Entradas Etiquetadas con ‘políticas ambientales;’

5
jul

Esta semana hemos conocido los últimos datos del desempleo en España con un descenso del 2,10% en el último mes. A pesar de ser el dato récord desde que se conocen datos fiables, todos los sectores los han tomado con escepticismo y cautela ante la complicada situación económica que vive el país.  Además, el sector industrial no es uno de los más favorecidos por estos números y, por extensión, el sector medioambiental tampoco.

Sin embargo, una iniciativa legislativa del Partido Popular puede contribuir a la mejora del sector. El partido que gobierna en la mayoría de las administraciones de nuestro país, ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley para aprobar la Ley integral de lucha contra el cambio climático. Con este plan, se busca la colaboración de las Comunidades Autónomas y entidades locales para lograr una mayor coordinación basada en los principios de desarrollo sostenible, precaución, cooperación, integración sectorial, participación y corresponsabilidad

Una de las claves para el éxito de esta proposición es que defina actuaciones concretas y ambiciosas que incidan, sobre todo, en un mayor control medioambiental por parte de los poderes públicos y conseguir, además, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

En la Proposición no de Ley se reconoce la aportación positiva del reciclaje a la reducción de emisiones de GEI. En concreto plantea el impulso a las políticas de reciclado de residuos como una de las herramientas más poderosas de lucha contra el cambio climático. Esta estrategia se alinea con las de los principales países europeos que acumulan ya cinco años de experiencia en el apoyo de las políticas de reciclado para reducir las emisiones de dichos gases.

En los últimos años de crisis económica, al pasar las cuestiones medioambientales a un segundo plano, algunas asociaciones hemos ofrecido a las empresas del sector herramientas relacionadas con las emisiones de estos gases. En el caso de la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE), ofrecemos un protocolo  que permite calcular las emisiones de gases de efecto invernadero. Es una contribución a la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, que contempla la reducción de las emisiones de GEI derivadas del sector de los residuos.

A pesar de la crisis económica, los daños ambientales y los datos de desempleo que afectan, no sólo a España, sino a toda la Eurozona en conjunto (con un 11,1% de paro según datos de mayo), este tipo de iniciativas parlamentarias vuelven a poner en valor cuestiones muy importantes que se están viendo opacadas por las urgentes.

21
jun

Hacia un nuevo plan de residuos

Escrito el 21 junio 2012 por Luis Palomino Leal en Sector público

La pasada semana el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, compareció en la Comisión de Medio Ambiente del Senado. En su exposición, y ante las preguntas de algunos de los portavoces de la oposición, dejó claro que el Gobierno, concretamente el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, tiene previsto para un futuro próximo elaborar un plan nacional de residuos que intensificará la coordinación entre las administraciones que tienen competencia en esta materia.

Como ya hemos expuesto en reiteradas ocasiones en este blog, la legislación ambiental está siendo relegada a un segundo plano con la crisis económica y ha dejado de ser una prioridad. Una tendencia de la que la gestión de residuos no escapa.

Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los gestores es la disparidad legislativa existente en todo el territorio nacional, con una normativa diferente para cada Comunidad Autónoma que origina grandes desigualdades (administrativas y económicas) entre regiones. Un plan de coordinación como el anunciado por el Secretario de Estado ayudaría a mejorar esta situación y a sentar las bases y los mínimos exigibles que todas las empresas del sector deben cumplir independientemente de donde estén localizadas.

Los primeros pasos de este plan nacional de residuos incluye la constitución, el pasado mes de abril, de la Comisión de Coordinación que la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados establecía. Con esta primera reunión se iniciaba la colaboración entre las diferentes administraciones competentes en materia de residuos para compartir experiencias e intentar buscar soluciones a la complicada situación que está viviendo la actividad.

En esta Comisión, según expresó el Secretario de Estado, está previsto crear grupos de trabajo especializados en diferentes áreas (peligrosos, plásticos…) a la que se unirán varias asociaciones y organizaciones  para ofrecer el punto de vista profesional de los problemas que vive el sector, aunque estos grupos todavía no han sido convocados.

El sector de residuos espera que el Ministerio cuente finalmente con los profesionales en estos grupos de trabajo, ya que son los que conocen los problemas actuales de primera mano. Además de la Comisión, actualmente está en trámite en el Congreso de los Diputados el Real Decreto ley de medidas urgentes de medio ambiente, que modifica la Ley 22/2011 y que busca, bajo los principios de seguridad, igualdad, eficiencia y eficacia, mejorar el panorama presente.

