18
Sep

La evolución -pública- según Darwin

Escrito el 18 septiembre 2012 por Román Gómez-Millán en Sector público

“No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio.”
-Charles Darwin-


Releyendo la historia española de los últimos seis siglos se puede ver como la función pública española se ha modernizado mucho, pero ha evolucionado poco. Desde Felipe II, el rey en el despacho como lo renombró el académico José Antonio Escudero, hasta nuestros días ha ido creciendo bajo un esquema similar con mucha tradición y poca innovación.
Quizás la actual situación sea el detonante que necesitábamos para repensar la manera de hacer las cosas, de conjugar distintos ingredientes o exportar experiencias de otros territorios o sectores.
Como muestra un botón, basta con abrir cualquier periódico para encontrarse dos noticias que en principio nada tienen que ver. Por un lado son muchísimas las noticias sobre la escasez de fondos de las administraciones públicas, las reformas, reestructuraciones o recortes necesarios para salir de la crisis. Por otro lado existen multitud de noticias relativas al aquilatamiento de las estructuras de las grandes empresas, la abundancia de directivos y el exceso de profesionales altamente cualificados que han visto cortadas sus carreras profesionales por falta de proyectos o por la ralentización del negocio de estas grandes compañías.
Quizás estos dos temas por separado no tengan mucha relación, pero ¿y sí los uniéramos?, estamos en el momento de la innovación, de la invención, de la búsqueda de fórmulas nuevas. Qué pasaría si, cuál alquimista medieval, intentamos combinar ambos problemas, y si el exceso de capacidad de las grandes empresas privadas pudiese destinarse a la función pública, tan necesitada de capacidad y tan escasa de recursos. Qué nos impediría que una empresa cediese recursos ociosos, o infrautilizados, para mejorar la gestión del gobierno local o autonómico. En qué se diferenciaría eso de patrocinar un festival cultural o una carrera popular. En el fondo estoy financiando con aportaciones privadas un servicio público, ya sea un acto deportivo o la gestión pública. En este momento las compañías no pueden aportar patrocinios o apoyos en términos económicos, pero sí lo pueden hacer con recursos de su propia organización, acaso no es esto una continuación de la tan nombrada responsabilidad social (rsc). En las épocas de bonanza la responsabilidad como empresa se ha materializado en aportaciones económicas a la ciudad, patrocinando o promulgando labores culturales, deportivas o sociales, devolviendo así a la sociedad parte del valor que se ha creado. Por qué no se puede, en estos momentos más arduos, devolverle ese valor en horas de trabajo de mi capital humano.
Sin entrar en más detalles, se me ocurren decenas de ejemplos, como que un gran banco –o caja- ceda a tiempo completo un grupo de profesionales, que en la actualidad en su organización son prescindibles, para crear una oficina de promoción empresarial, búsqueda de financiación o creación de planes financieros dependiente del ayuntamiento de turno. O una empresa inmobiliaria que recupera a un directivo de un proyecto internacional terminado, y que si bien no cuenta con hueco en la organización no entra en los planes desinversión de capital humano, lo ceda para la gestión-gerencia de la empresa pública de viviendas, manteniendo así su valía y expertise recuperándolo tras la legislatura.
Esta nueva fórmula podrá tener muchos detractores, pero bien analizada y estudiada puede aportar soluciones para todos:

  • • Para la empresa: mantiene la responsabilidad social, supone una solución temporal para el exceso de capacidad de sus directivos, que permitirá no perder –por despidos o salidas voluntarias- a recursos humanos importantes.
  • • Para el directivo: mantener su desarrollo profesional dentro de la empresa, aportar su labor a la función pública, obtener el prestigio que aporta la gestión pública.
  • • Para la corporación pública: mantener servicios públicos, obtener la experiencia del sector privado, apoyarse en la colaboración público-privada como modelo de gestión

Los críticos habituales promulgarán su temor a que estos puestos no sean inmunes a las presiones –lobbies- de sus empresas en contrataciones públicas, pero ante esto lo único que se puede decir es que si se cumplen todos los procedimientos legales garantistas, es complejo que se puedan hacer cosas fraudulentas. La transparencia es la clave, pero en cualquier caso la luz y taquígrafos necesarios será la misma que para los patrocinios de las carreras populares o de las fiestas locales, o acaso es menos sospechoso financiar con dinero una escuela deportiva que financiar cediendo directivos una empresa pública o un departamento del ayuntamiento.

