Entradas Etiquetadas con ‘Administración Pública’

5
Jul

Esta semana hemos conocido los últimos datos del desempleo en España con un descenso del 2,10% en el último mes. A pesar de ser el dato récord desde que se conocen datos fiables, todos los sectores los han tomado con escepticismo y cautela ante la complicada situación económica que vive el país.  Además, el sector industrial no es uno de los más favorecidos por estos números y, por extensión, el sector medioambiental tampoco.

Sin embargo, una iniciativa legislativa del Partido Popular puede contribuir a la mejora del sector. El partido que gobierna en la mayoría de las administraciones de nuestro país, ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley para aprobar la Ley integral de lucha contra el cambio climático. Con este plan, se busca la colaboración de las Comunidades Autónomas y entidades locales para lograr una mayor coordinación basada en los principios de desarrollo sostenible, precaución, cooperación, integración sectorial, participación y corresponsabilidad

Una de las claves para el éxito de esta proposición es que defina actuaciones concretas y ambiciosas que incidan, sobre todo, en un mayor control medioambiental por parte de los poderes públicos y conseguir, además, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

En la Proposición no de Ley se reconoce la aportación positiva del reciclaje a la reducción de emisiones de GEI. En concreto plantea el impulso a las políticas de reciclado de residuos como una de las herramientas más poderosas de lucha contra el cambio climático. Esta estrategia se alinea con las de los principales países europeos que acumulan ya cinco años de experiencia en el apoyo de las políticas de reciclado para reducir las emisiones de dichos gases.

En los últimos años de crisis económica, al pasar las cuestiones medioambientales a un segundo plano, algunas asociaciones hemos ofrecido a las empresas del sector herramientas relacionadas con las emisiones de estos gases. En el caso de la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE), ofrecemos un protocolo  que permite calcular las emisiones de gases de efecto invernadero. Es una contribución a la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, que contempla la reducción de las emisiones de GEI derivadas del sector de los residuos.

A pesar de la crisis económica, los daños ambientales y los datos de desempleo que afectan, no sólo a España, sino a toda la Eurozona en conjunto (con un 11,1% de paro según datos de mayo), este tipo de iniciativas parlamentarias vuelven a poner en valor cuestiones muy importantes que se están viendo opacadas por las urgentes.

3
Jul

Tamaño de las Administraciones Públicas

Escrito el 3 Julio 2012 por Juan Pedro Serrano Arroyo en Sector público

Hoy no tiene discusión de que el  tamaño de las Administraciones Públicas está muy por encima de las verdaderas necesidades del país y  el coste que supone mantenerlo las hace inviables.

El actual sector público de España se corresponde con una situación de bonanza económica y de un crecimiento en torno al 2% anual, que desde luego no encaja con la realidad  de decrecimiento del PIB y la profunda crisis económica y financiera que asola a nuestro país. En estos momentos no hay ingresos para soportar el pesado aparato burocrático y parte de los gastos y subsidios que atiende, sin olvidarse del coste de los más de 3 millones de empleados públicos.

Europa y él FMI tienen su mirada puesta en el gasto de las 17 administraciones autonómicas y al de los más de 8.000 municipios españoles, de los que se estima que casi la mitad de ellos son inviables económicamente, pero que tienen una buena carga de gasto público. Eso, sin olvidar la impresionante colección de empresas públicas, la inmensa mayoría deficitarias, de las que muchas se han creado  para eludir cualquier tipo de control,  para sentar en los consejos de administración a políticos y para colocar a personas de su entorno, ya que una buena parte  de ellas tienen poca justificación técnica, ni objetiva, ni quizás sean necesarias   y más de una tiene  escasa actividad real.

Hay que diseñar que tipo de Estado se quiere, qué ha de atender y cómo se ha de estructurar su organización y el personal que es necesario en un entorno de administración electrónica y de uso masivo de redes sociales. Sentada la anterior premisa, Unidad a Unidad habría que responder a la siguiente cuestión: ¿Cuál es su Misión? Revisando en profundidad las misiones de las distintas unidades organizativas se podrá proceder al redimensionamiento o supresión de las mismas, permitiendo alinear los recursos necesarios con las necesidades reales. Este proceso precisa de revisiones sistemáticas, porque las funciones y alcances cambian, se pueden redistribuir responsabilidades entre los distintos niveles organizativos y territoriales, o bien cuando las tecnologías transformen los escenarios y condiciones del entorno.

Por ejemplo, y sin entrar en otros muchos aspectos ni de gestión ni de estructura,  la misión de una determinada Unidad puede ser la del reconocimiento y pago de pensiones. Esta actividad se puede considerar como una parte esencial del nuevo modelo de Estado, pero, ¿se necesita de tanto personal cuando las altas, las bajas, las bases retributivas y años de servicio que van a determinar el cálculo de la pensión se transmiten electrónicamente, mes a mes en los boletines de cotización? Cuando la comunicación se puede hacer por vía electrónica a los pensionistas ¿se deben de  seguir haciendo campañas de publicidad o no reducir en gran parte el ingente gasto de correos para su notificación?

