Entradas Etiquetadas con ‘Eficacia’

21
Jun

Hacia un nuevo plan de residuos

Escrito el 21 Junio 2012 por Luis Palomino Leal en Sector público

La pasada semana el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, compareció en la Comisión de Medio Ambiente del Senado. En su exposición, y ante las preguntas de algunos de los portavoces de la oposición, dejó claro que el Gobierno, concretamente el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, tiene previsto para un futuro próximo elaborar un plan nacional de residuos que intensificará la coordinación entre las administraciones que tienen competencia en esta materia.

Como ya hemos expuesto en reiteradas ocasiones en este blog, la legislación ambiental está siendo relegada a un segundo plano con la crisis económica y ha dejado de ser una prioridad. Una tendencia de la que la gestión de residuos no escapa.

Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los gestores es la disparidad legislativa existente en todo el territorio nacional, con una normativa diferente para cada Comunidad Autónoma que origina grandes desigualdades (administrativas y económicas) entre regiones. Un plan de coordinación como el anunciado por el Secretario de Estado ayudaría a mejorar esta situación y a sentar las bases y los mínimos exigibles que todas las empresas del sector deben cumplir independientemente de donde estén localizadas.

Los primeros pasos de este plan nacional de residuos incluye la constitución, el pasado mes de abril, de la Comisión de Coordinación que la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados establecía. Con esta primera reunión se iniciaba la colaboración entre las diferentes administraciones competentes en materia de residuos para compartir experiencias e intentar buscar soluciones a la complicada situación que está viviendo la actividad.

En esta Comisión, según expresó el Secretario de Estado, está previsto crear grupos de trabajo especializados en diferentes áreas (peligrosos, plásticos…) a la que se unirán varias asociaciones y organizaciones  para ofrecer el punto de vista profesional de los problemas que vive el sector, aunque estos grupos todavía no han sido convocados.

El sector de residuos espera que el Ministerio cuente finalmente con los profesionales en estos grupos de trabajo, ya que son los que conocen los problemas actuales de primera mano. Además de la Comisión, actualmente está en trámite en el Congreso de los Diputados el Real Decreto ley de medidas urgentes de medio ambiente, que modifica la Ley 22/2011 y que busca, bajo los principios de seguridad, igualdad, eficiencia y eficacia, mejorar el panorama presente.

29
Mar

Duplicidades en lo público

Escrito el 29 Marzo 2012 por Daniel Berzosa en Sector público

El Gobierno había anunciado que eliminaría organismos autónomos, entes y empresas públicas ante las «excesivas» duplicidades, por boca de su presidente, Sr. Rajoy, en una reciente sesión de control. Y adelantaba que, tan pronto como se acuerde con las autonomías la cuestión del déficit, el ejecutivo hablará de «unidad de mercado y duplicidades». En palabras del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, con carácter general y espíritu de ordenación, hay que evitar que se tengan que financiar competencias que correspondan a otras administraciones públicas.

Cuatro ejemplos, tomados al azar entre las listas que circulan, de la sobrecarga institucional son los siguientes. La deuda de todas las televisiones autonómicas se ha incrementado hasta los 1.466 millones de euros en 2010. Andalucía, cuya deuda no tiene la consideración de bono basura —todo sea dicho—, tiene, no obstante, 54 empresas públicas, con un presupuesto de 5.282 millones de euros. Cataluña, cuya deuda sí tiene la consideración de bono basura (como sucede con la Comunidad Valenciana) mantiene oficinas en el exterior (las «embajadas autonómicas») de las que se niega a prescindir. La evolución hipertrófica de la enseñanza universitaria pública en España, que ha desembocado en un modelo provincial (son casi cincuenta) y maneja un presupuesto de 6.700 millones de euros.

La situación agónica en la que se encuentra la economía española y no solo la financiera —que es evidente—, sino, también, la llamada real —que no es menos evidente—, ha obligado a los actuales dirigentes de la nación a tomar una serie de medidas fuertes. Parten de la convicción razonada (esperemos que también acertada) de que la estrategia u orden de procedimiento para que fructifiquen los mandatos políticos dictados —y por dictar, según se sigue anunciando—, con el fin de sacar a España del estado de cosas presente comienza por ordenar su propia casa. Naturalmente, el gobierno puede actuar de forma directa en la suya:la Administración General del Estado y sus entes institucionales. Pero no se olvide que la urgencia y la propia estrategia se refiere a todo el sector público y, por tanto, es absolutamente imprescindible que se involucren sin reservas los responsables políticos de las otras administraciones públicas: autonómica y local.

El Gobierno de la Nación ha aprobado (16-3-2012) y publicado (24-3-2012), esto es, puesto en marcha su plan de redimensionamiento del sector empresarial y fundacional de carácter públicos. Dicho de forma muy resumida, se concreta en un recorte del número de entidades, para evitar las denunciadas ineficiencias e incrementar la transparencia y el control, y, entre las medidas adoptadas, destacan (i) la rebaja sustancial de los gastos de personal y homologación de condiciones, (ii) la limitación del número de miembros en los consejos de administración de las sociedades públicas o con mayoría de capital público, y (iii) la rebaja y límite de las retribuciones e indemnizaciones de sus responsables y directivos.