Creo que las ciudades deben mucho a sus empresas, pero las grandes empresas deben mucho a sus ciudades, quizás cada ciudad deba buscar un mecenazgo que aglutine a las cuatro o cinco mayores empresas del territorio, para poder analizar esta nueva fórmula, aportando grandes profesionales a la ciudad para que, entre todos, reinventarnos y salgamos reforzados de esta maldita crisis.

Legalmente desconozco las trabas, incentivos o trámites que esta nueva fórmula puede conllevar, pero precisamente ahí es dónde deberemos innovar, repensar y si tenemos que cambiar algo, pues para eso está el legislador para adaptar nuestro marco normativa a las nuevas reglas del juego.

Sigamos innovando, adaptémonos…

5
Jul

Esta semana hemos conocido los últimos datos del desempleo en España con un descenso del 2,10% en el último mes. A pesar de ser el dato récord desde que se conocen datos fiables, todos los sectores los han tomado con escepticismo y cautela ante la complicada situación económica que vive el país.  Además, el sector industrial no es uno de los más favorecidos por estos números y, por extensión, el sector medioambiental tampoco.

Sin embargo, una iniciativa legislativa del Partido Popular puede contribuir a la mejora del sector. El partido que gobierna en la mayoría de las administraciones de nuestro país, ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley para aprobar la Ley integral de lucha contra el cambio climático. Con este plan, se busca la colaboración de las Comunidades Autónomas y entidades locales para lograr una mayor coordinación basada en los principios de desarrollo sostenible, precaución, cooperación, integración sectorial, participación y corresponsabilidad

Una de las claves para el éxito de esta proposición es que defina actuaciones concretas y ambiciosas que incidan, sobre todo, en un mayor control medioambiental por parte de los poderes públicos y conseguir, además, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

En la Proposición no de Ley se reconoce la aportación positiva del reciclaje a la reducción de emisiones de GEI. En concreto plantea el impulso a las políticas de reciclado de residuos como una de las herramientas más poderosas de lucha contra el cambio climático. Esta estrategia se alinea con las de los principales países europeos que acumulan ya cinco años de experiencia en el apoyo de las políticas de reciclado para reducir las emisiones de dichos gases.

En los últimos años de crisis económica, al pasar las cuestiones medioambientales a un segundo plano, algunas asociaciones hemos ofrecido a las empresas del sector herramientas relacionadas con las emisiones de estos gases. En el caso de la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE), ofrecemos un protocolo  que permite calcular las emisiones de gases de efecto invernadero. Es una contribución a la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, que contempla la reducción de las emisiones de GEI derivadas del sector de los residuos.

A pesar de la crisis económica, los daños ambientales y los datos de desempleo que afectan, no sólo a España, sino a toda la Eurozona en conjunto (con un 11,1% de paro según datos de mayo), este tipo de iniciativas parlamentarias vuelven a poner en valor cuestiones muy importantes que se están viendo opacadas por las urgentes.

3
Jul

Tamaño de las Administraciones Públicas

Escrito el 3 julio 2012 por Juan Pedro Serrano Arroyo en Sector público

Hoy no tiene discusión de que el  tamaño de las Administraciones Públicas está muy por encima de las verdaderas necesidades del país y  el coste que supone mantenerlo las hace inviables.

El actual sector público de España se corresponde con una situación de bonanza económica y de un crecimiento en torno al 2% anual, que desde luego no encaja con la realidad  de decrecimiento del PIB y la profunda crisis económica y financiera que asola a nuestro país. En estos momentos no hay ingresos para soportar el pesado aparato burocrático y parte de los gastos y subsidios que atiende, sin olvidarse del coste de los más de 3 millones de empleados públicos.

Europa y él FMI tienen su mirada puesta en el gasto de las 17 administraciones autonómicas y al de los más de 8.000 municipios españoles, de los que se estima que casi la mitad de ellos son inviables económicamente, pero que tienen una buena carga de gasto público. Eso, sin olvidar la impresionante colección de empresas públicas, la inmensa mayoría deficitarias, de las que muchas se han creado  para eludir cualquier tipo de control,  para sentar en los consejos de administración a políticos y para colocar a personas de su entorno, ya que una buena parte  de ellas tienen poca justificación técnica, ni objetiva, ni quizás sean necesarias   y más de una tiene  escasa actividad real.

