Archivo de la Categoría ‘Sector público’

9
Feb

El Consejo de Ministros recibió un informe hace un mes de manos del ministro de Hacienda y Administraciones Publicas sobre la situación del sector público empresarial. Según el citado documento, la evolución de las cuentas públicas nacionales reflejaba el efecto de la crisis económica general en España y en los países del entorno comunitario. Esta realidad impone, entre otras medidas (el viernes pasado se aprobaron acciones muy importantes para el sector financiero, que serán objeto de otro post), la redimensión y reestructuración del sector público empresarial. Con ello, no se pretendería solo adelgazar un sector productivo necesitado de dieta, sino de garantizar la eficiencia de la actividad pública. Dicho en términos médicos, para el Gobierno de la Nación, esta iniciativa suya es una exigencia de salud, ni siquiera una concesión a sus ideas estéticas. Parece que, por unos u otros motivos, hay un amplio consenso sobre este punto entre los españoles, al que se suman las directrices de nuestros avalistas extranacionales (que no pueden desdeñarse).

El problema para el éxito de las medidas sugeridas (reducción del gasto público, control del gasto gestionado por el sector público empresarial y racionalización en la gestión de la actividad empresarial pública), todas lógicas y coherentes, es que afectan al sector público dependiente no solo de la administración general del estado, sino al de las administraciones autonómica y local. No cabe duda de que lo que disponga finalmente el gobierno tendrá inmediata —que no fácil— ejecución en su ámbito administrativo. Pero en las otras administraciones públicas citadas y, sobre todo, en las autonómicas, la cuestión presenta, sin duda, mayores desafíos, cuando no llamadas veladas o expresas a la rebelión, y no ya por una supuesta deslealtad intrínseca de sus gobernantes en caso de que no coincida el signo político que abanderan frente al actual ejecutivo nacional —no van por ahí nuestros tiros—, sino, de forma más sencilla e inexorable, por la propia dinámica centrífuga del modelo español de estado compuesto en obras (escribimos esto pues su terminación no se atisba por ninguna parte… o, a lo mejor es así porque, como dicen algunos analistas americanos más pesimistas o sagaces que nosotros, de lo que se trata, en verdad, es de deconstruir el estado hasta su ultimación).

Por ejemplo, afirma el gobierno que el desarrollo y concreción de estas medidas en cuanto al gasto público «en el ámbito autonómico, se realizará en el marco de colaboración interadministrativa, instrumentada a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera». Estupendo. Respecto de la primera propuesta (reducción del sector público empresarial) y solo en lo referido a las comunidades autónomas, el Consejo de Política Fiscal y Financiera de 22 de marzo de 2010 aprobó un acuerdo marco sobre sostenibilidad de las finanzas públicas 2010 2013 en el que las comunidades se comprometieron a elaborar, en el plazo de tres meses, planes de racionalización y eficiencia del gasto público. Estupendo, también. Pero resulta que, si en los citados planes se previó la eliminación, en términos netos, de 514 entidades, y, de acuerdo con los datos disponibles hace un mes sólo se han suprimido 69, nos preguntamos por el grado de eficacia de los acuerdos tomados en dicho consejo, si, en casi dos años, se ha ejecutado el trece con cuatro por ciento (13,4%) de las medidas contempladas. A ese ritmo, para cumplir el acuerdo 2010-2013 tendrá que prorrogarse hasta 2020. Por lo que creemos que, en la próxima sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, no será suficiente con plantear a las comunidades autónomas la «necesidad de avanzar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos». Esto es, no basta con apelar a la buena voluntad ante una situación crítica; hay que disponer efectivamente los medios de todo orden e ingenio oportunos, con la Constitución en la mano y una holgada mayoría parlamentaria en la otra, para acometer de una vez, ¡al menos!, las tareas aprobadas y pendientes.

Quedamos a la espera de ver en qué quedan propuestas como la de reducir los cuadros directivos de las sociedades públicas y limitar el número de miembros de los consejos de administración. O esa tan etérea de «promover la elaboración de un marco común, en cada administración, que unifique las condiciones de las distintas entidades en cuanto a las estructuras directivas, personal, indemnizaciones, gastos de representación, etc.», un «etc.» que vislumbramos más etcétera que nunca.

Pero no perdemos ni la confianza, ni la esperanza. España y los españoles las necesitamos.

9
Feb

Primeras impresiones sobre los planes medioambientales del Gobierno

Escrito el 9 febrero 2012 por Luis Palomino Leal en Sector público

La semana pasada el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, compareció en el Congreso de los Diputados con una larga lista de cambios y revisiones que se van a desarrollar en materia de residuos, suelos contaminados y responsabilidad ambiental.

