Archivo de la Categoría ‘Sector público’

18
Ene

¿Debe ser rentable el sector público?

Escrito el 18 Enero 2012 por Jose María Sánchez Alarcos en Sector público

Seguramente a muchos esta pregunta les suena a antigua y tienen razón…lo malo es que, a pesar de ser antigua, pocas veces se le ha intentado dar una respuesta coherente y eso es lo que vamos a intentar:

El problema, con mucha frecuencia, está en la confusión entre dos conceptos que se toman como sinónimos y que, sin embargo, distan mucho de serlo: “Rentabilidad” y “Eficiencia”.

La eficiencia se refiere simplemente a la optimización en el uso de los recursos; la rentabilidad consiste en la obtención de un resultado positivo de una inversión. No es lo mismo; una empresa privada puede hacer gala de la lentitud, torpeza, ineficiencia y capacidad de hacer chapuzas que, para muchos, parece que define al sector público. Sin embargo, todo esto puede ocurrir mientras haya rentabilidad; en el momento en que la rentabilidad disminuye o desaparece, se encienden todas las luces de alarma y es necesario tomar medidas que permitan aumentar la eficiencia. En caso contrario, la empresa privada afronta el riesgo de desaparición.

¿Y el sector público? Toda actividad que no sea rentable ha de ser financiada por alguien y, por una cuestión de simple ética, mejor será que la actividad valga la pena para el conjunto de los ciudadanos y que no se trate de que unos paguen el despilfarro o derechos discutibles de otros. Una ex-ministra llegó a afirmar que “el dinero público no es de nadie”, afirmación que en otros países habría bastado para que la echasen a patadas del puesto y, sin embargo, en España no pasó nada. El dinero público es de todos y son muchas las actividades que se pueden encontrar que cumplen las condiciones señaladas y, como consecuencia, no toda actividad del sector público ha de ser rentable…pero sí eficiente.

Al final, los dos conceptos tienen un punto de contacto: La rentabilidad es un índice de eficiencia que, siendo imperfecto, enciende una luz de alarma que no se puede ignorar cuando desciende. La imperfección del indicador permite que la ineficiencia exista en el sector privado y que sólo exista auténtica preocupación por la eficiencia cuando el indicador se acerca a valores peligrosos.

El sector público no tiene ese indicador y los intentos de tenerlo se cuentan por fracasos. Hemos tenido que llegar a una quiebra virtual del país para que sus responsables políticos pasados y actuales se planteen -sin mucha convicción- que “a lo mejor alguien ha hecho algo mal” o, como decía Gila, “alguien ha matado a alguien”. Cuando se ha intentado una imitación del sector privado con instituciones facturándose servicios entre sí, puesto que los “precios” estaban definidos por una autoridad superior, lo único que se ha conseguido es aumentar la burocracia con unos resultados nulos.

La búsqueda de indicadores de eficiencia en el sector público no es nueva y siempre se han encontrado formas de retorcerlos. Donde hay una voluntad hay un camino y, si la voluntad es de engañar, también encontrará su camino. En el sector privado, la rentabilidad es la espada que sirve para deshacer el nudo gordiano mientras que en el público son muchos los que se afanan en intentar deshacer el nudo.

La administración norteamericana en la etapa Carter utilizó el presupuesto en base cero y funcionó transitoriamente pero no nos engañemos: Se trató de un mero efecto-sorpresa que, una vez desaparecido, invitó a volver a la forma anterior de presupuestar menos costosa y que conseguía el mismo nivel de eficiencia, es decir, ninguno.

Actualmente se están haciendo intentos en la línea Balanced Scorecard y podrían tener mejor fortuna ya que tratan de contemplar múltiples perspectivas al mismo tiempo. El tiempo nos dirá si podemos tener herramientas de medición que permitan apuntar hacia mejoras de la eficiencia en el sector público pero, hoy por hoy, se trata de una tarea pendiente y, para avanzar en ella, también se necesita que los políticos asuman una idea como propia: Cada céntimo público es sagrado. Mientras no sea así, seguiremos poniendo capas de maquillaje.

