26
Feb

La ¿estrategia? de las reformas (I)

Escrito el 26 Febrero 2012 por Antonio Rodríguez Furones en Sector público

El plan de reformas que se está diseñando desde el gobierno de la nación para encarar la crisis actual ha desatado, como no podía ser de otra manera, una oleada de opiniones y tertulias en las que se discuten los pros y los contras de cada una de las medidas impulsadas.

 

Desde una perspectiva más amplia y estratégica, es preciso dotar al análisis de ciertas herramientas que permitan estudiar la idoneidad y las posibilidades de éxito del paquete de reformas anunciado. En este sentido, en la Kennedy School of Government de Harvard se ha planteado un esquema básico e interesante con el que realizar una primera aproximación a ambas cuestiones: el triángulo del sector público.

 

 

Como se puede apreciar, la modelización propone que la resolución de un problema en relación con la “cosa pública” (res-publicae) se fundamenta en estudiar tres aspectos de las diferentes alternativas posibles:

  • Legitimidad de la medida a adoptar: en términos de credibilidad del impulsor y de la receptividad (ventana de oportunidad) de los afectados por el cambio introducido. Cuánto mayor sea esa legitimidad, mayor será la probabilidad de éxito la gestión del cambio a desarrollar.

En este sentido, la discusión sobre las fuentes de legitimidad es un debate ancestral del “management” en cualquier tipo de organización. En el mundo clásico, se distinguían dos vías de obtención de esa legitimidad: la “potestas” y la “auctoritas”. Mientras que la primera hace referencia al poder proveniente de la propia posición otorgada (organigrama; jerarquía), la segunda se basa en el reconocimiento por parte de colaboradores, compañeros e incluso jefes de una superioridad “natural” futo de la confianza en el buen juicio de la persona. Confianza que, a su vez, tiene una doble dimensión: el conocimiento y experiencia (bagaje técnico)  y un comportamiento moral que implica un desempeño no en beneficio propio sino en beneficio de la organización.

  • La disposición de las capacidades para su correcto desarrollo. Cualquier iniciativa requerirá de un conjunto de recursos materiales, humanos e intangibles (por ejemplo, el know-how) para afrontar los cambios que serán necesarios planificar e implementar.
  • La generación de valor público para resolver el problema detectado. En principio, para la evaluación del valor público es necesario definir un cuadro de indicadores y valores (umbrales) de referencia con los que apreciar el potencial efecto de la/s medida/s adoptada/s. Pero tampoco es cuestión de engañarse: en una realidad socioeconómica tan compleja como la actual es prácticamente imposible establecer relaciones causa-efecto directas en condiciones de ceteris paribus. De lo que se trata es analizar la tendencia (más que el valor absoluto) de esos indicadores de referencia, que permitan estimar el resultado de la medida adoptada.

La aplicación del modelo anterior sobre las diferentes medidas aplicadas, nos puede dar una idea del posible éxito del conjunto de actuaciones y de si, realmente, el conjunto de las mismas responde a una estrategia planificada.

En cualquier caso, si bien la planificación estratégica es esencial para dotar de coherencia (alineamiento de las medidas adoptadas), sostenibilidad (las cuestiones estructurales requieren soluciones a medio y largo plazo) y eficacia y eficiencia (legitimidad y recursos) en las decisiones adoptadas, lo realmente crítico, dónde nos jugamos el éxito, es en la fase de implantación estratégica.

Para que las reformas alcancen los objetivos esperados es preciso hacer un seguimiento de los resultados intermedios obtenidos (indicadores sobre la generación de valor público), que faciliten un efectivo control de desviaciones que permita elaborar e impulsar medidas correctivas lo antes posible. De hecho, experiencias anteriores muestran que “el papel lo soporta todo” y “el infierno está empedrado de buenas intenciones”. Más allá de los dos tópicos anteriores, las reformas anteriores, como cualquier iniciativa que surja en el sector público o en el sector privado, nacerán inútiles si no se planifica una correcta gestión del cambio (en muchos casos organizativos) para su desarrollo.

En definitiva, el proceso de las reformas no concluye en la publicación en el BOE: se requiere tiempo y un correcto desarrollo (y directivos y responsables públicos capacitados: lean el último post de José Mª Sánchez Alarcos) para la consecución de los resultados necesarios e imprescindibles. Parafraseando a Churchill: “no es  el fin, ni siquiera es el comienzo del fin, es el inicio del comienzo del fin”.

23
Feb

Pues parece que va en serio

Escrito el 23 Febrero 2012 por Daniel Berzosa en Sector público

En la entrada anterior, nos preguntábamos si los anuncios de las acciones del Gobierno de la Nación para tratar de salvar la economía nacional, y aspirar a un renacimiento de todo orden, que se nos antoja imprescindible, iban a ir de verdad más allá de cierto grado de realización de sus propias proclamas. No son sombras chinescas en ese camino, sino piedras peñascosas el más que previsible malestar general y las fuertes reacciones negativas ante la dureza y prolongación de tales medidas en amplias capas de la sociedad. Y esto, pese a que todos (los primeros, seguro, el jefe del ejecutivo y los ministros de la cosa pública) somos conscientes de que hay que hacer algo y ese algo no puede ser lo mismo que se ha hecho hasta ahora. Porque es evidente que no ha funcionado. Como prueba de esta afirmación, dos botones: más de cinco millones de parados y una economía bajo cero.