Hay que diseñar que tipo de Estado se quiere, qué ha de atender y cómo se ha de estructurar su organización y el personal que es necesario en un entorno de administración electrónica y de uso masivo de redes sociales. Sentada la anterior premisa, Unidad a Unidad habría que responder a la siguiente cuestión: ¿Cuál es su Misión? Revisando en profundidad las misiones de las distintas unidades organizativas se podrá proceder al redimensionamiento o supresión de las mismas, permitiendo alinear los recursos necesarios con las necesidades reales. Este proceso precisa de revisiones sistemáticas, porque las funciones y alcances cambian, se pueden redistribuir responsabilidades entre los distintos niveles organizativos y territoriales, o bien cuando las tecnologías transformen los escenarios y condiciones del entorno.

Por ejemplo, y sin entrar en otros muchos aspectos ni de gestión ni de estructura,  la misión de una determinada Unidad puede ser la del reconocimiento y pago de pensiones. Esta actividad se puede considerar como una parte esencial del nuevo modelo de Estado, pero, ¿se necesita de tanto personal cuando las altas, las bajas, las bases retributivas y años de servicio que van a determinar el cálculo de la pensión se transmiten electrónicamente, mes a mes en los boletines de cotización? Cuando la comunicación se puede hacer por vía electrónica a los pensionistas ¿se deben de  seguir haciendo campañas de publicidad o no reducir en gran parte el ingente gasto de correos para su notificación?

Otro ejemplo, hay Ayuntamientos que o tienen televisión, o radio,  o periódico o un enorme gabinete de prensa y de comunicación, o todo a la vez, alguien puede afirmar que ¿esta actividad es una Misión de un Ayuntamiento? No lo es y no tiene sentido ni justificación el gasto de muchos ayuntamientos en estas cuestiones y más con los medios que ofrece la sociedad de la información para la rápida transmisión de cualquier mensaje, como puede ser internet o las  redes sociales.

Pero con los gastos habría que llevar un proceso similar, examinar uno por uno y eliminar los que no encajen con la Misión, para luego valorar el impacto social y económico del mismo huyendo de las decisiones partidarias, estableciendo prioridades y eligiendo entre varias alternativas para hacer lo mismo con un menor coste, por la eficiencia.

Un solo apunte en materia del personal, si se eliminan Unidades ¿sobra personal? En principio ya sobran sin suprimir Unidades, en especial de los que han entrado sin oposición o se han ido colocando en función de intereses partidistas, etc. por lo que es necesaria una reducción. Una vez culminada esta primera etapa se puede redistribuir el personal de las unidades excedentarias a las de gestión directa al ciudadano, reforzando, por ejemplo, el trabajo burocrático de comisarias y liberando a policías para que se centren en su labor, apoyando administrativamente a los hospitales, liberando de esta tarea al personal sanitario, apoyo administrativo a la administración de justicia, y un largo etcétera.

Juan Pedro Serrano Arroyo

26
Jun

Cuando los ingresos no cubren los gastos

Escrito el 26 junio 2012 por Juan Pedro Serrano Arroyo en Sector público

Blog del Centro de Innovación del sector Público

CUANDO LOS INGRESOS NO CUBREN LOS GASTOS

            Los ingresos,  son los que permiten financiar los gastos.  Cuando los ingresos no cubren los gastos se produce un déficit,  que termina en un endeudamiento con sus intereses, por lo que se incrementan esos gastos que ya no estaban cubiertos por los ingresos. Para reducir el déficit se está optando por el incremento de los impuestos, de las tasas y de los precios determinados por las administraciones públicas.

            Hasta la fecha todas las subidas de impuestos y tasas no han implicado automáticamente un aumento de la recaudación, por el contrario, por los datos de la administración tributaria se ha producido una bajada de la recaudación, bien sea por la recesión o contracción económica, por una menor renta en poder de los sujetos sometidos a los impuestos, que hacen que tengan que pagar menos al estar en paro o haberse reducido sus retribuciones, por la reducción  del consumo, o por la incertidumbre del futuro, entre otros factores. Por lo tanto, la mera subida de impuestos, que no garantiza que haya mayores ingresos efectivos, se está demostrando que no solo es perjudicial para las empresas, sino muy dañino y gravoso para las economías familiares lo que no está ayudando a salir de la crisis, ya que de la rentas particulares se detraen permanentemente rentas para la financiación de los gastos, que no se revisan adecuadamente ni se cuestionan, no dejando que parte de esas rentas reviertan a la economía real, que con una mejora de la misma si podría aportar mayores ingresos al fisco.

