futuro de la competitividad de la Unión Europea en su conjunto y de cada país individualmente. Nuestros rivales a nivel mundial han optado mayoritariamente por la eficiencia y a Europa le pesa la excesiva protección nacional de ciertos sectores.

1
Mar

La depuración incorrecta de aguas en España

Escrito el 1 marzo 2012 por Luis Palomino Leal en Sector público

Ante el Consejo Europeo de Medio Ambiente del próximo 8 de marzo, el Ministerio de Agricultura, Alimentación  y Medio Ambiente,  ya ha lanzado las alarmas sobre la multa a la que nuestro país se expone por depuración incorrecta de aguas. Según el Gobierno, España incumple la normativa de depuración de aguas en más de 38 ciudades de más de 15.000 habitantes y se puede enfrentar a una sanción económica por parte de Bruselas de entre 20 y 50 millones de euros al año.

El ministro Miguel Arias Cañete, fue claro en su comparecencia en el Congreso con el tema de la depuración de aguas, comprometiéndose a alcanzar la plena depuración de la carga contaminante de las aguas en España. Como primera fase, señaló los grandes núcleos y las poblaciones que estén en zonas ambientalmente sensibles, independientemente de su tamaño.

Estas medidas son necesarias pero hay que tener en cuenta que la depuración de aguas es competencia autonómica y municipal. Si tenemos en cuenta que la situación financiera de las autonomías es muy delicada, esto puede ocasionar que los gobiernos regionales no prioricen estas cuestiones medioambientales.

 Un ejemplo de falta de priorización de estas cuestiones es el hecho de que se permita a algunas instalaciones relacionadas con el tratamiento de aguas urbanas aceptar residuos para los que no están autorizados. Este es el caso de aguas residuales de origen industrial o de otras instalaciones de tratamiento de residuos que deberían ser tratadas en instalaciones autorizadas y especializadas, que evitarían riesgos medioambientales y de salud pública.

Para paliar que los gobiernos autonómicos relajen el cumplimiento de la legislación ambiental, lo que implicaría las sanciones económicas como las mencionadas anteriormente, urge una política común de residuos para todo el territorio nacional que asegure una aplicación estricta y homogénea de la legislación de residuos. Ese es el primer paso para que las empresas, las administraciones y los ciudadanos asuman su responsabilidad sin escudarse en la indefinición y la disparidad legislativa que padecemos actualmente.

Los profesionales que trabajamos con cuestiones medioambientales confiamos en que la Comisión de Coordinación en materia de residuos, que va a comenzar a dar sus primeros pasos, sea el organismo clave para que haya una mayor colaboración y eficacia entre las distintas administraciones competentes. Esta comisión está contemplada en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados aprobada el año pasado. Para que la comisión sea realmente efectiva necesita, en primer lugar, que todas las partes tengan la voluntad de homogeneizar la legislación de residuos y, además, un desarrollo reglamentario que regule su funcionamiento.

29
Feb

Arqueología del funcionariado

Escrito el 29 febrero 2012 por Jose María Sánchez Alarcos en Sector público

Cualquier lector de Valle-Inclán y, en general de autores españoles de finales del XIX y principios del XX encontrará una curiosa costumbre del sector público de entonces: Cuando un ministro cesaba en su cargo, con él se iban todos los que trabajaban en el Ministerio y el que entraba traía a otros nuevos.

Seguramente, los financieros se creen muy ingeniosos con el invento del presupuesto en base cero pero mucho antes que ellos alguien inventó de esta forma tan drástica la plantilla en base cero. Poco puede sorprender que el que llegaba, sabiendo que tenía un tiempo limitado, estuviera más atento a trabajar en provecho propio que del ciudadano y que, además, hubiera que reinventar la rueda una y otra vez por los continuos cambios de plantilla.

En algunos países, esta costumbre se ha conservado mucho más tiempo. En fechas recientes, en El Salvador era costumbre despedir el 31 de diciembre a todos los empleados públicos para recontratar a la práctica totalidad el 1 de enero. Tan extraña actuación se producía para no cargar con “pasivos laborales”, es decir, con cifras de indemnización crecientes. Evidentemente, siempre habría sido posible hacer un fondo sin necesidad del enloquecimiento contractual de fin de año.