7
jun

Hacia la Economía Verde

Escrito el 7 junio 2012 por Luis Palomino Leal en Sector público

El pasado martes se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, una jornada en la que Naciones Unidas pretende concienciar al mundo de la necesidad de cambiar el modelo económico actual, con el que estamos viviendo una interminable crisis económica y financiera.

Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que este año preside España, se ha elegido el lema Economía verde, ¿te incluye a ti? para la celebración de esta jornada. Un modelo en el que se quiere avanzar hacia una economía que incluya bajas emisiones de carbono, un uso eficiente de los recursos y que, al mismo tiempo, sea socialmente inclusiva.

La Economía Verde supone un nuevo sistema de negocio en el que el bienestar humano y la equidad social se combinan con la reducción de los riesgos ambientales y los daños ecológicos. Un esquema que desde varias organizaciones y asociaciones se quiere promover y difundir.

Desde la Organización Internacional del Trabajo se publicó hace unos días el informe Hacia el desarrollo sostenible. Oportunidades de trabajo decentes e inclusión social en una economía verde (puede descargarse el informe aquí). Un  estudio en el que se refuerza la necesidad de un cambio para lograr una transformación importante en muchos sectores de la economía. Algunos de estos  con gran potencial para crear empleos verdes y revertir la situación económica actual, como la agricultura, la energía, la pesca, las industrias forestales o el reciclaje, sin dejar de lado la inclusión y equidad social que este modelo promueve.

Con la Cumbre de Rio+20 que se celebrará en dos semanas, los países y organizaciones están haciendo balance del cumplimiento de los objetivos fijados hace dos décadas para conseguir un mundo sostenible. Los estándares ambientales son uno de los puntos que no todos los países aprueban ya que han perdido los niveles alcanzados y han ido relegándose a un segundo plano en los últimos años. Por esto es más necesario que nunca trabajar para conseguir las metas fijadas en Río: fortalecer los compromisos políticos en favor del desarrollo sostenible, lograr implementar los avances conseguidos y esforzarse por dar respuesta a los nuevos desafíos emergentes en el mundo.

Retos a los que podremos llegar con la colaboración de todas las instancias de la sociedad, desde los ciudadanos, hasta  los organismos internacionales.

26
abr

El pasado día 19 de abril se constituyó la Comisión de coordinación contemplada en la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados. La Comisión estuvo presidida por Guillermina Yanguas, directora general de Evaluación y Calidad Ambiental y Medio Natural, y se creó como un “foro de encuentro, discusión, colaboración y cooperación de las administraciones competentes en materia de residuos”.

En su primera reunión algunos directores generales de las diferentes Comunidades Autónomas representadas, solicitaron al Gobierno un cambio en la Ley de residuos, por ejemplo en aspectos relacionados con la simplificación de las cargas administrativas que tiene que soportar el sector.

El director general de Calidad Ambiental de la Comunidad Valenciana, Vicente Tejedo, fue más concreto en las medidas que piden al Gobierno para conseguir mejoras en el sector de la gestión de residuos. Según Tejedo, “hay leyes más modernas que entran en contradicción con las más antiguas”, por ello se debería “armonizar el protocolo de actuación para descatalogar un residuo como peligroso y revisar su tipificación y caracterización, ya que se encuentra obsoleta”.

Ante estas afirmaciones no hay que olvidar que la caracterización de un residuo como peligroso es una normativa europea que obedece a la necesidad de evitar riesgos para la salud y el medio ambiente. De no cumplirse, quedaríamos expuestos a sanciones por parte de la Unión Europea por incumplimiento de la legislación vigente.

Desde mediados de los 80 comenzaron las actividades de tratamiento de residuos peligrosos con el fin de combatir los riesgos derivados de los suelos contaminados, que hoy en día se siguen descontaminando a muy elevado coste. El tratamiento de residuos peligrosos es la actividad más consolidada del área de gestión de residuos y ha evolucionado hacia un sector que recupera energía, materias primas y genera empleo. De darse los cambios propuestos en la Comisión se rebajaría el nivel de exigencia ambiental para las empresas y aumentarían los riesgos para la salud pública y el entorno.