12
Ene

Smart city: la etiqueta de moda

Escrito el 12 Enero 2012 por Hermenegildo Seisdedos Dominguez en Sector público

A caballo entre noviembre y diciembre, Barcelona ha celebrado la primera edición del Smart City World Expo, una iniciativa con la que pretende posicionarse como punto de encuentro de referencia global en torno a este concepto (smart city) que está generando a su alrededor tanto ruido y actividad.

Hemos podido seguir desde su inicio el proyecto ya que hemos estado implicados en su diseño y lanzamiento. Realmente ha sido una apuesta fuerte por parte de la Fira de Barcelona que ha creído que la piscina tenía agua, que tenía sentido movilizar recursos y un encantador equipo para innovar y conseguir dos objetivos: impulsar un nuevo congreso de talla mundial y asociar la marca Barcelona al propio concepto de inteligencia urbana.

Ambos parecen haberse cumplido ya que, aunque todavía lejos de los 55.000 asistentes del Mobile World Congress, considerado como la mayor feria mundial de la industria móvil, las cifras de esta primera edición son un algo más que un esperanzador comienzo: más de 6.000 visitas, de las cuales el 42,5% de procedencia internacional y el anuncio de una segunda edición para noviembre 2012.

Atrás quedan unos intensos días en los que Barcelona nos ha proporcionado el placer de ver viejos amigos y debatir sobre el panorama que se abre ante las ciudades. A modo de resumen, allá van algunas reflexiones que nos ha suscitado este catalizador.

Ojalá nos hubieran dado un euro por cada vez que alguien ha formulado la pregunta ¿qué es una smart city? Seríamos millonarios. El concepto es difuso y es tratado con displicencia pero hay que reconocer que funciona. Todas las empresas dicen que llevan años haciendo algo que antes tenía otro nombre pero que ahora se llama smart city. Y la inteligencia en las ciudades parece estar excelentemente repartida pues, parafraseando a Descartes, cada una piensa estar tan bien provisto de ella que aun las más difíciles de contentar en cualquier otra cosa no suelen desear más de la que tienen.

El concepto smart city expresa de manera muy gráfica la necesidad imperiosa de mejorar la gestión de nuestras ciudades y se apoya en el enorme margen de mejora existente. Smart city implica eficiencia: es una forma elegante de decir ciudad low cost y, quizás en este hecho, radica la explosiva popularidad del término.

Otro interesante matiz del nuevo debate tras el término smart city es que las ciudades inteligentes no están asociadas a escala. Así cuando hablamos de ciudades creativas (la moda anterior), los ejemplos están muy vinculados a ciudades de gran tamaño, a grandes nodos dentro de un sistema jerárquico global. En cambio, cuando hablamos de smart cities las mejores prácticas se situan en ciudades intermedias, más periféricas y con economías más basadas en la especialización. Parece que los mejores exponentes de smart cities creen aquello de que small is beautiful.

Desde la perspectiva empresarial, ya hemos comentado que, a día de hoy, pesa en nuestras ciudades más el músculo (residuos sólidos, limpieza viaria, etc.) que el cerebro (sistema de gestión integrado, sensores, etc.). No cabe duda de que smart city implica dotar a la ciudad de un cerebro más grande. De lo visto en Barcelona puede intuirse que serán las empresas de servicios urbanos y concesionarias las que evolucionarán desde gestionar un músculo aislado hacia convertirse en verdadero cerebro. O, al menos, que tienen una importante ventaja competitiva a aprovechar frente a las tecnológicas puras para desarrollar el cerebro de la smart city, un negocio multimillonario que está en el centro de la estrategia de gigantes como Siemens, GE o Philips.
Pero, ¿qué es realmente una smart city? La respuesta obvia es que es una ciudad más inteligente, mejor gestionada. Pero, ¿en qué se traduce esto? Pues a la vista de lo debatido, se traduce en actuar principalmente la eficiencia energética en general y la movilidad en particular que son el caballo de batalla de muchas de las iniciativas presentadas. No cabe duda que avanzar en estos dos temas (smart grid, coche eléctrico, etc.) es algo fundamental para calidad de vida y sostenibilidad urbana.
Pero, smart city es un concepto más amplio, con vocación trasversal ya que implica una nueva forma de gestión, un estilo de gobernanza diferente en el que la información se obtiene y comparte de manera abierta (open government) y empleando toda la potencialidad que las tics ponen a nuestro alcance. Un camino de ida y vuelta. De ida porque permite mejorar las políticas urbanas impulsadas desde arriba con mayor información y control en tiempo real de las demandas ciudadanas, llegando a prever el comportamiento de los ciudadanos al mejor estilo Gran Hermano. Pero también de vuelta ya que permite dar una dimensión interactiva a la gobernanza y dotar a la participación ciudadana de un nuevo contenido, más democrático, de verdadera implicación en la definición de las políticas públicas.