Por mucho que El Salvador tenga un tamaño similar al de la provincia de Ciudad Real y un número de funcionarios por tanto mucho más bajo que el español no dejaba de ser una locura. Cierto es que, a pesar de ser un país donde violencia y corrupción no van de la mano -la primera es muy elevada y la segunda es de las más bajas en Centro y Sudamérica- alguien pudo pensar que un fondo siempre estaría tentando a políticos dispuestos a llevárselo a casa -o a las islas Caimán- y este extraño manejo burocrático era una forma de evitar tentaciones.

Salvo rarísimas excepciones como la salvadoreña, el hábito valleinclanesco de acompañar a la puerta al ministro tanto a la entrada como a la salida no ha permanecido en eso que nos gusta llamar “los países de nuestro entorno”. La figura del funcionario profesional tiene su razón de ser e incluso puede tenerla la existencia de determinados privilegios por los que un funcionario no puede ser obligado por un superior jerárquico a una acción dudosa. La certeza de un puesto vitalicio y unos criterios de promoción muy definidos le dan al funcionario mucha más libertad que a su equivalente en una empresa privada.

La figura del funcionario es, valga la redundancia, funcional pero ¿se justifica en todos los puestos de la Administración Pública? Ni siquiera es una cuestión de rango; parece claro que tener un ordenanza funcionario no tiene sentido alguno. Podría ser perfectamente contratado laboral como puede serlo en cualquier empresa pero lo mismo podría decirse de posiciones como la de un médico. ¿Aporta algo que el médico sea funcionario salvo el hecho de que tiene la plaza en propiedad? ¿Significa eso algo para el enfermo?

Probablemente sólo una pequeña fracción de los actuales funcionarios deberían tener tal consideración siendo el resto contratados laborales con los mismos derechos y obligaciones que tendrían si trabajasen en el ámbito privado. Sin embargo, debajo de esto hay una trampa: El funcionario tiene la plaza en propiedad y, sabiendo la Administración Pública que necesitaba más personal, ofrecer la seguridad vitalicia del puesto de trabajo era una forma de abaratar los costes. ¿Quién no estaba dispuesto a aceptar un salario más bajo sabiendo que, a cambio, su puesto era inamovible?

Cuando llega una crisis grave como la actual, invita a cuestionar todo el sistema pero, si se hace, hay que hacerlo bien: La división actual entre funcionarios y contratados laborales no obedece al principio de que en unos puestos se debe estar libre de coacciones en forma de “obediencia debida” y en otros la relación laboral se pueda equiparar a la de una empresa privada. En muchos casos, la única diferencia es el procedimiento de acceso al puesto y funcionarios y contratados pueden estar haciendo exactamente lo mismo.

Sin embargo, una muestra de que la toma de medidas podría no ir bien encaminada está en que la nueva Reforma Laboral trata de establecer diferencias para los contratados laborales de la Administración Pública. Si no hay dotación presupuestaria -es decir, si YO no doto presupuestariamente una actividad- puedo despedir a los contratados laborales que la llevan a cabo. ¿No es eso ser juez y parte? ¿No nos estamos acordando ahora de la diferencia entre funcionarios y contratados cuando hace mucho que, salvo para posiciones muy específicas, dejó de existir más allá de la vía de acceso? ¿Es legítimo que porque mi empleador sea la Administración Pública tenga mis derechos como trabajador menos protegidos que si trabajo en Pérez S.A.?

Ante una situación no sostenible, es posible que haya que volver a los orígenes: ¿Quiénes y por qué tienen que ser funcionarios y quiénes deben ser contratados laborales? Una vez que eso esté clarificado, la Administración Pública puede comportarse con sus trabajadores como cualquier empresa en situación de crisis…sin otorgarles más derechos porque su empleador sea la Administración Pública pero tampoco menos porque el legislador haga la ley a su medida.