Entre estos puntos destaca el deseo de simplificar e integrar las normativas ya existentes, gracias a la limitación de trámites innecesarios y a la definición clara de los conceptos. Esta meta requiere de la colaboración de las Comunidades Autónomas a través de la Comisión de Coordinación prevista en la Ley 22/2011 de Residuos y suelos contaminados. Los profesionales del sector esperamos que esta comisión sirva para tener una política común de residuos en todo el país, en la que se unifiquen criterios de gestión y autorización de las instalaciones. Todo esto consigue, además, una optimización de los recursos de las empresas del sector y de las Administraciones Públicas encargadas de la gestión de las políticas de residuos. En un contexto de crisis como el actual este asunto es vital para que se pueda generar empleo y desarrollo económico en esta industria.

En relación con el punto anterior, la Comisión Europea estima que, si se aplica la legislación medioambiental con rigor, para 2020 se habrían creado 400.000 puestos de trabajo en el sector y un aumento del volumen de negocio en 42.000 millones de euros en todo el continente.

Otro de los objetivos del Gobierno es conseguir un aprovechamiento máximo de los recursos contenidos en los residuos y su correcta gestión. No podemos olvidar que en muchos sectores hay escasez de materias primas que pueden recuperarse de los residuos. Esto supondría un importante beneficio ambiental que puede medirse en las emisiones de gases de efecto invernadero, evitadas por las actividades de reciclaje y valorización.

Todos estos cambios de regulación irán acompañados de cambios en los procedimientos administrativos. La creación de un registro de producción y gestión de residuos permitirá ahorrar recursos y esfuerzos y facilitar el control de la actividad del sector, y disponer de datos fiables de cantidades y objetivos de gestión. Además se presentarán nuevas medidas de armonización de la información para ofrecer tramitación electrónica en todas las instancias y facilitar el diálogo entre la Administración y los ciudadanos.

En lo referente a suelos contaminados se creará un inventario nacional con la colaboración de las Comunidades Autónomas y se procederá a la revisión del Real Decreto relativo a suelos contaminados a fin de incluir en su ámbito de aplicación a las actividades con riesgo real de contaminación del suelo. No obstante desde el sector se considera necesario el establecimiento de una cualificación profesional que garantice la calidad de los trabajos realizados en este campo.

De la misma forma, se revisará la Ley de Responsabilidad Medioambiental para simplificar el establecimiento de la cuantía de la garantía financiera con la que hacer frente a los gastos en caso de accidente.

Todas estas medidas, en caso de desarrollarse correctamente, pueden permitir la recuperación del sector y terminar con la descoordinación actual a la hora de aplicar la legislación medioambiental en España. Es el único camino para que esta industria crezca y se generen, de una manera real, los siempre mencionados “empleos verdes”.

8
Feb

Próximas Cumbres de la Unión Europea con India y China: Ciber Seguridad

Escrito el 8 febrero 2012 por Alejandro Pinto González en Sector público

EU-India Summit

 La Unión Europea se enfrenta en los próximos días a las cumbres anuales con India (New Delhi 10 Feb) y China (Beijing 14 Feb).  La relevancia comercial para UE de estos dos gigantes condiciona en parte nuestro desarrollo económico en áreas estratégicas como la Energía, las TICs, Transporte, etc.

India es la mayor democracia del mundo con 1.200 mill de habitantes, y  sumados a los  1400 mill de ciudadanos chinos suponen algo más de la tercera parte de la población mundial, estimada en unos 7000 millones de personas. Es por tanto clave que la UE continúe cultivando y profundizando en el buen entendimiento entre nuestros países. En concreto, es preciso que la UE siga influyendo y discutiendo con sus socios la solución a las medidas proteccionitas adoptadas por los gobiernos Indio y Chino y que afectan directamente a las inversions hechas durante años por nuestras empresas en estos países.

En particular, en el sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación, tanto India como China han levantado importantes barreras de entrada a sus mercados para proveedores TICs extranjeros, justificandose en políticas de Seguridad Nacional ( India teme una invasion de productos TIC procedentes de China que ponga en peligro la Seguridad del país). Las medidas adoptadas no se ajustan a las prácticas y estándares internacionales, y no sólo ponen en peligro el desarrollo comercial internacional sino también la Seguridad global. Por ejemplo se impone la obligatoriedad de certificar en laboratorios Inidios y Chinos los productos que se quieran introducir en sus mercados, de entregar los códigos fuente de las aplicaciones para ser analizados, de utilizar de forma obligatoria algoritmos criptográficos facilitados por el gobierno chino, obligaciones sobre la contratación de personal local en todos los niveles de la organización, etc. Si estas practicas se extendieran a otros países emergentes se quebrarían los principios básicos conseguidos hasta ahora sobre los que se sustenta el comercio internacional, además de las importantes consecuencias para la ciber seguridad global.

