9
Abr

España, capital París

Escrito el 9 abril 2012 por Alejandro Pinto González en Innovación, Sector público

España, capital París

España, capital París

La lectura de este ensayo nos aporta una una visión global y completa sobre las políticas nacionales de infraestructuras de transportes y sus consecuencias, y nos hace reflexionar sobre la necesidad de orientarnos hacia una red de transportes en malla, sin un nodo central o  km cero, a semejanza de otros países, que favorezca un mayor desarrollo económico de otras provincias distintas de Madrid, y de esta forma el desarrollo conjunto de todo el país.

Germá Bel abre su libro con una cita de José Ortega y Gasset sobre la necesidad de situar los problemas políticos en su perspectiva histórica, de forma que estos se esclarecen por sí mismos y adoptan la postura en que mejor se revela su  profunda realidad.

Y eso es lo que pretende este autor catalán en «España, capital París», publicado en 2010 y reeditado en diversas ocasiones, en donde sitúa el origen y desarrollo de la condición de Madrid como capital político-económico-administrativa como consecuencia de las políticas nacionales de infraestructuras públicas, que dieron lugar a un sistema radial de transportes y comunicaciones.

Los orígenes de la estructura radial de nuestro sistema de autopistas, ferrocarriles y aeropuertos se remontan a las carreras de postas de Felipe V, y su intención de convertir Madrid en “capital total” a semejanza de París. El monarca Borbón transforma el mapa de España al designar las seis carreras radiales (carreras reales) que desde entonces vertebrarán nuestro país.

30
Mar

¿Se puede motivar a un funcionario? Claves de la web 2.0

Escrito el 30 marzo 2012 por Jose María Sánchez Alarcos en Innovación, Sector público