Por ello no tiene sentido plantear esta cuestión desde una Comunidad Autónoma o desde España, ya que es una legislación comunitaria que obedece a criterios estrictamente técnicos que deben ser aplicados de forma rigurosa y homogénea en todo el país. De esta forma se evitaría la justificación de la gestión incorrecta de los residuos que son peligrosos y que no son tratados como tal. Algunos de estos residuos terminan mezclándose con residuos de otras características, obviando el tratamiento que les corresponde en función de su peligrosidad o dificultando y encareciendo su gestión y otros acaban diluyéndose en otro tipo de procesos. Acciones que ya están teniendo consecuencias tangibles.

 

12
abr

Los planes medioambientales del Gobierno presentados en el Senado

Escrito el 12 abril 2012 por Luis Palomino Leal en Sector público

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, compareció el pasado lunes en el Senado. Hace unos meses en el Congreso expuso cuáles iban a ser las líneas de actuación de su Gobierno en materia ambiental y esta semana ha especificado algunas reformas y cambios que van a llevar a cabo desde el ministerio.

El ministro ha dejado claro que el medio ambiente no es sólo un valor en sí mismo, sino que además puede generar riqueza, empleo y bienestar para los ciudadanos. El cumplimiento de las normativas europeas y el diálogo entre la administración y los agentes involucrados son las bases para conseguir generar empleos verdes y el desarrollo económico esperado del sector. Aspecto que la Comisión Europea ya indicó en febrero:  la aplicación rigurosa de la legislación de residuos tendría un impacto muy positivo sobre el empleo.

La situación económica de España sabemos que está en un momento muy delicado, pero no por esto se pueden relajar los controles y permitir el incumplimiento de las leyes ambientales, ya que puede ocasionar serias consecuencias para el futuro además de tener un impacto muy negativo sobre el empleo verde. En esta línea, el ministro se ha comprometido a mejorar la cooperación entre las administraciones públicas y otros agentes interesados, y a simplificar y racionalizar del marco jurídico y la agilización de los controles medioambientales.

Además de la Ley de Costas, la depuración de las aguas y el cambio climático, el Gobierno también ha centrado sus políticas en la gestión de residuos. El objetivo fundamental es simplificar y reducir las cargas administrativas que recaen en los distintos operadores. Una simplificación en la que el propio sector aboga por una política común de residuos en todas las Comunidades Autónomas.

Para lograrlo las empresas y agentes del sector de gestión de residuos apuestan por el diálogo con las instituciones y la creación de la Comisión de Coordinación en materia de residuos que la Ley 22/2011 incluía. Según explicó el Ministro, esta Comisión se va a constituir el próximo mes, y en ella participarán todas las organizaciones competentes, lo que supondrá un instrumento de gran utilidad para abordar la mejora de la gestión de residuos en España.

A juicio del sector de tratamiento de residuos peligrosos, esta Comisión debería trabajar en la unificación de instrumentos económicos, como los cánones a la eliminación de residuos, la homogeneización de criterios de gestión y de aspectos concretos, como el concepto de subproducto.

Medidas ambientales con las que el ministro quiere recuperar la buena imagen de España y situarla como un ejemplo de responsabilidad ambiental ante Europa. Aunque los recortes y las presiones por partes de la Unión compliquen el escenario.

29
mar

La necesidad de una política común en materia de residuos

Escrito el 29 marzo 2012 por Luis Palomino Leal en Sector público

Hace unas semanas el Consejo Económico y Social de España (CES) presentó el Informe sobre Desarrollo Autonómico, Competitividad y Cohesión Social, en el que se desarrollan las fortalezas y debilidades de la descentralización legislativa autonómica de España en materia de medio ambiente.

En las últimas décadas ha aumentado la preocupación por el medio ambiente y la sostenibilidad y se han ido fijando unos mínimos que las empresas deben cumplir en pro de la calidad ambiental. Sin embargo, hoy en día nos encontramos ante un panorama de disparidad de legislación ambiental y en un momento de relajación del cumplimiento de las normativas por falta de presupuesto y control por parte de la Administración Pública.

La ausencia de una política común de residuos para todo el país provoca una diferenciación en los estándares medioambientales exigibles a las empresas. Cuestión que además origina diferencias en los costes e impuestos según la región donde las empresas estén localizadas. Ejemplo de ello en materia de residuos, es la reciente aprobación del canon por residuo en Castilla y León. Desde abril, las empresas deberán abonar una tasa por tonelada de residuos depositada en los vertederos. En otras Comunidades este impuesto no existe, lo que lleva a muchas compañías a preferir transportar los residuos a otras regiones.