26
Feb

La ¿estrategia? de las reformas (I)

Escrito el 26 febrero 2012 por Antonio Rodríguez Furones en Sector público

El plan de reformas que se está diseñando desde el gobierno de la nación para encarar la crisis actual ha desatado, como no podía ser de otra manera, una oleada de opiniones y tertulias en las que se discuten los pros y los contras de cada una de las medidas impulsadas.

 

Desde una perspectiva más amplia y estratégica, es preciso dotar al análisis de ciertas herramientas que permitan estudiar la idoneidad y las posibilidades de éxito del paquete de reformas anunciado. En este sentido, en la Kennedy School of Government de Harvard se ha planteado un esquema básico e interesante con el que realizar una primera aproximación a ambas cuestiones: el triángulo del sector público.

 

 

Como se puede apreciar, la modelización propone que la resolución de un problema en relación con la “cosa pública” (res-publicae) se fundamenta en estudiar tres aspectos de las diferentes alternativas posibles:

  • Legitimidad de la medida a adoptar: en términos de credibilidad del impulsor y de la receptividad (ventana de oportunidad) de los afectados por el cambio introducido. Cuánto mayor sea esa legitimidad, mayor será la probabilidad de éxito la gestión del cambio a desarrollar.

En este sentido, la discusión sobre las fuentes de legitimidad es un debate ancestral del “management” en cualquier tipo de organización. En el mundo clásico, se distinguían dos vías de obtención de esa legitimidad: la “potestas” y la “auctoritas”. Mientras que la primera hace referencia al poder proveniente de la propia posición otorgada (organigrama; jerarquía), la segunda se basa en el reconocimiento por parte de colaboradores, compañeros e incluso jefes de una superioridad “natural” futo de la confianza en el buen juicio de la persona. Confianza que, a su vez, tiene una doble dimensión: el conocimiento y experiencia (bagaje técnico)  y un comportamiento moral que implica un desempeño no en beneficio propio sino en beneficio de la organización.

  • La disposición de las capacidades para su correcto desarrollo. Cualquier iniciativa requerirá de un conjunto de recursos materiales, humanos e intangibles (por ejemplo, el know-how) para afrontar los cambios que serán necesarios planificar e implementar.
  • La generación de valor público para resolver el problema detectado. En principio, para la evaluación del valor público es necesario definir un cuadro de indicadores y valores (umbrales) de referencia con los que apreciar el potencial efecto de la/s medida/s adoptada/s. Pero tampoco es cuestión de engañarse: en una realidad socioeconómica tan compleja como la actual es prácticamente imposible establecer relaciones causa-efecto directas en condiciones de ceteris paribus. De lo que se trata es analizar la tendencia (más que el valor absoluto) de esos indicadores de referencia, que permitan estimar el resultado de la medida adoptada.

La aplicación del modelo anterior sobre las diferentes medidas aplicadas, nos puede dar una idea del posible éxito del conjunto de actuaciones y de si, realmente, el conjunto de las mismas responde a una estrategia planificada.

En cualquier caso, si bien la planificación estratégica es esencial para dotar de coherencia (alineamiento de las medidas adoptadas), sostenibilidad (las cuestiones estructurales requieren soluciones a medio y largo plazo) y eficacia y eficiencia (legitimidad y recursos) en las decisiones adoptadas, lo realmente crítico, dónde nos jugamos el éxito, es en la fase de implantación estratégica.

Para que las reformas alcancen los objetivos esperados es preciso hacer un seguimiento de los resultados intermedios obtenidos (indicadores sobre la generación de valor público), que faciliten un efectivo control de desviaciones que permita elaborar e impulsar medidas correctivas lo antes posible. De hecho, experiencias anteriores muestran que “el papel lo soporta todo” y “el infierno está empedrado de buenas intenciones”. Más allá de los dos tópicos anteriores, las reformas anteriores, como cualquier iniciativa que surja en el sector público o en el sector privado, nacerán inútiles si no se planifica una correcta gestión del cambio (en muchos casos organizativos) para su desarrollo.