Durante unos cuantos años les he llevado la contraria a  los principales autores en el ámbito de la motivación, señalando que la principal fuente de motivación o desmotivación tiene un nombre: Significado.
Cuando alguien percibe que su trabajo es importante y que hay un impacto claro y visible de hacer las cosas bien o hacerlas mal, ha encontrado la principal fuente de motivación que puede existir; por el contrario, cuando percibe su papel como el de una pieza insignificante dentro de un mecanismo indiferente a lo que pueda hacer o dejar de hacer…ahí tenemos la fuente de desmotivación.
Simple e intuitivo ¿verdad? Además explica cosas: Explica por qué en muchas pequeñas organizaciones las personas pueden tener una motivación más alta que en grandes corporaciones, explica por qué cuando se habla de la ineficiencia de la Administración Pública, sigue habiendo mucha gente que prefiere ser operada en la Seguridad Social y, si tiene un incendio en su casa, llamará a los bomberos con la seguridad de que su caso recibirá la atención debida.
 ¿No son funcionarios tanto el médico como el bombero? ¿Cómo se compagina esa bonita canción tan apreciada por crítica y público del funcionario vago  con la preferencia de tanta gente de ser operado o atendido por un funcionario, incluso en presencia de otras opciones?
Muy sencillo: Tanto el médico como el bombero tienen la suerte de estar entre los pocos puestos que, por su naturaleza, tienen un acceso directo al valor  de su contribución. Son puestos cuyos ocupantes pueden producir una diferencia visible para otros pero también para ellos. Podrán pelearse, como todos, por mejorar sus condiciones laborales pero una vez que están ejerciendo su función tratan de realizarla lo mejor posible.
 Naturalmente, la pregunta que sigue es: Si la percepción del significado de nuestras propias acciones puede hacer la diferencia entre motivación y desmotivación ¿por qué no procuramos diseñar organizaciones donde todos los puestos permitan que sus ocupantes observen en qué forma sus acciones son  relevantes?
Modas como el empowerment no funcionan por la sencilla razón de que, para empower a algunos hay que disempower a otros y es bastante dudoso que éstos se dejen: Durante muchos años los principales fabricantes norteamericanos del automóvil han estado observando a Toyota sin que hayan sido capaces de reproducir sus resultados.  No era tan difícil; simplemente se han quedado con lo anecdótico y sólo les ha faltado poner sushi en el comedor de empresa -a veces, ni eso les ha faltado- y han hecho bueno el dicho de “cuando el sabio apunta al cielo, el tonto mira al dedo”: Se han tratado de reproducir las formas externas pero manteniendo un modelo de organización donde el de abajo era una pieza fácilmente sustituible.
El modelo de organización añorado por muchos altos directivos sería uno en el que, mirando una pantalla, pudieran ver en tiempo real qué es lo que está pasando en su empresa y las personas fueran meras ejecutoras de tareas sencillas mientras no se encontrase una máquina que lo hiciera más eficientemente.
Como anécdota, en la planta de Toyota en Nagoya el visitante es recibido por un robot que toca una trompeta y puede tener la falsa sensación de que va a ver una planta fantasma. Nada más lejos de la realidad: La flexibilidad no se ve sólo en que en la misma cadena de producción puedan ir vehículos de todos los modelos, tamaños y colores imaginables sino en cómo actúa la gente: En la zona de soldadura, los escasos operarios que hay van casi vestidos de astronautas, en la de motores es casi la única parte donde van con casco y zapatos gruesos mientras que en las zonas que hacen trabajo de manipulación fina y que no hay riesgo de cortes u otros, la gente va vestida de calle. Adaptación al 100% y es dudoso que una adaptación tan precisa salga de las mentes pensantes de la cúpula organizativa. La gente tiene mucho qué decir sobre cuál es la mejor forma de hacer las cosas que hace a diario pero en pocos sitios se escucha.
Puede decirse que hay tres grandes revoluciones, la última aún por consolidarse, en lo que se refiere al management: La primera vino de la mano de Frederick Taylor y su estricta separación entre planificación y ejecución; la segunda aparecería asociada a los sistemas de información y vino a profundizar en los efectos de la primera dando lugar a un nuevo tipo de taylorismo: Los sistemas de información rebajaron espectacularmente el coste de hacer disponible la información en distintos lugares y, con ello, rebajaron el coste de control facilitando una nueva centralización en la cúpula organizativa.
La tercera revolución está viniendo de la mano de algunas organizaciones avanzadas  y está tomando como paradigma el funcionamiento de Internet:
Internet, en su versión web 2.0 ha introducido un cambio fundamental: No hay una división clara entre los que emiten y reciben información, división que sí se producía en la anterior configuración y que venía a reproducir un modelo clásico de organización. La web 2.0 dota a todos de voz y es su capacidad para ser escuchados la que define las posiciones de liderazgo; cierto que eso puede haber traído como subproducto indeseable una preocupación exagerada por los rankings y por las formas de engañar a los buscadores para situarse más arriba pero el principio permanece:
Todo el mundo tiene una voz y una oportunidad para ser escuchado; el oscurantismo y la retención de información como fuente de poder no funcionan.
Las organizaciones que siguen este modelo se basan en núcleos autónomos con una gran capacidad para decidir, con toda la información necesaria para tomar las decisiones y con unos indicadores de rendimiento muy claros tanto propios como comparados. Además de los núcleos formales existen otros informales y es de éstos de los que sale toda la capacidad de experimentación y de innovación.
Sabemos qué es lo que funciona y sabemos qué es lo que no funciona; sin embargo, resulta que lo que no funciona es lo que aporta tranquilidad a aquéllos que tienen posibilidad de cambiarlo porque respeta su statu quo y su autoridad no es discutible. ¿Se pierden por el camino motivación y capacidad de innovación?
Sin duda alguna; son daños colaterales que se llevan sufriendo tanto tiempo que forman parte del paisaje organizativo.

29
Mar

La necesidad de una política común en materia de residuos

Escrito el 29 marzo 2012 por Luis Palomino Leal en Sector público

Hace unas semanas el Consejo Económico y Social de España (CES) presentó el Informe sobre Desarrollo Autonómico, Competitividad y Cohesión Social, en el que se desarrollan las fortalezas y debilidades de la descentralización legislativa autonómica de España en materia de medio ambiente.

En las últimas décadas ha aumentado la preocupación por el medio ambiente y la sostenibilidad y se han ido fijando unos mínimos que las empresas deben cumplir en pro de la calidad ambiental. Sin embargo, hoy en día nos encontramos ante un panorama de disparidad de legislación ambiental y en un momento de relajación del cumplimiento de las normativas por falta de presupuesto y control por parte de la Administración Pública.

La ausencia de una política común de residuos para todo el país provoca una diferenciación en los estándares medioambientales exigibles a las empresas. Cuestión que además origina diferencias en los costes e impuestos según la región donde las empresas estén localizadas. Ejemplo de ello en materia de residuos, es la reciente aprobación del canon por residuo en Castilla y León. Desde abril, las empresas deberán abonar una tasa por tonelada de residuos depositada en los vertederos. En otras Comunidades este impuesto no existe, lo que lleva a muchas compañías a preferir transportar los residuos a otras regiones.

Tanto en el informe como en las asociaciones del sector de gestión de residuos, se reclama leyes integradoras, que armonicen y simplifiquen la normativa y los procedimientos en lo referente a la autorización y el tratamiento de los distintos tipos de residuos. Con una política común y la gestión y el control de cumplimiento de ésta por parte de la Administración, se fomentarán las buenas prácticas y la creación de empleos verdes.