En el caso de la India el gobierno considera la adopción de un paquete the iniciativas en Telecomunicaciones y Tecnologias de la Información, con el objetivo legítimo de potenciar el Mercado local de producción de TICs y a la vez incrementar la protección de sus infraestructuras frente a ciber ataques. Sin embargo las medidas propuestas por la India para conseguir sus objetivos se alejan de las prácticas y estándares internacionales, y perjudican a las empresas extranjeras comprometidas con el desarrollo tecnológico y económico del país durante años. La adopción del nuevo paquete de reformas se ha retrasado en varias ocasiones, en parte debido a la fuerte reacción de la comunidad internacional (US y Japón), y en particular de la UE.

En la cumbre del 10 de Febrero nuestros representates europeos deberían obtener el compromiso del Gobierno Indio para la revision de sus políticas de Telecomunicaciones y TI.

 

3
Feb

Spanair: Cuando el sector público se transforma en empresario

Escrito el 3 febrero 2012 por Jose María Sánchez Alarcos en Sector público

Hay un viejo dicho perfectamente aplicable aquí: “Al que sólo tiene un martillo, todo le parecen clavos”. Spanair ha sido un caso, no el primero ni el único ni probablemente el último, en que la invasión por la política del ámbito empresarial ha transformado en inviable a una empresa que, con inversión y esfuerzo, podría haber funcionado.

El entorno del nacionalismo catalán no necesita convencernos a los que no estamos en él de que la dimensión de Barcelona justifica la existencia de vuelos intercontinentales directos. Sin embargo, desde una posición de gestor público, la actuación correcta no consiste en convertirse en empresarios sino en evitar que nadie pueda hacer uso de situaciones de privilegio para impedir que entren nuevos operadores. De hecho, si se hubiera cumplido con la función de vigilancia, es dudoso que la crisis que aún sigue golpeando hubiera llegado a estos extremos.

Son bastantes los casos en muy distintos ámbitos en que los vigilantes públicos no han cumplido con su función: La pérdida de mecanismos del mercado financiero es un claro ejemplo y, en una escala mucho menor, tenemos casos recientes tan sangrantes como la situación de las farmacias y cómo, a través del sistema de concesión de licencias, los farmacéuticos ya establecidos podían impedir que entrasen otros nuevos a lugares en los que era más que necesaria una farmacia. En el sector del transporte aéreo las farmacias se llaman “slots” y acaban definiendo situaciones de privilegio que acaban dificultando o imposibilitando la presencia de otros.

Bajo cualquier modelo económico, por muy liberal que sea y siempre que no se considere liberalismo como sinónimo de ley de la selva, los gestores públicos tendrían que haber vigilado para impedir situaciones de privilegio. Lo que no cabe, tanto por principio de actuación como porque la experiencia así lo indica, es tomar desde posiciones políticas el papel de empresario y tratar de imponer sus propios objetivos. Cuando el concepto de “aerolínea de bandera” estaba pasando a mejor vida, fue resucitado por alguien que entendió que no tener una “aerolínea de bandera”, expresión que incluso utilizaron literalmente, minuscababa a su región al igual que lo haría no disponer de representaciones en el exterior o al igual que ha habido ciudades que consideraron que no tener una Universidad o un aeropuerto propios rebajaba el exaltado estatus de la ciudad y, sobre todo, de las ambiciones faraónicas de sus políticos.

Por esta vía, hemos conseguido la mayor proliferación de aeropuertos y Universidades no justificados por las necesidades reales y, recientemente, quebrar una aerolínea cuya gestión en la última etapa ha tenido mucho más que ver con ambiciones políticas que con criterios empresariales.

La utilización de los recursos del Estado para temas que no le son propios suele pasar factura aunque, eso sí, la factura no la paga quien la ha generado. Antes del accidente de 2008, Spanair tenía una situación delicada; su propietario, la aerolínea SAS, la tenía en venta y el nacionalismo catalán ya había mostrado su interés en su adquisición. El accidente fue visto como una oportunidad y hubo juego sucio, básicamente filtraciones interesadas a veces desde el propio Ministerio, encaminadas a minar la situación de la empresa para conseguir un precio de compra más barato por parte de políticos afines. Naturalmente, eso dañó a la empresa pero todo obedecía a un fin en el que los escrúpulos brillaron por su ausencia: Se llegó al extremo de comunicar a SAS por carta el interés en la negociación durante el funeral por las víctimas del accidente.

