Entradas Etiquetadas con ‘legislación’

5
Jul

Esta semana hemos conocido los últimos datos del desempleo en España con un descenso del 2,10% en el último mes. A pesar de ser el dato récord desde que se conocen datos fiables, todos los sectores los han tomado con escepticismo y cautela ante la complicada situación económica que vive el país.  Además, el sector industrial no es uno de los más favorecidos por estos números y, por extensión, el sector medioambiental tampoco.

Sin embargo, una iniciativa legislativa del Partido Popular puede contribuir a la mejora del sector. El partido que gobierna en la mayoría de las administraciones de nuestro país, ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley para aprobar la Ley integral de lucha contra el cambio climático. Con este plan, se busca la colaboración de las Comunidades Autónomas y entidades locales para lograr una mayor coordinación basada en los principios de desarrollo sostenible, precaución, cooperación, integración sectorial, participación y corresponsabilidad

Una de las claves para el éxito de esta proposición es que defina actuaciones concretas y ambiciosas que incidan, sobre todo, en un mayor control medioambiental por parte de los poderes públicos y conseguir, además, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

En la Proposición no de Ley se reconoce la aportación positiva del reciclaje a la reducción de emisiones de GEI. En concreto plantea el impulso a las políticas de reciclado de residuos como una de las herramientas más poderosas de lucha contra el cambio climático. Esta estrategia se alinea con las de los principales países europeos que acumulan ya cinco años de experiencia en el apoyo de las políticas de reciclado para reducir las emisiones de dichos gases.

En los últimos años de crisis económica, al pasar las cuestiones medioambientales a un segundo plano, algunas asociaciones hemos ofrecido a las empresas del sector herramientas relacionadas con las emisiones de estos gases. En el caso de la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE), ofrecemos un protocolo  que permite calcular las emisiones de gases de efecto invernadero. Es una contribución a la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, que contempla la reducción de las emisiones de GEI derivadas del sector de los residuos.

A pesar de la crisis económica, los daños ambientales y los datos de desempleo que afectan, no sólo a España, sino a toda la Eurozona en conjunto (con un 11,1% de paro según datos de mayo), este tipo de iniciativas parlamentarias vuelven a poner en valor cuestiones muy importantes que se están viendo opacadas por las urgentes.

21
Jun

Hacia un nuevo plan de residuos

Escrito el 21 Junio 2012 por Luis Palomino Leal en Sector público

La pasada semana el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, compareció en la Comisión de Medio Ambiente del Senado. En su exposición, y ante las preguntas de algunos de los portavoces de la oposición, dejó claro que el Gobierno, concretamente el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, tiene previsto para un futuro próximo elaborar un plan nacional de residuos que intensificará la coordinación entre las administraciones que tienen competencia en esta materia.

Como ya hemos expuesto en reiteradas ocasiones en este blog, la legislación ambiental está siendo relegada a un segundo plano con la crisis económica y ha dejado de ser una prioridad. Una tendencia de la que la gestión de residuos no escapa.

Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los gestores es la disparidad legislativa existente en todo el territorio nacional, con una normativa diferente para cada Comunidad Autónoma que origina grandes desigualdades (administrativas y económicas) entre regiones. Un plan de coordinación como el anunciado por el Secretario de Estado ayudaría a mejorar esta situación y a sentar las bases y los mínimos exigibles que todas las empresas del sector deben cumplir independientemente de donde estén localizadas.

Los primeros pasos de este plan nacional de residuos incluye la constitución, el pasado mes de abril, de la Comisión de Coordinación que la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados establecía. Con esta primera reunión se iniciaba la colaboración entre las diferentes administraciones competentes en materia de residuos para compartir experiencias e intentar buscar soluciones a la complicada situación que está viviendo la actividad.

En esta Comisión, según expresó el Secretario de Estado, está previsto crear grupos de trabajo especializados en diferentes áreas (peligrosos, plásticos…) a la que se unirán varias asociaciones y organizaciones  para ofrecer el punto de vista profesional de los problemas que vive el sector, aunque estos grupos todavía no han sido convocados.