            Dado que el presupuesto de ingresos es meramente estimativo, se suele establecer una recaudación en base a una serie de parámetros macroeconómicos que luego no se cumplen en su totalidad y hacen que la recaudación efectiva sea menor de la presupuestada, lo que provoca que no se obtengan los ingresos suficientes para cubrir la totalidad de los gastos contemplados en el presupuesto.

            La  primera cuestión es ajustar los cálculos para que las previsiones de recaudación se ajusten lo máximo posible a la realidad y no sirvan de coartada para justificar mayores gastos sin cobertura de ingresos. Esto es solo el primer paso, el más sencillo, a pesar de ser tan sencillo a veces es muy difícil el ponerlo en práctica, por los intereses políticos, pero son necesarios otros que afectan a la estructura de los ingresos impositivos. 

            Por un lado, se debe revisar el sistema tributario del país, pero esto lleva un tiempo largo y un camino difícil de transitar, pero  creo que es necesario iniciarlo y establecer las bases del futuro de la financiación de las Administraciones Públicas así como el nuevo marco tributario de las empresas, profesionales, autónomos  y ciudadanos en general.

De otro, habría que revisar, con el ánimo de subir lo menos posible en estos momentos la carga fiscal sobre los administrados, algunas figuras impositivas, revisar algún tipo del IVA, las bonificaciones fiscales y en particular no subir el IRPF, tal como ha señalado la UE y el FMI. Una subida indiscriminada del IVA perjudica a las familias y a las empresas en estos momentos y supone un obstáculo más a la recuperación económica y, ¿si ya se ha subido el IRPF, también se va a subir el IVA? y cuándo se compruebe que el incremento impositivo no se traduce en una recaudación real ¿se seguirán subiendo los impuestos? ¿Qué decisión tomaran los ciudadanos cuando una buena parte de su renta se destine a pagar impuestos, tasas y precios determinados por las administraciones?

No hay que olvidar que siempre se ha sostenido por la doctrina en materia  fiscal   que en  España la mayor carga impositiva recae sobre los que están sometidos a nómina, es decir, a los trabajadores por cuenta ajena, y se escapan de tanto control profesionales y autónomos, por lo que aquí hay campo para la actuación, que no necesariamente implica una subida impositiva para los mismos, sino un mayor control y ordenación de los ingresos tributarios de estos colectivos.

La actuación contra el fraude fiscal es totalmente necesaria y podría aportar una recaudación efectiva adicional, sin olvidar la enorme bolsa de economía sumergida sobre la que se puede operar más eficazmente y tener como resultado unos mayores  ingresos.

Juan Pedro Serrano Arroyo

26
Jun

Los gastos: un instrumento en manos de los políticos.