En definitiva, el proceso de las reformas no concluye en la publicación en el BOE: se requiere tiempo y un correcto desarrollo (y directivos y responsables públicos capacitados: lean el último post de José Mª Sánchez Alarcos) para la consecución de los resultados necesarios e imprescindibles. Parafraseando a Churchill: “no es  el fin, ni siquiera es el comienzo del fin, es el inicio del comienzo del fin”.

23
Feb

Pues parece que va en serio

Escrito el 23 febrero 2012 por Daniel Berzosa en Sector público

En la entrada anterior, nos preguntábamos si los anuncios de las acciones del Gobierno de la Nación para tratar de salvar la economía nacional, y aspirar a un renacimiento de todo orden, que se nos antoja imprescindible, iban a ir de verdad más allá de cierto grado de realización de sus propias proclamas. No son sombras chinescas en ese camino, sino piedras peñascosas el más que previsible malestar general y las fuertes reacciones negativas ante la dureza y prolongación de tales medidas en amplias capas de la sociedad. Y esto, pese a que todos (los primeros, seguro, el jefe del ejecutivo y los ministros de la cosa pública) somos conscientes de que hay que hacer algo y ese algo no puede ser lo mismo que se ha hecho hasta ahora. Porque es evidente que no ha funcionado. Como prueba de esta afirmación, dos botones: más de cinco millones de parados y una economía bajo cero.

Uno de los ámbitos señalados para acometer una reforma profunda (eufemismo, en esta hora de España, de reducción) es el sector público empresarial. Y quedábamos a la espera de ver en qué río o mar, y a qué hora, desembocaban los acuerdos vigentes y las propuestas ante y post electorales. En particular, recordábamos el acuerdo marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 22 de marzo de 2010, sobre sostenibilidad de las finanzas públicas 2010‑2013, en el que se previó la eliminación, en términos netos, de 514 entidades, y que, de acuerdo con los datos disponibles entonces, sólo lo había cumplido con 69. Pues bien, hace diez días, se ha suministrado la herramienta que permitirá podar el gran árbol del sector público empresarial hasta límites germinales; mediante la combinación del artículo 13 y el inciso final de la disposición adicional tercera del Real Decreto‑Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

El artículo 13 de la citada norma con fuerza de ley introduce una nueva redacción del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo), que revoluciona lo referente a la suspensión del contrato o reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor. Y la disposición adicional tercera añade una disposición adicional vigésima primera al Estatuto de los Trabajadores que dice literalmente: «Lo previsto en el artículo 47 de esta Ley no será de aplicación a las Administraciones Públicas y a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de una o varias de ellas y de otros organismos públicos, salvo a aquellas que se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado». Lo que, en romance paladino, quiere decir que se habilita legalmente a las empresas del sector público para que puedan presentar expedientes de regulación de empleo. Y, por tanto, permite que pueda llevarse a efecto lo acordado respecto de la reducción de entes del sector público empresarial en todas las administraciones públicas.

Esta importante innovación del ordenamiento jurídico afecta únicamente al personal en régimen de contratación laboral; pero debe tenerse en cuenta que, según datos del Registro Central de Personal de enero de 2011, solo el número de trabajadores de los entes públicos de carácter empresarial en el ámbito de la Administración Generaldel Estado ronda los 60.000 trabajadores.

No obstante, no debemos perder la perspectiva. El fin de esta poda no es la destrucción del árbol de la economía española, privada y pública, sino justo el contrario: que crezca, lo haga con más fuerza y dé nuevos frutos. Que, ¿por qué no soñar?, el sufrimiento y el sacrificio del presente nos conduzcan a alcanzar la aspiración del pleno empleo contenida en el artículo 40 de la Constitución.

23
Feb

Hace unas semanas el Boletín Oficial de las Cortes de la Junta de Castilla y León anunciaba un nuevo canon de 15 euros por tonelada de residuos peligrosos que sean depositados en vertederos de la Comunidad. Por tanto, Castilla y León se une a Andalucía, Cantabria, Madrid y Murcia, en la lista de autonomías donde existe este impuesto. En el resto, se sigue haciendo libre de pago o con algunas limitaciones establecidas por sus planes de residuos.

