27
Ene

Las políticas ambientales en tiempos de crisis

Escrito el 27 Enero 2012 por Luis Palomino Leal en Sector público

Desde su entrada en la Unión Europea en 1986 nuestro país ha realizado un considerable esfuerzo para incorporar la rigurosa legislación europea en materia de medio ambiente y mantenerla al día, debido a la intensa actividad de las instituciones europeas. Sin ir más lejos, la semana pasada el Parlamento aprobó nuevas directivas para la recogida y reciclado de aparatos tecnológicos.

Como consecuencia de estas exigencias que plantea Bruselas, se ha producido un importante desarrollo en las administraciones públicas encargadas de la gestión y control de estas políticas. También se ha desarrollado en paralelo un importante sector privado desde el que atendemos todos estos requisitos, alentado por las administraciones para conseguir generar empleo.

Sin embargo, la actual crisis económica y la necesidad de reducir el gasto público y mejorar la competitividad de las empresas, está relegando las políticas ambientales a un último puesto en el nivel de prioridades, relajándose en todos los casos su aplicación y cumplimiento.

Ante esta realidad no hay que olvidar que la aplicación de estas políticas responde a obligaciones y objetivos fijados por la Unión Europea, y su incumplimiento puede tener como consecuencia importantes sanciones −más ahora que está en la presidencia del Consejo la primera ministra danesa, Helle Thorning-Schmidt , con el medio ambiente como una de sus máximas prioridades. Además, no se puede perder de vista otras consecuencias, como la aparición de demandas sociales reclamando el cumplimiento de dichas obligaciones o el propio requerimiento del sector ambiental. La aplicación de todas estas políticas necesita el control de las administraciones públicas para no desmoronarse.

Esta visión a corto plazo, de recorte de gastos aún a riesgo de incurrir en mayores costes futuros, hace que las Administraciones públicas se encuentren en un difícil momento para gestionar la legislación y mantener el nivel de calidad ambiental alcanzado. Por ello, las administraciones tienen un importante reto por delante para poder salvar esta situación.

20
Ene

Los presupuestos para las Administración Públicas se reducen, y no es probable que vayan a crecer de forma importante a medio plazo. Las Administraciones Públicas se ven abocadas a prestar los mismos servicios públicos, a la misma cantidad de ciudadanos y con la mejor calidad, y los ciudadanos están en su derecho de exigirlo.

Una primera reacción al actual contexto de reducción de gasto, como es evidente,  es dejar de prestar algunos servicios públicos, o reducir su prestación. A menos presupuesto menor actividad. Pero ¿Qué servicio público se reduce o elimina? ¿Qué servicios públicos podríamos considerar superfluos o que la población podría pasar sin ellos? No creo que haya muchos, y desde luego su eliminación tampoco creo que sea la clave para la solución a la grave crisis económica.

Hay que seguir haciendo lo mismo pero con menos.

En este contexto, de difícil encaje, es el momento idóneo para seguir trabajando aun con más esfuerzo en una Administración más eficaz y eficiente de lo que ya es hoy. La Administración tiene que seguir cumpliendo sus funciones, sus objetivos, y para ello emplear sus recursos de una forma óptima. Hay que eliminar duplicidades en la prestación de servicios, y optimizar la forma en la que estos se prestan. Hay que hacer una reingeniería completa de nuestra AAPP, contemplando todos sus niveles.

Sólo reduciendo de forma radical los costes de funcionamiento de nuestras administraciones podremos mantener, y quizás mejorar, la inversión en áreas claves para la Sociedad como la Sanidad, o estratégicas como la Educación e Investigación.

El actual gobierno ya ha puesto los  mimbres para ello, limitando la capacidad de gasto de las CCAA, tal y como se anunció esta semana. Y también abordará el de las EELL en breve. Con estas limitaciones todas las AAPP se verán obligadas a repensar qué servicios prestan, a eliminar duplicidades, y a optimizar su ejecución.

Las Tecnologías de la Información han facilitado ya la reingeniería y digitalización de multitud de procesos operativos internos y externos de las AAPP, reduciendo los costes de prestación del servicio y mejorando la calidad en su ejecución. Son muchos y relevantes los casos de éxito, desde la Declaración de la Renta, un ejemplo para toda Europa, hasta la renovación del permiso de conducir.

España se cuenta entre los primeros a nivel internacional (Informe UN) en desarrollo de su Administración Electrónica. Desde mediados de los 90 se ha trabajado mucho y bien para conseguirlo, y esta línea se fue consolidando desde comienzos del 2000, pero todavía hay mucho margen de mejora.

Está claro pues que nuestras Administraciones ya cuentan con el ´Know How´ y ´Expertise´ para llevar a cabo este proceso, queda seguir trabajando y reforzar este área de actuación.