Tanto en el informe como en las asociaciones del sector de gestión de residuos, se reclama leyes integradoras, que armonicen y simplifiquen la normativa y los procedimientos en lo referente a la autorización y el tratamiento de los distintos tipos de residuos. Con una política común y la gestión y el control de cumplimiento de ésta por parte de la Administración, se fomentarán las buenas prácticas y la creación de empleos verdes.

Con una clara delimitación del sector y definición de los procesos y agentes que forman parte de la actividad, se creará un entorno de competencia leal y respeto del medio ambiente. Y así se contribuirá en solucionar los conflictos hoy en día existentes en diferentes Comunidades, como Cataluña, donde la utilización interesada del concepto de  subproducto lleva a tratar residuos peligrosos en instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas. De esta forma se evitarían los daños que estas prácticas provocan en la salud, el medio ambiente y el sector.

1
mar

La depuración incorrecta de aguas en España

Escrito el 1 marzo 2012 por Luis Palomino Leal en Sector público

Ante el Consejo Europeo de Medio Ambiente del próximo 8 de marzo, el Ministerio de Agricultura, Alimentación  y Medio Ambiente,  ya ha lanzado las alarmas sobre la multa a la que nuestro país se expone por depuración incorrecta de aguas. Según el Gobierno, España incumple la normativa de depuración de aguas en más de 38 ciudades de más de 15.000 habitantes y se puede enfrentar a una sanción económica por parte de Bruselas de entre 20 y 50 millones de euros al año.

El ministro Miguel Arias Cañete, fue claro en su comparecencia en el Congreso con el tema de la depuración de aguas, comprometiéndose a alcanzar la plena depuración de la carga contaminante de las aguas en España. Como primera fase, señaló los grandes núcleos y las poblaciones que estén en zonas ambientalmente sensibles, independientemente de su tamaño.

Estas medidas son necesarias pero hay que tener en cuenta que la depuración de aguas es competencia autonómica y municipal. Si tenemos en cuenta que la situación financiera de las autonomías es muy delicada, esto puede ocasionar que los gobiernos regionales no prioricen estas cuestiones medioambientales.

 Un ejemplo de falta de priorización de estas cuestiones es el hecho de que se permita a algunas instalaciones relacionadas con el tratamiento de aguas urbanas aceptar residuos para los que no están autorizados. Este es el caso de aguas residuales de origen industrial o de otras instalaciones de tratamiento de residuos que deberían ser tratadas en instalaciones autorizadas y especializadas, que evitarían riesgos medioambientales y de salud pública.

Para paliar que los gobiernos autonómicos relajen el cumplimiento de la legislación ambiental, lo que implicaría las sanciones económicas como las mencionadas anteriormente, urge una política común de residuos para todo el territorio nacional que asegure una aplicación estricta y homogénea de la legislación de residuos. Ese es el primer paso para que las empresas, las administraciones y los ciudadanos asuman su responsabilidad sin escudarse en la indefinición y la disparidad legislativa que padecemos actualmente.

Los profesionales que trabajamos con cuestiones medioambientales confiamos en que la Comisión de Coordinación en materia de residuos, que va a comenzar a dar sus primeros pasos, sea el organismo clave para que haya una mayor colaboración y eficacia entre las distintas administraciones competentes. Esta comisión está contemplada en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados aprobada el año pasado. Para que la comisión sea realmente efectiva necesita, en primer lugar, que todas las partes tengan la voluntad de homogeneizar la legislación de residuos y, además, un desarrollo reglamentario que regule su funcionamiento.

9
feb

Primeras impresiones sobre los planes medioambientales del Gobierno

Escrito el 9 febrero 2012 por Luis Palomino Leal en Sector público

La semana pasada el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, compareció en el Congreso de los Diputados con una larga lista de cambios y revisiones que se van a desarrollar en materia de residuos, suelos contaminados y responsabilidad ambiental.

Entre estos puntos destaca el deseo de simplificar e integrar las normativas ya existentes, gracias a la limitación de trámites innecesarios y a la definición clara de los conceptos. Esta meta requiere de la colaboración de las Comunidades Autónomas a través de la Comisión de Coordinación prevista en la Ley 22/2011 de Residuos y suelos contaminados. Los profesionales del sector esperamos que esta comisión sirva para tener una política común de residuos en todo el país, en la que se unifiquen criterios de gestión y autorización de las instalaciones. Todo esto consigue, además, una optimización de los recursos de las empresas del sector y de las Administraciones Públicas encargadas de la gestión de las políticas de residuos. En un contexto de crisis como el actual este asunto es vital para que se pueda generar empleo y desarrollo económico en esta industria.