Escrito el 26 junio 2012 por Juan Pedro Serrano Arroyo en Sector público

Blog del Centro de Innovación del sector Público

LOS GASTOS: UN INSTRUMENTO EN MANOS DE LOS POLITICOS.
Los gastos presupuestarios reflejan, entre otras cuestiones, lo que el poder político quiere llevar a cabo en un periodo de tiempo, es el reflejo de una política económica, que suele ser plurianual, a aplicar en cada uno de los ejercicios, dado que los presupuestos son anuales. Se convierten los gastos en un gran instrumento en manos de los políticos con la pretensión de que la sociedad valore y reconozca el esfuerzo que están haciendo y así los puedan volver a votar y ellos seguir gobernando. Cuanto más gasten y el resultado de ese gasto se pueda apreciar a corto plazo, para una pronta visualización por parte de los ciudadanos, los políticos se sienten felices porque están logrando su objetivo y solo esperan su reconocimiento público, a través del voto.
Esta es una de las circunstancias que hace que muchos gastos sean poco operativos o se destinen a finalidades que reportan escasos beneficios a la colectividad, sino que responden a intereses electoralistas. Ahí tenemos las ingentes inversiones o gastos suntuarios que hoy ya se consideran despilfarros, y carente de toda utilidad pública, se podría recitar todas esas inversiones o gastos a los distintos niveles, municipal, autonómico o estatal que no resisten el más mínimo análisis de eficacia o de eficiencia.
¿Cómo se evitarían estos derroches o como se podrían realizar inversiones y gastos eficientes? La respuesta es difícil mientras que las propuestas estén impregnadas de consideraciones políticas partidistas. Sería necesario que hubiera un control de esas decisiones politizadas, pero como ese control se realiza en las Cortes por los grupos políticos y además se han de atender peticiones territoriales y de componendas con otras fuerzas políticas hace que esta situación sea difícil de corregir. Habría que establecer un mapa de necesidades de inversión y de gastos públicos y llevar a cabo un estudio técnico de viabilidad y evaluación de cada propuesta o decisión en inversiones y gastos y se reflejara su eficacia, utilidad, beneficio que pueda reportar a la sociedad y a los administrados y su coste, para que al aprobarlos quede constancia de la postura de cada grupo y así puedan responder de su propuesta y de su gestión.
En nuestro país, a pesar de la situación de crisis económica, de falta de financiación y de los recortes presupuestarios, el gasto público ha ido aumentando y estos mayores gastos no han impedido que el paro siga creciendo, ni ha contribuido a la más mínima mejora de la economía, a la vez que tampoco ha conseguido frenar la pérdida en el bienestar de los individuos y las familias.
Habría que plantearse qué gastos son los necesarios, para lo que se ha de entender como el esqueleto o basamento del Estado, entre ellos se pueden considerar los de las pensiones, sanidad, educación, desempleo y las inversiones productivas (nunca las del ladrillo) e industriales, lo cual no significa que no se pueda revisar y actualizar la estructura de estos gastos, para buscar una mayor eficiencia de los mismos, liberando recursos que ahora no están bien empleados. Temas como el envejecimiento de la población, una mayor esperanza de vida, la demografía, la natalidad, la población activa, sus retribuciones, las cotizaciones, la fiscalidad y otras variables han de ser tenidas en cuenta para sostener estos gastos a lo largo del tiempo.
El resto de los gastos deben ser objeto de una revisión profunda pensando en la eliminación o reducción drástica de los mismos. Se debería plantear si son necesarios, si no se pueden realizar de otra manera y a un menor coste, para conseguir el objetivo que se les marque y se ha de justificar la utilidad social de los gastos, no vale con decir que son políticamente necesarios, hay que exigir que el poder político determine antes de su aprobación qué se quiere conseguir con ese gasto y a quien va a beneficiar, y si no hay otra manera u otra forma de satisfacer esa necesidad, sin olvidar que hay que priorizar, y por lo tanto establecer un proceso de selección con otras propuestas similares de gasto, a lo que habría que añadir un límite cuantitativo de los importes a gastar por las Administraciones y al final del proceso una evaluación.
Juan Pedro Serrano Arroyo

26
Jun

Reestructuración del sector público empresarial

Escrito el 26 junio 2012 por Román Gómez-Millán en Sector público

-PLURALITAS NON EST PONENDA SINE NECESSITATE-

(La pluralidad –entendida como complejidad- no debe plantearse sin necesidad)

Según el inventario de entes del sector público estatal publicado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (INVESPE) el pasado 1 de julio, en 2011 el número total -entre consorcios, empresa públicas, fundaciones, agencias estatales y un largo etcétera- se sitúa en 445, ocho menos que en 2010, no, no es una errata, ocho menos que el año pasado, lo que supone una reducción del 0,4%. Este mismo informe publica el inventario de estos entes en las distintas comunidades autónomas situándolo en 2.326 entidades, tan sólo un 1,3% inferior al año anterior. Y a estas cifras habría que añadirles las entidades locales que en 2009 se situaban en cifras similares a las autonómicas, dejando el total de entidades en una cifra superior a 4.000.

En nuestro país, muy dado a polémicas superficiales, nos encontramos en muchas ocasiones con debates poco profundos y demasiado demagógicos, todo el mundo es consciente de que tenemos un sector público sobredimensionado, pero la solución no es la reducción del sueldo a los funcionarios, ni dejar de hacer las cosas, la solución es hacerlas de forma más eficiente. Y la pregunta es: utilizar más de 4.000 entes públicos es una fórmula de eficiencia, o ha sido una herramienta para huir del derecho administrativo o para evitar el cómputo del déficit.

Creo que debemos plantear una adaptación a la nueva coyuntura, creo en medidas como la aprobada en el pasado enero el Consejo de Ministros de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional estatal, con el fin principal de configurar un sector más reducido, más racional y más eficiente inmerso en el actual contexto de austeridad y necesidad de control del gasto público, pero sinceramente creo que podemos hacer mucho más.

En la nota de prensa del citado Consejo de Ministros se hace hincapié en la reducción del número de empresas -80 en total- y del ahorro “solo en consejeros extintos” de cerca de un millón de euros anuales. Nuevamente caemos en el análisis superfluo, erramos en las preguntas:

  • ¿Quién prestará los servicios que daban estas sociedades?
    • Si la respuesta es otras sociedades u organismos públicos, lo único que hemos conseguido es un ahorro de coste por economía de escala. Deberíamos atacar el problema con mayor profundidad, aplicando las herramientas empresariales existentes buscando eficiencia, eficacia y sostenibilidad
    • Si la respuesta es que se dejarán de dar, se deberá abrir una nueva pregunta: ¿entonces por qué se daban? o ¿era necesario crear una empresa pública?, la respuesta a esta pregunta deberá incluir obligatoriamente el concepto responsabilidad.

