Entradas Etiquetadas con ‘Unión Europea’

5
Jul

Esta semana hemos conocido los últimos datos del desempleo en España con un descenso del 2,10% en el último mes. A pesar de ser el dato récord desde que se conocen datos fiables, todos los sectores los han tomado con escepticismo y cautela ante la complicada situación económica que vive el país.  Además, el sector industrial no es uno de los más favorecidos por estos números y, por extensión, el sector medioambiental tampoco.

Sin embargo, una iniciativa legislativa del Partido Popular puede contribuir a la mejora del sector. El partido que gobierna en la mayoría de las administraciones de nuestro país, ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley para aprobar la Ley integral de lucha contra el cambio climático. Con este plan, se busca la colaboración de las Comunidades Autónomas y entidades locales para lograr una mayor coordinación basada en los principios de desarrollo sostenible, precaución, cooperación, integración sectorial, participación y corresponsabilidad

Una de las claves para el éxito de esta proposición es que defina actuaciones concretas y ambiciosas que incidan, sobre todo, en un mayor control medioambiental por parte de los poderes públicos y conseguir, además, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

En la Proposición no de Ley se reconoce la aportación positiva del reciclaje a la reducción de emisiones de GEI. En concreto plantea el impulso a las políticas de reciclado de residuos como una de las herramientas más poderosas de lucha contra el cambio climático. Esta estrategia se alinea con las de los principales países europeos que acumulan ya cinco años de experiencia en el apoyo de las políticas de reciclado para reducir las emisiones de dichos gases.

En los últimos años de crisis económica, al pasar las cuestiones medioambientales a un segundo plano, algunas asociaciones hemos ofrecido a las empresas del sector herramientas relacionadas con las emisiones de estos gases. En el caso de la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE), ofrecemos un protocolo  que permite calcular las emisiones de gases de efecto invernadero. Es una contribución a la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, que contempla la reducción de las emisiones de GEI derivadas del sector de los residuos.

A pesar de la crisis económica, los daños ambientales y los datos de desempleo que afectan, no sólo a España, sino a toda la Eurozona en conjunto (con un 11,1% de paro según datos de mayo), este tipo de iniciativas parlamentarias vuelven a poner en valor cuestiones muy importantes que se están viendo opacadas por las urgentes.

26
Abr

El pasado día 19 de abril se constituyó la Comisión de coordinación contemplada en la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados. La Comisión estuvo presidida por Guillermina Yanguas, directora general de Evaluación y Calidad Ambiental y Medio Natural, y se creó como un “foro de encuentro, discusión, colaboración y cooperación de las administraciones competentes en materia de residuos”.

En su primera reunión algunos directores generales de las diferentes Comunidades Autónomas representadas, solicitaron al Gobierno un cambio en la Ley de residuos, por ejemplo en aspectos relacionados con la simplificación de las cargas administrativas que tiene que soportar el sector.

El director general de Calidad Ambiental de la Comunidad Valenciana, Vicente Tejedo, fue más concreto en las medidas que piden al Gobierno para conseguir mejoras en el sector de la gestión de residuos. Según Tejedo, “hay leyes más modernas que entran en contradicción con las más antiguas”, por ello se debería “armonizar el protocolo de actuación para descatalogar un residuo como peligroso y revisar su tipificación y caracterización, ya que se encuentra obsoleta”.

Ante estas afirmaciones no hay que olvidar que la caracterización de un residuo como peligroso es una normativa europea que obedece a la necesidad de evitar riesgos para la salud y el medio ambiente. De no cumplirse, quedaríamos expuestos a sanciones por parte de la Unión Europea por incumplimiento de la legislación vigente.

Desde mediados de los 80 comenzaron las actividades de tratamiento de residuos peligrosos con el fin de combatir los riesgos derivados de los suelos contaminados, que hoy en día se siguen descontaminando a muy elevado coste. El tratamiento de residuos peligrosos es la actividad más consolidada del área de gestión de residuos y ha evolucionado hacia un sector que recupera energía, materias primas y genera empleo. De darse los cambios propuestos en la Comisión se rebajaría el nivel de exigencia ambiental para las empresas y aumentarían los riesgos para la salud pública y el entorno.