Con una clara delimitación del sector y definición de los procesos y agentes que forman parte de la actividad, se creará un entorno de competencia leal y respeto del medio ambiente. Y así se contribuirá en solucionar los conflictos hoy en día existentes en diferentes Comunidades, como Cataluña, donde la utilización interesada del concepto de  subproducto lleva a tratar residuos peligrosos en instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas. De esta forma se evitarían los daños que estas prácticas provocan en la salud, el medio ambiente y el sector.

29
Mar

Duplicidades en lo público

Escrito el 29 marzo 2012 por Daniel Berzosa en Sector público

El Gobierno había anunciado que eliminaría organismos autónomos, entes y empresas públicas ante las «excesivas» duplicidades, por boca de su presidente, Sr. Rajoy, en una reciente sesión de control. Y adelantaba que, tan pronto como se acuerde con las autonomías la cuestión del déficit, el ejecutivo hablará de «unidad de mercado y duplicidades». En palabras del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, con carácter general y espíritu de ordenación, hay que evitar que se tengan que financiar competencias que correspondan a otras administraciones públicas.

Cuatro ejemplos, tomados al azar entre las listas que circulan, de la sobrecarga institucional son los siguientes. La deuda de todas las televisiones autonómicas se ha incrementado hasta los 1.466 millones de euros en 2010. Andalucía, cuya deuda no tiene la consideración de bono basura —todo sea dicho—, tiene, no obstante, 54 empresas públicas, con un presupuesto de 5.282 millones de euros. Cataluña, cuya deuda sí tiene la consideración de bono basura (como sucede con la Comunidad Valenciana) mantiene oficinas en el exterior (las «embajadas autonómicas») de las que se niega a prescindir. La evolución hipertrófica de la enseñanza universitaria pública en España, que ha desembocado en un modelo provincial (son casi cincuenta) y maneja un presupuesto de 6.700 millones de euros.

La situación agónica en la que se encuentra la economía española y no solo la financiera —que es evidente—, sino, también, la llamada real —que no es menos evidente—, ha obligado a los actuales dirigentes de la nación a tomar una serie de medidas fuertes. Parten de la convicción razonada (esperemos que también acertada) de que la estrategia u orden de procedimiento para que fructifiquen los mandatos políticos dictados —y por dictar, según se sigue anunciando—, con el fin de sacar a España del estado de cosas presente comienza por ordenar su propia casa. Naturalmente, el gobierno puede actuar de forma directa en la suya:la Administración General del Estado y sus entes institucionales. Pero no se olvide que la urgencia y la propia estrategia se refiere a todo el sector público y, por tanto, es absolutamente imprescindible que se involucren sin reservas los responsables políticos de las otras administraciones públicas: autonómica y local.

El Gobierno de la Nación ha aprobado (16-3-2012) y publicado (24-3-2012), esto es, puesto en marcha su plan de redimensionamiento del sector empresarial y fundacional de carácter públicos. Dicho de forma muy resumida, se concreta en un recorte del número de entidades, para evitar las denunciadas ineficiencias e incrementar la transparencia y el control, y, entre las medidas adoptadas, destacan (i) la rebaja sustancial de los gastos de personal y homologación de condiciones, (ii) la limitación del número de miembros en los consejos de administración de las sociedades públicas o con mayoría de capital público, y (iii) la rebaja y límite de las retribuciones e indemnizaciones de sus responsables y directivos.

Ante esta realidad del gobierno central en evitación de duplicidades, nos preguntamos: Y ¿qué han hecho los demás gobiernos autonómicos y locales? Y ¿qué hacen los demás gobiernos autonómicos y locales? Y ¿qué piensan hacer los demás gobiernos autonómicos y locales? Las respuestas a estas cuestiones nos interesan y conciernen también a todos los españoles, que lo seguimos siendo no solo cuando tratamos con la Administración General del Estado y sus extensiones, sino cuando lo hacemos con las administraciones autonómicas y locales.

20
Mar

La necesidad de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad

Escrito el 20 marzo 2012 por Alejandro Pinto González en Innovación, Sector público

El análisis posterior a los atentados del 11 de Septiembre puso de manifiesto como la deficiente coordinación entre adminsitraciones con responsabilidades en la prevención de ataques terroristas  fue una de las causas por las que no se llegó a detectar y detener el ataque.  Es evidente pués que no sólo basta con que un país cuente con capacidades en el ámbito de la defensa y seguridad, sino que además éstas han de estar bien interconectadas y coordinadas.