9
Ene

Recortes en las Administraciones Públicas: Un tigre cogido por el rabo

Escrito el 9 Enero 2012 por Jose María Sánchez Alarcos en Sector público

La situación a la que se enfrentan hoy las Administraciones Públicas tiene bastante semejanza con la que se produce en muchas empresas privadas en tiempos de crisis en dos cosas:

  1. Cuando alguien habla de la necesidad de recortar empleos, siempre se dirá –y es cierto- que ésa no es una solución en el largo plazo y que es necesario buscar medios de aumentar el valor añadido y, por tanto, de mejorar los resultados.
  2. Los sindicatos insistirán, siempre con la idea de que el concepto de beneficio mismo lleva algo éticamente reprobable, en que es necesario reinvertir para crear empleo.

Tan acostumbrados estamos a estos dos argumentos que forman parte del paisaje y con frecuencia no percibimos la falacia que encierran uno y otro. En una empresa privada donde la demanda ha bajado, el aligeramiento de costes puede ser una forma de sobrevivir a los próximos meses. No es una solución pero, si la empresa no sobrevive, no hay solución de largo plazo que valga.

En la Administración Pública, un aligeramiento de las estructuras implicaría, de forma inmediata, un aumento del desempleo –principal problema actual- pero, en el medio plazo, el dinero no gastado en costosas e ineficientes estructuras estará en el sitio de donde nunca debió salir –en el bolsillo del ciudadano- potenciando con ello la demanda y la creación de empleo. ¿Y mientras tanto?

Ése es el punto de similitud: En la empresa privada, el recorte no es la solución sino un requisito para la supervivencia más inmediata. En el sector público, el recorte aumenta el desempleo, que es hoy el principal problema, con la esperanza de que en un futuro tengamos una situación mejor pero ¿tenemos capacidad para llegar a ese futuro?

Las situaciones de crisis extrema pueden subvertir lo que parecería una lógica muy elemental y una búsqueda de eliminación de peso muerto en el sector público –que es innegable que existe y no es necesario extenderse en los mecanismos por los que este efecto se ha producido- no representa hoy tal eliminación sino, simplemente, pasar de llevarlo en un hombro –el coste de la Administración- a otro –el coste del desempleo- sin que haya una solución real.

La posibilidad de convertir contratos a tiempo completo en contratos a tiempo parcial, de revisar la normativa sobre excedencias asegurando un reingreso inmediato a quien decida solicitarla ahora y otras que impliquen una reducción no traumática de costes está ahí pero no podemos olvidar otro factor que contribuye a complicarlo todo:

Si el endeudamiento público es grave, el privado no lo es menos y este tipo de soluciones, que podrían ser muy bien acogidas en tiempos de bonanza –reducción de tiempo a cambio de reducción de sueldo o tiempo en suspenso dedicado a estudios, crianza de hijos o cualquier otra cosa- pueden no serlo tanto cuando el endeudamiento hace que una gran parte de los ingresos actuales de las familias esté ya comprometida y cualquier reducción aparezca como inviable.

En este entorno, donde las subidas de impuestos y los recortes no han hecho más que empezar, hay cosas que resultan incluso ofensivas:

  1. Podremos discutir si era mejor subir los impuestos directos o indirectos, si era necesario empezar por ahí o era mejor empezar por los recortes de plantilla en el sector público pero quien no tiene legitimidad alguna para protestar es quien se apuntó a la fiesta del despilfarro y convirtió en crítica una situación que, hace ya unos cuantos años, se veía que traía un futuro complicado.
  2. Se están realizando maniobras encaminadas a que, cuando venga la tijera, no caiga sobre los amigos mediante el procedimiento de integrar empresas públicas de dudosa o nula utilidad con todo su personal en organismos públicos. De esta forma, se liquidaría a los interinos y los amigos quedarían en su posición ganada por procedimiento digital.
  3. Despilfarros que, más allá de la importancia de la cifra, son estéticamente repugnantes y dan prueba de todo un estilo de hacer política, un estilo en el que el cargo es tratado como un cortijo y, cuando vienen malos tiempos, son los peones los que pagan los platos rotos: Escenas de corrupción con primos contando billetes que sólo son comparables con la estética de las célebres fotos de Luis Roldán en Interviú, flotillas de coches oficiales de alta gama, EREs falsos, obras faraónicas a mayor gloria del político de turno, mayordomos personales sin más función que llevarle la comida al político, cantidades ingentes de asesores con sueldos multimillonarios…y la lista podría ser mucho más larga y alcanzar a todos los niveles, desde los más altos niveles de la representación del Estado hasta el último Ayuntamiento perdido.

El Gobierno que llega tiene un tigre cogido por el rabo: Tiene necesariamente que subir impuestos, esperemos que temporalmente, y que recortar hasta el hueso. Esperemos que lo haga con acierto porque es una condición imprescindible para sobrevivir al corto plazo.

Esperemos también que, en esa batalla en la que todos saldremos con más de un rasguño, no olvide que el equivalente a la Convención de Ginebra con su criterio de qué se considera legítimo en una guerra y qué no lo es tiene un nombre simple y conocido por todos: Decencia.

Decencia, en este caso, significa no incurrir ni permitir el segundo y tercer punto que señalaba anteriormente y ahí hay mucho que trabajar. Es legítimo mirar hacia fuera y señalar a quienes han incurrido en esas prácticas pero no olvidemos que, entre ellos, hay también algunos afines a los que ahora tienen la responsabilidad de reconducir el desastre.

Hubo un presidente, Felipe González, que dijo literalmente “podremos meter la pata pero no la mano”. En su momento, pagó electoralmente –no de otra forma- que, además de meter la pata, se metiera la mano intensivamente.

Estamos en una situación análoga: Muchos podrían perdonar que se metiera la pata pero se ha metido la mano por propios y ajenos. Si eso no se corta de raíz, no hay legitimidad alguna para reclamar esfuerzos a otros, sea vía impuestos, recortes salariales de prestaciones o, simplemente, quedándose sin trabajo por estar en el sector público y no ser amigo de nadie.

26
Dic

Nuevas fuentes de ingresos públicos

Escrito el 26 Diciembre 2011 por Manuel Molina en Sector público

Los insuficientes ingresos fiscales de los Estados para acometer las distintas políticas públicas hacen que actualmente se  planteen distintas formas de recaudación. Aconsejo al lector eche un vistazo al siguiente post del Profesor Rafael Pampillón, el cual  nos puede hacer reflexionar sobre la posible financiación de los recursos comunes y actuaciones que puedan llevar  a cabo las Administraciones Públicas.

21
Dic

En el reciente debate de investidura para el oficio de presidente del Gobierno, el Sr. Rajoy ha dicho que es inevitable una segunda ola de reestructuraciones en el sistema financiero. Según sus palabras, esto se traducirá en más fusiones, más necesidades de capital, cambio en el modelo de regulación y cambio en el sistema de supervisión del Banco de España, con el fin de evitar indecisiones y bloqueos; y todo ello se hará en los primeros seis meses del año. Estamos, pues, ante un cometido obligado para los nuevos administradores de la cosa pública española, que es, a la vez, un desafío, en la medida en que el nuevo jefe del ejecutivo ha fijado un plazo de seis meses (que entendemos es de caducidad) para culminarla, y, sobre todo, es un reto en cuanto al contenido concreto de la reforma anunciada ante la situación de emergencia financiera de España y del mundo.