El sector privado empresarial está lidiando una de las peores batallas de su historia, muchas están cayendo en la lucha, pero otras se están reinventando, que hay menos mercado pues se reduce la estructura y se mejora la productividad. El sector público empresarial no puede ser ajeno a este cambio, deberá reducir estructura, mejorar la productividad, optimizar el valor añadido que pretende crear y adaptarse a esta nueva coyuntura, ya no somos la potencia mundial que creímos ser, por tanto nuestros servicios públicos deberán aquilatarse a lo que somos, dejemos ya de disparar con pólvora del rey y afrontemos una verdadera reestructuración racional, ordenada y de futuro del Sector Público Empresarial.

Y haciendo referencia al título -pluralitas non est ponenda sine necessitate-del monje franciscano Guillermo de Ockham conocido por su principio de simplicidad –o navaja de Ockham- lo sencillo suele ser lo más recomendable, muy de aplicación a nuestro actual modelo de aplicación del sector público.

21
Jun

Hacia un nuevo plan de residuos

Escrito el 21 junio 2012 por Luis Palomino Leal en Sector público

La pasada semana el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, compareció en la Comisión de Medio Ambiente del Senado. En su exposición, y ante las preguntas de algunos de los portavoces de la oposición, dejó claro que el Gobierno, concretamente el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, tiene previsto para un futuro próximo elaborar un plan nacional de residuos que intensificará la coordinación entre las administraciones que tienen competencia en esta materia.

Como ya hemos expuesto en reiteradas ocasiones en este blog, la legislación ambiental está siendo relegada a un segundo plano con la crisis económica y ha dejado de ser una prioridad. Una tendencia de la que la gestión de residuos no escapa.

Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los gestores es la disparidad legislativa existente en todo el territorio nacional, con una normativa diferente para cada Comunidad Autónoma que origina grandes desigualdades (administrativas y económicas) entre regiones. Un plan de coordinación como el anunciado por el Secretario de Estado ayudaría a mejorar esta situación y a sentar las bases y los mínimos exigibles que todas las empresas del sector deben cumplir independientemente de donde estén localizadas.

Los primeros pasos de este plan nacional de residuos incluye la constitución, el pasado mes de abril, de la Comisión de Coordinación que la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados establecía. Con esta primera reunión se iniciaba la colaboración entre las diferentes administraciones competentes en materia de residuos para compartir experiencias e intentar buscar soluciones a la complicada situación que está viviendo la actividad.

En esta Comisión, según expresó el Secretario de Estado, está previsto crear grupos de trabajo especializados en diferentes áreas (peligrosos, plásticos…) a la que se unirán varias asociaciones y organizaciones  para ofrecer el punto de vista profesional de los problemas que vive el sector, aunque estos grupos todavía no han sido convocados.

El sector de residuos espera que el Ministerio cuente finalmente con los profesionales en estos grupos de trabajo, ya que son los que conocen los problemas actuales de primera mano. Además de la Comisión, actualmente está en trámite en el Congreso de los Diputados el Real Decreto ley de medidas urgentes de medio ambiente, que modifica la Ley 22/2011 y que busca, bajo los principios de seguridad, igualdad, eficiencia y eficacia, mejorar el panorama presente.

7
Jun

Hacia la Economía Verde

Escrito el 7 junio 2012 por Luis Palomino Leal en Sector público

El pasado martes se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, una jornada en la que Naciones Unidas pretende concienciar al mundo de la necesidad de cambiar el modelo económico actual, con el que estamos viviendo una interminable crisis económica y financiera.

Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que este año preside España, se ha elegido el lema Economía verde, ¿te incluye a ti? para la celebración de esta jornada. Un modelo en el que se quiere avanzar hacia una economía que incluya bajas emisiones de carbono, un uso eficiente de los recursos y que, al mismo tiempo, sea socialmente inclusiva.

La Economía Verde supone un nuevo sistema de negocio en el que el bienestar humano y la equidad social se combinan con la reducción de los riesgos ambientales y los daños ecológicos. Un esquema que desde varias organizaciones y asociaciones se quiere promover y difundir.