En otros sectores de actividad relevantes ya se han reducido los costes de operación al mínimo. Los bancos han volcado todos sus servicios más comunes a la Red y han reducido radicalmente sus costes de operación, quedando la prestación física del servicio reducida a aquellas actividades de más complejidad y que se aporta más valor al cliente y a la organización.

Los ciudadanos están habituados a no desplazarse a su banco para realizar una transferencia, a no acudir a la oficina de su suministrador de energía para cambiar de domicilio, o a contratar un servicio de acceso a Internet sin tener que moverse de casa. No sólo es que estén habituados, es que lo exigen.

El ciudadano exige los mismos canales de prestación de servicios a las Administraciones Públicas, y con la misma calidad. No hay tiempo para más demoras, y el contexto actual es idóneo para acometer la fase final del proceso de digitalización de las AAPP comenzado hace años.

19
Ene

Medidas coyunturales vs Actuaciones estructurales

Escrito el 19 Enero 2012 por Antonio Rodríguez Furones en Innovación, Sector público

En diciembre de 2010 escribí un post en el blog elnietodenicomaco que tenía por título “El recorte presupuestario cómo ¿solución?”, que hoy resulta de plena actualidad por las primeras medidas adoptadas por el nuevo gobierno.

Quizás la situación límite en la que nos encontramos precise de una subida impositiva como la que nos han aplicado. Si esto fuera así, lo que en mi opinión está claro es que este incremento debe ser temporal y lo más breve posible para tratar de recuperar la demanda interna cuanto antes. Es decir, debería tratarse de una decisión coyuntural y provisional que proporcione oxígeno para afrontar los imprescindibles cambios estructurales.

Análogamente, si bien es cierto que parte de los recortes presupuestarios van orientados a dejar de gastar fondos públicos en actividades claramente prescindibles, da la impresión que otros recortes se han calculado para “cuadrar” el déficit público (infraestructuras, I+D+i, etc…), siendo coyunturales en el sentido de que se espera recuperar parte de los mismos cuando las circunstancias mejoren en el futuro.

Respecto a estos últimos hay una serie de consideraciones a tener en cuenta para valorar lo acertado o no de la decisión. Por un lado, parece que el recorte se ha hecho “top-down” en lugar de “bottom-up”, como correspondería a una filosofía de presupuesto en base cero para determinar qué actividades son las menos importantes y, por otra parte, no es lo mismo gastar que invertir, sobre todo cuando se habla en términos de endeudamiento. Endeudarse  para gastar es vivir por encima de las posibilidades, endeudarse para invertir tiene sentido, ya que la inversión generará unos retornos superiores al préstamo concedido y los intereses devengados. Es más, la inversión que cumple estos criterios es clave para la recuperación de la economía del país.

Si bien las medidas anteriores son de efecto “directo” sobre la cuenta de resultados de la Función Pública, hay una ingente tarea en términos de eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos que, llevando más tiempo y con una dificultad de implantación mayor que lo expuesto, es la que garantiza la sostenibilidad del modelo al conllevar un aumento de la productividad: se trata de hacer más con menos. Para ello, es preciso cambiar ciertos paradigmas e impulsar ideas como el planteamiento de presupuesto en base cero anteriormente mencionado, o cuestiones como:

  • Generación de economías de escala: la descentralización y acercamiento de la administración al ciudadano no debería implicar la constitución de unidades de gestión territoriales descoordinadas en términos de planificación. En España se ha incurrido en un sobrecoste tan innecesario como importante en cuestiones dónde las economías de escala derivadas de una planificación conjunta son elevadas (centrales de compras; servicios asistenciales o de emergencia compartidos, etc…), y esta es una de las principales reformas a desarrollar.
  • Reingeniería de procesos: muchos de los procedimientos empleados en el Sector Público (exactamente igual que en el sector privado) no han sido revisados (y por tanto mejorados) en décadas. Es decir, revisemos el cómo hacemos el qué debemos hacer para que el desempeño sea realmente eficaz.

La aplicación de nuevas tecnologías a ambas cuestiones es el factor clave, a mi entender, para optimizar los recursos existentes y reducir los tiempos de ejecución necesarios. Esta modernización de los servicios, en la que se ha ido avanzando de forma desigual en los últimos años, deber ser parte esencial de una apuesta decisiva por mejorar la calidad y la eficacia de los servicios prestados al ciudadano (razón de ser de la Función Pública).