El sector de residuos espera que el Ministerio cuente finalmente con los profesionales en estos grupos de trabajo, ya que son los que conocen los problemas actuales de primera mano. Además de la Comisión, actualmente está en trámite en el Congreso de los Diputados el Real Decreto ley de medidas urgentes de medio ambiente, que modifica la Ley 22/2011 y que busca, bajo los principios de seguridad, igualdad, eficiencia y eficacia, mejorar el panorama presente.

26
Abr

El pasado día 19 de abril se constituyó la Comisión de coordinación contemplada en la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados. La Comisión estuvo presidida por Guillermina Yanguas, directora general de Evaluación y Calidad Ambiental y Medio Natural, y se creó como un “foro de encuentro, discusión, colaboración y cooperación de las administraciones competentes en materia de residuos”.

En su primera reunión algunos directores generales de las diferentes Comunidades Autónomas representadas, solicitaron al Gobierno un cambio en la Ley de residuos, por ejemplo en aspectos relacionados con la simplificación de las cargas administrativas que tiene que soportar el sector.

El director general de Calidad Ambiental de la Comunidad Valenciana, Vicente Tejedo, fue más concreto en las medidas que piden al Gobierno para conseguir mejoras en el sector de la gestión de residuos. Según Tejedo, “hay leyes más modernas que entran en contradicción con las más antiguas”, por ello se debería “armonizar el protocolo de actuación para descatalogar un residuo como peligroso y revisar su tipificación y caracterización, ya que se encuentra obsoleta”.

Ante estas afirmaciones no hay que olvidar que la caracterización de un residuo como peligroso es una normativa europea que obedece a la necesidad de evitar riesgos para la salud y el medio ambiente. De no cumplirse, quedaríamos expuestos a sanciones por parte de la Unión Europea por incumplimiento de la legislación vigente.

Desde mediados de los 80 comenzaron las actividades de tratamiento de residuos peligrosos con el fin de combatir los riesgos derivados de los suelos contaminados, que hoy en día se siguen descontaminando a muy elevado coste. El tratamiento de residuos peligrosos es la actividad más consolidada del área de gestión de residuos y ha evolucionado hacia un sector que recupera energía, materias primas y genera empleo. De darse los cambios propuestos en la Comisión se rebajaría el nivel de exigencia ambiental para las empresas y aumentarían los riesgos para la salud pública y el entorno.

Por ello no tiene sentido plantear esta cuestión desde una Comunidad Autónoma o desde España, ya que es una legislación comunitaria que obedece a criterios estrictamente técnicos que deben ser aplicados de forma rigurosa y homogénea en todo el país. De esta forma se evitaría la justificación de la gestión incorrecta de los residuos que son peligrosos y que no son tratados como tal. Algunos de estos residuos terminan mezclándose con residuos de otras características, obviando el tratamiento que les corresponde en función de su peligrosidad o dificultando y encareciendo su gestión y otros acaban diluyéndose en otro tipo de procesos. Acciones que ya están teniendo consecuencias tangibles.

 

29
Mar

La necesidad de una política común en materia de residuos

Escrito el 29 Marzo 2012 por Luis Palomino Leal en Sector público

Hace unas semanas el Consejo Económico y Social de España (CES) presentó el Informe sobre Desarrollo Autonómico, Competitividad y Cohesión Social, en el que se desarrollan las fortalezas y debilidades de la descentralización legislativa autonómica de España en materia de medio ambiente.

En las últimas décadas ha aumentado la preocupación por el medio ambiente y la sostenibilidad y se han ido fijando unos mínimos que las empresas deben cumplir en pro de la calidad ambiental. Sin embargo, hoy en día nos encontramos ante un panorama de disparidad de legislación ambiental y en un momento de relajación del cumplimiento de las normativas por falta de presupuesto y control por parte de la Administración Pública.

