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26
Abr

El pasado día 19 de abril se constituyó la Comisión de coordinación contemplada en la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados. La Comisión estuvo presidida por Guillermina Yanguas, directora general de Evaluación y Calidad Ambiental y Medio Natural, y se creó como un “foro de encuentro, discusión, colaboración y cooperación de las administraciones competentes en materia de residuos”.

En su primera reunión algunos directores generales de las diferentes Comunidades Autónomas representadas, solicitaron al Gobierno un cambio en la Ley de residuos, por ejemplo en aspectos relacionados con la simplificación de las cargas administrativas que tiene que soportar el sector.

El director general de Calidad Ambiental de la Comunidad Valenciana, Vicente Tejedo, fue más concreto en las medidas que piden al Gobierno para conseguir mejoras en el sector de la gestión de residuos. Según Tejedo, “hay leyes más modernas que entran en contradicción con las más antiguas”, por ello se debería “armonizar el protocolo de actuación para descatalogar un residuo como peligroso y revisar su tipificación y caracterización, ya que se encuentra obsoleta”.

Ante estas afirmaciones no hay que olvidar que la caracterización de un residuo como peligroso es una normativa europea que obedece a la necesidad de evitar riesgos para la salud y el medio ambiente. De no cumplirse, quedaríamos expuestos a sanciones por parte de la Unión Europea por incumplimiento de la legislación vigente.

Desde mediados de los 80 comenzaron las actividades de tratamiento de residuos peligrosos con el fin de combatir los riesgos derivados de los suelos contaminados, que hoy en día se siguen descontaminando a muy elevado coste. El tratamiento de residuos peligrosos es la actividad más consolidada del área de gestión de residuos y ha evolucionado hacia un sector que recupera energía, materias primas y genera empleo. De darse los cambios propuestos en la Comisión se rebajaría el nivel de exigencia ambiental para las empresas y aumentarían los riesgos para la salud pública y el entorno.

Por ello no tiene sentido plantear esta cuestión desde una Comunidad Autónoma o desde España, ya que es una legislación comunitaria que obedece a criterios estrictamente técnicos que deben ser aplicados de forma rigurosa y homogénea en todo el país. De esta forma se evitaría la justificación de la gestión incorrecta de los residuos que son peligrosos y que no son tratados como tal. Algunos de estos residuos terminan mezclándose con residuos de otras características, obviando el tratamiento que les corresponde en función de su peligrosidad o dificultando y encareciendo su gestión y otros acaban diluyéndose en otro tipo de procesos. Acciones que ya están teniendo consecuencias tangibles.

 

12
Abr

Los planes medioambientales del Gobierno presentados en el Senado

Escrito el 12 abril 2012 por Luis Palomino Leal en Sector público

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, compareció el pasado lunes en el Senado. Hace unos meses en el Congreso expuso cuáles iban a ser las líneas de actuación de su Gobierno en materia ambiental y esta semana ha especificado algunas reformas y cambios que van a llevar a cabo desde el ministerio.

El ministro ha dejado claro que el medio ambiente no es sólo un valor en sí mismo, sino que además puede generar riqueza, empleo y bienestar para los ciudadanos. El cumplimiento de las normativas europeas y el diálogo entre la administración y los agentes involucrados son las bases para conseguir generar empleos verdes y el desarrollo económico esperado del sector. Aspecto que la Comisión Europea ya indicó en febrero:  la aplicación rigurosa de la legislación de residuos tendría un impacto muy positivo sobre el empleo.

La situación económica de España sabemos que está en un momento muy delicado, pero no por esto se pueden relajar los controles y permitir el incumplimiento de las leyes ambientales, ya que puede ocasionar serias consecuencias para el futuro además de tener un impacto muy negativo sobre el empleo verde. En esta línea, el ministro se ha comprometido a mejorar la cooperación entre las administraciones públicas y otros agentes interesados, y a simplificar y racionalizar del marco jurídico y la agilización de los controles medioambientales.

Además de la Ley de Costas, la depuración de las aguas y el cambio climático, el Gobierno también ha centrado sus políticas en la gestión de residuos. El objetivo fundamental es simplificar y reducir las cargas administrativas que recaen en los distintos operadores. Una simplificación en la que el propio sector aboga por una política común de residuos en todas las Comunidades Autónomas.

Para lograrlo las empresas y agentes del sector de gestión de residuos apuestan por el diálogo con las instituciones y la creación de la Comisión de Coordinación en materia de residuos que la Ley 22/2011 incluía. Según explicó el Ministro, esta Comisión se va a constituir el próximo mes, y en ella participarán todas las organizaciones competentes, lo que supondrá un instrumento de gran utilidad para abordar la mejora de la gestión de residuos en España.

A juicio del sector de tratamiento de residuos peligrosos, esta Comisión debería trabajar en la unificación de instrumentos económicos, como los cánones a la eliminación de residuos, la homogeneización de criterios de gestión y de aspectos concretos, como el concepto de subproducto.

Medidas ambientales con las que el ministro quiere recuperar la buena imagen de España y situarla como un ejemplo de responsabilidad ambiental ante Europa. Aunque los recortes y las presiones por partes de la Unión compliquen el escenario.

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