La falta de homogeneización en la legislación en materia de residuos en España provoca una competencia innecesaria en el mercado. Los motivos más habituales son, por un lado, que las autorizaciones de las instalaciones de tratamiento son concedidas por distintas administraciones y, por tanto, operan bajo distintos criterios. Por otro, la gestión es controlada con distinta intensidad por las administraciones de todo el país. En este caso el canon provocará que, mientras existan Comunidades donde no haya que pagarlo, las empresas productoras de residuos preferirán gastar ese dinero en el transporte de los residuos hacia esas regiones.

Los Ayuntamientos de Ávila, Segovia o Valladolid, ya han mostrado su descontento ante la nueva medida adoptada por la Junta, ya que aseguran “más que un impuesto para fomentar el reciclaje, es una política recaudatoria” que van a pagar los ciudadanos y las empresas.

Para evitar estos argumentos, la recaudación de este impuesto debería contribuir a reforzar el cumplimiento de la legislación de residuos y a elevar el valor añadido de los tratamientos. Así, se favorecerían los tratamientos de reciclaje y la valorización, en detrimento de la eliminación, reservando la capacidad disponible de vertedero y evitando la creación de nuevas infraestructuras de este tipo.

De esta forma, para contribuir al cumplimiento de la legislación, el canon de vertido debería favorecer que cada residuo sea depositado en la instalación adecuada y para la que está autorizada. De lo contrario, esta medida perderá su carácter de instrumento económico que le concede la ley de residuos, y se convertirá en recaudatoria, siendo preferible su retirada de todo el Estado español.

Cada vez es más urgente una política común en materia de residuos en todo el territorio nacional, que evite este tipo de situaciones y aplique las mismas reglas del juego. Este mensaje fue lanzado en dos ocasiones por el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la pasada campaña electoral. El escenario actual corre el riesgo de fomentar malas prácticas, el tratamiento inadecuado de los residuos peligrosos, y el descontrol en la gestión.

16
Feb

Políticos y falsos historiales: Una lección no aprendida

Escrito el 16 febrero 2012 por Jose María Sánchez Alarcos en Sector público

Nuevo escándalo levantado por El País: Un político que se inventa un título académico que no tiene y, al hacerlo, queda en evidencia y muestra también algunas falsas creencias sobre qué se debe valorar en un responsable público.

En primer lugar, la politización de los medios hace que se recuerden los casos de curriculum falso de forma muy selectiva. En un artículo sobre el tema, el autor recuerda al ex-director de la Guardia Civil, Luis Roldán pero no parece acordarse de que éste ha tenido numerosos compañeros en la aventura de falsear el curriculum…desde los conocimientos de Derecho de José Blanco hasta los de Economía de José Montilla pasando por los estudios de Leire Pajín y alcanzando incluso al ex-vicepresidente Alfonso Guerra, presentado como ingeniero y licenciado en filosofía a pesar de su título único de perito industrial que, más tarde, pasaría a ser denominado ingeniero técnico sin que hubiera noticia alguna de su titulación en filosofía.

Parece que no ha cundido en España el ejemplo del ministro alemán que dimitió porque se supo que había copiado partes de su tesis. Aquí no se da ese problema; algunos escribirían tesis con “x” y pensarían que sirve para llevarles al aeropuerto.

¿Por qué razón deciden algunos políticos falsear su curriculum? En primer lugar, es aplicable el principio de excusatio non petita, accusatio manifesta.  La acusación, en este caso, es que quien infla su curriculum inventándose títulos que no tiene muestra con su acción que no cree tener los méritos necesarios para el puesto para el que le han nombrado. Por supuesto, es difícil encontrar a alguien que conozca mejor los propios méritos que uno mismo.

El actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hizo en su momento una tímida crítica señalando que para ser presidente debería exigirse algo más que, simplemente, ser español y tener más de 18 años. A pesar de que la respuesta, mucho más contundente,  por parte del portavoz del PSOE consistió en preguntarle si exigiría haber aprobado unas oposiciones para registrador, nadie se atreve a exhibir como todo mérito precisamente ése: Ser español y tener más de 18 años. Dicho esto, casos se han conocido en los que resulta difícil encontrar cualquier otro mérito distinto.