Uno de los ámbitos señalados para acometer una reforma profunda (eufemismo, en esta hora de España, de reducción) es el sector público empresarial. Y quedábamos a la espera de ver en qué río o mar, y a qué hora, desembocaban los acuerdos vigentes y las propuestas ante y post electorales. En particular, recordábamos el acuerdo marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 22 de marzo de 2010, sobre sostenibilidad de las finanzas públicas 2010‑2013, en el que se previó la eliminación, en términos netos, de 514 entidades, y que, de acuerdo con los datos disponibles entonces, sólo lo había cumplido con 69. Pues bien, hace diez días, se ha suministrado la herramienta que permitirá podar el gran árbol del sector público empresarial hasta límites germinales; mediante la combinación del artículo 13 y el inciso final de la disposición adicional tercera del Real Decreto‑Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

El artículo 13 de la citada norma con fuerza de ley introduce una nueva redacción del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo), que revoluciona lo referente a la suspensión del contrato o reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor. Y la disposición adicional tercera añade una disposición adicional vigésima primera al Estatuto de los Trabajadores que dice literalmente: «Lo previsto en el artículo 47 de esta Ley no será de aplicación a las Administraciones Públicas y a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de una o varias de ellas y de otros organismos públicos, salvo a aquellas que se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado». Lo que, en romance paladino, quiere decir que se habilita legalmente a las empresas del sector público para que puedan presentar expedientes de regulación de empleo. Y, por tanto, permite que pueda llevarse a efecto lo acordado respecto de la reducción de entes del sector público empresarial en todas las administraciones públicas.

Esta importante innovación del ordenamiento jurídico afecta únicamente al personal en régimen de contratación laboral; pero debe tenerse en cuenta que, según datos del Registro Central de Personal de enero de 2011, solo el número de trabajadores de los entes públicos de carácter empresarial en el ámbito de la Administración Generaldel Estado ronda los 60.000 trabajadores.

No obstante, no debemos perder la perspectiva. El fin de esta poda no es la destrucción del árbol de la economía española, privada y pública, sino justo el contrario: que crezca, lo haga con más fuerza y dé nuevos frutos. Que, ¿por qué no soñar?, el sufrimiento y el sacrificio del presente nos conduzcan a alcanzar la aspiración del pleno empleo contenida en el artículo 40 de la Constitución.

23
Feb

Hace unas semanas el Boletín Oficial de las Cortes de la Junta de Castilla y León anunciaba un nuevo canon de 15 euros por tonelada de residuos peligrosos que sean depositados en vertederos de la Comunidad. Por tanto, Castilla y León se une a Andalucía, Cantabria, Madrid y Murcia, en la lista de autonomías donde existe este impuesto. En el resto, se sigue haciendo libre de pago o con algunas limitaciones establecidas por sus planes de residuos.

La falta de homogeneización en la legislación en materia de residuos en España provoca una competencia innecesaria en el mercado. Los motivos más habituales son, por un lado, que las autorizaciones de las instalaciones de tratamiento son concedidas por distintas administraciones y, por tanto, operan bajo distintos criterios. Por otro, la gestión es controlada con distinta intensidad por las administraciones de todo el país. En este caso el canon provocará que, mientras existan Comunidades donde no haya que pagarlo, las empresas productoras de residuos preferirán gastar ese dinero en el transporte de los residuos hacia esas regiones.

Los Ayuntamientos de Ávila, Segovia o Valladolid, ya han mostrado su descontento ante la nueva medida adoptada por la Junta, ya que aseguran “más que un impuesto para fomentar el reciclaje, es una política recaudatoria” que van a pagar los ciudadanos y las empresas.

Para evitar estos argumentos, la recaudación de este impuesto debería contribuir a reforzar el cumplimiento de la legislación de residuos y a elevar el valor añadido de los tratamientos. Así, se favorecerían los tratamientos de reciclaje y la valorización, en detrimento de la eliminación, reservando la capacidad disponible de vertedero y evitando la creación de nuevas infraestructuras de este tipo.

De esta forma, para contribuir al cumplimiento de la legislación, el canon de vertido debería favorecer que cada residuo sea depositado en la instalación adecuada y para la que está autorizada. De lo contrario, esta medida perderá su carácter de instrumento económico que le concede la ley de residuos, y se convertirá en recaudatoria, siendo preferible su retirada de todo el Estado español.

Cada vez es más urgente una política común en materia de residuos en todo el territorio nacional, que evite este tipo de situaciones y aplique las mismas reglas del juego. Este mensaje fue lanzado en dos ocasiones por el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la pasada campaña electoral. El escenario actual corre el riesgo de fomentar malas prácticas, el tratamiento inadecuado de los residuos peligrosos, y el descontrol en la gestión.

16
Feb

Políticos y falsos historiales: Una lección no aprendida

Escrito el 16 Febrero 2012 por Jose María Sánchez Alarcos en Sector público

Nuevo escándalo levantado por El País: Un político que se inventa un título académico que no tiene y, al hacerlo, queda en evidencia y muestra también algunas falsas creencias sobre qué se debe valorar en un responsable público.

En primer lugar, la politización de los medios hace que se recuerden los casos de curriculum falso de forma muy selectiva. En un artículo sobre el tema, el autor recuerda al ex-director de la Guardia Civil, Luis Roldán pero no parece acordarse de que éste ha tenido numerosos compañeros en la aventura de falsear el curriculum…desde los conocimientos de Derecho de José Blanco hasta los de Economía de José Montilla pasando por los estudios de Leire Pajín y alcanzando incluso al ex-vicepresidente Alfonso Guerra, presentado como ingeniero y licenciado en filosofía a pesar de su título único de perito industrial que, más tarde, pasaría a ser denominado ingeniero técnico sin que hubiera noticia alguna de su titulación en filosofía.