En relación a la Ciberseguridad, España se encuentra a la cabeza de los países europeos en capacidad de prevención y mitigación de ciberatques. Los organismos con responsabilidades en ciberseguridad (INTECO (Industría), CNPIC (Interior), CCN-CERT (Presidencia, CNI)) cuentan con muchos años de experiencia y con personal altamente cualificado, y han participado con éxito en los dos últimos ejercicios europeos de ciberseguridad (Cyber Europe 2010 y Cyber Atlantic 2011). Pero queda aún pendiente mejorar la coordinación ágil y metódica de sus actividades. Queda pendiente la definición de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad.

En Europa apenas unos cuantos países cuentan con una Estrategía Nacional de Ciberseguridad (Holanda, Estonia, Alemania), y desde las Instituciones Europeas se incentiva y apoya a todos los países europeos para que adopten planes estratégicos en este ámbito.

La Estrategía Española de Seguridad , adoptada por el Gobierno en 2011, ya recomendaba la adopción de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Y el nuevo Ministro de Interior, en su comparencia en el Congreso del 31 de Enero 2012, recoge esta necesidad y la asume como un hito relevante entre las líneas generales de su departamento.

El desarrollo y adopción de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad nos situará al frente de los países europeos en este ámbito, y proyectará una imagen hacia la comunidad internacional de fuerza y solida preparación para repeler ciberataques, que logrará que España sea considerada un emplazamiento idóneo para iniciativas empresariales en Internet.

15
Mar

La pasada semana el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, participó en el Consejo de Medio Ambiente en la Unión Europea. Ante las alertas que el propio Gobierno había despertado días antes por posibles multas de la UE debido al  incumplimiento de las normativas en la depuración de aguas, Arias Cañete mantuvo varias reuniones con los comisarios de Medio Ambiente y Cambio Climático y se comprometió a mantener el crédito que España tenía en materia medioambiental.

En los últimos años se está produciendo una relajación en el cumplimiento de la legislación ambiental en nuestro país. Pero no sólo en materia de aguas y depuración, también en materia de residuos y suelos contaminados, entre otros. Sin control por parte de las administraciones debido a la falta de recursos económicos, los productores de residuos o los poseedores de suelos contaminados no toman en serio las leyes vigentes y el medio ambiente deja de ser una prioridad.

Para solventar este panorama de irresponsabilidad, el Ministro se ha mostrado firme y declaró que el Gobierno va a poner todo de su parte para recuperar en España el rigor y la seriedad en materia medioambiental, haciendo cumplir las normativas vigentes para evitar las multas económicas por incumplimiento que imponen desde Europa.

En materia de residuos, España necesita que la Administración actúe y se logre una política común de residuos que normalice la situación del sector en todas las Comunidades Autónomas. De nada sirve hacer cumplir la ley cuando la aplicación de ésta es diferente en cada Comunidad y conlleva diferentes compromisos para las empresas según dónde estén localizadas.

Con el tratamiento y la valorización de los recursos y residuos especiales, no sólo se cumplen las normas establecidas,  sino que se fomenta la creación de empleos verdes y se reducen las emisiones de CO2 a la atmósfera. Esto último fue otro de los puntos tratados en el Consejo, en el que los países de la Unión se comprometen a descender un 20% las emisiones desde ahora a 2020, con la excepción de Polonia, que ha vetado este acuerdo. Desde nuestra asociación hemos colaborado de manera activa con este compromiso, creando un protocolo de cálculo de emisiones para nuestro sector.

15
Mar

La crisis en positivo

Escrito el 15 marzo 2012 por Jose María Sánchez Alarcos en Innovación, Sector público

Nos movemos entre un optimismo estúpido y sin fundamento del aún próximo pasado y un pesimismo calculado para que cualquier desastre menor que el que se anuncia sea visto positivamente. No hay término medio o, para ser más precisos, en el caso de que nos quedásemos en el término medio tendríamos que contradecir la doctrina aristotélica de que ahí está la virtud. No hay virtud en el término medio y lo que se requiere es un cambio completo de modelo.

A pocos se les podría ocurrir que hace aproximadamente un siglo el automóvil fuera abrazado como un invento favorable a la salud pública por la reducción de contaminación que representaba; sin embargo, así ocurrió. En la Nueva York de principios del siglo pasado, los caballos llegaron a ser un problema importante, no sólo por los accidentes de tráfico relacionados con los coches de caballos y con el hecho de que las calles estuvieran regadas por las deyecciones de éstos. De vez en cuando, para mejorar el panorama, alguno se moría en plena calle y podía transcurrir bastante tiempo hasta la retirada del cadáver con los consiguientes riesgos para la salud. Nadie veía una solución pero ésta apareció en forma de un cambio radical: El automóvil. ¿Quién nos lo iba a decir un siglo después?