Las ideas anteriores, que seguro que tendremos oportunidad de desarrollar y debatir en este blog, implican desarrollar una reflexión en términos estratégicos (se trata de cuestiones estructurales no coyunturales) que incluye una etapa de análisis, el diseño y evaluación de alternativas y, finalmente, la implantación de la solución estratégica adoptada. En este sentido, la fase decisiva de todo el proceso es la implantación, siendo la propia gestión de ese cambio el punto crítico para conseguir el resultado esperado, que dependerá en gran medida de la capacidad y posibilidades del directivo público. 

En definitiva, la elaboración de planes para la consecución de economías de escala, tecnificación de la administración, reingeniería de procesos administrativos acordes con la realidad del s.XXI, etc… es necesaria, pero lo que realmente resulta imprescindible es disponer de personas (directivos y cuadros intermedios de la función pública) que dispongan de los medios precisos (por ejemplo, formación, y herramientas de gestión de RRHH) para poder liderar el cambio necesario.

19
Ene

El Presupuesto

Escrito el 19 Enero 2012 por Juan Pedro Serrano Arroyo en Sector público

El presupuesto

 Si este año no se hubieran celebrado elecciones generales en España en estos días estaríamos inmersos en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso de los Diputados, donde la discusión presupuestaria se convertía en el centro de la actividad política y económica. Además, los agentes sociales, económicos, asociaciones, grupos de presión, etc. se hubieran posicionado para la defensa de sus intereses o para lograr de los grupos políticos apoyo a sus planteamientos.

Con frecuencia, al hablar del Presupuesto siempre se le ha relacionado con un tema muy poco compresible, muy árido, con un elevado  componente numérico y con unas técnicas tan específicas que dificulta el acceso a su contenido, por lo que, a través de esta plataforma vamos a intentar descubrir algunas de las cuestiones  que están detrás de esos complejos estados numéricos.

A consecuencia de la gravísima crisis económica que asola a nuestro país, de los rescates y las dificultades de otros países de la Unión Europea, nos encontramos todos los días con noticias que nos hablan de recortes, ajustes, presupuestos austeros, control y reducción del déficit, bajada de sueldos, subida de los impuestos, recortes de plantillas y retribuciones en el sector público, supresión de organismos públicos, menor inversión, etc. Parece que el presupuesto se encuentra condicionado por los dictados de los mercados que están obligando a que se adopten decisiones políticas globales, como las que se pretende tomar en el seno de la UE, medidas que no solo condicionan los planes estratégicos y decisiones a largo plazo, sino en especial a los de a corto plazo que se han de reflejar en cada presupuesto anual.

Cuando nos referimos a las Administraciones Públicas  debemos tener en cuenta que cualquier acción política para ser efectiva ha de tener su reflejo en el Presupuesto, ha de contar con una dotación económica, y aquella acción política que no se contemple en el presupuesto no puede ser realizada, por muy importante o necesaria que fuere. De ahí la importancia del Presupuesto ya que convierte la política económica del Gobierno de turno, que se diseña a largo plazo, en acciones y tareas específicas para un ejercicio, para un periodo anual.

Todo lo que tenga que ver con la política industrial, energética, con la sanidad, con las pensiones, con la educación, con la investigación, con la I+D+i, con las infraestructuras, con el personal al servicio de las administraciones públicas, etc. han de estar reflejados en el presupuesto para ver que orientación ha tomado el poder político en cada una de ellas.

Junto con todo lo anterior no nos vamos a olvidar del presupuesto de la UE, las relaciones financieras entre el Estado, las CCAA y las CCLL. En definitiva, tenemos una larga tarea por delante para explicar todo lo relacionado con el presupuesto.

 

                                      Fdo. Juan Pedro Serrano Arroyo.

18
Ene

¿Debe ser rentable el sector público?

Escrito el 18 Enero 2012 por Jose María Sánchez Alarcos en Sector público

Seguramente a muchos esta pregunta les suena a antigua y tienen razón…lo malo es que, a pesar de ser antigua, pocas veces se le ha intentado dar una respuesta coherente y eso es lo que vamos a intentar:

El problema, con mucha frecuencia, está en la confusión entre dos conceptos que se toman como sinónimos y que, sin embargo, distan mucho de serlo: “Rentabilidad” y “Eficiencia”.

La eficiencia se refiere simplemente a la optimización en el uso de los recursos; la rentabilidad consiste en la obtención de un resultado positivo de una inversión. No es lo mismo; una empresa privada puede hacer gala de la lentitud, torpeza, ineficiencia y capacidad de hacer chapuzas que, para muchos, parece que define al sector público. Sin embargo, todo esto puede ocurrir mientras haya rentabilidad; en el momento en que la rentabilidad disminuye o desaparece, se encienden todas las luces de alarma y es necesario tomar medidas que permitan aumentar la eficiencia. En caso contrario, la empresa privada afronta el riesgo de desaparición.