Ante esta realidad del gobierno central en evitación de duplicidades, nos preguntamos: Y ¿qué han hecho los demás gobiernos autonómicos y locales? Y ¿qué hacen los demás gobiernos autonómicos y locales? Y ¿qué piensan hacer los demás gobiernos autonómicos y locales? Las respuestas a estas cuestiones nos interesan y conciernen también a todos los españoles, que lo seguimos siendo no solo cuando tratamos con la Administración General del Estado y sus extensiones, sino cuando lo hacemos con las administraciones autonómicas y locales.

19
Ene

Medidas coyunturales vs Actuaciones estructurales

Escrito el 19 Enero 2012 por Antonio Rodríguez Furones en Innovación, Sector público

En diciembre de 2010 escribí un post en el blog elnietodenicomaco que tenía por título “El recorte presupuestario cómo ¿solución?”, que hoy resulta de plena actualidad por las primeras medidas adoptadas por el nuevo gobierno.

Quizás la situación límite en la que nos encontramos precise de una subida impositiva como la que nos han aplicado. Si esto fuera así, lo que en mi opinión está claro es que este incremento debe ser temporal y lo más breve posible para tratar de recuperar la demanda interna cuanto antes. Es decir, debería tratarse de una decisión coyuntural y provisional que proporcione oxígeno para afrontar los imprescindibles cambios estructurales.

Análogamente, si bien es cierto que parte de los recortes presupuestarios van orientados a dejar de gastar fondos públicos en actividades claramente prescindibles, da la impresión que otros recortes se han calculado para “cuadrar” el déficit público (infraestructuras, I+D+i, etc…), siendo coyunturales en el sentido de que se espera recuperar parte de los mismos cuando las circunstancias mejoren en el futuro.

Respecto a estos últimos hay una serie de consideraciones a tener en cuenta para valorar lo acertado o no de la decisión. Por un lado, parece que el recorte se ha hecho “top-down” en lugar de “bottom-up”, como correspondería a una filosofía de presupuesto en base cero para determinar qué actividades son las menos importantes y, por otra parte, no es lo mismo gastar que invertir, sobre todo cuando se habla en términos de endeudamiento. Endeudarse  para gastar es vivir por encima de las posibilidades, endeudarse para invertir tiene sentido, ya que la inversión generará unos retornos superiores al préstamo concedido y los intereses devengados. Es más, la inversión que cumple estos criterios es clave para la recuperación de la economía del país.

Si bien las medidas anteriores son de efecto “directo” sobre la cuenta de resultados de la Función Pública, hay una ingente tarea en términos de eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos que, llevando más tiempo y con una dificultad de implantación mayor que lo expuesto, es la que garantiza la sostenibilidad del modelo al conllevar un aumento de la productividad: se trata de hacer más con menos. Para ello, es preciso cambiar ciertos paradigmas e impulsar ideas como el planteamiento de presupuesto en base cero anteriormente mencionado, o cuestiones como:

  • Generación de economías de escala: la descentralización y acercamiento de la administración al ciudadano no debería implicar la constitución de unidades de gestión territoriales descoordinadas en términos de planificación. En España se ha incurrido en un sobrecoste tan innecesario como importante en cuestiones dónde las economías de escala derivadas de una planificación conjunta son elevadas (centrales de compras; servicios asistenciales o de emergencia compartidos, etc…), y esta es una de las principales reformas a desarrollar.
  • Reingeniería de procesos: muchos de los procedimientos empleados en el Sector Público (exactamente igual que en el sector privado) no han sido revisados (y por tanto mejorados) en décadas. Es decir, revisemos el cómo hacemos el qué debemos hacer para que el desempeño sea realmente eficaz.

La aplicación de nuevas tecnologías a ambas cuestiones es el factor clave, a mi entender, para optimizar los recursos existentes y reducir los tiempos de ejecución necesarios. Esta modernización de los servicios, en la que se ha ido avanzando de forma desigual en los últimos años, deber ser parte esencial de una apuesta decisiva por mejorar la calidad y la eficacia de los servicios prestados al ciudadano (razón de ser de la Función Pública).

Las ideas anteriores, que seguro que tendremos oportunidad de desarrollar y debatir en este blog, implican desarrollar una reflexión en términos estratégicos (se trata de cuestiones estructurales no coyunturales) que incluye una etapa de análisis, el diseño y evaluación de alternativas y, finalmente, la implantación de la solución estratégica adoptada. En este sentido, la fase decisiva de todo el proceso es la implantación, siendo la propia gestión de ese cambio el punto crítico para conseguir el resultado esperado, que dependerá en gran medida de la capacidad y posibilidades del directivo público. 

En definitiva, la elaboración de planes para la consecución de economías de escala, tecnificación de la administración, reingeniería de procesos administrativos acordes con la realidad del s.XXI, etc… es necesaria, pero lo que realmente resulta imprescindible es disponer de personas (directivos y cuadros intermedios de la función pública) que dispongan de los medios precisos (por ejemplo, formación, y herramientas de gestión de RRHH) para poder liderar el cambio necesario.

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