Una empresa “normal” habría tratado de sanear sus operaciones y habría invertido en recursos para entrar en otros mercados; en este caso se prefirió buscar un camino más corto e inyectar dinero público para mantener artificialmente la operación, incluyendo elevados costes como cambios de base acordes al nuevo objetivo,  e incluso para la compra de aviones que permitieran realizar los ansiados vuelos transoceánicos, es decir, se utilizaron recursos públicos en algo en que nunca debieron ser utilizados.

Cuando la angustiosa situación económica forzó a un recorte de los recursos públicos se buscó un socio extranjero pero éste, cuando se enteró de una posible sanción de la Unión Europea por el mal uso de esos recursos públicos, decidió abstenerse precipitando la quiebra de Spanair.

La multiplicidad de aeropuertos inútiles ha dejado al Estado con un tigre cogido por el rabo: No es exageración decir que cuatro aeropuertos españoles mantienen la viabilidad del conjunto de la red aeroportuaria, incluso después de haber cerrado o dejado de operar algunos que no tenían ningún sentido como los aeropuertos de Ciudad Real, Castellón, Badajoz, Lérida, León y otros que seguirán el mismo camino. El principio de compensación de los aeropuertos rentables con los no rentables ha obligado a centralizar el control y, con ello, a facilitar decisiones que podían provocar situaciones de privilegio en un mercado al que no se ha permitido funcionar. Comprarse una aerolínea con dinero público para satisfacer ambiciones imperiales fue una salida absurda a esa situación igualmente absurda.

En un escenario de aeropuertos privados -con luz y taquígrafos durante el proceso de privatización- y donde el sector público se mantuviera vigilante para asegurar que se cumplen los criterios de calidad, seguridad y servicio exigibles a cualquier aeropuerto, todo habría sido muy distinto. Una ciudad como Londres tiene nada menos que dos aeropuertos principales y otros tres de menor nivel pero con elevado tráfico y ni siquiera pusieron problemas a que una compañía española -Ferrovial- optase a la gestión de varios aeropuertos británicos, sin que se produjesen espectáculos tan vergonzosos como el que en España se produjo con Endesa y el empeño de los políticos del momento en regalársela a los amigos. Al mismo tiempo, hay un acuerdo bastante generalizado en que la aviación británica está entre las que tienen los más altos estándares, si no el más alto, en Europa. Conclusión: Gestión privada de las empresas, llámense aerolíneas o aeropuertos, y vigilancia estricta tanto de su funcionamiento como de la dinámica del mercado impidiendo el juego sucio.

Lamentablemente, no fue eso lo que se hizo en España: Se optó por un control político de los aeropuertos para asegurar que los rentables financian los no rentables evitando tener que cerrar el 80% de ellos; se han mantenido situaciones de privilegio que impiden que se cubran necesidades que cualquier análisis del mercado mostraría y la actuación de los políticos, entrando como hipopótamo en cacharrería,  ha consistido en actuar por su cuenta en un terreno en el que carecen de formación y haciéndolo con dinero ajeno, es decir, el nuestro.

1
Feb

En la reunión informal del Consejo Europeo del Lunes 30 de Enero de 2012, los Primeros Ministros de los Estados Miembros de la Unión Europea acordaron acometer de forma inmediata una serie de líneas de trabajo clave para un mayor aprovechamiento del potencial de un mercado único Europeo, y poder retornar cuanto antes a la senda del crecimiento (sostenible) y el empleo.

En mi opinión, dando por hecho que todas las lineas de trabajo acordadas son muy importantes, encuentro que algunas son coyunturales (ej. Crisis crediticia) y que otras contienen objetivos que no son alcanzables a corto plazo (ej. Mercado único digital); pero hay dos que son especialmente relevantes para España, es más, son problemas a los que ya se ha dedicado un esfuerzo importante y ya deberían estar resueltos:

  • Desempleo entre los jovenes

Cada Estado Miembro preparará un Plan Nacional de Empleo que haga frente al desempleo entre los jovenes. Se propone crear una Garantía de Empleo Joven que asegure que en los 4 meses siguientes a la finalización del sistema de enseñanza obligatorio, el joven esté empleado, en formación, o ha accedido a un nivel de educación superior.

