Cuando alguien ha planteado soluciones de la empresa privada para el aligeramiento del sector público, es habitual que surja una primera línea de defensa: «Las recetas para la empresa privada no valen en el sector público». Antes de despreciar el argumento como excusas de mal pagador, deberíamos entrar y tratar de definir qué es diferente en el sector público porque realmente sí hay diferencias:

1. ¿Cuántos funcionarios se necesitan?: La figura de funcionario originalmente surgió como la necesidad de que determinadas posiciones se escapasen a una especie de «ley de obediencia debida». La seguridad en el empleo supone que la autoridad jerárquica tiene limitaciones y el funcionario puede negarse a algo que vaya en contra de lo que considera correcto. ¿Tiene sentido que un ordenanza o un administrativo sean funcionarios o el carácter de funcionario debería limitarse a posiciones concretas? La seguridad en el empleo del funcionario existe para que pueda oponerse a la realización de actividades ilegítimas pero, en lugar de eso, es utilizada  como contrapartida a un salario más bajo del que tendría en una actividad similar en el ámbito privado.
2. En el sector público no existe ánimo de lucro: Cierto y ésta ha sido una característica interpretada como «barra libre», especialmente desde posiciones políticas. En el sector privado, cuando la cifra de beneficios disminuye se encienden todas las luces rojas y, por ello, la cifra de beneficios acaba siendo utilizada como indicador de eficiencia. No es correcto; un negocio privado puede ser muy eficiente y no dar beneficios y esto señalaría, sin ninguna duda, que no es un negocio viable. En sentido contrario, un negocio puede ser muy ineficiente y dar beneficios por encontrarse en una situación de privilegio por la causa que fuere. Es esperable que en este caso el nivel de despilfarro y burocracia crezca proporcionalmente al volumen de beneficios. La cifra de beneficios no es, por tanto, un indicador perfecto pero es un indicador. ¿Cuál tiene el sector público? El sector privado tiene una alarma de eficiencia que no funciona bien pero el sector público no tiene ninguna y, aunque no le sean exigibles beneficios, sí le es exigible la eficiencia.

Cuando la interpretación se lleva a términos de eficiencia, parece claro que el sector público necesita indicadores de eficiencia totalmente distintos de algo imperfecto pero simple y visible como es la cifra de beneficios. Podemos decir que ésta es la dificultad técnica para conseguir que el sector público funcione eficientemente. Sin embargo, no es ésta la única ni posiblemente más importante dificultad:

Un viejo chiste decía que a un partido político lo llamaban el estanco porque entraban allí por Ideales y salían con Fortuna (marcas de tabaco ambas). No mencionaré el partido político del que se decía esto porque hacerlo representaría un agravio comparativo respecto de otros a los que encajaría igualmente el nombre de estanco y por idénticos motivos. Los partidos son, en buena parte, maquinarias cuyo éxito se mide en términos de cuota de poder conseguida. Cuanto mayor sea la cuota de poder, mayor será el número de personas que podrán colocar.

Si se racionaliza la distribución de competencias entre Estado central y CC.AA., si se eliminan las Diputaciones, si se reduce el número de Ayuntamientos, si se eliminan las empresas públicas que no aportan nada y si se realiza una auditoría organizativa que permita eliminar los ejércitos de asesores, liberados y demás familia, el partido político que tome esta decisión se verá obligado a hacer un ERE en sus propias filas, cosa que le puede resultar más difícil de afrontar que la ira del ciudadano exprimido sin que vea claramente dónde va su dinero.

Hay una diferencia sustancial entre el sector público y el sector privado: Este último tiene un indicador de eficiencia que, siendo muy imperfecto, permite señalar un punto donde decir «Aquí se acaban las bromas». El sector publico no tiene tal indicador y eso, en sí mismo, es una invitación a buscar atajos y puertas falsas.

Además de la razón organizativa, existe una razón política: El partido que se atreva a afrontar una reforma seria del sector público va a generar muchos damnificados entre sus propias filas. En el pasado se han realizado numerosas privatizaciones que no eran sino una forma de hacer que viniera un tercero sin compromisos previos a afrontar un problema en el que el poder de turno no quería entrar.

En una situación crítica como la actual ¿se atreverá alguien a coger el toro por los cuernos o, como en el caso de las privatizaciones, se preferirá que entren los «hombres grises» de Bruselas sin compromisos previos?