Exhibir historiales profesionales o académicos brillantes tiene sus riesgos y tenemos ejemplos aún recientes en los que se evitarán nombres pero no será difícil adivinarlos:

  • Persona de gran éxito en el ámbito empresarial, derrotado en un debate en el que los elementos retóricos y de imagen resultaban más importantes que la solidez argumental. Los hechos posteriores mostrarían quién tenía razón pero la bisoñez mostrada públicamente en un debate televisado dañó su imagen en el ámbito político e incluso pudo dañarla en su ámbito profesional de origen.
  • Profesor de afamada escuela de negocios nombrado para un puesto en el que se ve obligado a defender planteamientos que cualquier público dotado de unos mínimos de información y de raciocinio rechazaría. Su paso por la política puede estar acabado pero, si regresa a la docencia, sus actuaciones en política le perseguirán siempre.
Podríamos llegar a la triste conclusión de que un curriculum vacío no es presentable y uno muy brillante es peligroso y, por tanto, la mejor solución para llegar a posiciones políticas es tener un curriculum mediocre. Este argumento haría las delicias de un cínico pero no es cierto: Quien tiene un curriculum brillante puede sobrevalorar su capacidad y creer que le va a bastar para desenvolverse en terrenos desconocidos. A veces descubre demasiado tarde que ha sido como una foca nadando entre tiburones. Quien exhibe una hoja en blanco por curriculum no tiene ese problema pero se enfrenta a uno de aceptación y éste no tiene la misma importancia en todos los ámbitos.

Pongamos como ejemplo a un político, José Borrell, que con una titulación de ingeniero aeronáutico ejercería como Secretario de Estado de Hacienda primero y como Ministro de Obras Públicas después. Como todos los políticos, fue criticado en ambos papeles pero es difícil encontrar ninguna crítica que se refiera a la inadecuación de su formación básica para ambas tareas. Ambos Ministerios, Hacienda y Obras Públicas, tenían como punto común la necesidad de manejar ingentes cantidades de recursos aunque desde distintos lados de la ventanilla recaudatoria. Pocas veces ocurre que llegue alguien  cuya formación básica coincide con la faceta técnica dominante en la función que va a desempeñar. Ejemplos como Álvarez Cascos -ingeniero de Caminos- en Fomento o de Miguel Muñoz -autodefinido como “jefe de departamento venido a más”- en Tráfico representan más la excepción que la regla.

Los cargos de responsabilidad pública suelen tener como punto común el manejo de recursos. Esto hace que algunos políticos puedan saltar de una posición a otra aparentemente muy distinta pero que, en realidad, no lo es. Si no es un puesto técnico y hay que elegir entre formación técnica y formación y/o experiencia en gestión de recursos la elección está clara: Debe prevalecer la última aunque no siempre es fácil. Prescindamos de casos en que, por motivos que no hacen al caso aunque sean muy ilustrativos, alguien llega a un puesto sin formación ni experiencia; vayamos a aquéllos en que el responsable político puede tener la experiencia adecuada pero cree que su formación podría suponerle algún problema y se ve tentado a “adornar” su curriculum ¿Qué naturaleza tendría tal problema?

No parece, por poner un ejemplo de actualidad, que alguien que ocupe un puesto de gestión en la Sanidad Pública tenga necesariamente que ser médico pero tal vez sí tenga que serlo para ser aceptado por aquéllos a los que va a tener que dirigir. No es un caso único; nada exige que un ministro de Defensa tenga que ser militar pero, en su momento, causó impacto el nombramiento de Serra, civil que ni siquiera había hecho el Servicio Militar, para un puesto que, en el pasado, siempre habían ocupado militares. El nombramiento de Chacón, mujer y embarazada, para el mismo puesto fue una vuelta más de tuerca en la misma dirección.

Si las cosas se analizan desde un punto de vista puramente funcional, el asunto es claro: A medida que se van ascendiendo puestos en una organización -con muy escasas excepciones cuya discusión nos llevaría por otros derroteros- va pesando menos el componente técnico y pesando más el componente de gestión. Se llega a un punto en que la aportación que representa el componente técnico es marginal y, por tanto, el puesto puede ser asumido por alguien con la formación y experiencia adecuadas en gestión aunque sea totalmente ajeno a la faceta técnica de la organización.