¿Y el sector público? Toda actividad que no sea rentable ha de ser financiada por alguien y, por una cuestión de simple ética, mejor será que la actividad valga la pena para el conjunto de los ciudadanos y que no se trate de que unos paguen el despilfarro o derechos discutibles de otros. Una ex-ministra llegó a afirmar que “el dinero público no es de nadie”, afirmación que en otros países habría bastado para que la echasen a patadas del puesto y, sin embargo, en España no pasó nada. El dinero público es de todos y son muchas las actividades que se pueden encontrar que cumplen las condiciones señaladas y, como consecuencia, no toda actividad del sector público ha de ser rentable…pero sí eficiente.

Al final, los dos conceptos tienen un punto de contacto: La rentabilidad es un índice de eficiencia que, siendo imperfecto, enciende una luz de alarma que no se puede ignorar cuando desciende. La imperfección del indicador permite que la ineficiencia exista en el sector privado y que sólo exista auténtica preocupación por la eficiencia cuando el indicador se acerca a valores peligrosos.

El sector público no tiene ese indicador y los intentos de tenerlo se cuentan por fracasos. Hemos tenido que llegar a una quiebra virtual del país para que sus responsables políticos pasados y actuales se planteen -sin mucha convicción- que “a lo mejor alguien ha hecho algo mal” o, como decía Gila, “alguien ha matado a alguien”. Cuando se ha intentado una imitación del sector privado con instituciones facturándose servicios entre sí, puesto que los “precios” estaban definidos por una autoridad superior, lo único que se ha conseguido es aumentar la burocracia con unos resultados nulos.

La búsqueda de indicadores de eficiencia en el sector público no es nueva y siempre se han encontrado formas de retorcerlos. Donde hay una voluntad hay un camino y, si la voluntad es de engañar, también encontrará su camino. En el sector privado, la rentabilidad es la espada que sirve para deshacer el nudo gordiano mientras que en el público son muchos los que se afanan en intentar deshacer el nudo.

La administración norteamericana en la etapa Carter utilizó el presupuesto en base cero y funcionó transitoriamente pero no nos engañemos: Se trató de un mero efecto-sorpresa que, una vez desaparecido, invitó a volver a la forma anterior de presupuestar menos costosa y que conseguía el mismo nivel de eficiencia, es decir, ninguno.

Actualmente se están haciendo intentos en la línea Balanced Scorecard y podrían tener mejor fortuna ya que tratan de contemplar múltiples perspectivas al mismo tiempo. El tiempo nos dirá si podemos tener herramientas de medición que permitan apuntar hacia mejoras de la eficiencia en el sector público pero, hoy por hoy, se trata de una tarea pendiente y, para avanzar en ella, también se necesita que los políticos asuman una idea como propia: Cada céntimo público es sagrado. Mientras no sea así, seguiremos poniendo capas de maquillaje.

12
Ene

Smart city: la etiqueta de moda

Escrito el 12 Enero 2012 por Hermenegildo Seisdedos Dominguez en Sector público

A caballo entre noviembre y diciembre, Barcelona ha celebrado la primera edición del Smart City World Expo, una iniciativa con la que pretende posicionarse como punto de encuentro de referencia global en torno a este concepto (smart city) que está generando a su alrededor tanto ruido y actividad.

Hemos podido seguir desde su inicio el proyecto ya que hemos estado implicados en su diseño y lanzamiento. Realmente ha sido una apuesta fuerte por parte de la Fira de Barcelona que ha creído que la piscina tenía agua, que tenía sentido movilizar recursos y un encantador equipo para innovar y conseguir dos objetivos: impulsar un nuevo congreso de talla mundial y asociar la marca Barcelona al propio concepto de inteligencia urbana.

Ambos parecen haberse cumplido ya que, aunque todavía lejos de los 55.000 asistentes del Mobile World Congress, considerado como la mayor feria mundial de la industria móvil, las cifras de esta primera edición son un algo más que un esperanzador comienzo: más de 6.000 visitas, de las cuales el 42,5% de procedencia internacional y el anuncio de una segunda edición para noviembre 2012.

Atrás quedan unos intensos días en los que Barcelona nos ha proporcionado el placer de ver viejos amigos y debatir sobre el panorama que se abre ante las ciudades. A modo de resumen, allá van algunas reflexiones que nos ha suscitado este catalizador.

Ojalá nos hubieran dado un euro por cada vez que alguien ha formulado la pregunta ¿qué es una smart city? Seríamos millonarios. El concepto es difuso y es tratado con displicencia pero hay que reconocer que funciona. Todas las empresas dicen que llevan años haciendo algo que antes tenía otro nombre pero que ahora se llama smart city. Y la inteligencia en las ciudades parece estar excelentemente repartida pues, parafraseando a Descartes, cada una piensa estar tan bien provisto de ella que aun las más difíciles de contentar en cualquier otra cosa no suelen desear más de la que tienen.

