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23
Feb

Pues parece que va en serio

Escrito el 23 febrero 2012 por Daniel Berzosa en Sector público

En la entrada anterior, nos preguntábamos si los anuncios de las acciones del Gobierno de la Nación para tratar de salvar la economía nacional, y aspirar a un renacimiento de todo orden, que se nos antoja imprescindible, iban a ir de verdad más allá de cierto grado de realización de sus propias proclamas. No son sombras chinescas en ese camino, sino piedras peñascosas el más que previsible malestar general y las fuertes reacciones negativas ante la dureza y prolongación de tales medidas en amplias capas de la sociedad. Y esto, pese a que todos (los primeros, seguro, el jefe del ejecutivo y los ministros de la cosa pública) somos conscientes de que hay que hacer algo y ese algo no puede ser lo mismo que se ha hecho hasta ahora. Porque es evidente que no ha funcionado. Como prueba de esta afirmación, dos botones: más de cinco millones de parados y una economía bajo cero.

Uno de los ámbitos señalados para acometer una reforma profunda (eufemismo, en esta hora de España, de reducción) es el sector público empresarial. Y quedábamos a la espera de ver en qué río o mar, y a qué hora, desembocaban los acuerdos vigentes y las propuestas ante y post electorales. En particular, recordábamos el acuerdo marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 22 de marzo de 2010, sobre sostenibilidad de las finanzas públicas 2010‑2013, en el que se previó la eliminación, en términos netos, de 514 entidades, y que, de acuerdo con los datos disponibles entonces, sólo lo había cumplido con 69. Pues bien, hace diez días, se ha suministrado la herramienta que permitirá podar el gran árbol del sector público empresarial hasta límites germinales; mediante la combinación del artículo 13 y el inciso final de la disposición adicional tercera del Real Decreto‑Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

El artículo 13 de la citada norma con fuerza de ley introduce una nueva redacción del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo), que revoluciona lo referente a la suspensión del contrato o reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor. Y la disposición adicional tercera añade una disposición adicional vigésima primera al Estatuto de los Trabajadores que dice literalmente: «Lo previsto en el artículo 47 de esta Ley no será de aplicación a las Administraciones Públicas y a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de una o varias de ellas y de otros organismos públicos, salvo a aquellas que se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado». Lo que, en romance paladino, quiere decir que se habilita legalmente a las empresas del sector público para que puedan presentar expedientes de regulación de empleo. Y, por tanto, permite que pueda llevarse a efecto lo acordado respecto de la reducción de entes del sector público empresarial en todas las administraciones públicas.

Esta importante innovación del ordenamiento jurídico afecta únicamente al personal en régimen de contratación laboral; pero debe tenerse en cuenta que, según datos del Registro Central de Personal de enero de 2011, solo el número de trabajadores de los entes públicos de carácter empresarial en el ámbito de la Administración Generaldel Estado ronda los 60.000 trabajadores.

No obstante, no debemos perder la perspectiva. El fin de esta poda no es la destrucción del árbol de la economía española, privada y pública, sino justo el contrario: que crezca, lo haga con más fuerza y dé nuevos frutos. Que, ¿por qué no soñar?, el sufrimiento y el sacrificio del presente nos conduzcan a alcanzar la aspiración del pleno empleo contenida en el artículo 40 de la Constitución.

9
Feb

El Consejo de Ministros recibió un informe hace un mes de manos del ministro de Hacienda y Administraciones Publicas sobre la situación del sector público empresarial. Según el citado documento, la evolución de las cuentas públicas nacionales reflejaba el efecto de la crisis económica general en España y en los países del entorno comunitario. Esta realidad impone, entre otras medidas (el viernes pasado se aprobaron acciones muy importantes para el sector financiero, que serán objeto de otro post), la redimensión y reestructuración del sector público empresarial. Con ello, no se pretendería solo adelgazar un sector productivo necesitado de dieta, sino de garantizar la eficiencia de la actividad pública. Dicho en términos médicos, para el Gobierno de la Nación, esta iniciativa suya es una exigencia de salud, ni siquiera una concesión a sus ideas estéticas. Parece que, por unos u otros motivos, hay un amplio consenso sobre este punto entre los españoles, al que se suman las directrices de nuestros avalistas extranacionales (que no pueden desdeñarse).

El problema para el éxito de las medidas sugeridas (reducción del gasto público, control del gasto gestionado por el sector público empresarial y racionalización en la gestión de la actividad empresarial pública), todas lógicas y coherentes, es que afectan al sector público dependiente no solo de la administración general del estado, sino al de las administraciones autonómica y local. No cabe duda de que lo que disponga finalmente el gobierno tendrá inmediata —que no fácil— ejecución en su ámbito administrativo. Pero en las otras administraciones públicas citadas y, sobre todo, en las autonómicas, la cuestión presenta, sin duda, mayores desafíos, cuando no llamadas veladas o expresas a la rebelión, y no ya por una supuesta deslealtad intrínseca de sus gobernantes en caso de que no coincida el signo político que abanderan frente al actual ejecutivo nacional —no van por ahí nuestros tiros—, sino, de forma más sencilla e inexorable, por la propia dinámica centrífuga del modelo español de estado compuesto en obras (escribimos esto pues su terminación no se atisba por ninguna parte… o, a lo mejor es así porque, como dicen algunos analistas americanos más pesimistas o sagaces que nosotros, de lo que se trata, en verdad, es de deconstruir el estado hasta su ultimación).

Por ejemplo, afirma el gobierno que el desarrollo y concreción de estas medidas en cuanto al gasto público «en el ámbito autonómico, se realizará en el marco de colaboración interadministrativa, instrumentada a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera». Estupendo. Respecto de la primera propuesta (reducción del sector público empresarial) y solo en lo referido a las comunidades autónomas, el Consejo de Política Fiscal y Financiera de 22 de marzo de 2010 aprobó un acuerdo marco sobre sostenibilidad de las finanzas públicas 2010 2013 en el que las comunidades se comprometieron a elaborar, en el plazo de tres meses, planes de racionalización y eficiencia del gasto público. Estupendo, también. Pero resulta que, si en los citados planes se previó la eliminación, en términos netos, de 514 entidades, y, de acuerdo con los datos disponibles hace un mes sólo se han suprimido 69, nos preguntamos por el grado de eficacia de los acuerdos tomados en dicho consejo, si, en casi dos años, se ha ejecutado el trece con cuatro por ciento (13,4%) de las medidas contempladas. A ese ritmo, para cumplir el acuerdo 2010-2013 tendrá que prorrogarse hasta 2020. Por lo que creemos que, en la próxima sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, no será suficiente con plantear a las comunidades autónomas la «necesidad de avanzar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos». Esto es, no basta con apelar a la buena voluntad ante una situación crítica; hay que disponer efectivamente los medios de todo orden e ingenio oportunos, con la Constitución en la mano y una holgada mayoría parlamentaria en la otra, para acometer de una vez, ¡al menos!, las tareas aprobadas y pendientes.

Quedamos a la espera de ver en qué quedan propuestas como la de reducir los cuadros directivos de las sociedades públicas y limitar el número de miembros de los consejos de administración. O esa tan etérea de «promover la elaboración de un marco común, en cada administración, que unifique las condiciones de las distintas entidades en cuanto a las estructuras directivas, personal, indemnizaciones, gastos de representación, etc.», un «etc.» que vislumbramos más etcétera que nunca.

Pero no perdemos ni la confianza, ni la esperanza. España y los españoles las necesitamos.

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