La Comisión Europea reforzará la iniciativa con grupos de expertos y 22 billones de euros del Fondo Social Europeo, con especial atención y dedicación a los 8 países con peores tasas de desempleo entre los jovenes.

  • Reforzar la PYME, columna vertebral de la economía Europea

Mejorar sus capacidades, promover su expansion dentro de la Unión Europea, y sobre todo apoyar su expansion internacional fuera de la Unión Europea.

Pero nada de esto será factible si no se elimina el principal obstáculo, el acceso de las PYMES al crédito. De los 347 billones de euros del presupuesto de la UE para el periodo 2007-2013 , todavía 82 billones de euros no han sido asignados. La Comisión propone a los Estados Miembros trabajar juntos para reprogramar este presupuesto y dirigirlo a proyectos de crecimiento. Por ejemplo, las PYMES podrían utilizar los Fondos Estructurales como garantia a la hora de contratar préstamos con los bancos.

 

En este enlace podéis acceder a la propuesta de la Comisión Europea: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/pdf/20120130_jmbpresentation_en.pdf

31
Ene

El santo temor al déficit

Escrito el 31 enero 2012 por Juan Pedro Serrano Arroyo en Sector público

EL SANTO TEMOR AL DÉFICIT
He querido tomar esta sentencia de nuestro premio Nobel de Literatura (1904) y Ministro de Hacienda, en varios gobiernos de la Restauración (1876-1923), que además de dramaturgo y político era matemático, José Echegaray y Eizaguirre.
Al volver a desempeñar el Ministerio de hacienda con Alfonso XII dijo: “Para el creyente, la salvación está en el santo temor de Dios; para todo Ministro de Hacienda, para los Gobiernos, para el país, la salvación está en el santo temor al déficit. Y si no queréis hacerlo santo, decid en el patriótico temor al déficit.”
El déficit se presenta cuando los ingresos son inferiores a los gastos y para poder atender estos hay que endeudarse.
También, hay que tener en consideración que en el presupuesto los gastos suelen estar muy determinados y son limitativos, no se puede gastar más de los importes que aparecen consignados en el presupuesto, por el contrario, los ingresos son meras estimaciones, por lo que los gobernantes pueden, para poder cuadrar el presupuesto, caer en la tentación de introducir nuevas figuras impositivas o establecer un cuadro macroeconómico que gracias al mismo aporte unos mayores ingresos que luego la realidad nos va a demostrar que no se realizan o se recauda menor importe de lo presupuestado, y al no ser reales los ingresos y ser mayores los gastos se genera el déficit presupuestario.
En la actualidad se está volviendo a hablar que las Administraciones no pueden gastar por encima de lo que recaudan, que no es bueno para el país la existencia de déficit y por eso se han de adoptar medidas para eliminar los déficit anteriores a los que hay que dedicar ingentes cantidades de recursos y evitar en volver a caer en esas prácticas de gastar por encima de lo que se tiene.
El tema es que en ninguna norma se dice con claridad que se pueda incurrir en déficit, luego es una práctica de ciertos políticos que por su concepción parece que no quieren dejar de pasar a la historia y gastan y gastan sin tener ningún referente, incluso en inversiones de escasa o nula utilidad para la comunidad, dejando una elevada deuda para las generaciones siguientes que las impedirán adoptar medida alguna, ya que han de devolver esa deuda y sus intereses.
Creo que es necesario e imprescindible exigir que para que un político pudiera ejercer como responsable del presupuesto de una Administración pública se comprometiera a no gastar más de lo que esa Administración pueda disponer. Sería un requisito indispensable sin el cual el político no pudiera acceder a ocupar esa responsabilidad.
Entiendo que el déficit como tal debería estar prohibido en la norma fundamental, como se ha hecho recientemente en España, y por eso al jurar o prometer la misma en las tomas de posesión se debería remarcar este aspecto para que fuera tan explicito que su incumplimiento permitiera la exigencia de responsabilidades.
Es cierto que la eliminación del déficit no soluciona todos los problemas de un país, ya que lo fundamental son las reformas estructurales que se adopten, pero sería difícil llevarlas a cabo si la mayor parte de los recursos tiene que ir destinados al pago de la deuda generada por déficit anteriores. El hecho de presentar un presupuesto sin déficit no implica que no se puedan llevar a cabo inversiones, lo que pasa es que obligaría a revisar el papel y estructura del sector público, que tendría que ser muy distinto al que actualmente presenta, y a seleccionar inversiones productivas para el país.
Como botón de muestra no hay que dejar en el olvido el coste de aeropuertos públicos sobredimensionados; o el apoyo financiero a aeropuertos privados, alguno de ellos sin ninguna actividad, es decir, cerrados; Aves sin viajeros; instalaciones deportivas en la mayoría de las poblaciones cuando alguna de ella está casi sin población para su uso, o las de súper lujo muy infrautilizadas como la Caja Mágica; el velódromo de Palma, que no está homologado para actividades ciclistas; el puerto deportivo de Laredo, que no tiene barcos; el circuito de Alcañíz; carreteras, puentes y túneles para escasos vehículos; obras faraónicas, etc. que han supuesto un elevado coste que de dedicarse a otras atenciones hubieran mejorado las infraestructuras y el bienestar de nuestro país y probablemente no hubieran ayudado a crecer el déficit.
Fdo. Juan Pedro Serrano Arroyo