El concepto smart city expresa de manera muy gráfica la necesidad imperiosa de mejorar la gestión de nuestras ciudades y se apoya en el enorme margen de mejora existente. Smart city implica eficiencia: es una forma elegante de decir ciudad low cost y, quizás en este hecho, radica la explosiva popularidad del término.

Otro interesante matiz del nuevo debate tras el término smart city es que las ciudades inteligentes no están asociadas a escala. Así cuando hablamos de ciudades creativas (la moda anterior), los ejemplos están muy vinculados a ciudades de gran tamaño, a grandes nodos dentro de un sistema jerárquico global. En cambio, cuando hablamos de smart cities las mejores prácticas se situan en ciudades intermedias, más periféricas y con economías más basadas en la especialización. Parece que los mejores exponentes de smart cities creen aquello de que small is beautiful.

Desde la perspectiva empresarial, ya hemos comentado que, a día de hoy, pesa en nuestras ciudades más el músculo (residuos sólidos, limpieza viaria, etc.) que el cerebro (sistema de gestión integrado, sensores, etc.). No cabe duda de que smart city implica dotar a la ciudad de un cerebro más grande. De lo visto en Barcelona puede intuirse que serán las empresas de servicios urbanos y concesionarias las que evolucionarán desde gestionar un músculo aislado hacia convertirse en verdadero cerebro. O, al menos, que tienen una importante ventaja competitiva a aprovechar frente a las tecnológicas puras para desarrollar el cerebro de la smart city, un negocio multimillonario que está en el centro de la estrategia de gigantes como Siemens, GE o Philips.
Pero, ¿qué es realmente una smart city? La respuesta obvia es que es una ciudad más inteligente, mejor gestionada. Pero, ¿en qué se traduce esto? Pues a la vista de lo debatido, se traduce en actuar principalmente la eficiencia energética en general y la movilidad en particular que son el caballo de batalla de muchas de las iniciativas presentadas. No cabe duda que avanzar en estos dos temas (smart grid, coche eléctrico, etc.) es algo fundamental para calidad de vida y sostenibilidad urbana.
Pero, smart city es un concepto más amplio, con vocación trasversal ya que implica una nueva forma de gestión, un estilo de gobernanza diferente en el que la información se obtiene y comparte de manera abierta (open government) y empleando toda la potencialidad que las tics ponen a nuestro alcance. Un camino de ida y vuelta. De ida porque permite mejorar las políticas urbanas impulsadas desde arriba con mayor información y control en tiempo real de las demandas ciudadanas, llegando a prever el comportamiento de los ciudadanos al mejor estilo Gran Hermano. Pero también de vuelta ya que permite dar una dimensión interactiva a la gobernanza y dotar a la participación ciudadana de un nuevo contenido, más democrático, de verdadera implicación en la definición de las políticas públicas.

9
Ene

Recortes en las Administraciones Públicas: Un tigre cogido por el rabo

Escrito el 9 Enero 2012 por Jose María Sánchez Alarcos en Sector público

La situación a la que se enfrentan hoy las Administraciones Públicas tiene bastante semejanza con la que se produce en muchas empresas privadas en tiempos de crisis en dos cosas:

  1. Cuando alguien habla de la necesidad de recortar empleos, siempre se dirá –y es cierto- que ésa no es una solución en el largo plazo y que es necesario buscar medios de aumentar el valor añadido y, por tanto, de mejorar los resultados.
  2. Los sindicatos insistirán, siempre con la idea de que el concepto de beneficio mismo lleva algo éticamente reprobable, en que es necesario reinvertir para crear empleo.

Tan acostumbrados estamos a estos dos argumentos que forman parte del paisaje y con frecuencia no percibimos la falacia que encierran uno y otro. En una empresa privada donde la demanda ha bajado, el aligeramiento de costes puede ser una forma de sobrevivir a los próximos meses. No es una solución pero, si la empresa no sobrevive, no hay solución de largo plazo que valga.

En la Administración Pública, un aligeramiento de las estructuras implicaría, de forma inmediata, un aumento del desempleo –principal problema actual- pero, en el medio plazo, el dinero no gastado en costosas e ineficientes estructuras estará en el sitio de donde nunca debió salir –en el bolsillo del ciudadano- potenciando con ello la demanda y la creación de empleo. ¿Y mientras tanto?