Otro ejemplo, hay Ayuntamientos que o tienen televisión, o radio,  o periódico o un enorme gabinete de prensa y de comunicación, o todo a la vez, alguien puede afirmar que ¿esta actividad es una Misión de un Ayuntamiento? No lo es y no tiene sentido ni justificación el gasto de muchos ayuntamientos en estas cuestiones y más con los medios que ofrece la sociedad de la información para la rápida transmisión de cualquier mensaje, como puede ser internet o las  redes sociales.

Pero con los gastos habría que llevar un proceso similar, examinar uno por uno y eliminar los que no encajen con la Misión, para luego valorar el impacto social y económico del mismo huyendo de las decisiones partidarias, estableciendo prioridades y eligiendo entre varias alternativas para hacer lo mismo con un menor coste, por la eficiencia.

Un solo apunte en materia del personal, si se eliminan Unidades ¿sobra personal? En principio ya sobran sin suprimir Unidades, en especial de los que han entrado sin oposición o se han ido colocando en función de intereses partidistas, etc. por lo que es necesaria una reducción. Una vez culminada esta primera etapa se puede redistribuir el personal de las unidades excedentarias a las de gestión directa al ciudadano, reforzando, por ejemplo, el trabajo burocrático de comisarias y liberando a policías para que se centren en su labor, apoyando administrativamente a los hospitales, liberando de esta tarea al personal sanitario, apoyo administrativo a la administración de justicia, y un largo etcétera.

Juan Pedro Serrano Arroyo

21
Jun

Hacia un nuevo plan de residuos

Escrito el 21 Junio 2012 por Luis Palomino Leal en Sector público

La pasada semana el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, compareció en la Comisión de Medio Ambiente del Senado. En su exposición, y ante las preguntas de algunos de los portavoces de la oposición, dejó claro que el Gobierno, concretamente el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, tiene previsto para un futuro próximo elaborar un plan nacional de residuos que intensificará la coordinación entre las administraciones que tienen competencia en esta materia.

Como ya hemos expuesto en reiteradas ocasiones en este blog, la legislación ambiental está siendo relegada a un segundo plano con la crisis económica y ha dejado de ser una prioridad. Una tendencia de la que la gestión de residuos no escapa.

Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los gestores es la disparidad legislativa existente en todo el territorio nacional, con una normativa diferente para cada Comunidad Autónoma que origina grandes desigualdades (administrativas y económicas) entre regiones. Un plan de coordinación como el anunciado por el Secretario de Estado ayudaría a mejorar esta situación y a sentar las bases y los mínimos exigibles que todas las empresas del sector deben cumplir independientemente de donde estén localizadas.

Los primeros pasos de este plan nacional de residuos incluye la constitución, el pasado mes de abril, de la Comisión de Coordinación que la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados establecía. Con esta primera reunión se iniciaba la colaboración entre las diferentes administraciones competentes en materia de residuos para compartir experiencias e intentar buscar soluciones a la complicada situación que está viviendo la actividad.

En esta Comisión, según expresó el Secretario de Estado, está previsto crear grupos de trabajo especializados en diferentes áreas (peligrosos, plásticos…) a la que se unirán varias asociaciones y organizaciones  para ofrecer el punto de vista profesional de los problemas que vive el sector, aunque estos grupos todavía no han sido convocados.

El sector de residuos espera que el Ministerio cuente finalmente con los profesionales en estos grupos de trabajo, ya que son los que conocen los problemas actuales de primera mano. Además de la Comisión, actualmente está en trámite en el Congreso de los Diputados el Real Decreto ley de medidas urgentes de medio ambiente, que modifica la Ley 22/2011 y que busca, bajo los principios de seguridad, igualdad, eficiencia y eficacia, mejorar el panorama presente.

1
Mar

La depuración incorrecta de aguas en España

Escrito el 1 Marzo 2012 por Luis Palomino Leal en Sector público

Ante el Consejo Europeo de Medio Ambiente del próximo 8 de marzo, el Ministerio de Agricultura, Alimentación  y Medio Ambiente,  ya ha lanzado las alarmas sobre la multa a la que nuestro país se expone por depuración incorrecta de aguas. Según el Gobierno, España incumple la normativa de depuración de aguas en más de 38 ciudades de más de 15.000 habitantes y se puede enfrentar a una sanción económica por parte de Bruselas de entre 20 y 50 millones de euros al año.

El ministro Miguel Arias Cañete, fue claro en su comparecencia en el Congreso con el tema de la depuración de aguas, comprometiéndose a alcanzar la plena depuración de la carga contaminante de las aguas en España. Como primera fase, señaló los grandes núcleos y las poblaciones que estén en zonas ambientalmente sensibles, independientemente de su tamaño.

Estas medidas son necesarias pero hay que tener en cuenta que la depuración de aguas es competencia autonómica y municipal. Si tenemos en cuenta que la situación financiera de las autonomías es muy delicada, esto puede ocasionar que los gobiernos regionales no prioricen estas cuestiones medioambientales.