Desde la Organización Internacional del Trabajo se publicó hace unos días el informe Hacia el desarrollo sostenible. Oportunidades de trabajo decentes e inclusión social en una economía verde (puede descargarse el informe aquí). Un  estudio en el que se refuerza la necesidad de un cambio para lograr una transformación importante en muchos sectores de la economía. Algunos de estos  con gran potencial para crear empleos verdes y revertir la situación económica actual, como la agricultura, la energía, la pesca, las industrias forestales o el reciclaje, sin dejar de lado la inclusión y equidad social que este modelo promueve.

Con la Cumbre de Rio+20 que se celebrará en dos semanas, los países y organizaciones están haciendo balance del cumplimiento de los objetivos fijados hace dos décadas para conseguir un mundo sostenible. Los estándares ambientales son uno de los puntos que no todos los países aprueban ya que han perdido los niveles alcanzados y han ido relegándose a un segundo plano en los últimos años. Por esto es más necesario que nunca trabajar para conseguir las metas fijadas en Río: fortalecer los compromisos políticos en favor del desarrollo sostenible, lograr implementar los avances conseguidos y esforzarse por dar respuesta a los nuevos desafíos emergentes en el mundo.

Retos a los que podremos llegar con la colaboración de todas las instancias de la sociedad, desde los ciudadanos, hasta  los organismos internacionales.

3
Jun

La solución es más Europa…

Escrito el 3 junio 2012 por Rodrigo Gutierrez en Sector público

Parece un tópico que hemos leído en numerosos artículos técnicos o de opinión, no importe cual sea el signo político del periódico o el medio periodístico. También lo hemos podido oír sin cesar en las numerosas tertulias pseudo-económico-políticas y sin embargo, lo que resulta a priori tan evidente, no resulta tan fácil de llevar a la práctica. Pero por que esta disonancia, la razones sin duda son estratégicas y muy variadas, pero se asientan en la propia historia y cultura del viejo continente que habitamos. Durante este periodo de crisis que abarca ya más de cuatro anos hemos asistido a diferentes formas de intervención publica dentro de la Eurozona que no dejan lugar a dudas que hasta la fecha se han mostrado bastante ineficaces. Pero cual es la razón de que al parecer ninguna receta resulte la medicina apropiada para curar esta grave enfermedad que padece el bloque económico más importante del planeta. Pues seguramente en este articulo de opinión, pues no deja de ser fruto de mi propia subjetividad y reflexión, se me ocurre que ha habido una falta de una autentica visión europea de los problemas y que ante esta ceguera los problemas no dejan de acumularse. Esta falta de visión nos ha llevado a no ver claramente que los estados-nación, que han sustentado hasta la fecha el desarrollo político y económico de nuestras naciones, se han quedado pequeños y no es porque las naciones europeas no hayan creado riqueza y conocimiento suficiente, sino porque simplemente es una cuestión de escala. Estamos compitiendo en mundo global, donde los otros bloques económicos alcanzan poblaciones que en el mas pequeño de los casos supera los 300 millones de habitantes (Estados Unidos de Norteamérica) y simplemente ningún estado europeo puede competir por si solo con las economías de escala que generan estos inmensos mercados y no se debe soslayar que ha sido y es la lógica económica la que ha presionado al continente a la unión económica. Estamos todos de acuerdo que no de la mejor forma posible, pero es un primer paso y solo desde una perspectiva de conjunto se pueden solucionar la escasez de crecimiento económico que padece gran parte del continente y que en los próximos anos solo proporcionara crecimientos muy modestos.

 