Ése es el punto de similitud: En la empresa privada, el recorte no es la solución sino un requisito para la supervivencia más inmediata. En el sector público, el recorte aumenta el desempleo, que es hoy el principal problema, con la esperanza de que en un futuro tengamos una situación mejor pero ¿tenemos capacidad para llegar a ese futuro?

Las situaciones de crisis extrema pueden subvertir lo que parecería una lógica muy elemental y una búsqueda de eliminación de peso muerto en el sector público –que es innegable que existe y no es necesario extenderse en los mecanismos por los que este efecto se ha producido- no representa hoy tal eliminación sino, simplemente, pasar de llevarlo en un hombro –el coste de la Administración- a otro –el coste del desempleo- sin que haya una solución real.

La posibilidad de convertir contratos a tiempo completo en contratos a tiempo parcial, de revisar la normativa sobre excedencias asegurando un reingreso inmediato a quien decida solicitarla ahora y otras que impliquen una reducción no traumática de costes está ahí pero no podemos olvidar otro factor que contribuye a complicarlo todo:

Si el endeudamiento público es grave, el privado no lo es menos y este tipo de soluciones, que podrían ser muy bien acogidas en tiempos de bonanza –reducción de tiempo a cambio de reducción de sueldo o tiempo en suspenso dedicado a estudios, crianza de hijos o cualquier otra cosa- pueden no serlo tanto cuando el endeudamiento hace que una gran parte de los ingresos actuales de las familias esté ya comprometida y cualquier reducción aparezca como inviable.

En este entorno, donde las subidas de impuestos y los recortes no han hecho más que empezar, hay cosas que resultan incluso ofensivas:

  1. Podremos discutir si era mejor subir los impuestos directos o indirectos, si era necesario empezar por ahí o era mejor empezar por los recortes de plantilla en el sector público pero quien no tiene legitimidad alguna para protestar es quien se apuntó a la fiesta del despilfarro y convirtió en crítica una situación que, hace ya unos cuantos años, se veía que traía un futuro complicado.
  2. Se están realizando maniobras encaminadas a que, cuando venga la tijera, no caiga sobre los amigos mediante el procedimiento de integrar empresas públicas de dudosa o nula utilidad con todo su personal en organismos públicos. De esta forma, se liquidaría a los interinos y los amigos quedarían en su posición ganada por procedimiento digital.
  3. Despilfarros que, más allá de la importancia de la cifra, son estéticamente repugnantes y dan prueba de todo un estilo de hacer política, un estilo en el que el cargo es tratado como un cortijo y, cuando vienen malos tiempos, son los peones los que pagan los platos rotos: Escenas de corrupción con primos contando billetes que sólo son comparables con la estética de las célebres fotos de Luis Roldán en Interviú, flotillas de coches oficiales de alta gama, EREs falsos, obras faraónicas a mayor gloria del político de turno, mayordomos personales sin más función que llevarle la comida al político, cantidades ingentes de asesores con sueldos multimillonarios…y la lista podría ser mucho más larga y alcanzar a todos los niveles, desde los más altos niveles de la representación del Estado hasta el último Ayuntamiento perdido.

El Gobierno que llega tiene un tigre cogido por el rabo: Tiene necesariamente que subir impuestos, esperemos que temporalmente, y que recortar hasta el hueso. Esperemos que lo haga con acierto porque es una condición imprescindible para sobrevivir al corto plazo.

Esperemos también que, en esa batalla en la que todos saldremos con más de un rasguño, no olvide que el equivalente a la Convención de Ginebra con su criterio de qué se considera legítimo en una guerra y qué no lo es tiene un nombre simple y conocido por todos: Decencia.

Decencia, en este caso, significa no incurrir ni permitir el segundo y tercer punto que señalaba anteriormente y ahí hay mucho que trabajar. Es legítimo mirar hacia fuera y señalar a quienes han incurrido en esas prácticas pero no olvidemos que, entre ellos, hay también algunos afines a los que ahora tienen la responsabilidad de reconducir el desastre.

Hubo un presidente, Felipe González, que dijo literalmente “podremos meter la pata pero no la mano”. En su momento, pagó electoralmente –no de otra forma- que, además de meter la pata, se metiera la mano intensivamente.

Estamos en una situación análoga: Muchos podrían perdonar que se metiera la pata pero se ha metido la mano por propios y ajenos. Si eso no se corta de raíz, no hay legitimidad alguna para reclamar esfuerzos a otros, sea vía impuestos, recortes salariales de prestaciones o, simplemente, quedándose sin trabajo por estar en el sector público y no ser amigo de nadie.