Parece que no ha cundido en España el ejemplo del ministro alemán que dimitió porque se supo que había copiado partes de su tesis. Aquí no se da ese problema; algunos escribirían tesis con “x” y pensarían que sirve para llevarles al aeropuerto.

¿Por qué razón deciden algunos políticos falsear su curriculum? En primer lugar, es aplicable el principio de excusatio non petita, accusatio manifesta.  La acusación, en este caso, es que quien infla su curriculum inventándose títulos que no tiene muestra con su acción que no cree tener los méritos necesarios para el puesto para el que le han nombrado. Por supuesto, es difícil encontrar a alguien que conozca mejor los propios méritos que uno mismo.

El actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hizo en su momento una tímida crítica señalando que para ser presidente debería exigirse algo más que, simplemente, ser español y tener más de 18 años. A pesar de que la respuesta, mucho más contundente,  por parte del portavoz del PSOE consistió en preguntarle si exigiría haber aprobado unas oposiciones para registrador, nadie se atreve a exhibir como todo mérito precisamente ése: Ser español y tener más de 18 años. Dicho esto, casos se han conocido en los que resulta difícil encontrar cualquier otro mérito distinto.

Exhibir historiales profesionales o académicos brillantes tiene sus riesgos y tenemos ejemplos aún recientes en los que se evitarán nombres pero no será difícil adivinarlos:

  • Persona de gran éxito en el ámbito empresarial, derrotado en un debate en el que los elementos retóricos y de imagen resultaban más importantes que la solidez argumental. Los hechos posteriores mostrarían quién tenía razón pero la bisoñez mostrada públicamente en un debate televisado dañó su imagen en el ámbito político e incluso pudo dañarla en su ámbito profesional de origen.
  • Profesor de afamada escuela de negocios nombrado para un puesto en el que se ve obligado a defender planteamientos que cualquier público dotado de unos mínimos de información y de raciocinio rechazaría. Su paso por la política puede estar acabado pero, si regresa a la docencia, sus actuaciones en política le perseguirán siempre.
Podríamos llegar a la triste conclusión de que un curriculum vacío no es presentable y uno muy brillante es peligroso y, por tanto, la mejor solución para llegar a posiciones políticas es tener un curriculum mediocre. Este argumento haría las delicias de un cínico pero no es cierto: Quien tiene un curriculum brillante puede sobrevalorar su capacidad y creer que le va a bastar para desenvolverse en terrenos desconocidos. A veces descubre demasiado tarde que ha sido como una foca nadando entre tiburones. Quien exhibe una hoja en blanco por curriculum no tiene ese problema pero se enfrenta a uno de aceptación y éste no tiene la misma importancia en todos los ámbitos.

Pongamos como ejemplo a un político, José Borrell, que con una titulación de ingeniero aeronáutico ejercería como Secretario de Estado de Hacienda primero y como Ministro de Obras Públicas después. Como todos los políticos, fue criticado en ambos papeles pero es difícil encontrar ninguna crítica que se refiera a la inadecuación de su formación básica para ambas tareas. Ambos Ministerios, Hacienda y Obras Públicas, tenían como punto común la necesidad de manejar ingentes cantidades de recursos aunque desde distintos lados de la ventanilla recaudatoria. Pocas veces ocurre que llegue alguien  cuya formación básica coincide con la faceta técnica dominante en la función que va a desempeñar. Ejemplos como Álvarez Cascos -ingeniero de Caminos- en Fomento o de Miguel Muñoz -autodefinido como “jefe de departamento venido a más”- en Tráfico representan más la excepción que la regla.

Los cargos de responsabilidad pública suelen tener como punto común el manejo de recursos. Esto hace que algunos políticos puedan saltar de una posición a otra aparentemente muy distinta pero que, en realidad, no lo es. Si no es un puesto técnico y hay que elegir entre formación técnica y formación y/o experiencia en gestión de recursos la elección está clara: Debe prevalecer la última aunque no siempre es fácil. Prescindamos de casos en que, por motivos que no hacen al caso aunque sean muy ilustrativos, alguien llega a un puesto sin formación ni experiencia; vayamos a aquéllos en que el responsable político puede tener la experiencia adecuada pero cree que su formación podría suponerle algún problema y se ve tentado a “adornar” su curriculum ¿Qué naturaleza tendría tal problema?

No parece, por poner un ejemplo de actualidad, que alguien que ocupe un puesto de gestión en la Sanidad Pública tenga necesariamente que ser médico pero tal vez sí tenga que serlo para ser aceptado por aquéllos a los que va a tener que dirigir. No es un caso único; nada exige que un ministro de Defensa tenga que ser militar pero, en su momento, causó impacto el nombramiento de Serra, civil que ni siquiera había hecho el Servicio Militar, para un puesto que, en el pasado, siempre habían ocupado militares. El nombramiento de Chacón, mujer y embarazada, para el mismo puesto fue una vuelta más de tuerca en la misma dirección.

Si las cosas se analizan desde un punto de vista puramente funcional, el asunto es claro: A medida que se van ascendiendo puestos en una organización -con muy escasas excepciones cuya discusión nos llevaría por otros derroteros- va pesando menos el componente técnico y pesando más el componente de gestión. Se llega a un punto en que la aportación que representa el componente técnico es marginal y, por tanto, el puesto puede ser asumido por alguien con la formación y experiencia adecuadas en gestión aunque sea totalmente ajeno a la faceta técnica de la organización.