El actual modelo de supervisión del Banco de España, de acuerdo con su ley peculiar, se dirige a asegurar que las entidades de crédito estén adecuadamente capitalizadas, cumplan la normativa vigente y sean prudentes en la gestión y control de su negocio y sus riesgos. Esta misión, que debe hacerse con eficacia y eficiencia, se realiza por medio de tres actividades principales: el seguimiento y análisis a distancia, las visitas de inspección, y el seguimiento continuado in situ. Aparte de estas nociones elementales sobre la forma de ejercer la supervisión encomendada y de la competencia de los individuos encargados de llevarlas a cabo, cuya dedicación y profesionalidad están fuera de duda, son hechos irrefutables el descubrimiento de la verdadera situación económica de varias instituciones financieras españolas, que el supervisor debía vigilar y, en su caso, corregir para evitar un daño irreparable al interés general. Realidades que han provocado la inevitable intervención del Banco de España en algunos casos o, en otros, precisamente para evitar esta acción dramática (siempre dañosa en términos de imagen pública del sector y de los responsables de garantizar el interés nacional), la compra a precio de saldo (cuando no gratis) de la entidad financiera afectada por otra entidad, a la que el propio supervisor habría animado discretamente.

La cuestión, acuciante, sigue en pie; porque nada se ha detallado del camino por donde va a transitar la reforma anunciada. ¿Se trata de incrementar la intervención pública en las instituciones financieras, en forma de exigencia de más y mejor información o, por ejemplo, mediante la ampliación de las competencias de inspectores en las entidades? ¿Serán medidas con carácter preventivo o, eminentemente, sancionador? ¿Se tratará de que el supervisor público pueda orientar en ciertos momentos los destinatarios preferenciales del negocio bancario de los créditos, para que el dinero no solo esté (por supuesto) asegurado, sino que llegue a las familias con fluidez? Aunque, naturalmente, se pueden plantear otras muchas cuestiones, creemos que estas y sus correctas respuestas no serán tan misteriosas o impredecibles, si miramos al Banco Central Europeo y prestamos atención a las indicaciones de los oráculos alemanes.

13
Dic

Los programas del PP, PSOE y UPyD para el Sector Público

Escrito el 13 Diciembre 2011 por Manuel Molina en Sector público

Se desglosan a continuación las principales medidas relacionadas con el Sector Público incluidas en los Programa Electorales con los que UPyD, PSOE y PP concurrían  a las elecciones del pasado 20 de Noviembre.

Programas y Medidas

Para UPyD evitar la duplicidad de las funciones de la administración pública pasa por la supresión de las diputaciones provinciales y forales, cuyas competencias pasarían a ser desempeñadas por las CCAA y Ayuntamientos. Propone además una fusión paulatina y voluntaria de localidades inferiores a 5000 habitantes, con el fin de racionalizar la administración local. Además en su programa electoral se incluye la supresión de órganos de la Administración General del Estado que carezcan de competencias como consecuencia del proceso descentralizador, incluyendo ministerios y direcciones generales.

Este planteamiento llevado a  cabo por UPyD para eliminar el gasto superfluo, y que según su programa electoral supondría un ahorro de 42.000 millones de euros (el 4% del PIB), iría acompañado de otra serie de medidas como la devolución a la Administración Central por parte de las CCAA de las competencias referentes a educación y sanidad (manteniendo su gestión descentralizada como modo de garantía de su gestión en todo el todo el territorio nacional).

Establecer un número máximo y mínimo de organismos común para todas las CCAA, definir las bandas salariales para las distintas categorías de funcionarios y los altos cargos autonómicos y municipales, el cierre del las líneas de AVE y los aeropuertos sin  tráfico suficiente, suprimir  el 80% de los 5000 entes no administrativos existentes y establecer límites legales al crecimiento del gasto de las CCAA son algunas d las propuestas de UPy D para alcanzar el citado objetivo.

Con el fin de corregir los distintos desequilibrios territoriales  se propone aumentar el Fondo de Compensación Interterritorial.  Además su programa incluye diversas reformas en materia tributaria: cambio en la tributación de las SICAV, armonización del impuesto de sucesiones y donaciones, introducción internacional de un impuesto sobre las transacciones financieras (“tasa Tobin”) y un cambio en la forma de tributar de las rentas del capital, que pasarán a la Base General en el IRPF.