26
Dic

Nuevas fuentes de ingresos públicos

Escrito el 26 Diciembre 2011 por Manuel Molina en Sector público

Los insuficientes ingresos fiscales de los Estados para acometer las distintas políticas públicas hacen que actualmente se  planteen distintas formas de recaudación. Aconsejo al lector eche un vistazo al siguiente post del Profesor Rafael Pampillón, el cual  nos puede hacer reflexionar sobre la posible financiación de los recursos comunes y actuaciones que puedan llevar  a cabo las Administraciones Públicas.

21
Dic

En el reciente debate de investidura para el oficio de presidente del Gobierno, el Sr. Rajoy ha dicho que es inevitable una segunda ola de reestructuraciones en el sistema financiero. Según sus palabras, esto se traducirá en más fusiones, más necesidades de capital, cambio en el modelo de regulación y cambio en el sistema de supervisión del Banco de España, con el fin de evitar indecisiones y bloqueos; y todo ello se hará en los primeros seis meses del año. Estamos, pues, ante un cometido obligado para los nuevos administradores de la cosa pública española, que es, a la vez, un desafío, en la medida en que el nuevo jefe del ejecutivo ha fijado un plazo de seis meses (que entendemos es de caducidad) para culminarla, y, sobre todo, es un reto en cuanto al contenido concreto de la reforma anunciada ante la situación de emergencia financiera de España y del mundo.

El actual modelo de supervisión del Banco de España, de acuerdo con su ley peculiar, se dirige a asegurar que las entidades de crédito estén adecuadamente capitalizadas, cumplan la normativa vigente y sean prudentes en la gestión y control de su negocio y sus riesgos. Esta misión, que debe hacerse con eficacia y eficiencia, se realiza por medio de tres actividades principales: el seguimiento y análisis a distancia, las visitas de inspección, y el seguimiento continuado in situ. Aparte de estas nociones elementales sobre la forma de ejercer la supervisión encomendada y de la competencia de los individuos encargados de llevarlas a cabo, cuya dedicación y profesionalidad están fuera de duda, son hechos irrefutables el descubrimiento de la verdadera situación económica de varias instituciones financieras españolas, que el supervisor debía vigilar y, en su caso, corregir para evitar un daño irreparable al interés general. Realidades que han provocado la inevitable intervención del Banco de España en algunos casos o, en otros, precisamente para evitar esta acción dramática (siempre dañosa en términos de imagen pública del sector y de los responsables de garantizar el interés nacional), la compra a precio de saldo (cuando no gratis) de la entidad financiera afectada por otra entidad, a la que el propio supervisor habría animado discretamente.

La cuestión, acuciante, sigue en pie; porque nada se ha detallado del camino por donde va a transitar la reforma anunciada. ¿Se trata de incrementar la intervención pública en las instituciones financieras, en forma de exigencia de más y mejor información o, por ejemplo, mediante la ampliación de las competencias de inspectores en las entidades? ¿Serán medidas con carácter preventivo o, eminentemente, sancionador? ¿Se tratará de que el supervisor público pueda orientar en ciertos momentos los destinatarios preferenciales del negocio bancario de los créditos, para que el dinero no solo esté (por supuesto) asegurado, sino que llegue a las familias con fluidez? Aunque, naturalmente, se pueden plantear otras muchas cuestiones, creemos que estas y sus correctas respuestas no serán tan misteriosas o impredecibles, si miramos al Banco Central Europeo y prestamos atención a las indicaciones de los oráculos alemanes.

13
Dic

Los programas del PP, PSOE y UPyD para el Sector Público

Escrito el 13 Diciembre 2011 por Manuel Molina en Sector público

Se desglosan a continuación las principales medidas relacionadas con el Sector Público incluidas en los Programa Electorales con los que UPyD, PSOE y PP concurrían  a las elecciones del pasado 20 de Noviembre.

Programas y Medidas

Para UPyD evitar la duplicidad de las funciones de la administración pública pasa por la supresión de las diputaciones provinciales y forales, cuyas competencias pasarían a ser desempeñadas por las CCAA y Ayuntamientos. Propone además una fusión paulatina y voluntaria de localidades inferiores a 5000 habitantes, con el fin de racionalizar la administración local. Además en su programa electoral se incluye la supresión de órganos de la Administración General del Estado que carezcan de competencias como consecuencia del proceso descentralizador, incluyendo ministerios y direcciones generales.

Este planteamiento llevado a  cabo por UPyD para eliminar el gasto superfluo, y que según su programa electoral supondría un ahorro de 42.000 millones de euros (el 4% del PIB), iría acompañado de otra serie de medidas como la devolución a la Administración Central por parte de las CCAA de las competencias referentes a educación y sanidad (manteniendo su gestión descentralizada como modo de garantía de su gestión en todo el todo el territorio nacional).