La crisis económica extrema a que hemos llegado en España nos presenta una situación similar: Desde la puesta en marcha del «innovador» Estado de las autonomías, concebido como una «República un poco Federal» sin unas limitaciones claras entre los papeles del Estado central y del Estado autonómico, se entró en una espiral de derroche y de corrupción en la que no basta ni una subidita del IVA o del impuesto que sea ni un leve recorte en un concepto de gasto. Es necesaria una crisis de este calibre para que alguien pueda atreverse a decir «Señores; esto no se sostiene» y, a partir de ahí, cambiar el modelo.

Podemos discutir si el modelo debe ir hacia una autonomía fiscal completa -cada uno es responsable de lo que recauda y de lo que gasta- o hacia un control de los desmanes tanto central como autonómico por parte de la Administración Central pero lo que no funciona es esto. La golfería ya no es anecdótica sino que sólo una corruptela -cierto que la más grande conocida hasta este momento, la de los EREs falsos en Andalucía- supone con lo encontrado hasta ahora un cuarto del recorte suplementario de 5.000 millones de euros a que obliga la Unión Europea. Naturalmente, esto ocurre entre otras cosas porque hace bastante tiempo que se desactivó un poder judicial independiente y una Intervención General del Estado.

Hace pocos días, un amigo me daba una interesante teoría sobre la querencia de los corruptos por los paraísos fiscales: No es una cuestión tanto de evitar impuestos como de ocultar repartos. Por ejemplo, si alguien contrata cualquier trabajo absurdo, caro y que además no se va a realizar a algún duque que pase por allí y éste se lleva el dinero a un paraíso fiscal ¿es para evitar impuestos o es porque desde allí se hace el reparto y parte del dinero vuelve a la cuenta particular de quien encargó el trabajo? La corrupción y el despilfarro ya no son anecdóticos; algunos han hablado, por ejemplo, de las «embajadas de Cataluña» como ejemplo del despilfarro pero esos mismos omiten añadir que prácticamente todas las autonomías las tienen y la única diferencia real es que no las llaman embajadas.

Las duplicidades o triplicidades de competencias o los privilegios de la clase política y sindical y la corrupción son lujos que ya no se pueden permitir. Tampoco se pueden permitir lujos como regalarles a los Bancos el dinero de los ciudadanos -el ejemplo de Islandia no parece interesar que se difunda- ni a las múltiples castas parasitarias que viven de la subvención. No se trata del ajuste fino sino de liquidar el modelo y, con él, a buena parte de las castas que lo han generado y que han medrado a su amparo. Si esto viene como resultado de la crisis, bienvenida sea la crisis porque ya hacía falta.

13
Mar

Una Liberalización Urgente

Escrito el 13 marzo 2012 por Rodrigo Gutierrez en Sector público

 

El pasado 20 de febrero del presente año doce primeros ministros de doce estados miembros de la Unión Europea remitieron una carta abierta al Presidente del Consejo de Europa y al Presidente de la Comisión Europea con la intención de reclamar una nueva estrategia para la economía europea. Dicha estrategia debe situar a la economía continental en la vía del crecimiento. En el mismo documento se reclamaba el refuerzo del mercado único y la implantación sin dilación de estándares que reduzcan las actuales barreras del mercado interior. Cabe señalar sin embargo, que en la misiva se hacía una ligera reseña a la necesidad de impulsar el desarrollo de una área única para el transporte que facilite la movilidad de ciudadanos y bienes.

En este aspecto se echa de menos un mayor compromiso en uno de los pocos sectores que de manera apreciable pueden conseguir un rápido incremento de la competitividad europea. Y sin embargo, dicha reseña no puede soslayar la importancia de una política de transportes que dentro del mercado único europeo abarate el coste en la cadena de producción y de cara al comercio exterior facilite un mayor intercambio extracomunitario.