El PSOE, para promover la cohesión territorial, propone transformar el modelo de centro-geografía de redes en otro que fomento más el transporte transversal en el conjunto de la geografía española, fomentar el desarrollo económico de aquellas regiones con menor concentración de población, así como promover distintas inversiones en infraestructuras de transporte, basándose para ello en la búsqueda de una mejora en la gestión, la calidad, la competitividad y la sostenibilidad ambiental. Con el  fin de remodelar las administraciones, tanto locales como autonómicas, propone transformar las Diputaciones Provinciales en Consejos de Alcaldes,  manteniendo eso sí, los puestos de trabajo de los funcionarios del mencionado organismo.  Los servicios prestados a poblaciones inferiores a 5000 habitantes pasarán a ser prestados mediante mancomunidades, comarcas, consorcios u otros regímenes asociativos.

A su vez su programa electoral incluía la creación de órganos que fomenten la colaboración entre las distintas administraciones para  la prestación de distintos servicios públicos a la población, así como una mayor suficiencia financiera a los municipios parta atender así sus competencias, adaptando por lo tanto la base del sistema tributos municipales a la situación económica actual. También contempla su programa electoral una reforma del Senado.

Establece además, con el objetivo de reducir la estructura administrativa de Ayuntamientos, CCAA y el Estado, alcanzar un acuerdo entre todas las fuerzas políticas.

El PP, con el fin de promover y garantizar el derecho de los ciudadanos a la información, elaborará una ley de transparencia e información pública de las Administraciones Públicas, así una mayor regulación de las  normas y de los objetivos a alcanzar por cada uno de los cargos de la función pública.  Se fijarán también las retribuciones de los altos cargos electos locales, atendiendo a factores tales como las circunstancias socio-económicas del entorno y los recursos económicos administrados, y de los altos cargos de la administración general, fijando un marco de referencia en función de las responsabilidades que ostenten. La publicación de todos los presupuestos de entidades con participación pública a través de Internet, los de los indicadores de evaluación de las distintas políticas públicas, y las distintas subvenciones otorgadas por organismos públicos son medidas que propone con el fin de garantizar la citada transparencia.

Una revisión generalizada del gasto para el conjunto de la administración, la reducción del número de altos cargos públicos, el fomento de la colaboración público-privada y la elaboración de una ley de control y auditoría para todo el sector público son acciones que plantea con el fin de promover la eficiencia del sector público.  A su vez propone  la supresión de aquellos entes públicos que no respondan a una racionalidad económica o administrativa, una reforma de la Comisión Nacional de la Competencia, con departamentos sectoriales especializados, la acreditación transparente por méritos para todas las personas que ocupen altos cargos públicos y la simplificación de licencias administrativas. Todas estas medidas perseguirán modernizar y agilizar la administración pública.

En el ámbito autonómico las medidas del Partido Popular irán encaminadas a evitar las duplicidades de gasto o la demora en la atención de las necesidades de los ciudadanos. Para ello se delimitará con mayor precisión el marco competencial de cada una de las administraciones, evitando así los solapamientos innecesarios. Además promoverá un nuevo modelo de financiación que evite la consolidación como gasto público estructural de los ingresos coyunturales, y que tenga en cuenta la población y las circunstancias que inciden en el coste de los servicios públicos así como las exigencias de estabilidad presupuestaria. También fomentará la licencia única para que cualquier producto o servicio producido al amparo de cualquier normativa autonómica pueda ser ofertado libremente en el territorio español.

Incluye también su programa acotar con mayor precisión las competencias de las administraciones locales.  Modernizar el marco legal de las diputaciones, Cabildos y Consells, adaptar la LOFCA  y  fomentar la agrupación voluntaria de municipios, teniendo en cuenta su situación organizativa y financiera, son algunas de las medidas que plantea aplicar en este ámbito.