Cuando las cosas se analizan desde el punto de vista de la práctica política al uso, son más complejas y pueden darse situaciones distintas:

  • Incompetentes con la filiación política dominante: No ha lugar la discusión sobre el carácter técnico o de gestión de un puesto porque carecen de la formación y experiencia necesarias para uno y otro tipo. Su único mérito es cumplir los requisitos legales del puesto que, a veces, son tan simples como ser español y tener más de 18 años. Su curriculum fuera de la afiliación política está en blanco por lo que cualquier contenido estará inventado y dirigido sobre todo por motivaciones estéticas y por sus propios complejos.
  • Competentes sin la formación técnica dominante: El miedo a la posible falta de aceptación les puede invitar adornar el curriculum con el objetivo de ser vistos como colegas por parte del colectivo al que van a dirigir, especialmente si éste es cohesionado y le puede causar problemas en la organización. Naturalmente, si alguien tiene tanto miedo a los problemas que pueda causar el colectivo dominante que decide falsear su historial, tal vez debería haber hecho tal valoración antes de aceptar el puesto y, si procede, rechazarlo.
  • Competentes soberbios: Pueden tener la formación y experiencia adecuadas pero no tienen interés en aprender las peculiaridades de la organización concreta dándolas por sabidas. No tienen ningún interés en falsear su curriculum pero pueden cometer errores de novato debido a aspectos que habían menospreciado y que no han tenido interés o oportunidad de aprender.
  • Incompetentes soberbios: No sólo no tienen la formación y experiencia adecuados sino que su nombramiento puede tener un componente de reto hacia aquéllos a los que deben dirigir. No esperan ni desean la aceptación sino hacer ver quién manda a los colectivos considerados problemáticos y su nombramiento es un gesto en ese sentido.
  • Competentes con la formación técnica dominante: Sobre el papel son la mejor opción ya que no hay problema de aceptación y pueden aportar algunos elementos de conocimiento específico que, sin ser fundamentales, pueden ser interesantes. Los riesgos asociados con este grupo consisten en su posible olvido de que el puesto no es de naturaleza técnica y de que el modelo de pensamiento en la organización pueda ser demasiado uniforme ignorando aspectos importantes.
En el ámbito privado, hace años que la sencilla expresión “o equivalente” produjo una auténtica revolución: Alguien puede no tener un título académico pero su experiencia acredita que tiene los conocimientos necesarios para el puesto. Por supuesto, nadie querría ser operado por el “equivalente” de un médico o volar en un avión en que ejerciera un “equivalente” de un piloto pero en muchas otras actividades este concepto sí tiene sentido, algunas tan conocidas como, por ejemplo, la presidencia de Microsoft con Bill Gates. No tener un título académico no significa una condena a la irrelevancia y la alternativa no consiste en inventárselo sino en acreditar competencias obtenidas a través de la experiencia profesional.
En el ámbito público, ésa puede ser una asignatura pendiente. Aunque los puestos políticos se muevan por otros parámetros, resulta significativa la frecuencia con la que un año en un puesto computa menos en los concursos de méritos que un curso de un día, que casualmente coincidió con la víspera de un festivo. Un buen curriculum acaba siendo uno que necesite de quince páginas en adelante y que esté lleno de todo tipo de formación, tenga o no relevancia alguna para el puesto. La “cursitis” y su hermana mayor la “titulitis”, junto con la frecuencia de los nombramientos en los que el principal mérito es la adscripción política, representan una invitación permanente a inflar el curriculum por todos los procedimientos posibles, sobre todo si se sabe o se cree que nadie se va a atrever a ponerlo en duda.
A diferencia de casos como el comentado en Alemania, en España no ocurre nada cuando la mentira es descubierta…salvo que el mentiroso ha dejado claro a todos que no considera merecer el puesto para el que se le ha nombrado. Nadie mejor que él lo puede saber.
9
Feb

El Consejo de Ministros recibió un informe hace un mes de manos del ministro de Hacienda y Administraciones Publicas sobre la situación del sector público empresarial. Según el citado documento, la evolución de las cuentas públicas nacionales reflejaba el efecto de la crisis económica general en España y en los países del entorno comunitario. Esta realidad impone, entre otras medidas (el viernes pasado se aprobaron acciones muy importantes para el sector financiero, que serán objeto de otro post), la redimensión y reestructuración del sector público empresarial. Con ello, no se pretendería solo adelgazar un sector productivo necesitado de dieta, sino de garantizar la eficiencia de la actividad pública. Dicho en términos médicos, para el Gobierno de la Nación, esta iniciativa suya es una exigencia de salud, ni siquiera una concesión a sus ideas estéticas. Parece que, por unos u otros motivos, hay un amplio consenso sobre este punto entre los españoles, al que se suman las directrices de nuestros avalistas extranacionales (que no pueden desdeñarse).