Por ello no tiene sentido plantear esta cuestión desde una Comunidad Autónoma o desde España, ya que es una legislación comunitaria que obedece a criterios estrictamente técnicos que deben ser aplicados de forma rigurosa y homogénea en todo el país. De esta forma se evitaría la justificación de la gestión incorrecta de los residuos que son peligrosos y que no son tratados como tal. Algunos de estos residuos terminan mezclándose con residuos de otras características, obviando el tratamiento que les corresponde en función de su peligrosidad o dificultando y encareciendo su gestión y otros acaban diluyéndose en otro tipo de procesos. Acciones que ya están teniendo consecuencias tangibles.

 

15
Mar

La pasada semana el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, participó en el Consejo de Medio Ambiente en la Unión Europea. Ante las alertas que el propio Gobierno había despertado días antes por posibles multas de la UE debido al  incumplimiento de las normativas en la depuración de aguas, Arias Cañete mantuvo varias reuniones con los comisarios de Medio Ambiente y Cambio Climático y se comprometió a mantener el crédito que España tenía en materia medioambiental.

En los últimos años se está produciendo una relajación en el cumplimiento de la legislación ambiental en nuestro país. Pero no sólo en materia de aguas y depuración, también en materia de residuos y suelos contaminados, entre otros. Sin control por parte de las administraciones debido a la falta de recursos económicos, los productores de residuos o los poseedores de suelos contaminados no toman en serio las leyes vigentes y el medio ambiente deja de ser una prioridad.

Para solventar este panorama de irresponsabilidad, el Ministro se ha mostrado firme y declaró que el Gobierno va a poner todo de su parte para recuperar en España el rigor y la seriedad en materia medioambiental, haciendo cumplir las normativas vigentes para evitar las multas económicas por incumplimiento que imponen desde Europa.

En materia de residuos, España necesita que la Administración actúe y se logre una política común de residuos que normalice la situación del sector en todas las Comunidades Autónomas. De nada sirve hacer cumplir la ley cuando la aplicación de ésta es diferente en cada Comunidad y conlleva diferentes compromisos para las empresas según dónde estén localizadas.

Con el tratamiento y la valorización de los recursos y residuos especiales, no sólo se cumplen las normas establecidas,  sino que se fomenta la creación de empleos verdes y se reducen las emisiones de CO2 a la atmósfera. Esto último fue otro de los puntos tratados en el Consejo, en el que los países de la Unión se comprometen a descender un 20% las emisiones desde ahora a 2020, con la excepción de Polonia, que ha vetado este acuerdo. Desde nuestra asociación hemos colaborado de manera activa con este compromiso, creando un protocolo de cálculo de emisiones para nuestro sector.

27
Ene

Las políticas ambientales en tiempos de crisis

Escrito el 27 enero 2012 por Luis Palomino Leal en Sector público

Desde su entrada en la Unión Europea en 1986 nuestro país ha realizado un considerable esfuerzo para incorporar la rigurosa legislación europea en materia de medio ambiente y mantenerla al día, debido a la intensa actividad de las instituciones europeas. Sin ir más lejos, la semana pasada el Parlamento aprobó nuevas directivas para la recogida y reciclado de aparatos tecnológicos.

Como consecuencia de estas exigencias que plantea Bruselas, se ha producido un importante desarrollo en las administraciones públicas encargadas de la gestión y control de estas políticas. También se ha desarrollado en paralelo un importante sector privado desde el que atendemos todos estos requisitos, alentado por las administraciones para conseguir generar empleo.

Sin embargo, la actual crisis económica y la necesidad de reducir el gasto público y mejorar la competitividad de las empresas, está relegando las políticas ambientales a un último puesto en el nivel de prioridades, relajándose en todos los casos su aplicación y cumplimiento.

Ante esta realidad no hay que olvidar que la aplicación de estas políticas responde a obligaciones y objetivos fijados por la Unión Europea, y su incumplimiento puede tener como consecuencia importantes sanciones −más ahora que está en la presidencia del Consejo la primera ministra danesa, Helle Thorning-Schmidt , con el medio ambiente como una de sus máximas prioridades. Además, no se puede perder de vista otras consecuencias, como la aparición de demandas sociales reclamando el cumplimiento de dichas obligaciones o el propio requerimiento del sector ambiental. La aplicación de todas estas políticas necesita el control de las administraciones públicas para no desmoronarse.

Esta visión a corto plazo, de recorte de gastos aún a riesgo de incurrir en mayores costes futuros, hace que las Administraciones públicas se encuentren en un difícil momento para gestionar la legislación y mantener el nivel de calidad ambiental alcanzado. Por ello, las administraciones tienen un importante reto por delante para poder salvar esta situación.

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