En la actualidad la Unión Europea ha desarrollado una amplia legislación con el objeto de crear un mercado europeo del transporte, especialmente el transporte ferroviario. Este medio de transporte ha demostrado ser el más sostenible económicamente en el largo plazo. Desde hace más de una década se ha creado una extensa legislación a nivel europeo, agrupada en torno a los diferentes paquetes de desarrollo del área única de transporte ferroviario. Tras el tratado de Maastricht, ante la continua pérdida de cuota de mercado por parte del ferrocarril, se elaboró el Primer Paquete Ferroviario, que por primera vez incluyó la necesidad de introducir la competencia dentro del sector. A esta primera iniciativa, le siguió la publicación del Libro Blanco del Transporte, que sirvió de base para el lanzamiento del denominado Segundo Paquete Ferroviario, que tenía como objeto la creación de un espacio ferroviario homogéneo a nivel europeo en los aspectos legal y técnico. El último conjunto de medidas legislativas aprobado a nivel europeo, es el Tercer Paquete Ferroviario, que entre otras directivas incluye una nueva directiva de interoperabilidad (2008/57/EC), que aglutina los principales mandatos de las anteriores directivas de interoperabilidad para la red convencional y la red de tráfico de alta velocidad, y busca acelerar la armonización técnica y estandarización de manera que se eliminen las barreras nacionales existentes a la creación de un verdadero mercado único del transporte ferroviario.

Sin embargo, a pesar de la extensa legislación desarrollada y los ingentes recursos económicos dedicados al desarrollo del ferrocarril, la situación real demuestra que el ferrocarril no consigue crecer en cuota de mercado dentro de la Unión Europea, ni en el transporte de viajeros (según datos de Eurostat en el año 2009 el ferrocarril ocupa el cuarto puesto como medio de transporte más utilizado detrás de vehículos privados, transporte aéreo y autobuses), ni mucho menos en el transporte de mercancías, donde los datos agregados para el conjunto de la Unión Europea muestran como el ferrocarril ha ido perdiendo continuamente cuota de mercado en el transporte de mercancías en favor del transporte por carretera (datos publicados por Eurostat en 2011 para el periodo 1995-2009).

Si nos centramos en el transporte de bienes, podemos observar que esta situación de clara decadencia del transporte ferroviario de mercancías no tiene parangón en el resto de economías más desarrolladas y competitivas y que son los competidores a escala global de la Unión Europa, Japón, Estados Unidos, China y Rusia. En Estados Unidos, el transporte ferroviario de mercancías, al contrario de lo que a primera vista se pueda pensar, es un éxito rotundo y supone más del 42% de la cuota de mercado de mercancías que se mueven en el país (toneladas/año), habiendo generado durante el año 2011 los mayores ingresos de su historia para los principales operadores de transporte de mercancías sobre ferrocarril en Estados Unidos. Si analizamos la situación en el resto de principales actores mundiales y descontamos los efectos sufridos por todos ellos en los últimos años por la crisis económica, se observa un crecimiento de las toneladas/año desplazadas en cada uno de estos países usando como medio de transporte el ferrocarril.

Con las hipótesis expuestas a partir de los distintos datos publicados y realizando un sencillo ejercicio de benchmarking, se aprecia rápidamente que la situación europea es de clara desventaja respecto a sus mayores competidores mundiales y que la estrategia a seguir debe de ser replanteada. El análisis previo nos debe llevar a la reflexión de que mercados de mayor tamaño que los mercados nacionales de cada uno de los estados miembros de la Unión Europea, permiten ganar en eficiencia y reducción de costes. Por lo tanto, las economías de escala derivadas justifican el desarrollo de un mercado europeo del transporte de mercancías por ferrocarril. La propuesta de la Comisión Europea al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa de Octubre de 2011 va en la dirección correcta al plantear una estrategia de desarrollo por corredores internacionales de gran longitud que vertebren a través de distintos ejes el transporte ferroviario de mercancías y conecte los principales puertos europeos a una red principal ferroviaria. Dicha propuesta solicita la dedicación de más recursos para la financiación del desarrollo de estos corredores definidos en términos de eficiencia económica. Sin embargo, esta asignación de un presupuesto no tendrá ningún efecto si los distintos países miembros no llevan a cabo una estrategia de apoyo político decidido a la eliminación de barreras administrativas y técnicas y a la implantación de la estandarización técnica. Para ello, se debe de prescindir del enfoque proteccionista sobre las distintas empresas operadoras ferroviarias que en el pasado se habían constituido en monopolios públicos. Dichas empresas deben de replantear su estrategia, de tal manera que los clientes, la industria europea en general, sea el epicentro de sus respectivas estrategias empresariales y se identifiquen de una manera más eficiente quiénes son los verdaderos competidores en el mercado (la flexibilidad y fiabilidad del transporte por carretera, etc…). Existen casos de éxito en Europa que han surgido como consecuencia de las restricciones presupuestarias en algunos estados miembros, es el caso de la operadora alemana de mercancías, que desde principios de la década pasada ya no recibe apoyo financiero de su principal accionista, el estado alemán y que a partir de dicha premisa, ha identificado correctamente sus objetivos estratégicos y se ha configurado en un importante operador logístico a nivel mundial. La lógica de la competencia, impuesta por unos competidores más eficientes y las fuerzas del mercado, es un escenario al que las empresas ferroviarias no pueden dar la espalda por más tiempo. Si no se llevan a cabo acciones de manera urgente, la mayor parte de las actuales empresas ferroviarias de origen público dedicadas al transporte de mercancías desaparecerán en el futuro. El mercado tiende de forma irreversible a su apertura y la Unión Europea necesita que esta se produzca lo antes posible para reducir costes en un eslabón muy sensible de la cadena de producción e imprescindible para ganar competitividad. Ante la falta de reacción, algunos de los actuales actores serán absorbidos por otras empresas del mismo sector ferroviario y otras simplemente cesarán en su actividad con el consiguiente impacto negativo en la competitividad de sus países de origen y en el conjunto europeo. Al reducirse el número de actores en el sector y por tanto la competencia, existe un claro riesgo de surgimiento de nuevos oligopolios, que sin duda es una situación muy poco recomendable si se desea mejorar la productividad del sistema económico en su conjunto.