La ausencia de una política común de residuos para todo el país provoca una diferenciación en los estándares medioambientales exigibles a las empresas. Cuestión que además origina diferencias en los costes e impuestos según la región donde las empresas estén localizadas. Ejemplo de ello en materia de residuos, es la reciente aprobación del canon por residuo en Castilla y León. Desde abril, las empresas deberán abonar una tasa por tonelada de residuos depositada en los vertederos. En otras Comunidades este impuesto no existe, lo que lleva a muchas compañías a preferir transportar los residuos a otras regiones.

Tanto en el informe como en las asociaciones del sector de gestión de residuos, se reclama leyes integradoras, que armonicen y simplifiquen la normativa y los procedimientos en lo referente a la autorización y el tratamiento de los distintos tipos de residuos. Con una política común y la gestión y el control de cumplimiento de ésta por parte de la Administración, se fomentarán las buenas prácticas y la creación de empleos verdes.

Con una clara delimitación del sector y definición de los procesos y agentes que forman parte de la actividad, se creará un entorno de competencia leal y respeto del medio ambiente. Y así se contribuirá en solucionar los conflictos hoy en día existentes en diferentes Comunidades, como Cataluña, donde la utilización interesada del concepto de  subproducto lleva a tratar residuos peligrosos en instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas. De esta forma se evitarían los daños que estas prácticas provocan en la salud, el medio ambiente y el sector.

23
Feb

Hace unas semanas el Boletín Oficial de las Cortes de la Junta de Castilla y León anunciaba un nuevo canon de 15 euros por tonelada de residuos peligrosos que sean depositados en vertederos de la Comunidad. Por tanto, Castilla y León se une a Andalucía, Cantabria, Madrid y Murcia, en la lista de autonomías donde existe este impuesto. En el resto, se sigue haciendo libre de pago o con algunas limitaciones establecidas por sus planes de residuos.

La falta de homogeneización en la legislación en materia de residuos en España provoca una competencia innecesaria en el mercado. Los motivos más habituales son, por un lado, que las autorizaciones de las instalaciones de tratamiento son concedidas por distintas administraciones y, por tanto, operan bajo distintos criterios. Por otro, la gestión es controlada con distinta intensidad por las administraciones de todo el país. En este caso el canon provocará que, mientras existan Comunidades donde no haya que pagarlo, las empresas productoras de residuos preferirán gastar ese dinero en el transporte de los residuos hacia esas regiones.

Los Ayuntamientos de Ávila, Segovia o Valladolid, ya han mostrado su descontento ante la nueva medida adoptada por la Junta, ya que aseguran “más que un impuesto para fomentar el reciclaje, es una política recaudatoria” que van a pagar los ciudadanos y las empresas.

Para evitar estos argumentos, la recaudación de este impuesto debería contribuir a reforzar el cumplimiento de la legislación de residuos y a elevar el valor añadido de los tratamientos. Así, se favorecerían los tratamientos de reciclaje y la valorización, en detrimento de la eliminación, reservando la capacidad disponible de vertedero y evitando la creación de nuevas infraestructuras de este tipo.

De esta forma, para contribuir al cumplimiento de la legislación, el canon de vertido debería favorecer que cada residuo sea depositado en la instalación adecuada y para la que está autorizada. De lo contrario, esta medida perderá su carácter de instrumento económico que le concede la ley de residuos, y se convertirá en recaudatoria, siendo preferible su retirada de todo el Estado español.

Cada vez es más urgente una política común en materia de residuos en todo el territorio nacional, que evite este tipo de situaciones y aplique las mismas reglas del juego. Este mensaje fue lanzado en dos ocasiones por el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la pasada campaña electoral. El escenario actual corre el riesgo de fomentar malas prácticas, el tratamiento inadecuado de los residuos peligrosos, y el descontrol en la gestión.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle contenido relacionado con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. Aceptar