En relación con el punto anterior, la Comisión Europea estima que, si se aplica la legislación medioambiental con rigor, para 2020 se habrían creado 400.000 puestos de trabajo en el sector y un aumento del volumen de negocio en 42.000 millones de euros en todo el continente.

Otro de los objetivos del Gobierno es conseguir un aprovechamiento máximo de los recursos contenidos en los residuos y su correcta gestión. No podemos olvidar que en muchos sectores hay escasez de materias primas que pueden recuperarse de los residuos. Esto supondría un importante beneficio ambiental que puede medirse en las emisiones de gases de efecto invernadero, evitadas por las actividades de reciclaje y valorización.

Todos estos cambios de regulación irán acompañados de cambios en los procedimientos administrativos. La creación de un registro de producción y gestión de residuos permitirá ahorrar recursos y esfuerzos y facilitar el control de la actividad del sector, y disponer de datos fiables de cantidades y objetivos de gestión. Además se presentarán nuevas medidas de armonización de la información para ofrecer tramitación electrónica en todas las instancias y facilitar el diálogo entre la Administración y los ciudadanos.

En lo referente a suelos contaminados se creará un inventario nacional con la colaboración de las Comunidades Autónomas y se procederá a la revisión del Real Decreto relativo a suelos contaminados a fin de incluir en su ámbito de aplicación a las actividades con riesgo real de contaminación del suelo. No obstante desde el sector se considera necesario el establecimiento de una cualificación profesional que garantice la calidad de los trabajos realizados en este campo.

De la misma forma, se revisará la Ley de Responsabilidad Medioambiental para simplificar el establecimiento de la cuantía de la garantía financiera con la que hacer frente a los gastos en caso de accidente.

Todas estas medidas, en caso de desarrollarse correctamente, pueden permitir la recuperación del sector y terminar con la descoordinación actual a la hora de aplicar la legislación medioambiental en España. Es el único camino para que esta industria crezca y se generen, de una manera real, los siempre mencionados “empleos verdes”.

27
ene

Las políticas ambientales en tiempos de crisis

Escrito el 27 enero 2012 por Luis Palomino Leal en Sector público

Desde su entrada en la Unión Europea en 1986 nuestro país ha realizado un considerable esfuerzo para incorporar la rigurosa legislación europea en materia de medio ambiente y mantenerla al día, debido a la intensa actividad de las instituciones europeas. Sin ir más lejos, la semana pasada el Parlamento aprobó nuevas directivas para la recogida y reciclado de aparatos tecnológicos.

Como consecuencia de estas exigencias que plantea Bruselas, se ha producido un importante desarrollo en las administraciones públicas encargadas de la gestión y control de estas políticas. También se ha desarrollado en paralelo un importante sector privado desde el que atendemos todos estos requisitos, alentado por las administraciones para conseguir generar empleo.

Sin embargo, la actual crisis económica y la necesidad de reducir el gasto público y mejorar la competitividad de las empresas, está relegando las políticas ambientales a un último puesto en el nivel de prioridades, relajándose en todos los casos su aplicación y cumplimiento.

Ante esta realidad no hay que olvidar que la aplicación de estas políticas responde a obligaciones y objetivos fijados por la Unión Europea, y su incumplimiento puede tener como consecuencia importantes sanciones −más ahora que está en la presidencia del Consejo la primera ministra danesa, Helle Thorning-Schmidt , con el medio ambiente como una de sus máximas prioridades. Además, no se puede perder de vista otras consecuencias, como la aparición de demandas sociales reclamando el cumplimiento de dichas obligaciones o el propio requerimiento del sector ambiental. La aplicación de todas estas políticas necesita el control de las administraciones públicas para no desmoronarse.

Esta visión a corto plazo, de recorte de gastos aún a riesgo de incurrir en mayores costes futuros, hace que las Administraciones públicas se encuentren en un difícil momento para gestionar la legislación y mantener el nivel de calidad ambiental alcanzado. Por ello, las administraciones tienen un importante reto por delante para poder salvar esta situación.

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