Es por tanto el momento de tomar decisiones y preparar a los antiguos monopolios para competir en un mercado único europeo, y en el caso de las mercancías resulta de una urgencia extrema llevar a cabo la liberalización del sector, porque de ello depende el futuro de la competitividad de la Unión Europea en su conjunto y de cada país individualmente. Nuestros rivales a nivel mundial han optado mayoritariamente por la eficiencia y a Europa le pesa la excesiva protección nacional de ciertos sectores.

1
Mar

La depuración incorrecta de aguas en España

Escrito el 1 marzo 2012 por Luis Palomino Leal en Sector público

Ante el Consejo Europeo de Medio Ambiente del próximo 8 de marzo, el Ministerio de Agricultura, Alimentación  y Medio Ambiente,  ya ha lanzado las alarmas sobre la multa a la que nuestro país se expone por depuración incorrecta de aguas. Según el Gobierno, España incumple la normativa de depuración de aguas en más de 38 ciudades de más de 15.000 habitantes y se puede enfrentar a una sanción económica por parte de Bruselas de entre 20 y 50 millones de euros al año.

El ministro Miguel Arias Cañete, fue claro en su comparecencia en el Congreso con el tema de la depuración de aguas, comprometiéndose a alcanzar la plena depuración de la carga contaminante de las aguas en España. Como primera fase, señaló los grandes núcleos y las poblaciones que estén en zonas ambientalmente sensibles, independientemente de su tamaño.

Estas medidas son necesarias pero hay que tener en cuenta que la depuración de aguas es competencia autonómica y municipal. Si tenemos en cuenta que la situación financiera de las autonomías es muy delicada, esto puede ocasionar que los gobiernos regionales no prioricen estas cuestiones medioambientales.

 Un ejemplo de falta de priorización de estas cuestiones es el hecho de que se permita a algunas instalaciones relacionadas con el tratamiento de aguas urbanas aceptar residuos para los que no están autorizados. Este es el caso de aguas residuales de origen industrial o de otras instalaciones de tratamiento de residuos que deberían ser tratadas en instalaciones autorizadas y especializadas, que evitarían riesgos medioambientales y de salud pública.

Para paliar que los gobiernos autonómicos relajen el cumplimiento de la legislación ambiental, lo que implicaría las sanciones económicas como las mencionadas anteriormente, urge una política común de residuos para todo el territorio nacional que asegure una aplicación estricta y homogénea de la legislación de residuos. Ese es el primer paso para que las empresas, las administraciones y los ciudadanos asuman su responsabilidad sin escudarse en la indefinición y la disparidad legislativa que padecemos actualmente.

Los profesionales que trabajamos con cuestiones medioambientales confiamos en que la Comisión de Coordinación en materia de residuos, que va a comenzar a dar sus primeros pasos, sea el organismo clave para que haya una mayor colaboración y eficacia entre las distintas administraciones competentes. Esta comisión está contemplada en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados aprobada el año pasado. Para que la comisión sea realmente efectiva necesita, en primer lugar, que todas las partes tengan la voluntad de homogeneizar la legislación de residuos y, además, un desarrollo reglamentario que regule su funcionamiento.

29
Feb

Arqueología del funcionariado

Escrito el 29 febrero 2012 por Jose María Sánchez Alarcos en Sector público

Cualquier lector de Valle-Inclán y, en general de autores españoles de finales del XIX y principios del XX encontrará una curiosa costumbre del sector público de entonces: Cuando un ministro cesaba en su cargo, con él se iban todos los que trabajaban en el Ministerio y el que entraba traía a otros nuevos.