12
Dic

NUEVOS TIEMPOS, NUEVAS IDEAS…

Escrito el 12 Diciembre 2011 por Rodrigo Gutierrez en Sector público

Desde el punto de vista de las infraestructuras en España no nos encontramos en una situación de desventaja, todo lo contrario, a pesar de nuestra caprichosa geografía contamos con una muy desarrollada y en la actualidad mallada red de transporte. Nuestra red de carreteras y autopistas es una de las mejores en toda Europa y su estado de conservación y mantenimiento actuales son la envidia de los países más desarrollados de Europa, véase Alemania o Francia. En el transporte por ferrocarril la situación es similar en el transporte de viajeros. Contamos con uno de los mejores servicios de desplazamientos entre la periferia de las grandes ciudades y sus principales núcleos de actividad, servicio de Cercanías, que hoy por hoy alcanza unos elevados estándares de calidad. Así mismo, tenemos una de las mejores redes de alta velocidad del mundo, con unos estándares de calidad en el servicio al viajero que les quedan muy lejos a nuestros socios alemanes y franceses. Es hora pues de que nos alejemos de una perspectiva de desarrollo del transporte en el que los modos de transporte se yuxtaponen los unos a los otros y por ello no obtengamos la mayor rentabilidad para nuestra sociedad de una inversión que ha resultado uno de los mejores proyectos de estado que hemos realizado en España en los últimos treinta años. Es el momento de buscar su complementariedad y de redefinir las futuras inversiones en transporte e infraestructuras. Además no podemos soslayar la mayor debilidad de nuestro sistema de transporte, el transporte de mercancías por ferrocarril, que sigue perdiendo cuota de transporte de forma alarmante mientras en otros países de Europa, en concreto en Alemania, han conseguido demostrar que una gestión eficiente puede conseguir la rentabilización de dicho medio de transporte y el crecimiento sostenido de su participación en la cuota de movimiento de mercancías por su territorio.

En este articulo pretendo enumerar una serie de ideas pertenecientes al vademécum de los profesionales del sector, que sin duda contribuirían a la mejora de nuestro sistema de transporte sin necesidad de recurrir nuevamente a inversiones que requieran de una cantidad ingente de fondos y por lo tanto de finanaciacion. La perspectiva finaciera no permite conseguir una cantidad suficiente de recursos en la actualidad y el retorno de la inversión puede hacerse muy difícil, véase la planificación de las radiales en Madrid, sino se lleva a cabo una planificación detallada de los objetivos a conseguir. Se trata pues de afinar y conseguir que las pocas inversiones que se puedan llevar a cabo en los próximos anos se hagan con la suficiente eficacia como para consguir que resulten en el medio y largo plazo efeicientes y sostenibles económicamente. Para ello se han de poner en marcha los siguientes mecanismos estrategicos:

  • Un proceso de reflexión sobre lo ya existente y un análisis detallado de las necesidades que permitan realizar una inversi’on que cubra los objetivos estratégicos de la economía nacional.
  • La búsqueda de las sinergias de los distintos medios de transporte y no la supremacía de uno sobre el resto, porque el desplazamiento de viajeros y y mercancías son intermodales y solo si pensamos en las necesidades de los usuarios, clientes, finales conseguiremos alacanzar eficiencia en costes  y rentabilidad en el retorno de la inversi’on.
  • La planificación de las infraestructuras debe de ser estatal y orientada a crear grandes corredores que nos conviertan en la puerta de entrada a Europa de los productos que vengan de Asia. Pero no solo de entrada, sino que la planificación debe incorporar los requisitos de reducir los costes de transporte del meracdo interno  y que también seamos la puerta de salida de los productos europeos a Asia.
  • La consecución del aumento del trafico no debe realizarse a través del aumento de las acragas fiscales sobre un medio, sino de la mejora de calidad del resto de emsios de transporte, para que sean realemente atractivos a los trasnportistas. Lo primero lleva ya tiempo sin funcionar.
12
Dic

saludos a todos

Escrito el 12 Diciembre 2011 por Julio Gómez-Pomar en Sector público

Con este primer post quiero saludaros a todos, a los que os habeis ofrecido a colaborar en este blog desde un primer momento, a los que os vayais incorporando en un futuro como lectores y comentaristas y a los que habeis hecho posible que vea la luz. Queremos que el blog sea un punto de encuentro de quienes estamos preocupados y ocupados en que la actividad pública, nuestras administraciones e instituciones públicas alcancen el nivel máximo de excelencia en la gestión y el servicio a los ciudadanos. El contraste de opiniones, la divulgación de conocimiento, el análisis y la reflexión son los mimbres con los que contamos. Estoy seguro que este nuevo espacio de encuentro aportará ideas e inspirará a quienes en cada momento tenga la responsabilidad de dirigir los asuntos públicos.

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