Blog del Centro de Innovación del sector Público

LOS GASTOS: UN INSTRUMENTO EN MANOS DE LOS POLITICOS.
Los gastos presupuestarios reflejan, entre otras cuestiones, lo que el poder político quiere llevar a cabo en un periodo de tiempo, es el reflejo de una política económica, que suele ser plurianual, a aplicar en cada uno de los ejercicios, dado que los presupuestos son anuales. Se convierten los gastos en un gran instrumento en manos de los políticos con la pretensión de que la sociedad valore y reconozca el esfuerzo que están haciendo y así los puedan volver a votar y ellos seguir gobernando. Cuanto más gasten y el resultado de ese gasto se pueda apreciar a corto plazo, para una pronta visualización por parte de los ciudadanos, los políticos se sienten felices porque están logrando su objetivo y solo esperan su reconocimiento público, a través del voto.
Esta es una de las circunstancias que hace que muchos gastos sean poco operativos o se destinen a finalidades que reportan escasos beneficios a la colectividad, sino que responden a intereses electoralistas. Ahí tenemos las ingentes inversiones o gastos suntuarios que hoy ya se consideran despilfarros, y carente de toda utilidad pública, se podría recitar todas esas inversiones o gastos a los distintos niveles, municipal, autonómico o estatal que no resisten el más mínimo análisis de eficacia o de eficiencia.
¿Cómo se evitarían estos derroches o como se podrían realizar inversiones y gastos eficientes? La respuesta es difícil mientras que las propuestas estén impregnadas de consideraciones políticas partidistas. Sería necesario que hubiera un control de esas decisiones politizadas, pero como ese control se realiza en las Cortes por los grupos políticos y además se han de atender peticiones territoriales y de componendas con otras fuerzas políticas hace que esta situación sea difícil de corregir. Habría que establecer un mapa de necesidades de inversión y de gastos públicos y llevar a cabo un estudio técnico de viabilidad y evaluación de cada propuesta o decisión en inversiones y gastos y se reflejara su eficacia, utilidad, beneficio que pueda reportar a la sociedad y a los administrados y su coste, para que al aprobarlos quede constancia de la postura de cada grupo y así puedan responder de su propuesta y de su gestión.
En nuestro país, a pesar de la situación de crisis económica, de falta de financiación y de los recortes presupuestarios, el gasto público ha ido aumentando y estos mayores gastos no han impedido que el paro siga creciendo, ni ha contribuido a la más mínima mejora de la economía, a la vez que tampoco ha conseguido frenar la pérdida en el bienestar de los individuos y las familias.
Habría que plantearse qué gastos son los necesarios, para lo que se ha de entender como el esqueleto o basamento del Estado, entre ellos se pueden considerar los de las pensiones, sanidad, educación, desempleo y las inversiones productivas (nunca las del ladrillo) e industriales, lo cual no significa que no se pueda revisar y actualizar la estructura de estos gastos, para buscar una mayor eficiencia de los mismos, liberando recursos que ahora no están bien empleados. Temas como el envejecimiento de la población, una mayor esperanza de vida, la demografía, la natalidad, la población activa, sus retribuciones, las cotizaciones, la fiscalidad y otras variables han de ser tenidas en cuenta para sostener estos gastos a lo largo del tiempo.
El resto de los gastos deben ser objeto de una revisión profunda pensando en la eliminación o reducción drástica de los mismos. Se debería plantear si son necesarios, si no se pueden realizar de otra manera y a un menor coste, para conseguir el objetivo que se les marque y se ha de justificar la utilidad social de los gastos, no vale con decir que son políticamente necesarios, hay que exigir que el poder político determine antes de su aprobación qué se quiere conseguir con ese gasto y a quien va a beneficiar, y si no hay otra manera u otra forma de satisfacer esa necesidad, sin olvidar que hay que priorizar, y por lo tanto establecer un proceso de selección con otras propuestas similares de gasto, a lo que habría que añadir un límite cuantitativo de los importes a gastar por las Administraciones y al final del proceso una evaluación.
Juan Pedro Serrano Arroyo