El problema para el éxito de las medidas sugeridas (reducción del gasto público, control del gasto gestionado por el sector público empresarial y racionalización en la gestión de la actividad empresarial pública), todas lógicas y coherentes, es que afectan al sector público dependiente no solo de la administración general del estado, sino al de las administraciones autonómica y local. No cabe duda de que lo que disponga finalmente el gobierno tendrá inmediata —que no fácil— ejecución en su ámbito administrativo. Pero en las otras administraciones públicas citadas y, sobre todo, en las autonómicas, la cuestión presenta, sin duda, mayores desafíos, cuando no llamadas veladas o expresas a la rebelión, y no ya por una supuesta deslealtad intrínseca de sus gobernantes en caso de que no coincida el signo político que abanderan frente al actual ejecutivo nacional —no van por ahí nuestros tiros—, sino, de forma más sencilla e inexorable, por la propia dinámica centrífuga del modelo español de estado compuesto en obras (escribimos esto pues su terminación no se atisba por ninguna parte… o, a lo mejor es así porque, como dicen algunos analistas americanos más pesimistas o sagaces que nosotros, de lo que se trata, en verdad, es de deconstruir el estado hasta su ultimación).

Por ejemplo, afirma el gobierno que el desarrollo y concreción de estas medidas en cuanto al gasto público «en el ámbito autonómico, se realizará en el marco de colaboración interadministrativa, instrumentada a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera». Estupendo. Respecto de la primera propuesta (reducción del sector público empresarial) y solo en lo referido a las comunidades autónomas, el Consejo de Política Fiscal y Financiera de 22 de marzo de 2010 aprobó un acuerdo marco sobre sostenibilidad de las finanzas públicas 2010 2013 en el que las comunidades se comprometieron a elaborar, en el plazo de tres meses, planes de racionalización y eficiencia del gasto público. Estupendo, también. Pero resulta que, si en los citados planes se previó la eliminación, en términos netos, de 514 entidades, y, de acuerdo con los datos disponibles hace un mes sólo se han suprimido 69, nos preguntamos por el grado de eficacia de los acuerdos tomados en dicho consejo, si, en casi dos años, se ha ejecutado el trece con cuatro por ciento (13,4%) de las medidas contempladas. A ese ritmo, para cumplir el acuerdo 2010-2013 tendrá que prorrogarse hasta 2020. Por lo que creemos que, en la próxima sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, no será suficiente con plantear a las comunidades autónomas la «necesidad de avanzar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos». Esto es, no basta con apelar a la buena voluntad ante una situación crítica; hay que disponer efectivamente los medios de todo orden e ingenio oportunos, con la Constitución en la mano y una holgada mayoría parlamentaria en la otra, para acometer de una vez, ¡al menos!, las tareas aprobadas y pendientes.

Quedamos a la espera de ver en qué quedan propuestas como la de reducir los cuadros directivos de las sociedades públicas y limitar el número de miembros de los consejos de administración. O esa tan etérea de «promover la elaboración de un marco común, en cada administración, que unifique las condiciones de las distintas entidades en cuanto a las estructuras directivas, personal, indemnizaciones, gastos de representación, etc.», un «etc.» que vislumbramos más etcétera que nunca.

Pero no perdemos ni la confianza, ni la esperanza. España y los españoles las necesitamos.

9
Feb

Primeras impresiones sobre los planes medioambientales del Gobierno

Escrito el 9 Febrero 2012 por Luis Palomino Leal en Sector público

La semana pasada el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, compareció en el Congreso de los Diputados con una larga lista de cambios y revisiones que se van a desarrollar en materia de residuos, suelos contaminados y responsabilidad ambiental.

Entre estos puntos destaca el deseo de simplificar e integrar las normativas ya existentes, gracias a la limitación de trámites innecesarios y a la definición clara de los conceptos. Esta meta requiere de la colaboración de las Comunidades Autónomas a través de la Comisión de Coordinación prevista en la Ley 22/2011 de Residuos y suelos contaminados. Los profesionales del sector esperamos que esta comisión sirva para tener una política común de residuos en todo el país, en la que se unifiquen criterios de gestión y autorización de las instalaciones. Todo esto consigue, además, una optimización de los recursos de las empresas del sector y de las Administraciones Públicas encargadas de la gestión de las políticas de residuos. En un contexto de crisis como el actual este asunto es vital para que se pueda generar empleo y desarrollo económico en esta industria.

En relación con el punto anterior, la Comisión Europea estima que, si se aplica la legislación medioambiental con rigor, para 2020 se habrían creado 400.000 puestos de trabajo en el sector y un aumento del volumen de negocio en 42.000 millones de euros en todo el continente.

Otro de los objetivos del Gobierno es conseguir un aprovechamiento máximo de los recursos contenidos en los residuos y su correcta gestión. No podemos olvidar que en muchos sectores hay escasez de materias primas que pueden recuperarse de los residuos. Esto supondría un importante beneficio ambiental que puede medirse en las emisiones de gases de efecto invernadero, evitadas por las actividades de reciclaje y valorización.

Todos estos cambios de regulación irán acompañados de cambios en los procedimientos administrativos. La creación de un registro de producción y gestión de residuos permitirá ahorrar recursos y esfuerzos y facilitar el control de la actividad del sector, y disponer de datos fiables de cantidades y objetivos de gestión. Además se presentarán nuevas medidas de armonización de la información para ofrecer tramitación electrónica en todas las instancias y facilitar el diálogo entre la Administración y los ciudadanos.

En lo referente a suelos contaminados se creará un inventario nacional con la colaboración de las Comunidades Autónomas y se procederá a la revisión del Real Decreto relativo a suelos contaminados a fin de incluir en su ámbito de aplicación a las actividades con riesgo real de contaminación del suelo. No obstante desde el sector se considera necesario el establecimiento de una cualificación profesional que garantice la calidad de los trabajos realizados en este campo.