Cuando las cosas se analizan desde el punto de vista de la práctica política al uso, son más complejas y pueden darse situaciones distintas:

  • Incompetentes con la filiación política dominante: No ha lugar la discusión sobre el carácter técnico o de gestión de un puesto porque carecen de la formación y experiencia necesarias para uno y otro tipo. Su único mérito es cumplir los requisitos legales del puesto que, a veces, son tan simples como ser español y tener más de 18 años. Su curriculum fuera de la afiliación política está en blanco por lo que cualquier contenido estará inventado y dirigido sobre todo por motivaciones estéticas y por sus propios complejos.
  • Competentes sin la formación técnica dominante: El miedo a la posible falta de aceptación les puede invitar adornar el curriculum con el objetivo de ser vistos como colegas por parte del colectivo al que van a dirigir, especialmente si éste es cohesionado y le puede causar problemas en la organización. Naturalmente, si alguien tiene tanto miedo a los problemas que pueda causar el colectivo dominante que decide falsear su historial, tal vez debería haber hecho tal valoración antes de aceptar el puesto y, si procede, rechazarlo.
  • Competentes soberbios: Pueden tener la formación y experiencia adecuadas pero no tienen interés en aprender las peculiaridades de la organización concreta dándolas por sabidas. No tienen ningún interés en falsear su curriculum pero pueden cometer errores de novato debido a aspectos que habían menospreciado y que no han tenido interés o oportunidad de aprender.
  • Incompetentes soberbios: No sólo no tienen la formación y experiencia adecuados sino que su nombramiento puede tener un componente de reto hacia aquéllos a los que deben dirigir. No esperan ni desean la aceptación sino hacer ver quién manda a los colectivos considerados problemáticos y su nombramiento es un gesto en ese sentido.
  • Competentes con la formación técnica dominante: Sobre el papel son la mejor opción ya que no hay problema de aceptación y pueden aportar algunos elementos de conocimiento específico que, sin ser fundamentales, pueden ser interesantes. Los riesgos asociados con este grupo consisten en su posible olvido de que el puesto no es de naturaleza técnica y de que el modelo de pensamiento en la organización pueda ser demasiado uniforme ignorando aspectos importantes.
En el ámbito privado, hace años que la sencilla expresión “o equivalente” produjo una auténtica revolución: Alguien puede no tener un título académico pero su experiencia acredita que tiene los conocimientos necesarios para el puesto. Por supuesto, nadie querría ser operado por el “equivalente” de un médico o volar en un avión en que ejerciera un “equivalente” de un piloto pero en muchas otras actividades este concepto sí tiene sentido, algunas tan conocidas como, por ejemplo, la presidencia de Microsoft con Bill Gates. No tener un título académico no significa una condena a la irrelevancia y la alternativa no consiste en inventárselo sino en acreditar competencias obtenidas a través de la experiencia profesional.
En el ámbito público, ésa puede ser una asignatura pendiente. Aunque los puestos políticos se muevan por otros parámetros, resulta significativa la frecuencia con la que un año en un puesto computa menos en los concursos de méritos que un curso de un día, que casualmente coincidió con la víspera de un festivo. Un buen curriculum acaba siendo uno que necesite de quince páginas en adelante y que esté lleno de todo tipo de formación, tenga o no relevancia alguna para el puesto. La “cursitis” y su hermana mayor la “titulitis”, junto con la frecuencia de los nombramientos en los que el principal mérito es la adscripción política, representan una invitación permanente a inflar el curriculum por todos los procedimientos posibles, sobre todo si se sabe o se cree que nadie se va a atrever a ponerlo en duda.
A diferencia de casos como el comentado en Alemania, en España no ocurre nada cuando la mentira es descubierta…salvo que el mentiroso ha dejado claro a todos que no considera merecer el puesto para el que se le ha nombrado. Nadie mejor que él lo puede saber.

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