27
Ene

Las políticas ambientales en tiempos de crisis

Escrito el 27 enero 2012 por Luis Palomino Leal en Sector público

Desde su entrada en la Unión Europea en 1986 nuestro país ha realizado un considerable esfuerzo para incorporar la rigurosa legislación europea en materia de medio ambiente y mantenerla al día, debido a la intensa actividad de las instituciones europeas. Sin ir más lejos, la semana pasada el Parlamento aprobó nuevas directivas para la recogida y reciclado de aparatos tecnológicos.

Como consecuencia de estas exigencias que plantea Bruselas, se ha producido un importante desarrollo en las administraciones públicas encargadas de la gestión y control de estas políticas. También se ha desarrollado en paralelo un importante sector privado desde el que atendemos todos estos requisitos, alentado por las administraciones para conseguir generar empleo.

Sin embargo, la actual crisis económica y la necesidad de reducir el gasto público y mejorar la competitividad de las empresas, está relegando las políticas ambientales a un último puesto en el nivel de prioridades, relajándose en todos los casos su aplicación y cumplimiento.

Ante esta realidad no hay que olvidar que la aplicación de estas políticas responde a obligaciones y objetivos fijados por la Unión Europea, y su incumplimiento puede tener como consecuencia importantes sanciones −más ahora que está en la presidencia del Consejo la primera ministra danesa, Helle Thorning-Schmidt , con el medio ambiente como una de sus máximas prioridades. Además, no se puede perder de vista otras consecuencias, como la aparición de demandas sociales reclamando el cumplimiento de dichas obligaciones o el propio requerimiento del sector ambiental. La aplicación de todas estas políticas necesita el control de las administraciones públicas para no desmoronarse.

Esta visión a corto plazo, de recorte de gastos aún a riesgo de incurrir en mayores costes futuros, hace que las Administraciones públicas se encuentren en un difícil momento para gestionar la legislación y mantener el nivel de calidad ambiental alcanzado. Por ello, las administraciones tienen un importante reto por delante para poder salvar esta situación.

20
Ene

Los presupuestos para las Administración Públicas se reducen, y no es probable que vayan a crecer de forma importante a medio plazo. Las Administraciones Públicas se ven abocadas a prestar los mismos servicios públicos, a la misma cantidad de ciudadanos y con la mejor calidad, y los ciudadanos están en su derecho de exigirlo.

Una primera reacción al actual contexto de reducción de gasto, como es evidente,  es dejar de prestar algunos servicios públicos, o reducir su prestación. A menos presupuesto menor actividad. Pero ¿Qué servicio público se reduce o elimina? ¿Qué servicios públicos podríamos considerar superfluos o que la población podría pasar sin ellos? No creo que haya muchos, y desde luego su eliminación tampoco creo que sea la clave para la solución a la grave crisis económica.

Hay que seguir haciendo lo mismo pero con menos.

En este contexto, de difícil encaje, es el momento idóneo para seguir trabajando aun con más esfuerzo en una Administración más eficaz y eficiente de lo que ya es hoy. La Administración tiene que seguir cumpliendo sus funciones, sus objetivos, y para ello emplear sus recursos de una forma óptima. Hay que eliminar duplicidades en la prestación de servicios, y optimizar la forma en la que estos se prestan. Hay que hacer una reingeniería completa de nuestra AAPP, contemplando todos sus niveles.

Sólo reduciendo de forma radical los costes de funcionamiento de nuestras administraciones podremos mantener, y quizás mejorar, la inversión en áreas claves para la Sociedad como la Sanidad, o estratégicas como la Educación e Investigación.

El actual gobierno ya ha puesto los  mimbres para ello, limitando la capacidad de gasto de las CCAA, tal y como se anunció esta semana. Y también abordará el de las EELL en breve. Con estas limitaciones todas las AAPP se verán obligadas a repensar qué servicios prestan, a eliminar duplicidades, y a optimizar su ejecución.