Establecer un número máximo y mínimo de organismos común para todas las CCAA, definir las bandas salariales para las distintas categorías de funcionarios y los altos cargos autonómicos y municipales, el cierre del las líneas de AVE y los aeropuertos sin  tráfico suficiente, suprimir  el 80% de los 5000 entes no administrativos existentes y establecer límites legales al crecimiento del gasto de las CCAA son algunas d las propuestas de UPy D para alcanzar el citado objetivo.

Con el fin de corregir los distintos desequilibrios territoriales  se propone aumentar el Fondo de Compensación Interterritorial.  Además su programa incluye diversas reformas en materia tributaria: cambio en la tributación de las SICAV, armonización del impuesto de sucesiones y donaciones, introducción internacional de un impuesto sobre las transacciones financieras (“tasa Tobin”) y un cambio en la forma de tributar de las rentas del capital, que pasarán a la Base General en el IRPF.

El PSOE, para promover la cohesión territorial, propone transformar el modelo de centro-geografía de redes en otro que fomento más el transporte transversal en el conjunto de la geografía española, fomentar el desarrollo económico de aquellas regiones con menor concentración de población, así como promover distintas inversiones en infraestructuras de transporte, basándose para ello en la búsqueda de una mejora en la gestión, la calidad, la competitividad y la sostenibilidad ambiental. Con el  fin de remodelar las administraciones, tanto locales como autonómicas, propone transformar las Diputaciones Provinciales en Consejos de Alcaldes,  manteniendo eso sí, los puestos de trabajo de los funcionarios del mencionado organismo.  Los servicios prestados a poblaciones inferiores a 5000 habitantes pasarán a ser prestados mediante mancomunidades, comarcas, consorcios u otros regímenes asociativos.

A su vez su programa electoral incluía la creación de órganos que fomenten la colaboración entre las distintas administraciones para  la prestación de distintos servicios públicos a la población, así como una mayor suficiencia financiera a los municipios parta atender así sus competencias, adaptando por lo tanto la base del sistema tributos municipales a la situación económica actual. También contempla su programa electoral una reforma del Senado.

Establece además, con el objetivo de reducir la estructura administrativa de Ayuntamientos, CCAA y el Estado, alcanzar un acuerdo entre todas las fuerzas políticas.

El PP, con el fin de promover y garantizar el derecho de los ciudadanos a la información, elaborará una ley de transparencia e información pública de las Administraciones Públicas, así una mayor regulación de las  normas y de los objetivos a alcanzar por cada uno de los cargos de la función pública.  Se fijarán también las retribuciones de los altos cargos electos locales, atendiendo a factores tales como las circunstancias socio-económicas del entorno y los recursos económicos administrados, y de los altos cargos de la administración general, fijando un marco de referencia en función de las responsabilidades que ostenten. La publicación de todos los presupuestos de entidades con participación pública a través de Internet, los de los indicadores de evaluación de las distintas políticas públicas, y las distintas subvenciones otorgadas por organismos públicos son medidas que propone con el fin de garantizar la citada transparencia.

Una revisión generalizada del gasto para el conjunto de la administración, la reducción del número de altos cargos públicos, el fomento de la colaboración público-privada y la elaboración de una ley de control y auditoría para todo el sector público son acciones que plantea con el fin de promover la eficiencia del sector público.  A su vez propone  la supresión de aquellos entes públicos que no respondan a una racionalidad económica o administrativa, una reforma de la Comisión Nacional de la Competencia, con departamentos sectoriales especializados, la acreditación transparente por méritos para todas las personas que ocupen altos cargos públicos y la simplificación de licencias administrativas. Todas estas medidas perseguirán modernizar y agilizar la administración pública.

En el ámbito autonómico las medidas del Partido Popular irán encaminadas a evitar las duplicidades de gasto o la demora en la atención de las necesidades de los ciudadanos. Para ello se delimitará con mayor precisión el marco competencial de cada una de las administraciones, evitando así los solapamientos innecesarios. Además promoverá un nuevo modelo de financiación que evite la consolidación como gasto público estructural de los ingresos coyunturales, y que tenga en cuenta la población y las circunstancias que inciden en el coste de los servicios públicos así como las exigencias de estabilidad presupuestaria. También fomentará la licencia única para que cualquier producto o servicio producido al amparo de cualquier normativa autonómica pueda ser ofertado libremente en el territorio español.

Incluye también su programa acotar con mayor precisión las competencias de las administraciones locales.  Modernizar el marco legal de las diputaciones, Cabildos y Consells, adaptar la LOFCA  y  fomentar la agrupación voluntaria de municipios, teniendo en cuenta su situación organizativa y financiera, son algunas de las medidas que plantea aplicar en este ámbito.

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