De la misma forma, se revisará la Ley de Responsabilidad Medioambiental para simplificar el establecimiento de la cuantía de la garantía financiera con la que hacer frente a los gastos en caso de accidente.

Todas estas medidas, en caso de desarrollarse correctamente, pueden permitir la recuperación del sector y terminar con la descoordinación actual a la hora de aplicar la legislación medioambiental en España. Es el único camino para que esta industria crezca y se generen, de una manera real, los siempre mencionados “empleos verdes”.

8
Feb

Próximas Cumbres de la Unión Europea con India y China: Ciber Seguridad

Escrito el 8 Febrero 2012 por Alejandro Pinto González en Sector público

EU-India Summit

 La Unión Europea se enfrenta en los próximos días a las cumbres anuales con India (New Delhi 10 Feb) y China (Beijing 14 Feb).  La relevancia comercial para UE de estos dos gigantes condiciona en parte nuestro desarrollo económico en áreas estratégicas como la Energía, las TICs, Transporte, etc.

India es la mayor democracia del mundo con 1.200 mill de habitantes, y  sumados a los  1400 mill de ciudadanos chinos suponen algo más de la tercera parte de la población mundial, estimada en unos 7000 millones de personas. Es por tanto clave que la UE continúe cultivando y profundizando en el buen entendimiento entre nuestros países. En concreto, es preciso que la UE siga influyendo y discutiendo con sus socios la solución a las medidas proteccionitas adoptadas por los gobiernos Indio y Chino y que afectan directamente a las inversions hechas durante años por nuestras empresas en estos países.

En particular, en el sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación, tanto India como China han levantado importantes barreras de entrada a sus mercados para proveedores TICs extranjeros, justificandose en políticas de Seguridad Nacional ( India teme una invasion de productos TIC procedentes de China que ponga en peligro la Seguridad del país). Las medidas adoptadas no se ajustan a las prácticas y estándares internacionales, y no sólo ponen en peligro el desarrollo comercial internacional sino también la Seguridad global. Por ejemplo se impone la obligatoriedad de certificar en laboratorios Inidios y Chinos los productos que se quieran introducir en sus mercados, de entregar los códigos fuente de las aplicaciones para ser analizados, de utilizar de forma obligatoria algoritmos criptográficos facilitados por el gobierno chino, obligaciones sobre la contratación de personal local en todos los niveles de la organización, etc. Si estas practicas se extendieran a otros países emergentes se quebrarían los principios básicos conseguidos hasta ahora sobre los que se sustenta el comercio internacional, además de las importantes consecuencias para la ciber seguridad global.

En el caso de la India el gobierno considera la adopción de un paquete the iniciativas en Telecomunicaciones y Tecnologias de la Información, con el objetivo legítimo de potenciar el Mercado local de producción de TICs y a la vez incrementar la protección de sus infraestructuras frente a ciber ataques. Sin embargo las medidas propuestas por la India para conseguir sus objetivos se alejan de las prácticas y estándares internacionales, y perjudican a las empresas extranjeras comprometidas con el desarrollo tecnológico y económico del país durante años. La adopción del nuevo paquete de reformas se ha retrasado en varias ocasiones, en parte debido a la fuerte reacción de la comunidad internacional (US y Japón), y en particular de la UE.

En la cumbre del 10 de Febrero nuestros representates europeos deberían obtener el compromiso del Gobierno Indio para la revision de sus políticas de Telecomunicaciones y TI.

 

3
Feb

Spanair: Cuando el sector público se transforma en empresario

Escrito el 3 Febrero 2012 por Jose María Sánchez Alarcos en Sector público

Hay un viejo dicho perfectamente aplicable aquí: “Al que sólo tiene un martillo, todo le parecen clavos”. Spanair ha sido un caso, no el primero ni el único ni probablemente el último, en que la invasión por la política del ámbito empresarial ha transformado en inviable a una empresa que, con inversión y esfuerzo, podría haber funcionado.

El entorno del nacionalismo catalán no necesita convencernos a los que no estamos en él de que la dimensión de Barcelona justifica la existencia de vuelos intercontinentales directos. Sin embargo, desde una posición de gestor público, la actuación correcta no consiste en convertirse en empresarios sino en evitar que nadie pueda hacer uso de situaciones de privilegio para impedir que entren nuevos operadores. De hecho, si se hubiera cumplido con la función de vigilancia, es dudoso que la crisis que aún sigue golpeando hubiera llegado a estos extremos.

Son bastantes los casos en muy distintos ámbitos en que los vigilantes públicos no han cumplido con su función: La pérdida de mecanismos del mercado financiero es un claro ejemplo y, en una escala mucho menor, tenemos casos recientes tan sangrantes como la situación de las farmacias y cómo, a través del sistema de concesión de licencias, los farmacéuticos ya establecidos podían impedir que entrasen otros nuevos a lugares en los que era más que necesaria una farmacia. En el sector del transporte aéreo las farmacias se llaman “slots” y acaban definiendo situaciones de privilegio que acaban dificultando o imposibilitando la presencia de otros.

Bajo cualquier modelo económico, por muy liberal que sea y siempre que no se considere liberalismo como sinónimo de ley de la selva, los gestores públicos tendrían que haber vigilado para impedir situaciones de privilegio. Lo que no cabe, tanto por principio de actuación como porque la experiencia así lo indica, es tomar desde posiciones políticas el papel de empresario y tratar de imponer sus propios objetivos. Cuando el concepto de “aerolínea de bandera” estaba pasando a mejor vida, fue resucitado por alguien que entendió que no tener una “aerolínea de bandera”, expresión que incluso utilizaron literalmente, minuscababa a su región al igual que lo haría no disponer de representaciones en el exterior o al igual que ha habido ciudades que consideraron que no tener una Universidad o un aeropuerto propios rebajaba el exaltado estatus de la ciudad y, sobre todo, de las ambiciones faraónicas de sus políticos.