Las Tecnologías de la Información han facilitado ya la reingeniería y digitalización de multitud de procesos operativos internos y externos de las AAPP, reduciendo los costes de prestación del servicio y mejorando la calidad en su ejecución. Son muchos y relevantes los casos de éxito, desde la Declaración de la Renta, un ejemplo para toda Europa, hasta la renovación del permiso de conducir.

España se cuenta entre los primeros a nivel internacional (Informe UN) en desarrollo de su Administración Electrónica. Desde mediados de los 90 se ha trabajado mucho y bien para conseguirlo, y esta línea se fue consolidando desde comienzos del 2000, pero todavía hay mucho margen de mejora.

Está claro pues que nuestras Administraciones ya cuentan con el ´Know How´ y ´Expertise´ para llevar a cabo este proceso, queda seguir trabajando y reforzar este área de actuación.

En otros sectores de actividad relevantes ya se han reducido los costes de operación al mínimo. Los bancos han volcado todos sus servicios más comunes a la Red y han reducido radicalmente sus costes de operación, quedando la prestación física del servicio reducida a aquellas actividades de más complejidad y que se aporta más valor al cliente y a la organización.

Los ciudadanos están habituados a no desplazarse a su banco para realizar una transferencia, a no acudir a la oficina de su suministrador de energía para cambiar de domicilio, o a contratar un servicio de acceso a Internet sin tener que moverse de casa. No sólo es que estén habituados, es que lo exigen.

El ciudadano exige los mismos canales de prestación de servicios a las Administraciones Públicas, y con la misma calidad. No hay tiempo para más demoras, y el contexto actual es idóneo para acometer la fase final del proceso de digitalización de las AAPP comenzado hace años.

19
Ene

Medidas coyunturales vs Actuaciones estructurales

Escrito el 19 enero 2012 por Antonio Rodríguez Furones en Innovación, Sector público

En diciembre de 2010 escribí un post en el blog elnietodenicomaco que tenía por título “El recorte presupuestario cómo ¿solución?”, que hoy resulta de plena actualidad por las primeras medidas adoptadas por el nuevo gobierno.

Quizás la situación límite en la que nos encontramos precise de una subida impositiva como la que nos han aplicado. Si esto fuera así, lo que en mi opinión está claro es que este incremento debe ser temporal y lo más breve posible para tratar de recuperar la demanda interna cuanto antes. Es decir, debería tratarse de una decisión coyuntural y provisional que proporcione oxígeno para afrontar los imprescindibles cambios estructurales.

Análogamente, si bien es cierto que parte de los recortes presupuestarios van orientados a dejar de gastar fondos públicos en actividades claramente prescindibles, da la impresión que otros recortes se han calculado para “cuadrar” el déficit público (infraestructuras, I+D+i, etc…), siendo coyunturales en el sentido de que se espera recuperar parte de los mismos cuando las circunstancias mejoren en el futuro.

Respecto a estos últimos hay una serie de consideraciones a tener en cuenta para valorar lo acertado o no de la decisión. Por un lado, parece que el recorte se ha hecho “top-down” en lugar de “bottom-up”, como correspondería a una filosofía de presupuesto en base cero para determinar qué actividades son las menos importantes y, por otra parte, no es lo mismo gastar que invertir, sobre todo cuando se habla en términos de endeudamiento. Endeudarse  para gastar es vivir por encima de las posibilidades, endeudarse para invertir tiene sentido, ya que la inversión generará unos retornos superiores al préstamo concedido y los intereses devengados. Es más, la inversión que cumple estos criterios es clave para la recuperación de la economía del país.

Si bien las medidas anteriores son de efecto “directo” sobre la cuenta de resultados de la Función Pública, hay una ingente tarea en términos de eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos que, llevando más tiempo y con una dificultad de implantación mayor que lo expuesto, es la que garantiza la sostenibilidad del modelo al conllevar un aumento de la productividad: se trata de hacer más con menos. Para ello, es preciso cambiar ciertos paradigmas e impulsar ideas como el planteamiento de presupuesto en base cero anteriormente mencionado, o cuestiones como:

  • Generación de economías de escala: la descentralización y acercamiento de la administración al ciudadano no debería implicar la constitución de unidades de gestión territoriales descoordinadas en términos de planificación. En España se ha incurrido en un sobrecoste tan innecesario como importante en cuestiones dónde las economías de escala derivadas de una planificación conjunta son elevadas (centrales de compras; servicios asistenciales o de emergencia compartidos, etc…), y esta es una de las principales reformas a desarrollar.
  • Reingeniería de procesos: muchos de los procedimientos empleados en el Sector Público (exactamente igual que en el sector privado) no han sido revisados (y por tanto mejorados) en décadas. Es decir, revisemos el cómo hacemos el qué debemos hacer para que el desempeño sea realmente eficaz.