Las decisiones colectivas en el seno de la Unión Europea fruto de una mayor integración, requieren de una condición inexcusable, el respeto mutuo entre los distintos miembros del club europeo. La historia económica se basa en ciclos, y la bonanza económica actual de la que aun disfrutan algunos estados puede ser efímera. Las economías de los países europeos presentan poca inercia de forma individualizada para poderse aislar de los efectos negativos que suponen la existencia de una recesión declarada en mas de la mitad del continente. Cada país por si solo no es capaz de seguir la gran velocidad a la que se producen los actuales cambios en la economía global en la que estamos inmersos, porque dichos cambios se producen a  la velocidad a la que fluye la información, ni de influir en estos cambios. Este respeto mutuo conlleva una inexorable voluntad de empatía y de entendimiento, pilares que permitirán una mayor cesión de soberanía sin abrigar temores propios de otros momentos de la historia europea, que nos han llevado a la colisión frontal entre los ahora pequeños y viejos leones económicos europeos. La innovación y los incentivos de mercado pasan por aumentar la capacidad de decisión de los organismos supranacionales de la Unión, a los que se ha de dotar de independencia respecto a los socios más influyentes, para que no pierdan la perspectiva de conjunto. Así mismo, y para garantizar la transparencia de dichas instituciones, el Parlamento Europeo debe asumir decididamente su papel de legislador continental y de organismo de fiscalización del gobierno de la Comisión. Solo de esta forma se garantizara el carácter democrático de la construcción europea y a su vez se le conferirá todo el protagonismo necesario a los ciudadanos europeos, verdaderos damnificados del caos actual. Esta arquitectura institucional debe de ser reforzada y no solo a costa de la cesión de soberanía (fiscal y política) de los países con mayores problemas en la actualidad. Los países en mejores condiciones deben ser generosos y apostar por una estrategia a largo plazo, porque de lo contrario los problemas de unos cuantos se convertirán en los problemas de todos, proceso que crece a gran velocidad como se deduce del inicial  contagio de algunos países considerados del club de los alumnos ejemplares del norte. Por lo tanto mi propuesta se basa en  asumir una visión mas acorde con la misión que la historia nos impone a los europeos, que nos estamos viendo sobrepasados por nuevos actores internacionales y estamos asistiendo a una lenta pero imparable perdida de capacidad de decisión en este nuevo mundo que emerge con nuevos equilibrios económicos y de poder.  

La respuesta pasa, a mi juicio, por reforzar la gobernanza europea y no debilitarla como se ha venido haciendo en los últimos dos años. Esperemos que haya buena suerte, porque no queda mucho tiempo y la marea no amaina.

 

 

 

 

 

24
May

Medidas urgentes en materia de medio ambiente

Escrito el 24 mayo 2012 por Luis Palomino Leal en Sector público

A principios de este mes se aprobó en el Consejo de Ministros el Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente por las que el Gobierno quiere lograr una gestión más eficiente de los recursos. El texto se encuentra en este momento en  la Comisión de Agricultura,  Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados y será tratado como un Proyecto de Ley. Por tanto, admitirá enmiendas durante el plazo que sea determinado tras su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes en los próximos días*.

Los objetivos marcados por el Ejecutivo para justificar la rapidez de las medidas son la necesidad de que la legislación medioambiental sea clara y aporte la seguridad jurídica necesaria para garantizar el mantenimiento del entorno. Además se pretende conseguir, mediante mecanismos eficaces de conservación y protección, la preservación del medio ambiente, compatibilizándolo con el desarrollo de la actividad humana.

Para llegar a cumplirlos, las modificaciones presentadas simplifican los trámites administrativos de algunas acciones, que demoran y dificultan las gestiones a los ciudadanos y a las administraciones públicas.

Entre las medidas más significativas se encuentran las referentes a aguas, patrimonio natural y gestión de residuos. Con la aprobación del texto se modifica el Real Decreto Ley 1/2001 de Aguas. Los cambios refuerzan e incrementan significativamente las sanciones para cualquier infracción y devuelve al Estado la función de policía en las cuencas intercomunitarias, asegurando el principio de unidad de gestión independientemente de dónde estén las cuencas localizadas.

También se renueva la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad con la unificación y consolidación de las figuras de protección del medio y la garantía de compatibilidad de la protección del entorno con las necesidades de desarrollo propias de los núcleos urbanos, a través de la planificación de espacios naturales.

Y por último, las modificaciones en la reciente Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados se centran en la delimitación de las competencias sancionadoras de las entidades locales y la simplificación y reducción del volumen de cargas administrativas, especialmente en lo relacionado con traslados de residuos entre Comunidades Autónomas y autorización de sistemas colectivos en el marco de la responsabilidad ampliada del productor.

En materia de residuos industriales las modificaciones propuestas no son relevantes, sin embargo, una revisión más pausada habría permitido examinar algunas cuestiones que preocupan al sector.

No obstante somos conscientes de que la ley tiene sus limitaciones y que los grandes retos se encuentran en el desarrollo reglamentario que, por su extensión, prevemos se alargará los próximos cuatro años. También en su aplicación,  y para esto  la Comisión de Coordinación tiene un papel fundamental para lograr una política común de residuos en todo el territorio.

*El viernes 25 de mayo se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes el plazo de enmiendas que expira el día 4 de junio.

*El miércoles 30 de mayo se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes que el plazo de enmiendas queda ampliado  hasta el día 8 de junio.

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