Por esta vía, hemos conseguido la mayor proliferación de aeropuertos y Universidades no justificados por las necesidades reales y, recientemente, quebrar una aerolínea cuya gestión en la última etapa ha tenido mucho más que ver con ambiciones políticas que con criterios empresariales.

La utilización de los recursos del Estado para temas que no le son propios suele pasar factura aunque, eso sí, la factura no la paga quien la ha generado. Antes del accidente de 2008, Spanair tenía una situación delicada; su propietario, la aerolínea SAS, la tenía en venta y el nacionalismo catalán ya había mostrado su interés en su adquisición. El accidente fue visto como una oportunidad y hubo juego sucio, básicamente filtraciones interesadas a veces desde el propio Ministerio, encaminadas a minar la situación de la empresa para conseguir un precio de compra más barato por parte de políticos afines. Naturalmente, eso dañó a la empresa pero todo obedecía a un fin en el que los escrúpulos brillaron por su ausencia: Se llegó al extremo de comunicar a SAS por carta el interés en la negociación durante el funeral por las víctimas del accidente.

Una empresa “normal” habría tratado de sanear sus operaciones y habría invertido en recursos para entrar en otros mercados; en este caso se prefirió buscar un camino más corto e inyectar dinero público para mantener artificialmente la operación, incluyendo elevados costes como cambios de base acordes al nuevo objetivo,  e incluso para la compra de aviones que permitieran realizar los ansiados vuelos transoceánicos, es decir, se utilizaron recursos públicos en algo en que nunca debieron ser utilizados.

Cuando la angustiosa situación económica forzó a un recorte de los recursos públicos se buscó un socio extranjero pero éste, cuando se enteró de una posible sanción de la Unión Europea por el mal uso de esos recursos públicos, decidió abstenerse precipitando la quiebra de Spanair.

La multiplicidad de aeropuertos inútiles ha dejado al Estado con un tigre cogido por el rabo: No es exageración decir que cuatro aeropuertos españoles mantienen la viabilidad del conjunto de la red aeroportuaria, incluso después de haber cerrado o dejado de operar algunos que no tenían ningún sentido como los aeropuertos de Ciudad Real, Castellón, Badajoz, Lérida, León y otros que seguirán el mismo camino. El principio de compensación de los aeropuertos rentables con los no rentables ha obligado a centralizar el control y, con ello, a facilitar decisiones que podían provocar situaciones de privilegio en un mercado al que no se ha permitido funcionar. Comprarse una aerolínea con dinero público para satisfacer ambiciones imperiales fue una salida absurda a esa situación igualmente absurda.

En un escenario de aeropuertos privados -con luz y taquígrafos durante el proceso de privatización- y donde el sector público se mantuviera vigilante para asegurar que se cumplen los criterios de calidad, seguridad y servicio exigibles a cualquier aeropuerto, todo habría sido muy distinto. Una ciudad como Londres tiene nada menos que dos aeropuertos principales y otros tres de menor nivel pero con elevado tráfico y ni siquiera pusieron problemas a que una compañía española -Ferrovial- optase a la gestión de varios aeropuertos británicos, sin que se produjesen espectáculos tan vergonzosos como el que en España se produjo con Endesa y el empeño de los políticos del momento en regalársela a los amigos. Al mismo tiempo, hay un acuerdo bastante generalizado en que la aviación británica está entre las que tienen los más altos estándares, si no el más alto, en Europa. Conclusión: Gestión privada de las empresas, llámense aerolíneas o aeropuertos, y vigilancia estricta tanto de su funcionamiento como de la dinámica del mercado impidiendo el juego sucio.

Lamentablemente, no fue eso lo que se hizo en España: Se optó por un control político de los aeropuertos para asegurar que los rentables financian los no rentables evitando tener que cerrar el 80% de ellos; se han mantenido situaciones de privilegio que impiden que se cubran necesidades que cualquier análisis del mercado mostraría y la actuación de los políticos, entrando como hipopótamo en cacharrería,  ha consistido en actuar por su cuenta en un terreno en el que carecen de formación y haciéndolo con dinero ajeno, es decir, el nuestro.

1
Feb

En la reunión informal del Consejo Europeo del Lunes 30 de Enero de 2012, los Primeros Ministros de los Estados Miembros de la Unión Europea acordaron acometer de forma inmediata una serie de líneas de trabajo clave para un mayor aprovechamiento del potencial de un mercado único Europeo, y poder retornar cuanto antes a la senda del crecimiento (sostenible) y el empleo.

En mi opinión, dando por hecho que todas las lineas de trabajo acordadas son muy importantes, encuentro que algunas son coyunturales (ej. Crisis crediticia) y que otras contienen objetivos que no son alcanzables a corto plazo (ej. Mercado único digital); pero hay dos que son especialmente relevantes para España, es más, son problemas a los que ya se ha dedicado un esfuerzo importante y ya deberían estar resueltos:

  • Desempleo entre los jovenes

Cada Estado Miembro preparará un Plan Nacional de Empleo que haga frente al desempleo entre los jovenes. Se propone crear una Garantía de Empleo Joven que asegure que en los 4 meses siguientes a la finalización del sistema de enseñanza obligatorio, el joven esté empleado, en formación, o ha accedido a un nivel de educación superior.