 Un ejemplo de falta de priorización de estas cuestiones es el hecho de que se permita a algunas instalaciones relacionadas con el tratamiento de aguas urbanas aceptar residuos para los que no están autorizados. Este es el caso de aguas residuales de origen industrial o de otras instalaciones de tratamiento de residuos que deberían ser tratadas en instalaciones autorizadas y especializadas, que evitarían riesgos medioambientales y de salud pública.

Para paliar que los gobiernos autonómicos relajen el cumplimiento de la legislación ambiental, lo que implicaría las sanciones económicas como las mencionadas anteriormente, urge una política común de residuos para todo el territorio nacional que asegure una aplicación estricta y homogénea de la legislación de residuos. Ese es el primer paso para que las empresas, las administraciones y los ciudadanos asuman su responsabilidad sin escudarse en la indefinición y la disparidad legislativa que padecemos actualmente.

Los profesionales que trabajamos con cuestiones medioambientales confiamos en que la Comisión de Coordinación en materia de residuos, que va a comenzar a dar sus primeros pasos, sea el organismo clave para que haya una mayor colaboración y eficacia entre las distintas administraciones competentes. Esta comisión está contemplada en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados aprobada el año pasado. Para que la comisión sea realmente efectiva necesita, en primer lugar, que todas las partes tengan la voluntad de homogeneizar la legislación de residuos y, además, un desarrollo reglamentario que regule su funcionamiento.

20
Ene

Los presupuestos para las Administración Públicas se reducen, y no es probable que vayan a crecer de forma importante a medio plazo. Las Administraciones Públicas se ven abocadas a prestar los mismos servicios públicos, a la misma cantidad de ciudadanos y con la mejor calidad, y los ciudadanos están en su derecho de exigirlo.

Una primera reacción al actual contexto de reducción de gasto, como es evidente,  es dejar de prestar algunos servicios públicos, o reducir su prestación. A menos presupuesto menor actividad. Pero ¿Qué servicio público se reduce o elimina? ¿Qué servicios públicos podríamos considerar superfluos o que la población podría pasar sin ellos? No creo que haya muchos, y desde luego su eliminación tampoco creo que sea la clave para la solución a la grave crisis económica.

Hay que seguir haciendo lo mismo pero con menos.

En este contexto, de difícil encaje, es el momento idóneo para seguir trabajando aun con más esfuerzo en una Administración más eficaz y eficiente de lo que ya es hoy. La Administración tiene que seguir cumpliendo sus funciones, sus objetivos, y para ello emplear sus recursos de una forma óptima. Hay que eliminar duplicidades en la prestación de servicios, y optimizar la forma en la que estos se prestan. Hay que hacer una reingeniería completa de nuestra AAPP, contemplando todos sus niveles.

Sólo reduciendo de forma radical los costes de funcionamiento de nuestras administraciones podremos mantener, y quizás mejorar, la inversión en áreas claves para la Sociedad como la Sanidad, o estratégicas como la Educación e Investigación.

El actual gobierno ya ha puesto los  mimbres para ello, limitando la capacidad de gasto de las CCAA, tal y como se anunció esta semana. Y también abordará el de las EELL en breve. Con estas limitaciones todas las AAPP se verán obligadas a repensar qué servicios prestan, a eliminar duplicidades, y a optimizar su ejecución.

Las Tecnologías de la Información han facilitado ya la reingeniería y digitalización de multitud de procesos operativos internos y externos de las AAPP, reduciendo los costes de prestación del servicio y mejorando la calidad en su ejecución. Son muchos y relevantes los casos de éxito, desde la Declaración de la Renta, un ejemplo para toda Europa, hasta la renovación del permiso de conducir.

España se cuenta entre los primeros a nivel internacional (Informe UN) en desarrollo de su Administración Electrónica. Desde mediados de los 90 se ha trabajado mucho y bien para conseguirlo, y esta línea se fue consolidando desde comienzos del 2000, pero todavía hay mucho margen de mejora.

Está claro pues que nuestras Administraciones ya cuentan con el ´Know How´ y ´Expertise´ para llevar a cabo este proceso, queda seguir trabajando y reforzar este área de actuación.

En otros sectores de actividad relevantes ya se han reducido los costes de operación al mínimo. Los bancos han volcado todos sus servicios más comunes a la Red y han reducido radicalmente sus costes de operación, quedando la prestación física del servicio reducida a aquellas actividades de más complejidad y que se aporta más valor al cliente y a la organización.

Los ciudadanos están habituados a no desplazarse a su banco para realizar una transferencia, a no acudir a la oficina de su suministrador de energía para cambiar de domicilio, o a contratar un servicio de acceso a Internet sin tener que moverse de casa. No sólo es que estén habituados, es que lo exigen.

El ciudadano exige los mismos canales de prestación de servicios a las Administraciones Públicas, y con la misma calidad. No hay tiempo para más demoras, y el contexto actual es idóneo para acometer la fase final del proceso de digitalización de las AAPP comenzado hace años.

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