Seguramente, los financieros se creen muy ingeniosos con el invento del presupuesto en base cero pero mucho antes que ellos alguien inventó de esta forma tan drástica la plantilla en base cero. Poco puede sorprender que el que llegaba, sabiendo que tenía un tiempo limitado, estuviera más atento a trabajar en provecho propio que del ciudadano y que, además, hubiera que reinventar la rueda una y otra vez por los continuos cambios de plantilla.

En algunos países, esta costumbre se ha conservado mucho más tiempo. En fechas recientes, en El Salvador era costumbre despedir el 31 de diciembre a todos los empleados públicos para recontratar a la práctica totalidad el 1 de enero. Tan extraña actuación se producía para no cargar con «pasivos laborales», es decir, con cifras de indemnización crecientes. Evidentemente, siempre habría sido posible hacer un fondo sin necesidad del enloquecimiento contractual de fin de año.

Por mucho que El Salvador tenga un tamaño similar al de la provincia de Ciudad Real y un número de funcionarios por tanto mucho más bajo que el español no dejaba de ser una locura. Cierto es que, a pesar de ser un país donde violencia y corrupción no van de la mano -la primera es muy elevada y la segunda es de las más bajas en Centro y Sudamérica- alguien pudo pensar que un fondo siempre estaría tentando a políticos dispuestos a llevárselo a casa -o a las islas Caimán- y este extraño manejo burocrático era una forma de evitar tentaciones.

Salvo rarísimas excepciones como la salvadoreña, el hábito valleinclanesco de acompañar a la puerta al ministro tanto a la entrada como a la salida no ha permanecido en eso que nos gusta llamar «los países de nuestro entorno». La figura del funcionario profesional tiene su razón de ser e incluso puede tenerla la existencia de determinados privilegios por los que un funcionario no puede ser obligado por un superior jerárquico a una acción dudosa. La certeza de un puesto vitalicio y unos criterios de promoción muy definidos le dan al funcionario mucha más libertad que a su equivalente en una empresa privada.

La figura del funcionario es, valga la redundancia, funcional pero ¿se justifica en todos los puestos de la Administración Pública? Ni siquiera es una cuestión de rango; parece claro que tener un ordenanza funcionario no tiene sentido alguno. Podría ser perfectamente contratado laboral como puede serlo en cualquier empresa pero lo mismo podría decirse de posiciones como la de un médico. ¿Aporta algo que el médico sea funcionario salvo el hecho de que tiene la plaza en propiedad? ¿Significa eso algo para el enfermo?

Probablemente sólo una pequeña fracción de los actuales funcionarios deberían tener tal consideración siendo el resto contratados laborales con los mismos derechos y obligaciones que tendrían si trabajasen en el ámbito privado. Sin embargo, debajo de esto hay una trampa: El funcionario tiene la plaza en propiedad y, sabiendo la Administración Pública que necesitaba más personal, ofrecer la seguridad vitalicia del puesto de trabajo era una forma de abaratar los costes. ¿Quién no estaba dispuesto a aceptar un salario más bajo sabiendo que, a cambio, su puesto era inamovible?

Cuando llega una crisis grave como la actual, invita a cuestionar todo el sistema pero, si se hace, hay que hacerlo bien: La división actual entre funcionarios y contratados laborales no obedece al principio de que en unos puestos se debe estar libre de coacciones en forma de «obediencia debida» y en otros la relación laboral se pueda equiparar a la de una empresa privada. En muchos casos, la única diferencia es el procedimiento de acceso al puesto y funcionarios y contratados pueden estar haciendo exactamente lo mismo.

Sin embargo, una muestra de que la toma de medidas podría no ir bien encaminada está en que la nueva Reforma Laboral trata de establecer diferencias para los contratados laborales de la Administración Pública. Si no hay dotación presupuestaria -es decir, si YO no doto presupuestariamente una actividad- puedo despedir a los contratados laborales que la llevan a cabo. ¿No es eso ser juez y parte? ¿No nos estamos acordando ahora de la diferencia entre funcionarios y contratados cuando hace mucho que, salvo para posiciones muy específicas, dejó de existir más allá de la vía de acceso? ¿Es legítimo que porque mi empleador sea la Administración Pública tenga mis derechos como trabajador menos protegidos que si trabajo en Pérez S.A.?

Ante una situación no sostenible, es posible que haya que volver a los orígenes: ¿Quiénes y por qué tienen que ser funcionarios y quiénes deben ser contratados laborales? Una vez que eso esté clarificado, la Administración Pública puede comportarse con sus trabajadores como cualquier empresa en situación de crisis…sin otorgarles más derechos porque su empleador sea la Administración Pública pero tampoco menos porque el legislador haga la ley a su medida.

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