La Comisión Europea reforzará la iniciativa con grupos de expertos y 22 billones de euros del Fondo Social Europeo, con especial atención y dedicación a los 8 países con peores tasas de desempleo entre los jovenes.

  • Reforzar la PYME, columna vertebral de la economía Europea

Mejorar sus capacidades, promover su expansion dentro de la Unión Europea, y sobre todo apoyar su expansion internacional fuera de la Unión Europea.

Pero nada de esto será factible si no se elimina el principal obstáculo, el acceso de las PYMES al crédito. De los 347 billones de euros del presupuesto de la UE para el periodo 2007-2013 , todavía 82 billones de euros no han sido asignados. La Comisión propone a los Estados Miembros trabajar juntos para reprogramar este presupuesto y dirigirlo a proyectos de crecimiento. Por ejemplo, las PYMES podrían utilizar los Fondos Estructurales como garantia a la hora de contratar préstamos con los bancos.

 

En este enlace podéis acceder a la propuesta de la Comisión Europea: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/pdf/20120130_jmbpresentation_en.pdf

31
Ene

El santo temor al déficit

Escrito el 31 Enero 2012 por Juan Pedro Serrano Arroyo en Sector público

EL SANTO TEMOR AL DÉFICIT
He querido tomar esta sentencia de nuestro premio Nobel de Literatura (1904) y Ministro de Hacienda, en varios gobiernos de la Restauración (1876-1923), que además de dramaturgo y político era matemático, José Echegaray y Eizaguirre.
Al volver a desempeñar el Ministerio de hacienda con Alfonso XII dijo: “Para el creyente, la salvación está en el santo temor de Dios; para todo Ministro de Hacienda, para los Gobiernos, para el país, la salvación está en el santo temor al déficit. Y si no queréis hacerlo santo, decid en el patriótico temor al déficit.”
El déficit se presenta cuando los ingresos son inferiores a los gastos y para poder atender estos hay que endeudarse.
También, hay que tener en consideración que en el presupuesto los gastos suelen estar muy determinados y son limitativos, no se puede gastar más de los importes que aparecen consignados en el presupuesto, por el contrario, los ingresos son meras estimaciones, por lo que los gobernantes pueden, para poder cuadrar el presupuesto, caer en la tentación de introducir nuevas figuras impositivas o establecer un cuadro macroeconómico que gracias al mismo aporte unos mayores ingresos que luego la realidad nos va a demostrar que no se realizan o se recauda menor importe de lo presupuestado, y al no ser reales los ingresos y ser mayores los gastos se genera el déficit presupuestario.
En la actualidad se está volviendo a hablar que las Administraciones no pueden gastar por encima de lo que recaudan, que no es bueno para el país la existencia de déficit y por eso se han de adoptar medidas para eliminar los déficit anteriores a los que hay que dedicar ingentes cantidades de recursos y evitar en volver a caer en esas prácticas de gastar por encima de lo que se tiene.
El tema es que en ninguna norma se dice con claridad que se pueda incurrir en déficit, luego es una práctica de ciertos políticos que por su concepción parece que no quieren dejar de pasar a la historia y gastan y gastan sin tener ningún referente, incluso en inversiones de escasa o nula utilidad para la comunidad, dejando una elevada deuda para las generaciones siguientes que las impedirán adoptar medida alguna, ya que han de devolver esa deuda y sus intereses.
Creo que es necesario e imprescindible exigir que para que un político pudiera ejercer como responsable del presupuesto de una Administración pública se comprometiera a no gastar más de lo que esa Administración pueda disponer. Sería un requisito indispensable sin el cual el político no pudiera acceder a ocupar esa responsabilidad.
Entiendo que el déficit como tal debería estar prohibido en la norma fundamental, como se ha hecho recientemente en España, y por eso al jurar o prometer la misma en las tomas de posesión se debería remarcar este aspecto para que fuera tan explicito que su incumplimiento permitiera la exigencia de responsabilidades.
Es cierto que la eliminación del déficit no soluciona todos los problemas de un país, ya que lo fundamental son las reformas estructurales que se adopten, pero sería difícil llevarlas a cabo si la mayor parte de los recursos tiene que ir destinados al pago de la deuda generada por déficit anteriores. El hecho de presentar un presupuesto sin déficit no implica que no se puedan llevar a cabo inversiones, lo que pasa es que obligaría a revisar el papel y estructura del sector público, que tendría que ser muy distinto al que actualmente presenta, y a seleccionar inversiones productivas para el país.
Como botón de muestra no hay que dejar en el olvido el coste de aeropuertos públicos sobredimensionados; o el apoyo financiero a aeropuertos privados, alguno de ellos sin ninguna actividad, es decir, cerrados; Aves sin viajeros; instalaciones deportivas en la mayoría de las poblaciones cuando alguna de ella está casi sin población para su uso, o las de súper lujo muy infrautilizadas como la Caja Mágica; el velódromo de Palma, que no está homologado para actividades ciclistas; el puerto deportivo de Laredo, que no tiene barcos; el circuito de Alcañíz; carreteras, puentes y túneles para escasos vehículos; obras faraónicas, etc. que han supuesto un elevado coste que de dedicarse a otras atenciones hubieran mejorado las infraestructuras y el bienestar de nuestro país y probablemente no hubieran ayudado a crecer el déficit.
Fdo. Juan Pedro Serrano Arroyo

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