La aplicación de nuevas tecnologías a ambas cuestiones es el factor clave, a mi entender, para optimizar los recursos existentes y reducir los tiempos de ejecución necesarios. Esta modernización de los servicios, en la que se ha ido avanzando de forma desigual en los últimos años, deber ser parte esencial de una apuesta decisiva por mejorar la calidad y la eficacia de los servicios prestados al ciudadano (razón de ser de la Función Pública).

Las ideas anteriores, que seguro que tendremos oportunidad de desarrollar y debatir en este blog, implican desarrollar una reflexión en términos estratégicos (se trata de cuestiones estructurales no coyunturales) que incluye una etapa de análisis, el diseño y evaluación de alternativas y, finalmente, la implantación de la solución estratégica adoptada. En este sentido, la fase decisiva de todo el proceso es la implantación, siendo la propia gestión de ese cambio el punto crítico para conseguir el resultado esperado, que dependerá en gran medida de la capacidad y posibilidades del directivo público. 

En definitiva, la elaboración de planes para la consecución de economías de escala, tecnificación de la administración, reingeniería de procesos administrativos acordes con la realidad del s.XXI, etc… es necesaria, pero lo que realmente resulta imprescindible es disponer de personas (directivos y cuadros intermedios de la función pública) que dispongan de los medios precisos (por ejemplo, formación, y herramientas de gestión de RRHH) para poder liderar el cambio necesario.

19
Ene

El Presupuesto

Escrito el 19 enero 2012 por Juan Pedro Serrano Arroyo en Sector público

El presupuesto

 Si este año no se hubieran celebrado elecciones generales en España en estos días estaríamos inmersos en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso de los Diputados, donde la discusión presupuestaria se convertía en el centro de la actividad política y económica. Además, los agentes sociales, económicos, asociaciones, grupos de presión, etc. se hubieran posicionado para la defensa de sus intereses o para lograr de los grupos políticos apoyo a sus planteamientos.

Con frecuencia, al hablar del Presupuesto siempre se le ha relacionado con un tema muy poco compresible, muy árido, con un elevado  componente numérico y con unas técnicas tan específicas que dificulta el acceso a su contenido, por lo que, a través de esta plataforma vamos a intentar descubrir algunas de las cuestiones  que están detrás de esos complejos estados numéricos.

A consecuencia de la gravísima crisis económica que asola a nuestro país, de los rescates y las dificultades de otros países de la Unión Europea, nos encontramos todos los días con noticias que nos hablan de recortes, ajustes, presupuestos austeros, control y reducción del déficit, bajada de sueldos, subida de los impuestos, recortes de plantillas y retribuciones en el sector público, supresión de organismos públicos, menor inversión, etc. Parece que el presupuesto se encuentra condicionado por los dictados de los mercados que están obligando a que se adopten decisiones políticas globales, como las que se pretende tomar en el seno de la UE, medidas que no solo condicionan los planes estratégicos y decisiones a largo plazo, sino en especial a los de a corto plazo que se han de reflejar en cada presupuesto anual.

Cuando nos referimos a las Administraciones Públicas  debemos tener en cuenta que cualquier acción política para ser efectiva ha de tener su reflejo en el Presupuesto, ha de contar con una dotación económica, y aquella acción política que no se contemple en el presupuesto no puede ser realizada, por muy importante o necesaria que fuere. De ahí la importancia del Presupuesto ya que convierte la política económica del Gobierno de turno, que se diseña a largo plazo, en acciones y tareas específicas para un ejercicio, para un periodo anual.

Todo lo que tenga que ver con la política industrial, energética, con la sanidad, con las pensiones, con la educación, con la investigación, con la I+D+i, con las infraestructuras, con el personal al servicio de las administraciones públicas, etc. han de estar reflejados en el presupuesto para ver que orientación ha tomado el poder político en cada una de ellas.

Junto con todo lo anterior no nos vamos a olvidar del presupuesto de la UE, las relaciones financieras entre el Estado, las CCAA y las CCLL. En definitiva, tenemos una larga tarea por delante para explicar todo lo relacionado con el presupuesto.

 

                                      Fdo. Juan Pedro Serrano Arroyo.

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